El Presidente del Poder Judicial de Baja California, Alejandro Isac Fragozo López, aseguró que en aproximadamente dos semanas le notificarán al ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, sobre la fecha de su audiencia inicial.

"Efectivamente hace un par de semanas se judicializó la carpeta de investigación en donde está como imputado el ex mandatario. Efectivamente se está esperando la fecha de la audiencia que se la estaremos proporcionando en un par de semanas", dijo el presidente del Poder Judicial. 

Explicó que en la audiencia inicial el fiscal presentará pruebas de la acusación en contra de Vega de Lamadrid, posteriormente será el juez del Poder Judicial el que determine si el ex gobernador es vinculado a procedimiento.

Tres ex funcionarios de la administración estatal que encabezó Francisco Vega de la Madrid fueron declarados como No Vinculados a Proceso por un juez de control del Poder Judicial del estado luego de una jornada de más de doce horas, durante las cuales se realizaron las audiencias de Formulación de Imputación y de Vinculación a Proceso. 

Fueron José Luis "N", Isauro "N" y Miguel Ángel "N", funcionarios de nivel subsecretaría de la extinta Secretaria de Planeación y Finanzas (hoy Secretaria de Hacienda) los acusados del delito de Abuso de Autoridad. El caso expuesto por la Fiscalía General del estado (FGE) se basó en la acusación de desvió de más de 1 mil 586 millones de pesos en adjudicaciones directas a 91 empresas que no se encontraba en el registro de proveedores ni teniendo un expediente que mostrara sus trabajos previos. 

El caso se derivó en el Número Único de Caso NUC 02-2019-42685 y se presentó ante juez bajo la Causa Penal 05760/2020. 

En la audiencia inicial de Formulación de Imputación, que comenzó a las 09:00 horas de este miércoles, el juez de control consideró legal la imputación del delito. 

Sin embargo, ya en la audiencia de Vinculación a Proceso y luego de la exposición de los antecedentes de investigación y la argumentación de las partes, el juez de control no encontró elementos para iniciar un proceso, es por lo que se decretó Auto de No Vinculación a Proceso en la presente causa penal. 

Aún así, la resolución del caso no significa que la investigación quede extinta por parte de la autoridad correspondiente y pueden reintentar la vinculación a proceso.

El empresario Carlos Alberto Guerrero Villanueva se declaró culpable en una corte de Estados Unidos de haber vendido equipo de espionaje al gobierno de Baja California, durante el mandato de Francisco "Kiko" Vega de Lamadrid, con el fin de intervenir dispositivos electrónicos de actores polítcios.

Guerrero tenía una empresa llamada Elite by Carga, a través de ella presentó al equipo de Hacking Team a los funcionarios estatales, dicha empresa era de origen italiano y se dedicaba a vender un sistema que podía intervenir celulares Android, iOS y BlackBerry.

El equipo fue adquirido en 2014, sin embargo para 2015 sufrió un hackeo de sus servidores, por lo cual se publicaron en internet los archivos con correos electrónicos y facturas que demostraban las compras realizadas por gobiernos de todo el mundo.

En los documentos se comprobó que el gobierno de Baja California era uno de los clientes de la empresa, sin embargo "Kiko" Vega al ser cuestionado negó que su gabinete haya adquirido el equipo "Galileo".

Por su parte, la empresa de Guerrero, Elite by Carga notificó que nunca compraron ese servicio y que no se encontraban conectados con Hacking Team.

El pasado 15 de febrero, Carlos Alberto Guerrero Villanueva, decidió aceptar la culpabilidad del delito de espionaje de telecomunicaciones con fines políticos tras haber concretado la compra del equipo para su uso en Baja California.

*Con información obtenida de Punto Norte.

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La administración de Jaime Bonilla generó una deuda al gobierno de Baja California con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) por varios millones de pesos.

Durante la firma de compromiso del Estado con el Plan de Desarrollo con la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que participó la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, se señaló que en el último trimestre del mandato de Bonilla se dejó de realizar los pagos quincenales obligatorios a la universidad.

Catalino Zavala Márquez, Secretario General de Gobierno, mencionó que dicha deuda no es proveniente de la gestión de José Guadalupe Osuna Millán ni de la de Francisco Vega de Lamadrid, ya que esos pagos fueron cubiertos por Bonilla gracias a tres préstamos obtenidos.

A partir del mes de septiembre de 2021 se dejaron de realizar los respectivos pagos a la máxima casa de estadios; Zavala señala que aún se desconoce el monto exacto de dicha deuda.

Semanario Zeta indica que durante 2019 el gobierno estatal estaba obligado a repartir 52 millones de pesos a UABC cada catorce días, por lo cual se cree que la deuda de Bonilla podría ser de 350 millones de pesos.

*Con información obtenida de Semanario Zeta

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El titular del Consejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), Luis Lutteroth, consideró que ninguno de los dos gobernadores anteriores resolvió el tema de inseguridad, por lo que pidió confiar en la actual administración estatal que encabeza Marina del Pilar Ávila Olmeda.

El también empresario dijo que el CDT, no tiene un posicionamiento sobre los casos de inseguridad que han ocurrido últimamente en el municipio. 

Ya que justificó que el actual gobierno estatal a penas tiene un mes en funciones. Aunque aseguró que el Consejo solicitó resultados en materia de seguridad a corto plazo. 

De igual forma mencionó que el CDT ha apoyado a las instituciones de seguridad con equipamiento y casetas de vigilancia por lo que de ser necesario los empresarios y el mismo Consejo podrían apoyar con más recursos económicos para ayudar al gobierno Del Pilar Olmeda a solventar la problemática de inseguridad.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, anunció durante un evento que comenzaron a realizar auditorías a las dependencias estatales para descartar si hubo malos manejos o irregularidades en las secretarías bajo al mando de las administraciones anteriores.

Explicó que la primer institución que será analizada será CECyTE BC, ya que existen diversas quejas por parte del personal sobre los manejos que existen dentro de esta organización educativa, además señaló al Centro Penitenciario como una de las próximas paraestatales a revisar.

Del Pilar aclaró que esta acción no es una "cacería de brujas" sino que los organismos que presentan denuncias de irregularidades tendrán que enfrentar una revisión para eliminar dudas.

Platicó que no se trata de revanchismo o ir en contra de una persona en especifico sino hacer cumplir la ley.

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