El último decreto emitido por el exgobernador Jaime Bonilla, del 27 de octubre del 2021, refiere entre otros elementos la obligación del Gobierno del estado de brindar guardias para seguridad personal a ex funcionarios penitenciarios y sus familiares hasta por un año.

La argumentación se basa en la necesidad de garantizarles la salud y la vida, en el sentido de que en su momento tomaron decisiones que afectaron a integrantes del crimen organizado, lo que al salir del gobierno los pone en situación de vulnerabilidad.

El decreto protege al presidente de la Junta de Gobierno del Sistema Estatal penitenciario y el comisionado del citado sistema, con tres elementos de seguridad para cada uno de ellos, más dos elementos para su cónyuge o hijos, dos vehículos, combustible y mantenimiento que requieran, entre otros elementos. 

No se ha dado a conocer, en el caso del ex gobernador Bonilla, y funcionarios de seguridad salientes, cuántos escoltas del Gobierno del estado tienen a su disposición y por cuánto tiempo.

Por delitos de corrupción en la administración del ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, fueron interpuestas nueve denuncias penales en contra de distintos ex servidores públicos.

Juan José Pon Méndez, Consejero jurídico de Baja California, explicó que ocho denuncias fueron por delitos de ejercicio ilícito de servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado. 

Agregó que los ex funcionarios tomaron como referencia el decreto federal con acuerdo por acciones extraordinarias para combatir la enfermedad del Covid-19 en marzo del 2020. 

"Hemos detectado que diversas adquisiciones de manera directa son irregulares porque las personas que lo llevaron a cabo no contaban con facultades para ello y no se llevaron los estudios de compra", detalló Pon. 

Los ex servidores públicos involucrados son Alonso Oscar "N" , ex secretario de salud, Carlos "N", ex Subdirector General de Administración, Miguel Ángel "N", Ex Jefe de Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, Gerardo Abdiel "N", ex encargado de la Dirección de Administración y Mikel Roberto "N", ex director de administración. 

Además se interpuso una denuncia en contra del representante del banco de sangre, debido a que durante el año 2021 y 2022 se hizo entrega de diversas unidades de sangre a distintas clínicas y hospitales privados, sin embargo, las cantidades de sangre no fueron entregadas al patronato del Hospital General, que corresponde a 8 millones de pesos.

Durante la mañanera de hoy, el fiscal estatal Ricardo Carpió adelantó que el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, buscará la pena corporal máxima que pudiera ser de hasta 16 años, además de la inhabilitación por 20 años para desempeñar cualquier cargo público a los imputados, de la administración Bonillista.

Indicó que los funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla que usaron ilícitamente sus atribuciones y cometieron peculado haciendo un acuerdo fraudulento con Banca Afirme y la empresa Next Energy son Luis Salomón "N", Rodolfo "N", Israel "N" y Alberto Julio "N", “que ya están un poco más cerca de la cárcel por un negocio chueco que pretendían sacar adelante en el bienio bonillista”.

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Por los delitos de uso ilícito de atribuciones y peculado, la Fiscalía General del Estado logró vincular a proceso a seis ex funcionarios de la pasada administración y a un particular.

En la sala 6 del Centro de Justicia Penal, se desarrolló la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso bajo la causa penal 4292/2022, por suscribir contratos de manera ilícita, comprometiendo al patrimonio del estado de Baja California, la cual concluyó la madrugada de este martes. 

Ante el Juez, el agente de Ministerio Público de la FGE, presentó los datos de prueba suficientes y los alegatos para que el Juez de Control otorgara dos meses para la investigación complementaria.

Después de varios días de desahogo de pruebas se resolvió por parte del poder judicial del estado la “vinculación a proceso” de estas personas.

Los imputados Luis Salomón “N”, Adalberto “N”, Rodolfo “N”, Israel “N” y Alberto Julio “N”, se les impuso como medida cautelar establecida en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de acuerdo a la fracción I, que es la presentación periódica mensual ante el juez.

Mientras que a Karen “N” y Marco Octavio “N” comparecerán cada vez que sean requeridos por la autoridad judicial.

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Por el caso que se sigue contra quienes participaron en la contratación de la empresa Next Energy y su fallida planta fotovoltáica, este martes fueron vinculados a proceso ocho ex servidores públicos que fungieron durante el pasado gobierno de Jaime Bonilla Valdéz en Baja California. 

Karen “N”, Luis “N”, Adalberto “N, Israel “N”, Rodolfo “N”, Marco Octavio “N”, Juan Luis “N” y Amador “N” fueron imputados por los delitos de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, Peculado y Abuso de Autoridad, según la solicitud que hizo el Ministerio Público. 

Todo se encuentra dentro de la Causa Penal 04921/2022 y el Número Único de Caso (NUC) 02-2022-06977. 

En la jornada llevada a cabo en el Centro de Justicia del Poder Judicial del estado de Río Nuevo, en Mexicali, se desahogaron pruebas contra los ex funcionarios, de los cuales originalmente eran los trece los citados, pero cinco de ellos no asistieron. Para ese grupo se programo una nueva audiencia para el próximo 02 de noviembre a las 09:00 horas en la sala 6 del mismo inmueble.

En el caso de las ocho personas referidas, su proceso continúa aunque el juez de control otorgo un receso indeterminado para que la defensa pueda reformular su estrategia. Pero la imputación en su contra permanece. 

La gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dijo hoy que el no llamado del ex gobernador, Jaime Bonilla Valdéz, no fue requerido solo por su fuero como senador.

Sin pruebas que demuestren sus dichos, el ex gobernador, ex diputado federal y actual senador de la República, Jaime Bonilla Valdez, se ha ganado el repudio generalizado por los ataques directos a Marina del Pilar Ávila Olmeda y su gobierno, relacionándolo con el crimen organizado.

Y es que desde la tribuna de la Cámara Alta de la nación, en su primer día como senador reinstaurado, Bonilla Valdez arremetió con todo contra la mandataria, en una guerra política que tiene origen desde antes de que dejara la silla estatal el hoy legislador federal.

Así, Mario Delgado, junto con todos los gobernadores de Morena del país, suscribieron un desplegado en el que rechazan contundentemente los dichos Bonillistas y dan su aval a la ex alcaldesa mexicalense, hoy gobernadora de Baja California.

Ese fue el principio de la oleada de apoyos públicos y el rechazo contundente al exmandatario Jaime Bonilla Valdez.

Se subió al ring el congreso local, a través de los legisladores morenistas, le entró al quite el mismo Senador suplente de Bonilla Gerardo Novelo Osuna que nunca ha hecho comparsa con Bonilla y por supuesto, la alcaldesa de Mexicali Norma Bustamante.

Bonilla Valdez, quiso aprovechar la coyuntura de violencia desmedida en Baja California desde del viernes 12 de agosto, en que iniciaron los ataques -terroristas- calificados por la iniciativa privada y menospreciados por el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En la víspera de su visita del primer mandatario de la nación a Tijuana este viernes 19 de agosto, Baja California sigue en llamas, hoy en una conflagración política que a quien más afecta, es a la ciudadanía, al sector empresarial que tendrá que seguir soportando, los embates económicos que representa, vivir en una entidad federativa cada vez menos confiable para toda inversión, para el turismo y para el comercio nacional e internacional.

Toda nuestra solidaridad y respaldo al trabajo honesto y comprometido de nuestra compañera gobernadora @MarinadelPilar para garantizar la tranquilidad del pueblo de Baja California.
Rechazamos enérgicamente las acusaciones realizadas hoy por el senador Jaime Bonilla. pic.twitter.com/MBRYb6bp8Q

— Mario Delgado (@mario_delgado) August 18, 2022

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