El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello deseó que pronto se enmiende el error y se desestimen las denuncias penales en contra de las consejeras y consejeros del INE por aplazar la revocación de mandato, pues, aseguró, las denuncias son “sobre presuntos delitos claramente inexistentes”, que solo tiene propósitos políticos.

Por medio de un video difundido en sus redes sociales, Lorenzo Córdova mencionó que las denuncias penales contra los servidores públicos se persiguen de oficio, por lo que siguen su proceso en la Fiscalía General de la República (FGR), y dijo que dicha denuncia hecha por Sergio Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados “recuerda las peores prácticas de regímenes autoritarios”.

“Es un acto que recuerda las peores prácticas de los regímenes autoritarios (pues) perseguir a servidores públicos, por tomar acuerdos y recurrir a otros poderes para tratar de cumplir con sus responsabilidades legales, implica criminalizar el derecho a disentir”, dijo Córdova.

El @INEMexico continúa cumpliendo con sus responsabilidades para la organización de la Revocación de Mandato, en acatamiento a sentencias y resoluciones de la SCJN y el TEPJF, y a pesar de la persecución penal que se pretende hacer de algunos de sus integrantes. pic.twitter.com/Zyz4HUq6mH

— Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) January 2, 2022

Agregó que lo que lo ocurrido es muy grave pues “se traspasó una frontera que debería ser infranqueable y en la que se sustenta todo el arreglo democrático” ya que, aseguró, “se quiso usar el brazo penal del estado para amedrentar y amenazar a miembros de un órgano del mismo Estado por el simple hecho de que piensan distinto”.

“Es grave que el presidente de un poder, en el que además está representada la pluralidad de la nación, haya recurrido a denuncias penales para tratar de encarcelar a quienes no opinamos igual que él”, dijo el consejero presidente del INE.

En la grabación en la que envió felicitaciones por año nuevo, el presidente del INE aseguró que siguen los trabajos del instituto para organizar la revocación de mandato, a pesar de no contar con los recursos necesarios para organizarla con las características que exige la ley.

“En acatamiento a un acuerdo de la Comisión de receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de una sentencia del Tribunal Electoral, el pasado jueves el Consejo General acordó continuar con los trabajos y hacer un nuevo esfuerzo por tratar de incrementar los mil 503 millones de pesos que hasta ahora logramos reunir”, mencionó Córdova.

También enfatizó que el costo de la consulta que la ley exige para la revocación de mandato es de tres mil 800 millones de pesos; sin embargo, la consulta se hará con menos recursos pero sin afectar y comprometer las facultades constitucionales del INE y los derechos laborales de quienes trabajan en el instituto.

Refrendó que el INE se encuentra en disposición para que el proceso de revocación de mandato se lleve a cabo con las características que estipula la constitución, por lo que a veces se han tomado decisiones “polémicas y controvertidas que se han considerado necesarias”, pero esto, asegura, no debería ser motivo de censura ni persecución penal o política.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reiteró su disposición a ser evaluado a través de un proceso de revocación de mandato, a pesar de que el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) resolviera que no es procedente iniciar dicho proceso en su contra. En una carta dirigida al Consejo General del IEES, Rocha Moya manifestó respeto por la decisión, al tiempo que destacó la importancia de la participación democrática en la vida pública.

"El pueblo debe tener el derecho de evaluar a sus representantes"

El gobernador resaltó que la resolución del IEES, adoptada por unanimidad, fue producto de una interpretación legal que respeta el principio de no retroactividad establecido en la Constitución mexicana. Sin embargo, Rocha Moya expresó que su convicción democrática lo lleva a considerar fundamental que la ciudadanía tenga la posibilidad de evaluar a sus gobernantes a través del voto.

“Uno de los pilares del principio democrático es que el pueblo ejerza en todo momento su soberanía, cuya máxima expresión es el voto universal, libre, secreto y directo”, subrayó el mandatario en su misiva.

Un proceso que no procede por principios jurídicos

El IEES argumentó que, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Este principio impide que la reforma de 2022 al artículo 150 de la Constitución local, que incorporó la figura de revocación de mandato para la gubernatura, sea aplicada retroactivamente a la actual administración de Rocha Moya.

Un gesto democrático

Aunque el proceso no será llevado a cabo, Rocha Moya lamentó que esta herramienta no existiera en administraciones previas. En su carta, solicitó al Consejo Electoral considerar su “expresión de conformidad” para la viabilidad de un eventual proceso, afirmando que su gobierno “hubiera deseado ser calificado mediante el voto popular”.

Con este posicionamiento, el gobernador sinaloense refuerza su compromiso con la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia en el estado, aunque la resolución legal del IEES cierre la puerta al proceso de revocación en esta ocasión.

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El Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo la ceremonia cívica con la que dio inicio al Proceso Electoral del Poder Judicial para elegir a jueces, ministros y magistrados.

La ceremonia, encabezada por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, tuvo la presencia de 10 consejerías, con la ausencia de Uuc-kib Espadas, e invitados especiales.

Taddei ofrece transparencia

Al tomar la palabra, Guadalupe Taddei afirmó que este proceso electoral inédito se realizará de forma transparente y con reglas claras para todos los participantes.

"Ya iniciamos y estamos listos para la organización de este proceso extraordinario, que no quede dudas trabajaremos con el mismo profesionalismo que nos ha dado reconocimiento nacional e internacional, y lo más importante, que nos ha servido para ganarnos la confianza de todos y todas los mexicanos", sostuvo.

Afirmó que los mecanismos de vigilancia y control del Instituto garantizarán la integridad del proceso electoral, el cual calificó como un paso trascendental en nuestra historia democrática.

"Celebramos la oportunidad de fortalecer el estado de derecho a través de un proceso electoral transparente y legítimo. Les aseguro que las reglas serán claras y equitativas para todos los participantes", aseveró.

Trabajadores inconformes

Los trabajadores del Poder Judicial se manifestaron en las Instalaciones del INE mientras se realizaba la ceremonia cívica que encabezó Taddei para dar inicio al proceso electoral para elegir a jueces, ministros y magistrados.

“INE de orgullo nacional a palero presidencial”, señalaron los manifestantes, y comentaron que el proceso electoral es un retroceso nacional y “solo es una simulación la elección de jueces y magistrados”.

“Venezuela destituyó a sus jueces y así empezó la dictadura”, mostraron en una de sus pancartas.

“¡Por una justicia imparcial, no a la reforma judicial!” y “¡Justicia por elección es simulación!”, consignaron.

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Por primera vez desde su creación en 1990, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sesionará el lunes 23 de septiembre sin la participación de representantes de partidos políticos para organizar la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte a realizarse en junio de 2025.

La reforma del Poder Judicial aprobada en el Congreso de la Unión establece que para mantener la neutralidad en la organización de las elecciones judiciales, el INE debe preparar dichas elecciones sin la participación de militantes de partidos políticos y en coordinación con el Poder Legislativo.

¿Qué establece la reforma judicial? 

La reforma establece que: “en los casos de sesiones extraordinarias urgentes que se celebren para tratar asuntos relacionados con los procesos para renovar cargos del Poder Judicial, el Consejo General se integrará únicamente por una consejera o consejero presidente, 10 consejeros y consejeras electorales, con derecho de voz y voto, y una secretaria o secretario ejecutivo, con derecho de voz”.

Para cumplir este mandato, el Consejo General sesionó de manera extraordinaria el jueves 19 de septiembre para aprobar, en menos de 10 minutos, los cambios necesarios que le permitan iniciar el lunes los trabajos de organización y coordinación para que se lleve a cabo la primera elección de jueces, magistrados y ministros en la historia de México.

Este 23 de septiembre, a las 8:45 horas, se instalará el Consejo General del INE y se emitirá la declaratoria del inicio del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, se instruirá la elaboración del plan integral de trabajo, un calendario del proceso electoral y las actividades necesarias para la modificación del presupuesto para el ejercicio 2025.

¿Qué pasará durante la sesión del lunes? 

Además, en la sesión del lunes se sellará un acuerdo para la creación de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, con lo que se dará inicio de manera formal el proceso de organización electoral judicial.

En un hecho inédito, la sesión del Consejo General se realizará sin la participación de representantes de los partidos políticos. Cabe mencionar que, al momento de su fundación, en 1990, el máximo órgano de dirección del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) contaba con una composición muy distinta a la actual.

En ese entonces, el presidente del Consejo General era el secretario de Gobernación y participaban seis consejeros electorales que debían garantizar total independencia partidista, pero que eran propuestos directamente por el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

¿Qué pasará en la sesión del lunes? 

Además, el máximo órgano de IFE contaba con la participación de un director y secretario general, dos diputados y dos senadores que representaban a los dos grupos parlamentarios más numerosos de cada cámara y un representante partidista de cada partido político.

Hasta la reforma de 1994 se integró la figura de los consejeros ciudadanos y se establece la salida del secretario de Gobernación en el Consejo General, por lo que la integración de este órgano quedó conformada por el consejero presidente y ocho consejeros electorales, con derecho a voz y voto.

Además, se instruyó la integración con derecho de voz de un secretario general, consejeros del Poder Legislativo y representantes de cada partido político con registro.

Dicha conformación se mantuvo así durante 20 años, hasta que en 2014 se determinó que el Consejo General pasara de tener nueve a 11 consejeros electorales, los cuales serían elegidos por la Cámara de Diputados, y los demás representantes de los partidos políticos mantendrían su derecho de voz en el consejo.

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El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó con la planeación de las elecciones locales en Durango y Veracruz de 2025 y, a petición de Morena, señaló que hará los ajustes correspondientes ante la concurrencia con la elección del Poder Judicial.

La Comisión Temporal para el seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2024-2025 aprobó los primeros acuerdos relacionados con esta elección, donde se elegirán 39 municipios en Durango y 212 en Veracruz que deberán ser avalados ante el Consejo General del INE.

Al respecto, el representante de Morena, Jaime Castañeda, pidió agregar a los acuerdos un punto adicional que prevea las modificaciones que deberán realizarse con base a la reforma al Poder Judicial, ya que esta plantea que los partidos políticos no pueden participar en la discusión, y choca con la organización del proceso electoral local.

“Esa restricción tiene un problema cuando existe concurrencia, como es el caso de esta comisión y este proceso. Quisiera hacer una reflexión para que quedara abierta la posibilidad en el programa de trabajo, sin violar la reserva constitucional de diferenciar los procesos donde las representaciones podemos participar y no podemos participar”, apuntó.

“En Veracruz y en Durango vamos a tener concurrencia de esa elección con esta (del Poder Judicial). Por ejemplo, la integración de la mesa directiva de casilla, pues esta configuración es para la elección normal. Pregunta: ¿esta será para la otra elección?”, cuestionó.

Sobre los materiales electorales, Castañeda añadió que “si va a haber capacitación, insaculación y una integración con estrategia de capacitación, pues todos estos documentos podrían tener una doble impresión. Entonces, de aquí a la aprobación de esto, debería haber una revisión”.

Como parte de los acuerdos, la comisión determinó “agregar las precisiones que correspondan al programa de trabajo y respetar la instrumentación del proceso electoral para el Poder Judicial concurrente con las entidades de Durango y Veracruz”.

La presidenta de la comisión, Norma de la Cruz, señaló que una vez que tengan los detalles de cómo será el proceso electivo del Poder Judicial, podrán realizar los ajustes necesarios.

La comisión aprobó el Plan de trabajo que contempla los objetivos generales y específicos de la comisión y el calendario de actividades mensual.

También avaló las convocatorias para que la ciudadanía participe como observadora electoral, en las que se establecen los requisitos, plazos e información general para la recepción de solicitudes, así como la posibilidad de observar el voto anticipado y prisión preventiva.

Otro acuerdo aprobado fueron los modelos de materiales didácticos y de apoyo para la integración de mesas directivas de casilla y la capacitación electoral, así como el modelo de guía para las y los observadores electorales, que incluyen la información básica para los ciudadanos sorteados; modelo de guía para observadores electorales; carta de notificación a la ciudadanía sorteada; la hoja de datos para la capacitación a funcionarios de casilla; nombramientos para funcionarios de casilla.

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La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, asistirá hoy a la Cámara de Diputados al séptimo foro sobre la reforma judicial, en donde esperan que ofrezca una proyección de cuánto le costaría a la autoridad electoral organizar la elección de jueces, magistrados y ministros en todo el país.

Sin embargo, confirmó que hasta ayer, ni el Consejo General ni las áreas técnicas del INE cuentan con un estudio oficial que dimensione en términos concretos cuánto implicaría esta elección que impulsa la reforma judicial al todavía no estar aprobada, se desconocen los alcances, tiempos y dimensiones que implicaría este ejercicio, para que la autoridad electoral pudiera ofrecer estimaciones certeras.

Lo que se prevé que exponga la presidenta del INE es el trabajo que implicaría organizar una elección de este nivel que de ser en un solo ejercicio y no escalonado, rebasaría incluso, la jornada electoral del 2 de junio que implicó la renovación de más de 20 mil cargos y que se consideró la más grande de la historia. Con lo que las y los diputados podrán dimensionar la complejidad de la propuesta.

El senador de Morena, Ricardo Monreal, había difundido una estimación de entre tres mil y tres mil 500 millones de pesos que adjudicó a un estudio de la autoridad electoral, pero que el propio INE desmintió.

En el foro de este lunes se busca ahondar concretamente en el tema más controversial de la reforma que es llevar a todos los juzgadores de este país a las urnas. Los temas a tratar serán: legitimidad democrática de jueces, magistrados y ministros; elegibilidad e idoneidad con garantía de profesionalismo e independencia en la postulación; proceso electoral: elección e impugnación de candidaturas; y mecanismos de ascenso y remoción de funciones.

Aunque el foro pretende aclarar todas las dudas sobre el proceso electoral, cómo sería la elección e incluso el mecanismo de impugnación que le corresponderá resolver al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se confirmó que la Sala Superior sigue sin ser considerada y ni su presidenta, Mónica Soto, ni ninguno de sus pares fue convocado a este evento donde son los únicos que podrían dar asesoría sobre el tema.

La única persona con experiencia electoral probada y vigente, será la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien explicará el proceso que se requiere para garantizar que esa elección para renovar al Poder Judicial cumpla con los estándares de certeza y legalidad que caracterizan al sistema electoral mexicano, los tiempos de organización, el personal que se requiere para capacitar, cuántas casillas deberían instalarse en el país y cuánto costaría todo esto.

Así como los tiempos de campaña que se les daría a cada juez, ministro o magistrados, cómo se fiscalizaría el manejo de los recursos públicos y cómo rendirían cuentas de lo que gasten en este proceso.

Mientras que en el proceso de impugnación y calificación de esa elección, no participará nadie del Tribunal Electoral. Sin embargo, está convocada nuevamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se confirmó la asistencia de los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Jorge Mario Pardo Rebolledo, y las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa.

Además de la ex fiscal de la Ciudad de México y próxima consejera jurídica de la Presidencia de la República en el siguiente sexenio, Ernestina Godoy.

Como expertos están convocados los abogados Jaime Fernando Cárdenas, Luis Enrique Pereda, Jaime Miguel Moreno, Eduardo Torres y Eduardo Andrade Sánchez, magistrado en retiro de Veracruz. Así como Mayerline Rueda Olivares, colaboradora del grupo parlamentario de Morena.

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