Los dirigentes nacionales de la coalición legislativa Va por México adelantaron que no apoyarán la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual sostuvieron es “regresiva” y “destructiva”.

En conferencia de prensa adelantaron que ellos presentarán su contra propuesta.

“Creemos que es un acto más del circo, Morena y teatro que ha venido llevando el Presidente; para nosotros es un dardo envenenado en contra del INE y de la democracia, no permitiremos retrocesos ni autoritarismos, no permitiremos que México sea una autocracia donde se haga lo que ordene un solo hombre. El único objetivo que puede haber detrás de querer cambiar las reglas desde el poder, es querer mantenerse en el poder”, denunció el líder del PAN, Marko Cortés.

Explicó que el PRI, PAN y PRD presentarán sus iniciativas electorales por separado para buscar los puntos de coincidencia, entre los que destacan que haya segunda vuelta electoral, eliminar la sobrerepresentación, elecciones primarias el mismo día para todos los partidos, prohibición total al uso electoral de programas sociales, nulidad electoral en casos donde participe delincuencia organizada y regulación de las conferencias mañaneras en tiempos electorales.

Al mismo tiempo, presentaron un paredón con los rostros de más de 400 personas que presuntamente han sido atacadas por este gobierno en una campaña denomidada "traidores a la patria", entre las que destacan funcionarios públicos, artistas, académicos, ambientalistas, comunicadores, periodistas, y ministros, así como diputadas y diputados, a quienes denominaron “héroes de la patria”.

“Su único delito es pensar diferente, estamos aquí para denunciar la campaña de odio, de terror y de violencia. Esta amenaza va más allá de nuestras diputadas y diputados, va más allá de los partidos que integran la coalición Va por México, es una amenaza manifiesta contra todas las personas, mujeres y hombres que se atreven a alzar la voz contra este gobierno corrupto, autoritario y represor.

"El gobierno de Morena está demostrando de qué está hecho, está mostrando el ADN de los dictadores más corruptos del mundo, y nosotros les decimos que vamos a defender a estos héroes de la patria, no vamos a sucumbir ante esta tiranía”, señaló el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Por su lado, el líder del PRD, Jesús Zambrano, advirtió que “el bodrio de reforma electoral” del Ejecutivo no va a pasar, sin importar las presiones.

“Dicen que nos van a dar una paliza en 2024, paliza es lo que le están dando a la constitución y a las leyes de este país. No les tenemos miedo por su intolerancia y autoritarismo, ahora dicen que el día de la votación de la reforma llegarán a la Cámara con miles de personas para presionarnos, no lo vamos a permitir. Andrés Manuel López Obrador, te lo digo de frente, te has convertido en un Porfirio Díaz, o peor aún, en el chacal de Victoriano Huerta al estar asesinando la democracia y las libertades de nuestro país, no lo vamos a permitir”, declaró.

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El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció que solicitó licencia temporal al cargo mientras se desarrolla la investigación en su contra por parte del gobierno de Estados Unidos, relacionada con presuntos vínculos con la facción criminal conocida como Los Chapitos.

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, transmitido en el canal oficial de YouTube del Gobierno de Sinaloa, el mandatario estatal informó que presentó formalmente su solicitud ante el Congreso local.

"Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador mientras dure el proceso de investigación", expresó Rocha Moya.

El gobernador explicó que su decisión tiene como objetivo facilitar la actuación de las autoridades mexicanas durante el desarrollo de las indagatorias.

Rocha Moya fue señalado en una corte de Nueva York por presuntamente participar en operaciones relacionadas con tráfico de drogas y armas, en presunta colaboración con los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Ante estas acusaciones, el mandatario negó categóricamente cualquier responsabilidad.

"Tengo la conciencia tranquila, una vida de trabajo respalda mis palabras; son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra", afirmó.

Asimismo, subrayó que no permitirá que la situación afecte a Morena, partido al que pertenece.

"No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco", puntualizó.

En el mismo contexto, autoridades estadounidenses solicitaron la extradición del mandatario estatal junto con otros nueve funcionarios, entre ellos el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez.

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La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, anunció que Citlalli Hernández Mora asumirá la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones del partido.

Durante una conferencia de prensa, Alcalde Luján destacó la experiencia de Hernández Mora, quien ha participado en procesos electorales anteriores desde la Secretaría General, particularmente en la construcción de alianzas con partidos como el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.

La dirigente subrayó que dentro del movimiento se trata de “encargos y no de cargos”, y reconoció la decisión de Hernández de dejar su posición al frente de la Secretaría de Mujeres para asumir esta nueva responsabilidad.

Por su parte, Hernández Mora afirmó que Morena buscará mantener gobiernos estatales y la mayoría calificada en 2027, como parte del fortalecimiento del proyecto de la llamada Cuarta Transformación.

Asimismo, adelantó que encabezará las mesas de coalición con los partidos aliados, con el objetivo de consolidar una alianza que, aseguró, estará al servicio del país.

Finalmente, reiteró que el objetivo común del partido y sus aliados es avanzar en la transformación de México, manteniendo la coordinación política rumbo a los próximos procesos electorales.

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Luego de que el Senado de la República aprobara el llamado Plan B de reforma electoral sin incluir su propuesta sobre la revocación de mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que, aunque se avalaron medidas clave para reducir privilegios en el servicio público, la decisión de excluir ese mecanismo no beneficia al país.

“Entonces, esa parte (de los privilegios) ya se aprobó, la otra… pues ya no se aprobó. Yo pienso que es malo para el país que no se haya aprobado. Pero bueno, así lo decidieron (los senadores)”, expresó.

Señaló que el Senado respaldó los cambios prioritarios de su iniciativa, enfocados en disminuir gastos y beneficios excesivos dentro de instituciones electorales y órganos públicos, pero dejó fuera la modificación relacionada con la consulta de revocación.

Sheinbaum explicó que la propuesta no buscaba obligar a realizar una revocación de mandato en 2027, sino ampliar la posibilidad de que este ejercicio democrático pudiera efectuarse en un momento distinto al cuarto año de gobierno.

Detalló que la intención era permitir que la consulta pudiera realizarse también en el tercer año del sexenio, coincidiendo con procesos electorales, siempre y cuando fuera solicitada mediante firmas ciudadanas.

“No es que la presidenta quiera necesariamente la revocación de mandato en el 27, sino abrir la posibilidad de que la revocación de mandato del presidente o la presidenta no sea necesariamente en el cuarto año, sino que también sea en el tercero… y no es obligatoria, tiene que solicitarse con firmas”, aclaró.

Sheinbaum considera que existió temor político en votación del Plan B

Desde su perspectiva, el rechazo legislativo respondió a temores políticos de los partidos, quienes consideraron que la presencia de la presidenta en la boleta podría influir en los resultados electorales, pero descartó que esto pudiera influir.

“Probablemente los partidos tenían temor a que si la presidenta va en la boleta… fueran a tener más votos algunos partidos que otros. Eso es lo que ellos decían… aunque en realidad no tienen razón, porque una cosa es la revocación de mandato y otra cosa es la votación constitucional”, sostuvo.

Añadió que, a su juicio, durante el debate legislativo no se presentaron argumentos sólidos para impedir que el mecanismo pudiera aplicarse en 2027 o en futuros gobiernos.

“De todos los argumentos que se dieron ayer no había uno solo… que tuviera argumentos suficientes para que la revocación no se hubiera podido hacer en el 2027 o para el siguiente presidente o presidenta en el 2033”, afirmó.

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Tras una nueva reunión entre el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, y la dirigencia del Partido del Trabajo, se mantiene el desacuerdo entorno al Plan B de la reforma electoral.

“El partido está claro, el tema de debate de fondo es la fecha (de revocación de mandato) y son temas que se están revisando”, comentó el líder del PT, Alberto Anaya, al salir del encuentro.

En tanto, el senador Mier Velazco reconoció que ante la falta de consenso, el dictamen del Plan B podría discutirse en el pleno hasta la semana de Pascua, “a más tardar”.

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La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan B de su reforma electoral, el cual busca reducir privilegios en el sistema político y fortalecer mecanismos de participación ciudadana como la revocación de mandato.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria informó que la iniciativa será enviada al Senado de México e incluirá tanto cambios constitucionales como modificaciones a leyes secundarias, entre ellas la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la propuesta contempla reducir el número de regidurías en municipios —de siete a un máximo de 15— y establecer topes presupuestales en congresos locales equivalentes al 0.7% del gasto estatal.

Asimismo, se plantea limitar los salarios de funcionarios del Instituto Nacional Electoral y tribunales electorales, eliminando bonos y prestaciones adicionales, bajo el principio de que ningún servidor público gane más que la titular del Ejecutivo federal.

En cuanto a la revocación de mandato, la iniciativa propone que este ejercicio se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana en la evaluación del mandato presidencial.

El proyecto también incluye medidas de fiscalización para partidos políticos, como la obligación de transparentar ingresos y reportar operaciones financieras en tiempo real, así como la prohibición de recibir recursos de origen ilícito, en efectivo o provenientes del extranjero.

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