No me voy por presiones, ni por ser compadre del ex Gobernador Jaime Bonilla, sino por cambios políticos, afirmó Juan Guillermo Ruiz Hernández tras renunciar al cargo de Fiscal General del Estado, no sin antes asegurar que durante su gestión, se logró disminuir los índices delictivos.

En conferencia de prensa y acompañado como testigo por Catalino Zavala Márquez, Secretario General de Gobierno del Estado, el ex funcionario reconoció y agradeció el trabajo de todo su equipo, con quienes logró durante su gestión bajar la inseguridad, a la vez que reconoció que falta trabajar más en la investigación para sacar más sentencias.

Destacó que se logró un descenso en delitos de alto impacto y un incremento de la captura de delincuentes con la cumplimentación de órdenes de aprehensión, en comparación con la administración anterior, asegurando que en materia de víctimas de homicidios, en los últimos 2 años en Tijuana se redujo como nunca con un 15%.

En su última conferencia, proyectó estadísticas, donde especifica que a través de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), se cumplimentó 8 mil 350 órdenes de aprehensión, es decir un incremento del 8% en la detención de prófugos de la justicia, de las cuales 884 fueron cumplimentadas a homicidas y generadores de violencia, logrando un aumento del 113% en la efectividad de combate a delitos de alto impacto.

En las cifras que mencionó Ruiz Hernández, también aseguró que bajó el robo de vehículo en un 29%; robo a casa habitación disminuyó en 43%; robo a comercio con un descenso del 19%; y el robo a transportistas cayó 22%. 

Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, dijo que con la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, tras la aprobación del Congreso del Estado y los cabildos de los municipios, para lo cual desde hace meses vienen trabajando en coordinación el ejecutivo y la Fiscalía Estatal, habrá de iniciar funciones el 1 de enero.

Durante la conferencia también estuvo el Fiscal Central, Hiram Sánchez Zamora; y Carlos Flores, quien ocupó el cargo de Comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) e la FGE.

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Tras ser cuestionada sobre el video filtrado del exgobernador Jaime Bonilla en su contra, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, expresó "ya comenté lo que tenía que comentar respecto a este tema". 

La mandataria fue cuestionada también acerca de su reciente declaración a un medio nacional, en la que denuncia ser víctima de una emboscada psicológica.

"Desearle paz y que Dios lo bendiga al exgobernador Jaime Bonilla". 

Durante la conferencia mañanera, Ávila Olmeda destacó que, como lo han mencionado la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, lo más importante en estos momentos es mantener la unidad del movimiento.

La gobernadora señaló que las declaraciones contenidas en el video reflejan el sentir del exmandatario y reiteró sus buenos deseos hacia Bonilla, expresando que solo le desea que encuentre paz en su corazón y que Dios lo bendiga siempre.

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La dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, calificó la detención del ex gobernador Ernesto Ruffo Appel como "el acto más ruin y cobarde que ha hecho el gobierno de Morena". 

Mata Lozano criticó las políticas del gobierno estatal y federal, señalando que "estamos en la peor crisis de estado gracias a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y sus actos delictivos". 

"¿Saben quién sí debe estar en la cárcel? Rocha Moya por sus vínculos con el crimen organizado, así como la gobernadora del estado por colaborar con Estados Unidos y entregar información confidencial de seguridad", expresó la líder panista en un video en las redes sociales. 

Enfatizó que "ellos son los responsables de esta crisis y hoy hay hartazgo, hay indignación y encabronamiento".

"Hoy con más fuerza exigiremos la renuncia de la gobernadora Marina del Pilar y vamos a defender la justicia y el estado de derecho del ex gobernador Ernesto Ruffo", concluyó Lizbeth Mata Lozano.

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Tras la detención del ex gobernador, Ernesto Ruffo Appel, el Partido Acción Nacional (PAN) resalta que sucede en medio de la atención pública en torno al caso de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. 

En un comunicado, el partido reafirma su compromiso con la legalidad, el debido proceso y la presunción de inocencia. La organización política expresó su confianza en que las investigaciones avanzarán conforme a los señalamientos y que las instituciones deben actuar con imparcialidad, sin prejuicios políticos ni juicios de valor.

El PAN subrayó que la justicia debe aplicarse de manera igualitaria para todos los ciudadanos, independientemente de su cargo o afiliación política. Asimismo, reiteró que la ley no debe tener criterios distintos dependiendo de quién sea el involucrado, haciendo referencia a otros casos con graves señalamientos públicos, como los de Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar, en los cuales, indicó, aún no se han presentado pruebas concluyentes.

El PAN concluyó señalando que siempre defenderá a México y a sus instituciones, manteniendo su compromiso con la justicia y la igualdad ante la ley, independientemente de los desafíos o controversias que puedan presentarse en el escenario político nacional.

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El periodista Héctor de Mauleón dio a conocer este jueves, en su columna publicada en El Universal, dos nuevos audios en los que presuntamente participa la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, relacionados con supuestas gestiones para recuperar su visa estadounidense y atender posibles señalamientos en su contra.

De acuerdo con la publicación, en el primer audio un supuesto intermediario explica a la mandataria que una reunión serviría para corroborar la información que pudiera proporcionar con la que ya tendrían las autoridades estadounidenses. Además, le recomienda ser "abierta y honesta", al señalar que ello podría ayudar en temas relacionados con su visa e incluso con eventuales acusaciones.

En la misma conversación, el interlocutor le pregunta si preferiría realizar el encuentro en Tijuana o Miami. Tras responder que optaría por Tijuana, el supuesto intermediario le informa que la reunión sería directamente con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y le pregunta si desea continuar con el proceso o consultar previamente a su abogado.

El segundo audio, según la columna, corresponde a una llamada telefónica en la que el mismo intermediario le comunica que la primera reunión habría sido autorizada para celebrarse en Panamá, a finales de agosto, al tratarse de un "territorio neutral".

Durante esa conversación, la gobernadora pregunta si sus abogados podrían acompañarla y manifiesta su interés en que el procedimiento se lleve con la formalidad correspondiente. El interlocutor responde que consultará con sus superiores del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre esa posibilidad y explica que la sede en Panamá fue definida para evitar riesgos relacionados con una reunión en Estados Unidos o México.

La publicación también recuerda que Marina del Pilar ha sostenido públicamente que personas le hicieron planteamientos sin sustento y que, al desconocer el tema, solicitó que cualquier gestión se realizara por conducto de un abogado, quien, según su versión, nunca fue contactado.

Asimismo, la mandataria ha asegurado que los audios difundidos fueron manipulados y sacados de contexto. Además, responsabilizó al exgobernador Jaime Bonilla Valdez de estar detrás de la filtración, al afirmar que él le recomendó reunirse con personas vinculadas con autoridades estadounidenses para abordar el tema de su visa y que posteriormente le tendieron una trampa.

En su columna, Héctor de Mauleón sostiene que, más allá del origen de las grabaciones, el contenido de las conversaciones plantea cuestionamientos sobre las declaraciones atribuidas a la gobernadora, entre ellas su disposición a compartir información derivada de las mesas de seguridad, referencias a cuentas bancarias en Estados Unidos y reuniones previas con agencias estadounidenses.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento adicional de la gobernadora sobre estos nuevos audios más allá de las declaraciones previas en las que ha negado irregularidades y ha sostenido que el material fue editado y descontextualizado.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que actuó de buena fe en su relación con el exgobernador del estado, Jaime Bonilla, y aseguró que "el que debe nada, teme". 

Durante la conferencia "mañanera", la mandataria explicó que recibió llamadas y visitas de personas relacionadas con agencias de Estados Unidos, y que en su momento, aceptó dialogar con ellos confiando en una colaboración institucional.

Ávila Olmeda precisó que la interacción se dio en un marco de cooperación contra el crimen organizado y en intercambio de información, dado que Baja California es un estado fronterizo. 

La gobernadora aclaró que en las reuniones nunca le mostraron identificaciones oficiales, y que los encuentros se realizaron en una oficina en Tijuana, bajo la impresión de tratar con autoridades legítimas de Estados Unidos, en torno a temas de visa y asuntos binacionales.

Asimismo, la mandataria señaló que en la grabación filtrada se muestra sorprendida por algunas insinuaciones, por lo que solicitó que estos temas fueran revisados con su abogado. También reveló que el exgobernador Jaime Bonilla la llamó por WhatsApp para solicitarle recibir a esas personas, en un intento por apoyarla, y que accedió a recibirlos en diciembre de 2025.

Por último, Ávila Olmeda anunció que evalúa acciones legales en contra de Bonilla, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva al respecto.

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