En febrero de 2019, cuatro meses después de asumir el cargo como gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y sus colaboradores más cercanos fueron señalados de tener presuntos nexos con el crimen organizado, lo mismo que 18 alcaldes, siete diputados de todos los partidos, nueve jueces, un senador y dos abogados. Los señalamientos se dieron en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Las organizaciones criminales que presuntamente mantenían relaciones con los tres órdenes de gobierno de Morelos eran Los Rojos, Guerreros Unidos, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Comando Tlahuica, revelan reportes de inteligencia de las Fuerzas Armadas contenidos entre la información de la Sedena extraída por el grupo de hacktivistas Guacamaya.
Sobre Cuauhtémoc Blanco, el informe de inteligencia de la Marina fechado el 27 de febrero de 2019 refiere: “Es posible que el grupo delictivo autodenominado Comando Tlahuica se encuentre coludido con el gobernador actual de Morelos, debido al interés que demuestran por la seguridad de este”.
Mientras, en el informe de la Sedena se advierte que, mientras era presidente municipal de Cuernavaca, previo a la gubernatura, presuntamente aceptó un acuerdo con el grupo Comando Tlahuica para que administrara el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad. Esto, según lo había confirmado el nuevo alcalde, Antonio Villalobos Adán, en cuya administración continuaría dicho acuerdo, pero el edil se negó a hacerlo.
El reporte de la Marina advirtió que José Manuel Sáenz, jefe de oficina de la gubernatura de Morelos, tenía presuntos vínculos con Los Rojos y/o Gente Nueva, igual que el subsecretario de Gobierno, José de Jesús Guízar; el fiscal general del estado, Uriel Carmona, y el consejero jurídico del estado, Samuel Sotelo.
Esto se suma a otro elemento revelado en enero pasado por el diario El Sol de México, con la publicación de una fotografía que apuntaba hacia ese posible nexo de Blanco con el crimen organizado. En la imagen presuntamente aparecen el gobernador con Irving Eduardo Solano Vera, ‘el Profe’ o ‘el Gato’, líder de Guerreros Unidos y posterior jefe de plaza del CJNG, detenido por el Ejército en febrero de 2021; Homero Figueroa Meza, ‘la Tripa’, líder del grupo criminal conocido como Comando Tlahuica, y Raymundo Isidro Castro Santiago, ‘el Ray’, líder regional del CJNG en Morelos.
La publicación refiere que esa fotografía estaba en el celular decomisado a Esther Yadira Huitrón Vázquez o Rosario Herrera, ‘la Jefa’, presunta cabecilla de Guerreros Unidos. Se señala que fue tomada a finales de enero o principios de febrero de 2019.
Diputados, jueces, alcaldes
El informe de la Sedena refiere que existía una carpeta de investigación en contra de 12 presidentes municipales de la administración que había concluido en 2018, así como sobre quienes gobernarían de 2019 a 2022: “Fueron cooptados por Santiago Mazari, alias el Carrete, líder del grupo delictivo Los Rojos. Algunos recibieron financiamiento en sus campañas políticas por lo que están sujetos al pago de cuotas para restituir el dinero y otros por concepto de extorsión”.
Mientras, el informe de la Marina señala que 18 de los 36 municipios del estado estaban gobernados por alcaldes con presuntos vínculos con el crimen organizado, provenientes de todos los partidos en diferentes coaliciones: PRI, Morena, PAN, PRD, PT, PVEM, Encuentro Social y Movimiento Ciudadano.
Con el grupo de Los Rojos y el CJNG estarían Alberto Sánchez y Rafael Reyes; de Yautepec, Agustín Alonso; Cuautla, Jesús Corona; Yecapixtla, Francisco Sánchez; Temoac, Valentín Romero, y Tepoztlán, Rogelio Torres.
En tanto, estarían con Los Rojos los alcaldes de Tlaltizapán, Alfredo Domínguez; Puente de Ixtla, Mario Ocampo; Tlaquiltenango, Jorge Maldonado; Jojutla, Juan Flores; Amacuzac, Alfonso Miranda; Mazatepec, Maximina Pérez; Coatlán del Río, Celso Nieto; Tetecala, Luz Quevedo; Xoxocotla, Leonel Zeferino, y Coatetelco, Norberto Zamorano.
También se señaló al entonces presidente del Congreso del estado, Alfonso de Jesús Sotelo, presuntamente vinculado con Los Rojos y/o Gente Nueva, y al senador Ángel García.
Entre integrantes del Congreso local, el reporte de la Marina señalaba a Tania Valentina Rodríguez por presuntos vínculos con Los Rojos, igual que a la diputada Rosa Mazari, mientras que el juez oral Javier Romero era señalado de tener vínculos con el CJNG, igual que los jueces Rubén Jasso y Ramón Villanueva.
De acuerdo con el reporte de inteligencia de la Sedena, existían tres carpetas de investigación, toda vez que “en el Poder Judicial del estado de Morelos, al menos 12 jueces que por hipergarantismo y/o corrupción liberan a delincuentes judicializados por delitos de alto impacto. Se han documentado 17 casos en los que por errores judiciales en las sentencias se han dejado en libertad a 46 secuestradores y 1 extorsionador, los fallos absolutorios han sido revocados a través de apelaciones y amparos”.
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