La Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Código de Ética de la Administración Pública Federal, en la que se prohíbe expresamente el hostigamiento y acoso sexual.

Tal como lo adelantó EL UNIVERSAL el pasado 18 de enero, este Código de Ética prohíbe “realizar o tolerar actos de hostigamiento sexual o acoso sexual, con independencia del

sexo, identidad o expresión de genero, características u orientación sexuales de las personas involucradas en tales casos”.

Para ello, las personas servidoras públicas deberán evitar conductas tales como:

- Realizar señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de los movimientos del cuerpo.

- Tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, como tocamientos, abrazos, besos, manoseo, jalones.

- Hacer regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes o manifestar abiertamente o de manera indirecta el interés sexual por una persona.

- Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia una persona para que se someta a sus deseos o intereses sexuales, o al de alguna otra u otras personas.

- Espiar a una persona en su intimidad, o mientras ésta se cambia de ropa o está en el sanitario.

- Condicionar la obtención de un empleo o ascenso, su permanencia en él o las condiciones del mismo a cambio de aceptar conductas de naturaleza sexual.

- Obligar a la realización de actividades que no competen a sus labores u otras medidas disciplinarias en represalia por rechazar proposiciones de carácter sexual.

- Condicionar la prestación de un trámite, servicio público o evaluación a cambio de que la persona usuaria, estudiante o solicitante acceda a sostener conductas sexuales de cualquier naturaleza.

- Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes a la apariencia o a la anatomía con connotación sexual, bien sea presenciales o a través de algún medio de comunicación.

- Realizar comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto de su vida sexual o de otra persona, bien sea presenciales o a través de algún medio de comunicación.

- Expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de carácter sexual; emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o pretenda colocarlas como objeto sexual.

- Preguntar a una persona sobre historias, fantasías o preferencias sexuales o sobre su vida sexual.

- Exhibir o enviar a través de algún medio de comunicación, carteles, calendarios, mensajes, fotografías, audios, videos, ilustraciones u objetos con imágenes o estructuras de naturaleza sexual, no deseadas ni solicitadas por la persona receptora.

- Difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual de una persona.

- Expresar insultos o humillaciones de naturaleza sexual.

- Mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas.

El Código de Ética Establece la obligación de los servidores públicos de preservar la imagen institucional, “conscientes del alto honor y confianza que la sociedad les ha conferido para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos”, por lo qué}e estando incluso fuera del horario y espacio laboral, deberán actuar con integridad.

Además, el documento publicado en el DOF prohíbe a los servidores públicos bloquear a sus seguidores o contactos en las redes sociales, con el argumento de que las redes sociales pueden constituir una extensión de las personas en medios electrónicos, por lo que “sin menoscabo de los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión propios para su uso institucional”, procurarán la imagen de las dependencias y entidades así como la confianza en el servicio público, al mantener un comportamiento acorde con la ética pública y respetuoso de cualquier persona, sin importar su ideología o posicionamiento.

“En caso de que las personas servidoras públicas decidan destinar sus redes sociales para hacer públicas las actividades relacionadas con su empleo, cargo o comisión, se colocan en un nivel de publicidad y escrutinio distinto al privado, por lo que, además de lo dispuesto en el párrafo anterior, se abstendrán de realizar conductas que restrinjan o bloqueen la publicidad o interacción de la cuenta a personas determinadas”, puntualiza.

La periodista Yolanda Caballero fue víctima de un ataque, sujetos aún no identificados lanzaron bombas molotov a su automóvil que estuvo a punto de incendiarse.

F a un costado del bulevar Casablanca, los sujetos quebraron el vidrio de la ventanilla del copiloto de su automóvil y dejaron los artefactos explosivos.

Afortunadamente Bomberos Tijuana lograron contener el connato de incendio y hasta el momento se desconoce la causa del atentado y de los presuntos responsables. Cabe mencionar que la periodista Caballero Jacobo ha sido señalada por la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez debido a su estilo de publicar las noticias y la acusó de querer dinero del erario.

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 La muerte de 65 periodistas, 38 de ellos en zonas de conflicto, llevó a la Unesco a calificar el año 2023 de "letal", pese al descenso en el número de víctimas del cómputo global respecto al ejercicio anterior (88).

"Esta disminución a nivel global oculta un fenómeno muy alarmante: el pronunciado aumento en el número de asesinatos en zonas de conflicto", alertó este martes la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, en un comunicado de prensa.

Los países en los que más muertes en zonas de conflicto se contabilizaron y que coinciden también con lo indicado por el reciente balance anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF) fueron Palestina (19), Líbano (3) e Israel (2).

Todas las muertes de informadores en esos tres territorios fueron contabilizadas a partir de los ataques de Hamas a Israel del 7 de octubre, y no desde el 7 de octubre y no desde principios de año como RSF. Por ello, señalaron que el último trimestre de 2023 ha sido el "más mortífero desde 2007".

Afganistán, Camerún, Siria y Ucrania también fueron puntos mortíferos con al menos dos muertes en cada uno de ellos.

Situación de los periodistas en América Latina y el Caribe

El descenso de mortalidad, en cambio, se produjo en América Latina y el Caribe, donde hubo 15 asesinatos en comparación con los 43 del año pasado.

Estas cifras no incluyen la muerte de periodistas y profesionales del mundo de la comunicación en circunstancias no relacionadas con su profesión.

Las amenazas, las agresiones físicas, las detenciones y la confiscación de equipos son otros de los riesgos a los que están expuestos estos profesionales, según alertó esta organización internacional.

Una situación que, aseguró, puede generar "zonas de silencio", es decir, inaccesibilidad a la información para la ciudadanía desde puntos en los que resulta crucial.

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La Fiscalía General de la República (FGR) cumplió una orden de aprehensión contra Armando Valencia Montalvo, quien presuntamente atacó con “explosivos” el domicilio de un periodista en el municipio de Dzidzantún, Yucatán.

De acuerdo con la FGR, esta persona fue presentada ante un juez de control, quien lo vinculó a proceso por su probable responsabilidad en el delito de daños con uso de explosivos contra un periodista como represalia a su trabajo periodístico.

La pesquisa la inició la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), misma que solicitó el apoyo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para ejecutar la orden de captura.

Sin embargo, el hombre se dio a la fuga después de que un Tribunal de Apelación determinara que las acciones por las que fue vinculado requerían la medida cautelar de prisión preventiva.

Luego de ejecutarse un cateo en Dzidzantún, el imputado fue detenido y posteriormente internado en el Centro de Reinserción Social de Yucatán. Allí quedó a disposición del juez de control de dicha entidad.

La dependencia federal subrayó que la FEADLE determinó ejercer la facultad de atracción que contempla el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que coincide con una política de persecución penal enfocada en abatir la impunidad de agresiones a la prensa cometidas con medios violentos.

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Una joven mesera de 20 años de edad fue víctima de un par de hombres que la comenzaron a acosar sexualmente y pese a decirles que pararan y ante su insistencia de seguir en su intento de conquista, la joven llamada en las redes sociales como Agusstina Tramontana, fue apoyada por el personal del bar donde labora en Argentina para correr a los dos hombres que habían molestado a su compañera.

Los ataques ocurrieron el pasado martes por la noche en el bar “Maldito Perro” ubicado en la ciudad de Mendoza. Agusstina fue la encargada de atender los pedidos de los clientes que fueron identificados como Carlos Ramón Angúlo Gutiérrez y José Luis Pericoli, pero los hombres comenzaron a acosarla sexualemente.

Sin importar que tanto el personal administrativo del lugar así como los demás comensales se dieran cuenta de ello, ambos siguieron con la misma actitud mientras que Agusstina tuvo que aguantar el trato dado que eran clientes y ellos siempre tienen la razón, tal como lo describió en sus redes sociales donde cuestionó hasta qué punto deben aguantar los empleados los tratos de los clientes.

“Porque antes de ser agredida fui acosada y aun así tuve que seguir siendo 'amable' porque son mis clientes y siempre tienen la razón, porque de ellos depende mi trabajo y las reseñas en Google, entonces tengo que seguir aguantando el acoso? ¿Tengo que seguir haciendo oídos sordos a las cochinadas que dicen? ¿Aguantando malas caras? Malos tratos de los clientes hacia todos los que trabajamos como mozos!?”.

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Agusstina fue intervenida con 20 puntadas. Foto: FB

De tal manera que el personal administrativo salió a las mesas que colocaron en la calle donde estaban sentados Carlos Ramón y José Luis para pedirles que paran con el acoso hacia su empleada; sin embargo, en el video que captó una cámara de seguridad, se observa cuando los dos hombres finalmente se marcharon, pero realizado desmanes, fue ahí cuando agredieron a la mesera con una de las botellas que se llevaron.

“Me hicieron mi*** física y mentalmente”

Agusstina resultó cortada de su cabeza, detrás de su oreja. “Ahora se supone que tengo que sentirme insegura en cualquier lado?? Tengo más de 20 puntos en la cara, el oído izquierdo sordo sin hablar de la cirugía plástica que tienen que hacerme! Todo por un par de tragos, por unos bestias que no saben medirse, ni saben tomar!” dijo la molesta mesera, quien cuestionó:

“Me arruinaron la cara al punto de no poder verme en un espejo sin llorar, me hicieron mi*** física y mentalmente y así como me pasó a mí les pasa a michisim@s personas que trabajan en el rubro, esto pasa todos los días no se crean que porque llegue a los medios es debut y despedida!

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La joven mesera vive ahora con miedo. Foto: FB

Tengo impotencia y tristeza porque mi cara, los traumas y las inseguridades que tengo hoy no valen los dos ron con coca que se tomaron! La desfiguración de rostro, mi miedo al salir a la calle, los traumas y la depresión de verme así no me las saca nadie! ¿Qué tengo que decir ahora? Gracias a dios estoy viva? ¿Menos mal no fue peor? ¿Agradecer porque solo fui sometida al acoso y a la violencia?”, refirió Agusstina, quien afirmó sentirse cansada de la inseguridad.

“Estoy cansada de esto! De la inseguridad, de que ya no pueda sentirme segura ni en el trabajo, porque siempre nos preocupamos por la ida o la vuelta y se suponía que el trabajo era el lugar seguro y ahora ni eso!.

Me parece tan injusto! Yo sin poder dormir y ellos libres con cargos mínimos! Otra vez mi bienestar psicológico depende de dos tipos que van a salir por la vida como si nada mientras yo estoy en una cama sin poder verme en un espejo”, sentenció la joven mujer.

El acoso y discriminación laboral que ejercen mandos superiores de empresas u oficinas de gobierno en contra de sus subordinados provocan que cada hora 12 trabajadores renuncien a sus fuentes de empleo en el país.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2022 se reportaron 109 mil 319 abandonos de empleo de personas que recibieron maltratos psicológicos por el desempeño de sus actividades e incluso algunos sufrieron amenazas y agresiones físicas.

Esta cifra representa el 3.4 por ciento de todas las renuncias registradas en el país; sin embargo, en algunos estados, como la Ciudad de México y Aguascalientes la discriminación laboral o mobbing llega a tener una prevalencia 7.8 y 6.3 por ciento, es decir, que estas entidades duplican la media nacional.

La Organización Internacional del Trabajo señala que el acoso profesional se caracteriza por conductas ilícitas que se repiten durante un tiempo prolongado, como le ocurrió a María Rosalba Barranca, una administrativa de la clínica 54 del IMSS de Tlaquepaque, Jalisco, a quien su jefa le exigió su renuncia en varias ocasiones hasta que sucumbió a la presión.

“Renuncias o renuncias, yo tengo muchas palancas que hasta me han salvado la vida y que te obligarán a renunciar, ya me tienes harta y yo me encargo de que renuncies”. Esas palabras causaron terror en Rosalba, por lo que se vio orillada a dejar su puesto de trabajo tras 21 años de servicio en el sector público.

Los maltratos comenzaron en diciembre de 2021 cuando María fue transferida a la clínica y su jefa comenzó a decirle que su trabajo no servía, la llamaba en privado para humillarla e intimidarla, pero a esas conductas se unieron algunos compañeros que querían aprovecharse de la situación y se unieron al mobbing, incluso en los momentos más vulnerables para Rosalba.

“Tuve problemas de covid-19 y eso me provocó estar conectada a un tanque de oxígeno en casa, perdí capacidad de concentración y ante esa situación mis compañeros de trabajo se burlaban, pero aun así yo era resolutiva en mi trabajo y cumplía con todas mis responsabilidades”, recuerda la víctima de acoso.

Una situación similar fue experimentada por 66 mil 581 mujeres que reportaron durante 2022 que dejaron su empleo por sufrir violencia psicológica de manera consciente, excesiva y frecuente por parte de su entorno laboral. A ese número se suman otros 42 mil 738 varones que renunciaron a sus puestos de trabajo.

Uno de ellos fue Oscar Mercado, un cirujano cardiaco especializado en válvula mitral, quien experimentó el celo profesional de sus compañeros por haberse capacitado en el extranjero. Esto derivó en que le dejaran de saludar y lo segregaran de los grupos de WhatsApp en los que circulaba información importante sobre la dinámica laboral.

“No me asignaban ninguna función y me difamaban. Decían que era una persona floja, que no quería trabajar, que no hacía nada literalmente. Decían que no sabía hacer nada y no servía para nada. Esto me empezó a ocasionar una gran carga de frustración, tristeza y deterioro de la autoestima”, explicó el cirujano.

Esos tipos de maltrato fueron una constante durante casi 5 años de labores en el Hospital de Especialidades del Centro Médico del Occidente del IMSS en Jalisco, pero actualmente Oscar tiene una demanda abierta en contra de sus superiores para que reparen el daño moral que le causaron.

Ante la adversidad el cirujano decidió informarse legalmente sobre el acoso laboral y entender los daños físicos y emocionales que provoca esta actividad ilícita hacia sus víctimas. De esta forma ha podido guiar a por lo menos una treintena de víctimas mediante el grupo de apoyo Mexicanos Contra el Mobbing.

Una de las personas que buscó ayuda de la organización es María Rosalba, quien comenzó a ser reacomodada en el sector público para que pueda cumplir los seis años que le restan para jubilarse; mientras tanto, trata de recuperarse de los estragos físicos que le dejó el maltrato laboral.

Se disparan casos

Las renuncias provocadas por los malos ambientes laborales registraron un incremento notorio a partir de 2019 cuando 103 mil 939 personas abandonaron sus fuentes de ingresos, esto significó un incremento de 29 por ciento en comparación con lo registrado en 2018.

Para 2020 se presentó el récord de renuncias en el país por acoso y discriminación laboral, al tener 111 mil abandonos; pero en 2021 la cifra cayó a 95 mil casos. En 2022 se registró la segunda cifra más alta en lo que va del registro hecho por el Inegi.

Las estadísticas muestran que al menos 95 de cada 100 personas que deciden renunciar en su empleo por motivos de mobbing percibían salarios inferiores o iguales a tres salarios mínimos, es decir que ganaban menos de 518 pesos.

Ruta del acoso

Mercado explicó que los acosadores realizan una tortura psicológica y se dirigen a destruir las redes de comunicación de la víctima, aislarlo de las personas, destruir su reputación como profesional y físicamente; además de realizar intimidaciones manifiestas como gritos, golpes, jalones, robos de pertenencias y la intimidación oculta mediante rumores.

“El acoso en sus inicios es tan sutil que la víctima cree que es algo normal, la persona se siente rara y atacada, incluso cuando le pregunta a sus compañeros éstos le dicen: ‘no pasa nada, estás imaginando cosas’, pero todo el mundo nota que le están dando un trato diferente”, explicó.

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