El senador Jaime Bonilla Valdez mencionó que nuevamente la libertad de expresión y el derecho a manifestarse ha sido reprimido por las autoridades de gobierno de Baja California, tal y como ocurrio en días pasados tras el bloqueo de taxistas de la ruta rojo y negro en la ciudad de Tijuana.

¨Es la falta de empatía por parte de este gobierno, los taxistas fueron violentamente reprimidos por las autoridades estatales y municipales sin dar espacio al diálogo¨, dijo Bonilla

El ex gobernador indicó que la reacción del gobierno es como actuaba el gobierno panista y utilizaban la fuerza para callar opiniones o las exigencias de la ciudadanía.

El ex mandatario recordó que en el año 2017, los ciudadanos se unieron en defensa del agua y en contra del saqueo de empresas en la capital del estado, Mexicali, por lo que fueron retirados de un espacio público a la fuerza por las autoridades. Además en el año 2015 cuando 7 mil jornaleros se manifestaron en San Quintín para exigir un digno salario que pudiera solventar las necesidades de sus familias y elementos de seguridad los violentaron para retirarlos a la fuerza.

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También mencionó que el diputado Sergio Moctezuma y colonos de Tijuana fueron desalojados a la fuerza de las instalaciones de Palacio Municipal tras exigir necesidades a la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez.

El ex gobernador lamentó que dichas acciones violentas tambien han afectado a periodistas, reporteros, comunicadores y fotógrafos que han resultado heridos por llevar a cabo su labor de informar.

¨Dicen que donde no existe el derecho a manifestarse no existe la democracia y Baja California se ha vuelto a convertir en un estado de quienes sustentan el poder de pasar por encima de los derechos de millones de ciudadanos¨, apuntó

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Nuevamente el Comisionado Político Nacional del PT en Baja California y senador de la República, Jaime Bonilla Valdez, arremetió contra la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda y la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez ante el líder nacional petista, a quien le manifestó la crisis por las que pasa la población bajacaliforniana.

El ex gobernador hizo referencia a la crisis eléctrica, de agua, de seguridad, de salud que enfrenta el estado pues asegura que las gobernantes prefieren dedicarse a hacer “tik toks” y “en vivos” o irse a las fiestas en palenques o esconderse en el cuartel militar, aunque traen gran número de agentes de seguridad para que las cuiden.

"Esas gobernantes, burócratas, no las queremos en Baja California, que se vayan a otra parte; estamos totalmente entregados al Partido del Trabajo porque es el único partido que representa al pueblo. En el 2000 apoyó al (hoy presidente) Andrés Manuel López Obrador, lo mismo que en el 2006 levantó la mano para su postulación y, en el 2012, y en el 2018 igual cuando el PT me pidió que lo abanderara para la diputación, me sentí honrado, porque es mi alma mater como partido; ahora que Morena en Baja California se contaminó con los panistas, yo marque mi línea, porque –le dije al presidente- no me representa”.

Refirió que en los dos años que estuvo como gobernador de Baja California no descansó un solo día, además de que enfrentó la pandemia por Covid 19 y diariamente realizó las transmisiones en vivo para informar personalmente a la población lo que estaba haciendo.

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El senador Jaime Bonilla Valdez, Comisionado Político Nacional del Partido del Trabajo (PT), calificó como desgracia para Baja California, tener “una gobernadora incompetente” y “la alcaldesa de Tijuana, que tiene miedo y se va al cuartel a refugiarse”.

Pero también, sin que sea una cuestión de género, “están en competencia por los reflectores, los ´En Vivo´ y ´Tik Toks´, yendo a levantar la mano de ´corcholatas´ presidenciales, en lugar de ponerse a trabajar para resolver las necesidades de obras y servicios de la población”.

Lamentó que sea un gobierno fallido, un gobierno totalmente desorganizado, frente a un crimen organizado que –gobernadora y alcaldesa- no han sabido, ni podido, contener y evitar que siga en la impunidad evidente, porque les falta coordinación y valor".

Recordó que así lo planteó por vía telefónica al secretario de la Defensa Nacional, General Luis Crescencio Sandoval, y al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes desde Yucatán lo llamaron la mañana del domingo 4 de junio, para preguntarle si quería escoltas porque les habían informado que recibió amenazas en su contra.

“Les dije que no, que eso no es cierto… volteo para un lado y para otro, no veo a nadie que me esté amenazando…”, dijo el  funcionario del Partido del Trabajo en Baja California, al tiempo de precisar que “si quieren mandar más elementos de la Guardia Nacional, que vengan a cuidar al pueblo, no a las mandatarias… que dicen que recibieron amenazas… como la alcaldesa que hasta aceptó mudarse al cuartel militar”.

Añadió que si la alcaldesa  Monserrat Caballero, en verdad tiene miedo de que algo le pase, mejor pida licencia o renuncie; que reconozca que es demasiada grande la responsabilidad.

Por delitos de corrupción en la administración del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, fueron interpuestas nueve denuncias penales en contra de distintos ex servidores públicos.

Juan José Pon Méndez, Consejero jurídico de Baja California, explicó que ocho denuncias fueron por delitos de ejercicio ilícito de servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado. 

Agregó que los ex funcionarios tomaron como referencia el decreto federal con acuerdo por acciones extraordinarias para combatir la enfermedad del Covid-19 en marzo del 2020. 

"Hemos detectado que diversas adquisiciones de manera directa son irregulares porque las personas que lo llevaron a cabo no contaban con facultades para ello y no se llevaron los estudios de compra", detalló Pon. 

Los ex servidores públicos involucrados son Alonso Oscar "N" , ex secretario de salud, Carlos "N", ex Subdirector General de Administración, Miguel Ángel "N", Ex Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, Gerardo Abdiel "N", ex encargado de la Dirección de Administración y Mikel Roberto "N", ex director de administración. 

Además se interpuso una denuncia en contra del representante del banco de sangre, debido a que durante el año 2021 y 2022 se hizo entrega de diversas unidades de sangre a distintas clínicas y hospitales privados, sin embargo, las cantidades de sangre no fueron entregadas al patronato del Hospital General, que corresponde a 8 millones de pesos.

Durante la mañanera de hoy, el fiscal estatal Ricardo Carpió adelantó que el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, buscará la pena corporal máxima que pudiera ser de hasta 16 años, además de la inhabilitación por 20 años para desempeñar cualquier cargo público a los imputados, de la administración Bonillista.

Indicó que los funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla que usaron ilícitamente sus atribuciones y cometieron peculado haciendo un acuerdo fraudulento con Banca Afirme y la empresa Next Energy son Luis Salomón "N", Rodolfo "N", Israel "N" y Alberto Julio "N", “que ya están un poco más cerca de la cárcel por un negocio chueco que pretendían sacar adelante en el bienio bonillista”.

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