En relación a los señalamientos del ex Secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico a quien acusan por acciones de corrupción, la Gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dijo que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien determine la investigación.

"De ese tema nos acabamos de enterar, es un tema que tiene poco, del cual habíamos venido escuchando ciertas cosas y estaremos haciendo la investigación vamos abrir las puertas a la Fiscalía para que se haga la investigación correspondiente", expresó Ávila Olmeda.

Al ex titular de salud se le acusa por mal manejo de recetas y uso sospechoso de grandes cantidades de narcóticos en hospitales durante su gestión en el gobierno que encabezó el ex mandatario estatal, Jaime Bonilla Valdez.

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El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (CPC SNA), así como dicho Comité en Baja California, se deslindaron del exhorto emitido por la presidenta del SNA, Vania Pérez Morales, quien pidió a la gobernadora Marina del Pilar Ávila solicitar licencia y separarse del cargo temporalmente tras la investigación que enfrenta su exesposo Carlos Torres Torres por tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.

En dos comunicados, ambos Comités dijeron que lo dicho por la presidenta del SNA no fue una determinación institucional, sino una expresión firmada a título personal por integrantes del sistema anticorrupción y representantes ciudadanos.

Explicaron que, como órganos colegiados, no cuentan con facultades legales para pedir la separación del cargo de una persona titular del Poder Ejecutivo estatal.

"El CPC SEA-BC (Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California) adolece de facultades para emitir exhortos y/o declaraciones públicas institucionales dirigidos a la separación del cargo de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal. Emitir un requerimiento de esa naturaleza rebasa el marco de atribuciones legales de los CPCs, tanto el Nacional como los locales, y constituye un acto ultra vires, contrario al principio de legalidad", puntualizó.

En tanto, el Comité del SNA señaló que su función se limita a promover la participación ciudadana, la integridad pública, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción, conforme al marco constitucional y legal vigente.

También subrayó la importancia de distinguir entre opiniones individuales de personas que forman parte del sistema y las posturas formales del organismo. Reconoció que quienes firmaron el posicionamiento ejercieron su derecho a la libertad de expresión pero no forma parte de un mandato institucional.

Por su parte, el Comité de Participación Ciudadana en Baja California dijo que las vías de una eventual separación del cargo de servidores públicos se encuentran previstas en la Constitución local y en las leyes secundarias, por lo que a dicho Comité no le corresponde emitir exhortos ni fijar consecuencias político electorales fuera de sus atribuciones.

Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California enfrenta una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable participación en una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero

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La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, compareció ante diputadas y diputados de la XXV Legislatura del Congreso del Estado, donde presentó los avances y acciones implementadas por la institución en materia de procuración de justicia.

Durante su intervención, Andrade destacó el fortalecimiento operativo de las siete fiscalías regionales y especializadas, subrayando que se han impulsado programas orientados a acercar los servicios ministeriales a la ciudadanía, especialmente en zonas con menor acceso institucional.

La titular de la FGE señaló que se han realizado mejoras en infraestructura, además de la adquisición de tecnologías innovadoras y mayor capacitación para el personal, con el objetivo de agilizar la atención a víctimas y la investigación de casos.

Asimismo, afirmó que la Fiscalía continuará consolidando modelos de atención más integrales y cercanos a las personas, fortaleciendo la coordinación con organismos públicos y sociales para garantizar respuestas oportunas y con pleno respeto a los derechos humanos.

La comparecencia forma parte del ejercicio de rendición de cuentas de la institución frente al Poder Legislativo estatal.

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Tras el acto de acoso que vivió este martes la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en la Ciudad de México, diversas figuras políticas expresaron su rechazo y solidaridad. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que las mujeres se sienten vulneradas en todos los ámbitos, y que incluso los hombres manifestaron su indignación ante el acoso a la mandataria, quien fue víctima de violencia mientras caminaba por las calles.

"Las mujeres somos víctimas de acoso en la vía pública, en las empresas, en el trabajo, en hogares y en el transporte público", resaltó Ávila Olmeda, quien también recordó el caso de la representante de México en Miss Universo, Fátima Bosh, quien levantó la voz tras ser violentada y expresó que "una corona no vale más que la dignidad de una mujer". La funcionaria destacó el valor de la representante mexicana en ese acto. 

La gobernadora también compartió que ella misma ha vivido situaciones similares y elogió la determinación de la presidenta Sheinbaum al presentar una denuncia formal contra el agresor, quien en estado de ebriedad, según se informó, incurrió en conductas inapropiadas. 

La mandataria estatal, señalo que México fue testigo de dos actos de violencia contra mujeres mexicanas: uno, el acoso hacia la presidenta en plena calle, y otro, la denuncia de la representante en Miss Universo. Agregó que estos sucesos reflejan la vulnerabilidad que enfrentan muchas mujeres diariamente, quienes en el momento de vivir una situación así, experimentan primero sorpresa y luego, al revisar los videos, toman conciencia del acoso sufrido.

Ávila Olmeda destacó que, tras el incidente, la presidenta de la República tomó la iniciativa de denunciar públicamente a su agresor, y que ha recibido apoyo de diversas gobernadoras del país, incluyendo algunas del PAN, que se solidarizaron con ella en estos momentos difíciles. 

Finalmente, la gobernadora Ávila Olmeda hizo un llamado a seguir implementando acciones concretas para erradicar estas conductas y promover una cultura de respeto y protección hacia las mujeres en todos los ámbitos.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó durante la conferencia “Mañanera” que la situación financiera del municipio de Ensenada es compleja y que el gobierno del estado ha brindado apoyo constante en medio de sus dificultades. Señaló que, ante la insostenible situación de los pensiones, se otorgó un préstamo de poco más de 19 millones de pesos para cubrir estos pagos. 

Durante su administración, Ensenada ha recibido aproximadamente 900 millones de pesos en apoyo financiero, y en la gestión actual de la alcaldesa Claudia Agatón, se han entregado otros 305 millones de pesos para proyectos y necesidades del municipio. La mandataria estatal explicó que el último préstamo, otorgado hace unas tres semanas, sirvió para pagar pensiones municipales y que el pago fue realizado este lunes.

La gobernadora expresó su preocupación por posibles complicaciones financieras en octubre, debido a que esta problemática se ha arrastrado desde administraciones anteriores. Sin embargo, reiteró su apoyo y confianza en la presidenta municipal Claudia Agatón, asegurando que el gobierno estatal continuará brindando ayuda en la medida de sus posibilidades.

Por otra parte, reveló que recientemente el municipio de Ensenada solicitó un préstamo de 66 millones de pesos para una obra de infraestructura, pero el Gobierno del Estado no pudo concederlo en ese momento.

En su intervención, el secretario de Hacienda, José Andrés Pulido Saavedra, explicó que Ensenada enfrenta una deuda histórica desde 2010, que asciende a aproximadamente 4,100 millones de pesos, incluyendo recargos y actualizaciones. Sin embargo, destacó que ninguna pensión de los empleados y pensionados del ayuntamiento ha dejado de pagarse, ya que estos recursos son cubiertos puntualmente por el Estado.

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La Fiscalía General del Estado de Baja California, encabezada por la Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, informó en conferencia de prensa durante la madrugada de este jueves sobre un reciente ataque ocurrido la noche del miércoles en las instalaciones de la fiscalía ubicadas en Playas de Tijuana.

La fiscalía confirmó que los artefactos lanzados contra las instalaciones fueron "hechizos" detectados en drones que sobrevolaban los patios de la institución. En respuesta, agentes de seguridad dispararon contra los drones para derribarlos. La autoridad calificó este incidente como un acto de terrorismo, y hasta el momento, no se ha podido determinar el origen de los drones utilizados.

La Fiscal General condenó enérgicamente estos hechos y aseguró que se están realizando las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables. Además, señaló que estos actos no amedrentarán el trabajo de investigación ni el compromiso del personal que labora en la institución.

Durante su intervención, Andrade Ramírez puntualizó que no existe compromiso ni consigna con nadie, y que este ataque, sumado a otros ocurridos recientemente en Ensenada y en la Unidad de Robo de Vehículos de Tijuana, constituye una respuesta a los resultados contundentes obtenidos durante su gestión, como la desarticulación de grupos criminales, la captura de líderes delictivos y generadores de violencia que han afectado la paz en la entidad.

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