La ex Síndica Municipal, María del Carmen Espinoza Ochoa, aseveró que no debe haber cabida a ex priistas corruptos en los gobiernos de Morena.

En su cuenta de redes sociales, la que fuera Síndica Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, descalificó que Morena de cabida en los actuales gobiernos municipales a ex priístas corruptos.

Y convocó a los morenitas ha trabajar con la ideología con la que se fundó Morena, porque de lo contrario, se estaría traicionando las bases de la cuarta transformación.

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El Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California señaló que el desalojo de sus oficinas en Tijuana derivó de una controversia entre el arrendador y el subarrendador, y sostuvo que el partido cumplió con los pagos establecidos en el contrato celebrado con este último.

En un comunicado, Morena indicó que el subarrendador habría incumplido sus obligaciones de pago frente al propietario del inmueble, lo que, según el partido, dio lugar a la ejecución de una orden de desalojo.

La dirigencia estatal afirmó que el movimiento se vio afectado por una disputa ajena a sus responsabilidades contractuales y aseguró que realizó oportunamente los pagos correspondientes al subarrendador.

El partido también informó que, antes de estos hechos, ya había presentado una propuesta para reubicar las oficinas de Casa Morena, al considerar que el espacio actual no era el más adecuado para sus actividades. Añadió que aprovechará la situación para concretar el cambio y que próximamente dará a conocer la nueva ubicación.

Finalmente, Morena reiteró su compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones y dijo que dará seguimiento al caso por las vías correspondientes.

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La mañana del 21 de septiembre, soldados y marinos irrumpieron en Los Quintero, un rancho enclavado en Colipa, Veracruz. El objetivo: rastrear pistas sobre la desaparición del empresario Neptalí González López. Lo que no esperaban encontrar era a la presidenta municipal en funciones, Gabriela Alejandra Ortega Molina, alcaldesa morenista de 38 años.

El rancho, según los registros oficiales, pertenece a José Gil Quintero, sobrino de Rafael Caro Quintero, uno de los capos históricos del narcotráfico mexicano y líder del Cártel de Caborca.

Durante ocho horas, Ortega Molina permaneció bajo custodia de las fuerzas armadas mientras peritos revisaban la propiedad. No existía orden de aprehensión en su contra, pero el simple hecho de haber sido localizada en un sitio vinculado a la familia Quintero detonó una ola de dudas: ¿qué hacía ahí la alcaldesa de un municipio marcado por la violencia y la disputa criminal?

Al caer la tarde, fue liberada. El dueño del rancho y sus escoltas habían escapado minutos antes del operativo, dejando tras de sí un escenario cargado de sospechas.

Hasta ahora, la alcaldesa no ha dado explicaciones públicas. Su silencio alimenta versiones encontradas: desde una posible visita personal hasta especulaciones sobre vínculos políticos con quienes operan en la sombra del crimen organizado en el norte de Veracruz.

El episodio no solo exhibe la vulnerabilidad de la región, sino también el choque de dos mundos: el de la política local y el de las redes criminales que, una y otra vez, terminan cruzando caminos.

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Este jueves, un grupo de militantes del partido Morena entregó una carta en su sede nacional para exigir mayor democracia interna, la renovación de dirigencias estatales y municipales, así como claridad en el padrón de afiliados. Denunciaron que algunos comités ejecutivos buscan permanecer en el cargo a pesar de que ya concluyó su periodo legal de tres años.

Los inconformes, agrupados en el “Movimiento Nacional Voces del Pueblo 4T”, señalaron que se ha permitido que personas provenientes del PRI y el PAN accedan a candidaturas por encima de fundadores del partido, lo que ha provocado “desencanto y desilusión” entre las bases.

El abogado Jaime Hernández Ortiz, quien se identificó como fundador de Morena, explicó que existe preocupación por la intención de prolongar dos años más a las actuales dirigencias. Además, acusó falta de transparencia en el padrón de militantes, del cual dijo ha sido “rasurado” y no está disponible públicamente, pese a tener supuestamente 9 millones de integrantes.

También criticaron la reciente creación de una comisión evaluadora de nuevos afiliados, señalando que ya se han integrado “cientos o miles” de personas sin rendición de cuentas ni conocimiento de sus trayectorias.

Por su parte, María de los Ángeles Huerta del Río, exdiputada federal de Morena, subrayó que deben renovarse las dirigencias estatales antes de las elecciones de 2027 para garantizar procesos democráticos. Cuestionó además la inclusión de “advenedizos” sin trayectoria en la izquierda, y exigió que las bases sean tomadas en cuenta.

Los militantes advirtieron que de no atenderse estas demandas, podría aumentar el desencanto y reducirse la participación activa dentro del partido.

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El candidato de Morena a la alcaldía de Guanajuato, Jorge Rodríguez Medrano, conocido popularmente como “El pastelero” y propietario del canal local TV 8, ha generado controversia tras ingresar ilegalmente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal. El objetivo de su incursión fue liberar a su jefe de prensa, Héctor “N”, quien había sido detenido minutos antes por participar en una pelea y alterar el orden público.

El incidente se hizo público mediante un video captado por una cámara de vigilancia de la policía municipal. En las imágenes, se observa a elementos de la Guardia Nacional ingresando sin permiso a las instalaciones policiales, acompañados por Rodríguez Medrano. El candidato desciende de un vehículo y se dirige al jefe de la Guardia Nacional que lo custodia.

#INDIGNANTE 🔴| El Candidato de Morena a la alcaldía de Guanajuato Jorge Medrano utilizó a la @GN_MEXICO_ para ir a liberar a su jefe de prensa quien había sido detenido por policías municipales.

Así entró la @GN_MEXICO_ al lugar donde llevaban al detenido, dejando en ridículo… pic.twitter.com/JKpOsPe2j0

— Libro Negro (@Libro_negro_) May 26, 2024

En el video, se puede ver cómo Rodríguez Medrano camina hacia la puerta de acceso de las instalaciones policiales. Un elemento de la dependencia abre la puerta e ingresa sin autorización, seguido por “El pastelero” y otros dos hombres.

Este acto ha generado críticas y preocupación sobre el uso indebido de la influencia y el poder político para interferir en procedimientos legales y de seguridad. La incursión de la Guardia Nacional en colaboración con el candidato de Morena plantea serias cuestiones sobre la independencia y la integridad de las instituciones encargadas de mantener el orden y la seguridad en el municipio.

Hasta el momento, no se ha emitido una declaración oficial por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal o la Guardia Nacional sobre el incidente.

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Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó corregir los “errores” en su Plan B de reforma electoral que los diputados de Morena, PT y Verde Ecologista agregaron antes de aprobarla y enviarla al Senado, como quitar el blindaje a partidos políticos para no pierdan su registro nacional aunque no alcancen 3 por ciento mínimo de la votación total.

"Ya los mismos legisladores se han comprometido a quitar esos añadidos. Como le llaman en el periodismo: ‘el duende que hizo sus travesuras’. Pero bueno, se va a corregir”, dijo.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, explicó que los diputados hicieron tres cambios, de los cuales dos se van a eliminar de la minuta y uno se está considerando mantener.

Por su parte, el Partido Verde en la Cámara de Diputados rechazó que hayan negociado con Morena los cambios.

“Dicen que era un favor para el Partido Verde y les decimos a los de la prensa que mienten, porque está muy claro que desde 2009 el Partido Verde ha estado muy distante de la franja de votación de aquellos partidos que pierden el registro y que no existe peligro en perderlo. Desde ese año el PVEM ha obtenido 6.5%, 6.8, 6.0, el 4.7 y 5.4, respectivamente”, dijo el coordinador Carlos Puente.

Ayer Lorenzo Córdova, presidente del INE, hizo un llamado a los senadores para revisar a detalle el llamado Plan B para evitar que se genere un problema donde no lo hay.

“De aprobarse en sus términos la reforma que aprobó la mayoría de la Cámara de Diputados en la madrugada del 7 de diciembre, se puede poner en riesgo la calidad técnica de las elecciones en nuestro país y con ello la gobernabilidad democrática que hemos conseguido”, señaló.   

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