El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el delito de traición a la patria en contra de los diputados que rechazaron la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, acusó a los legisladores de oposición de emitir su voto en contra de la soberanía energética para favorecer a empresas extranjeras.

A la par de la denuncia, el dirigente de Morena presentó decenas de cajas con más de un millón 700 mil firmas de ciudadanos que respaldaron la denuncia contra los diputados de oposición.

“Fue un voto que los ha exhibido por completo como traidores a la patria. Es una traición y es pura hipocresía ahora hacerse las víctimas. Quieren anonimato e impunidad”, señaló el líder guinda.

Los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica pertenecen a las bancadas del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que se posicionaron en bloque en contra de la iniciativa del Ejecutivo.

El morenista aseguró que esta decisión también se verá reflejada en las elecciones del 5 de junio, por lo que reiteró que ganarán las seis gubernaturas en juego.

Mario Delgado también interpuso una denuncia por actos de corrupción en contra de la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, Teresa Jiménez a la gubernatura de Aguascalientes.

Al respecto, Mario Llergo, abogado de Morena, expuso que el delito de traición a la patria puede alcanzar una pena de cinco a 40 años de cárcel, así como 50 mil pesos de multa.

“Nosotros creemos que se configuran los elementos de traición a la patria cometido el pasado 17 de abril de aquellos legisladores que privilegiaron los intereses de empresas extranjeras por encima de la soberanía nacional”, subrayó.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer detalles sobre la investigación en curso relacionada con el caso de Ismael “N” y Joaquín “N”, marcando un enfoque en los delitos de traición a la patria y homicidio. La FGR ha establecido que se impondrán penas que van de 5 a 40 años de prisión para aquellas personas que cometan traición a la patria, específicamente en casos que involucren la privación ilegal de la libertad con el fin de entregar a una persona a otro país.

La investigación se centra en un vuelo ilegal relacionado con estos individuos, al que se atribuyen irregularidades en la operación de un avión con matrícula clonada. La FGR ha revelado que las pruebas necesarias para comprobar este delito se encuentran en territorio estadounidense, implicando una serie de solicitudes formales al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para obtener información crucial respecto al vuelo en cuestión.

Entre los documentos solicitados por la FGR se incluyen la autorización previa de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., información anticipada sobre los pasajeros y registros aeronáuticos que permitan esclarecer la legalidad del vuelo. Hasta el momento, se ha señalado que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha respaldado esta petición.

Además, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ha recabado información sobre un vuelo clandestino en el que se sospecha que estuvo involucrada la mencionada aeronave, enfocándose en su despegue y ruta. Esta información, junto con los resultados de las solicitudes a las autoridades estadounidenses, se dará a conocer en cuanto esté disponible.

En paralelo, la FGR ha recibido avances sobre el homicidio de Héctor “N”, con la obtención de una copia autenticada de la carpeta de investigación de Sinaloa. Se han encontrado diversas irregularidades en la necropsia realizada, que incluyen la falta de una correcta identificación de signos cadavéricos y mala práctica en la prevención de evidencia en la escena del crimen. Además, se ha revelado que el cuerpo presentaba un fuerte hematoma en la cabeza y múltiples disparos, pero el informe de la escena sugiere fallas significativas en la investigación local.

De acuerdo con la información recibida de los testigos en el lugar, se menciona que no se escucharon disparos y que no se identificó a los ocupantes de la camioneta involucrada.

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La Fiscalía General de la República (FGR), entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a dos personas acusadas por delitos de abuso sexual requeridas en distintas Cortes.

En la primera causa penal, Iris Rodríguez, fue requerida por la Corte Superior de Texas, para el Condado de Webb, por los delitos de privación ilegal de la libertad y abuso sexual de una menor de edad. En diciembre de 2023 fue detenida en Jalostotitlán, Jalisco.

En la segunda causa penal, Hugo Domínguez, fue requerido por la Corte Superior de California, para el Condado de San Diego, derivado del delito de abuso sexual infantil. Fue detenido en enero pasado en Cosoleacaque, Veracruz.

Luego de las gestiones efectuadas por la FGR, el gobierno federal concedió la extradición de los reclamados a Estados Unidos. La entrega se efectuó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a los agentes designados para su traslado a ese país.

Por otra parte, el viernes pasado la FGR entregó en extradición a Estados Unidos a Francisco Pulido Coracero, alias “Don Puli”, por su responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y contra la salud, fue uno de los principales abastecedores de precursores químicos para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En febrero de 2023, la FGR solicitó al Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, la orden de detención con fines de extradición en contra “Don Puli”, que fue cumplimentada en octubre de ese mismo año en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Tras las gestiones y procedimientos conjuntos, se aprobó la extradición y fue entregado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Tijuana, Baja California a los agentes policiales del gobierno estadounidense, quienes lo trasladaron a Washington.

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Tras la controversia generada por la declaración del jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Felipe de Jesús Gallo, sobre México como "campeón de fentanilo", la Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que se trató de "una palabra inadecuada". Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo a Gallo, asegurando que no fue de mala fe.

Durante su conferencia matutina, López Obrador indicó que Gallo está inmerso en el tema del control de precursores químicos y que es comprensible que, al tomar la palabra en un evento sobre el tema, pueda utilizar términos no adecuados. Destacó la labor coordinada de la FGR, las Fuerzas Armadas y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en el control de insumos utilizados en la elaboración de drogas.

La FGR, por su parte, señaló que Gallo se disculpó públicamente por el malentendido y aseguró que la Agencia de Investigación Criminal cuidará puntualmente la información que emita para evitar futuras situaciones similares.

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Tras el ataque armado en la Fiscalía General de la República en Tijuana, la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que las investigaciones las realiza la FGR y que hasta el momento han indicado el arribo de elementos de la Ciudad de México para participar en la investigación. 

Por su parte, la Fiscal General del Estado, María Elena Andrade, explicó que desde el momento del ataque ocurrido el pasado sábado, la dependencia estuvo atenta a los hechos, sin embargo, es la propia FGR que llevan a cabo los trabajos de investigación. 

¨Estamos coadyuvando con lo que se requiere, es un tema donde les hemos dado su espacio por la secrecía de las investigaciones que ellos llevan de delitos del fuero federal¨, expresó Andrade.

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