El Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California exige al gobierno entrante, la inmediata cancelación de todo tipo de contratos relacionados con las empresas FISAMEX y ROMAFAN que a título de auditoría contra el sector privado tengan contratado.  

El partido continuará además la ruta jurídica de juicio político ante el Congreso de la Unión en contra del ex gobernador Jaime Bonilla por el desvío de participaciones federales que correspondían a los municipios, cobros ilegales y extorsiones vía FISAMEX, compañía encargada de “COBRAR” los adeudos por el consumo y conexión de agua potable en la entidad.   

“En su momento presentamos una agenda correctiva y ahora vamos por las acciones, aquí las cosas no quedarán en papel, la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por el desvío de recursos federales, y la exigencia de remoción del fiscal general del Estado por su conflicto de intereses para investigar los delitos cometidos son dos de varios temas que mantendremos bajo la lupa”, enfatizó Mario Osuna, presidente estatal de Acción Nacional. 

Por su parte, Juan Marcos Gutiérrez, consejero presidente de la Comisión de Orden del PAN en Baja California, puntualizó, “si quieren cobrar que cobren por la vía legal del procedimiento administrativo y algo muy importante, exigimos a la Unidad de Inteligencia Financiera que concluya la investigación que inició el 6 de mayo contra Jaime Bonilla y el representante de FISAMEX Manuel García Soto”.

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— Cadena Noticias (@cadena_noticias) November 3, 2021

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La presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Lizbeth Mata Lozano, expresó que, en su opinión, las dirigencias de Morena se respaldan en encuestas que ella califica como "pago por evento", pagadas por ellos mismos para crear una percepción que, asegura, no corresponde con la realidad actual en Baja California.

Mata Lozano destacó que los bajacalifornianos somos ciudadanos democráticos y que, con una pluralidad constante, hemos ejercido nuestro derecho al voto de manera diversa. Señaló que en las urnas, los ciudadanos han dado su apoyo tanto a los gobiernos en turno como a las causas ciudadanas, y que el Partido Acción Nacional ha sido parte activa en esa participación.

"Creo que en el 2027 va a haber sorpresas y, sobre todo, sorpresas democráticas y de exigencia, porque hoy la gente está observando, señalando, alzando la voz y, por supuesto, el 'carro completo' que ellos llaman en 2027 no va a suceder", expresó Lizbeth Mata.

Refirió que la realidad será la que prevalezca en la voluntad de la ciudadanía, quien tendrá la responsabilidad de acudir a votar en ese año y de levantar la voz para exigir cambios. Señaló que las circunstancias han cambiado, pues los ciudadanos ya no creen en la narrativa de austeridad y honestidad que Morena prometió, y que, en su opinión, esa narrativa ha sido incumplida. 

Mata Lozano también criticó la supuesta corrupción y el enriquecimiento de algunos funcionarios, ejemplificando con la alcaldesa de Ensenada, a quien acusó de vivir ahora en un hotel de lujo, tras pasar de no tener nada a ser millonaria.

En conclusión, la líder panista afirmó que en 2027 se vivirán momentos de cambio y que la ciudadanía demostrará su fuerza y voluntad democrática para definir el rumbo del estado y del país.

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Tras la intoxicación de más de 200 niños en diversas escuelas primarias de Tijuana, la dirigente del Partido Acción Nacional en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, manifestó su preocupación y criticó la gestión del programa "Pancita Llena Corazón Contento". 

La líder partidista señaló que, pese a la millonaria inversión en el proyecto, no se aseguraron las medidas necesarias para proteger la salud de los menores.

Mata afirmó que la situación revela una grave irresponsabilidad por parte de las autoridades, y advirtió que, además de ser un asunto de salud pública, existen indicios claros de corrupción en el manejo del programa. La dirigente criticó que el gobierno estatal, liderado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, haya promovido el programa con tanto énfasis, pero ahora esté enfrentando señalamientos por irregularidades y negligencias que pudieron haber puesto en riesgo la vida de los niños.

Asimismo, expresó su preocupación por la opacidad en el proceso de contratación y suministro de los alimentos, señalando que la empresa responsable recibe aproximadamente 2 millones de pesos diarios y que, debido a la eliminación de mecanismos de transparencia, es difícil obtener información clara sobre cómo se manejan estos recursos. La dirigente anunció que están en búsqueda de aliados y que preparan acciones jurídicas para investigar a fondo el caso y determinar responsabilidades.

A pesar de que en esta ocasión no se reportan muertes, Mata advirtió que la situación pudo haber sido mucho peor y que la gravedad de la intoxicación requiere una respuesta inmediata y responsable. Consideró que el acto de negligencia y posible corrupción en el suministro de alimentos a los niños refleja una gestión deficiente y una falta de compromiso con la protección de los derechos y la salud de los menores.

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El Gobierno del Estado de Baja California anunció que el próximo lunes 22 de septiembre serán suspendidas las labores en todas las oficinas de la administración estatal, en conmemoración del aniversario de la creación del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California.

El Oficial Mayor, David Cervantes Aguilar, explicó que la suspensión de actividades se realiza en apego a lo establecido en el Artículo 30, numeral 5, de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California, así como en las condiciones generales de trabajo vigentes.

“La suspensión aplica para todas las personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo Estatal, por lo que las oficinas de atención y servicios permanecerán cerradas ese día”, indicó Cervantes Aguilar.

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Echeverría acusó a la Fiscalía General de Baja California de falta de transparencia y de un grave rezago en la atención a delitos en la entidad. Durante una rueda de prensa, Echeverría manifestó que cuestionó a la fiscal sobre el número oficial de desaparecidos en la región, específicamente hasta febrero de este año. Sin embargo, la fiscalía se reservó esa información por un período de cinco años, negándose a hacerla pública, lo que generó preocupación en el legislador.

El diputado relató que, ante su pregunta, la fiscal afirmó no tener datos precisos y que, en lugar de ello, solicitó que el Partido Acción Nacional (PAN) compartiera con ellos la información. Además, invitó a los representantes del partido a una reunión privada, situación que, según Echeverría, generó incertidumbre y cuestionamientos sobre la transparencia del organismo.

Echeverría no solo criticó la opacidad, sino también el desempeño de la fiscalía en términos de eficiencia y costos. Señaló que la Fiscalía General del Estado de Baja California es la séptima más costosa del país y, al mismo tiempo, una de las de peor rendimiento en resultados. Además, resaltó que ocupa el cuarto lugar en eficiencia a nivel nacional, y que en primer lugar en incumplimiento de órdenes judiciales, con un total de 363,148 órdenes de aprehensión y otras comparecencias que no se han cumplido en la entidad.

El legislador también abordó el alarmante rezago en la investigación de denuncias. De aproximadamente 115,000 denuncias que se presentan en Baja California, solo se investigan alrededor de 20,000, dejando un gran número sin respuesta.

Entre los casos más preocupantes, Echeverría destacó las altas tasas de impunidad en delitos como

• Narcomenudeo (97%)
• Extorsión (94%)
• Violencia familiar (97%)
• Violación (89%)

Asimismo, lamentó que, desde 2023, de los 2,389 homicidios registrados, solo 618 hayan sido procesados ante los juzgados, y de estos, apenas 18 hayan recibido sentencia.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que se encuentra en proceso de recuperar su visa para Estados Unidos, la cual le fue revocada sin previo aviso el pasado 10 de mayo, junto con la de su esposo, Carlos Torres.

Entrevistada tras asistir al informe del senador Gerardo Fernández Noroña, la mandataria explicó que la revocación obedeció a “temas administrativos” y destacó que mantiene coordinación con el gobierno estadounidense mientras se lleva a cabo el proceso de recuperación.

“Estamos trabajando para recuperar la visa, con mucho respeto a la soberanía de ese país, y seguimos en comunicación con sus autoridades”, aseguró Ávila Olmeda.

La gobernadora enfatizó que, a pesar de esta situación, continuará desempeñando sus funciones con transparencia y rectitud, y con plena coordinación con Estados Unidos para atender asuntos de interés bilateral.

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