El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, advirtió que el presupuesto del organismo para el 2023 será delicado, pues requerirá suficiencia para cumplir con tres momentos relevantes en nuestro país: una eventual consulta popular, en caso de ser solicitada; la elección de gobernador en el Estado de México y Coahuila y el arranque del proceso electoral 2023-2024, en donde se elegirán legisladores federales y Presidencia de la República. 

“El presupuesto para 2023 será un presupuesto delicado y muy importante, no solamente porque de ello van a depender las funciones y servicios que este instituto le brinda a la ciudadanía, sino también el cumplimiento de una serie de atribuciones constitucionales que el próximo año se centran, además de las funciones ordinarias, en tres circunstancias particulares”, dijo. 

En sesión extraordinaria, el Consejo General del INE aprobó la conformación de la Comisión Temporal de Presupuesto 2023, que estará integrada por las consejeras Claudia Zavala, quien la presidirá; Carla Humphrey y Norma Irene de la Cruz, y los consejeros Ciro Murayama y Jaime Rivera. 

Al exponer el acuerdo, el consejero presidente explicó que en el proyecto de presupuesto que elabore esta comisión temporal, se incluirá, por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un “monto precautorio” para garantizar la realización de una consulta popular el próximo año, en caso de ser solicitada, ya sea por el Presidente, por legisladores o por ciudadanos. 

A la luz de lo ocurrido con el presupuesto 2022 del INE, que le fue recortado por la Cámara de Diputados, pese a que este año se tenía la obligación de organizar la consulta de revocación de mandato, Córdova pidió aprender de las lecciones que ese conflicto, que terminó dirimiéndose en la SCJN, dejó. 

“El tema presupuestario es un tema que, luego de una experiencia, de lo que ocurrió con el presupuesto de este año, sin pretender entrar en polémicas, y del litigio que se derivó del mismo ─cuyo fondo todavía tiene que ser objeto de pronunciamiento por parte de la SCJN─, abre una serie de lecciones para todas y todos; lecciones que con mucha humildad y compromiso democrático debemos todas y todos aprender para que no se comprometan estas funciones importantísimas que el INE tendrá que desplegar el próximo año y de las que depende la viabilidad y recreación de nuestro sistema democrático”, dijo. 

Asimismo, aseguró que se comprometerán y esforzarán por presentar el presupuesto más contenido que sea necesario, pero indispensable para cumplir sus funciones. 

“Después de las lecciones que ha pasado este año, todos, viendo hacia adelante y no anclados en los dimes y diretes que han caracterizado los últimos meses, podremos construir condiciones para que la democracia se recree adecuadamente en el país sin poner en riesgo ni comprometer la viabilidad de la misma”, expresó el consejero presidente. 

Córdova destacó que en septiembre de 2023, “comenzará el que, desde ahora vale la pena anticiparlo, será una vez más el proceso electoral más grande de nuestra historia”. 

Explicó que las elecciones del 2024 incluirán el padrón electoral más grande de la historia, pues sigue creciendo, y el número de cargos electos en disputa más grande. 

La consejera Carla Humphrey aseguró que el momento político actual “obliga a desplegar esta encomienda con especial cuidado, porque no es un presupuesto más, es el presupuesto inmediato posterior al presupuesto más complicado y litigioso de nuestra historia institucional”. 

Apuntó que los integrantes de la Comisión Temporal de Presupuesto “debemos ingresar con una nueva óptica y con una redoblada responsabilidad y convicción auténtica con la austeridad republicana, como lo marca la ley, pero también con actitud prudencial del resguardo de la viabilidad de nuestros proyectos y programas, así como de la resiliencia de la institución”. 

En ese sentido, destacó que “este momento político particular, precisamente por sus complejidades, obliga a estar unidas y unidos con la convicción de que las autonomías inician en el gasto y terminan en su evaluación”. 

La consejera Norma de la Cruz se pronunció por atender los señalamientos del Órgano Interno de Control del INE, el cual señaló deficiencias en la documentación presentada para respaldar la cartera de proyectos del 2022. 

La senadora Gina Cruz Blackledge, representante legislativo del PAN, advirtió que es previsible que el régimen actual intente replicar el experimento presupuestal del 2021 para cumplir su objetivo de reducir las capacidades institucionales del INE. 

“El acuerdo que hoy se aprueba nos permite dar el primer paso en el diseño institucional del escenario en donde deberán construirse los sustentos que impidan a la mayoría de la Cámara de Diputados lastimar impunemente las capacidades institucionales del INE”, dijo. 

La diputada Marisol Vargas, representante del PAN, pidió a los consejeros electorales integrantes de la Comisión Temporal de Presupuesto, ante el acoso al que permanentemente esta institución está sometida, “no dejarse intimidar por quienes desde el discurso populista buscan que el INE desatienda su función institucional y se convierta en la oficina de asuntos electorales del presidente en turno”. 

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El Consejo General del INE aprobó el orden metodológico y calendario para definir la reestructura que sufrirá el Instituto Nacional Electoral tras la reforma electoral, el cual incluye que el Plan B se aplicará hasta octubre y no en agosto como indica la ley, lo que Morena calificó como un reto y desobediencia a los poderes y la ciudadanía.

El proyecto que el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023 aprobó esta mañana fue respaldado por unanimidad en el Consejo General del INE, en el cual plantean tener lista la aplicación del llamado Plan B hasta octubre y no en agosto, debido al retraso de dos meses generado por el Senado, lo cual retrasó los tiempos previstos originalmente.

La consejera presidenta del Comité, Claudia Zavala, detalló que “la reforma no fue aprobada en diciembre, como se había planeado, sino hasta el 2 de marzo fue su entrada en vigor, por lo que tenemos un desfase de dos meses que necesariamente retomaremos”.

Explicó que el calendario planea esperar a la nueva integración del Consejo General, que incluye su nueva presidencia, para que formen parte de estos trabajos a partir del 3 de abril con los criterios ya aprobados por los consejeros que no terminan su periodo y son la mayoría de la integración total.

La consejera Norma Irene de la Cruz planteó establecer la paridad en la nueva compactación y organigrama del instituto, lo cual fue rechazado por mayoría, pues Claudia Zavala pidió esperar a que avance el proceso para ver la forma de que pudiera aplicarse.

El consejero Jaime Rivera consideró que no se puede tomar en cuenta el cumplimiento de la paridad como si fuera una nueva integración, pues esto generaría violaciones a los derechos laborales.

“Si se hiciera el aplicar la paridad total, equivaldría a suponer que partimos de cero, y una reestructuración no parte de cero, como su nombre lo indica, es una modificación de una estructura ocupacional y jerárquica que ya existe, que ya está ocupada.

“Reestructuración no es fundación, no se va a contratar de fuera como si nadie existiera en los cargos del Servicio Profesional, como si todo estuviera vacío, eso va contra el sentido común y contra derechos laborales”.

Mario Llergo, representante de Morena, acusó que “en una clara violación a la reforma electoral del pueblo”, se niegan a instalar la Comisión de Administración que sustituirá a la Junta Ejecutiva del INE.

“Bajo el pretexto de autonomía y de una aprobación desfasada aprueban un acuerdo que modifica la propia reforma. Quieren un Comité Técnico que asuma las responsabilidades que señala expresamente la reforma que le competen a la Comisión de Administración, alteran fechas de operatividad de la reforma para seguir conservando sus privilegios y sus altos salarios.

“Asumen el papel de legisladores, si tantas ganas tienen de emitir leyes y modificar la voluntad popular, les invito a que se postulen y puedan legislar en su libre derecho. Lo que buscan es seguir sirviéndose a manos llenas”.

Con este calendario, a partir de hoy comienzan los trabajos para evaluar la estructura de todo el INE y determinar cómo se compactarán las áreas como lo ordena la reforma, la nueva estructura organizacional, los tabuladores salariales y las nuevas facultades del secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, de las que desaparecerán alrededor de una decena.

El calendario marca 17 acciones desde hoy y hasta el 31 de octubre, para poder terminar los trabajos antes de que comience el proceso electoral federal que la reforma recorre su arranque de septiembre a noviembre, si la Suprema Corte no declara su invalidez.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como inmoral y una gente “deshumanizada” que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, obtenga una pensión millonaria al término de su periodo.

En conferencia de prensa, en las instalaciones de la del 37 Batallón de Infantería, de Villahermosa, Tabasco, el Mandatario recordó que tanto el Poder Judicial y los integrantes de los organismos autónomos se ampararon contra la ley de que ningún servidor público pueda ganar más que el Presidente.

“Puede ser legal, pero es completamente inmoral, pero eso son estos conservadores, por eso se oponen a los cambios, a la transformación y lo peor de todo es que engañan a mucha gente con la consigna que el INE no se toda, porque es como si se agraviara a la democracia, cuando no tiene nada que ver, porque es el combatir la corrupción y los privilegios”.

El presidente López Obrador dijo afortunadamente ese tipo de personas están perdiendo fuerza y credibilidad.

“La gente cada vez tiene más conciencia de que deben llevarse a cabo los cambios y es lo que decía Juárez, el funcionario tienen que aprender a vivir en la justa medianía, no puede haber gobierno rico y pueblo pobre, por eso es un imperativo ético, la austeridad no es un asunto administrativo es un asunto de principios”.

Señalo que un servidor público que gana 300 o 600 mil pesos mensuales, en un país con tanta pobreza como México, es más que un inmoral, es una gente deshumanizada.

“Puede dedicarse a cualquier otra actividad, es legal y legítimo que se tengan utilidades y se acumule dinero, pero no en el servicio, público, aquí es para estar atendiendo a los demás, sirviendo a los demás, servir, no servirse.

“Quieren dinero al comercio a las empresas, a cualquier actividad económica, pero medrar y a buscar de los cargos públicos, el presupuesto que es para la gente, pero creo que no les va a durar mucho va a continuar la transformación”.

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El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una segunda demanda de controversia constitucional en contra del Plan B de la reforma electoral.

El nuevo recurso judicial controvierte la segunda parte del llamado Plan B, del 2 de marzo pasado, cuando entró el vigor el decreto que reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Dicho recurso se suma a la controversia constitucional que ya había sido presentada por el INE el 1 de febrero, en contra de la primera parte del Plan B, que consiste en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.

En un comunicado, el INE detalló que mediante la controversia constitucional se busca defender no sólo la autonomía del instituto, sino el Estado democrático establecido en la Constitución, “ante el cúmulo de violaciones constitucionales detectadas en aproximadamente 200 artículos de la reforma que vulneran 25 disposiciones constitucionales”.

“En la demanda presentada hoy, se solicita al Máximo Tribunal del país que otorgue una suspensión y, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma y, por lo tanto, de sus efectos, de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía”, aseguró el organismo.

La nueva controversia se basa en cuatro ejes fundamentales, a saber: la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión, la vulneración a la autonomía e independencia del INE por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo, la vulneración a las condiciones de equidad y de otros principios que deben regir las contiendas electorales y la afectación inconstitucional de los derechos laborales del personal del INE que provoca dicha reforma.

El Instituto argumentó que se violó el debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión, pues se dio trámite urgente a una iniciativa que por disposición legal no podía ser sometida al mismo, no respetó el principio de publicidad, ni mucho menos el deliberativo que rige al órgano legislativo, impidiendo la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

Esto, alegó el INE ante la SCJN, impactó en la calidad democrática de la reforma.

En segundo término, consideró que se vulneró la autonomía e independencia del instituto por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo, por lo que el INE demandó la invalidez de gran parte de la reforma, ya que afirmó que se está invadiendo su esfera competencial por parte de legisladores y del presidente de la República y el secretario de Gobernación.

Además, alegó la reforma contiene cambios que afectan la certeza en los procedimientos que conforman el proceso electoral en sus diversas etapas y que el Plan B desmantela la estructura orgánica y afecta los derechos laborales de todo el personal del Instituto, así como la eliminación de aproximadamente el 85 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral.

“El instituto tiene plena confianza en que con el análisis constitucional que realizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación se restaurará el orden constitucional, al determinar la invalidez de la reforma”, aseguró.

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La defensa de 147 empleados del Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el primer amparo contra el Plan B de la reforma electoral, para no perder sus empleos, que no se cancelen sus pólizas y para proteger sueldos y salarios.

Rodolfo Martínez, de la firma Trusan & Roma Abogados, promovió la demanda de garantías en el Palacio de Justicia Federal en San Lázaro, donde en las próximas horas el amparo será turnado a un juzgado y corresponderá a un juez determinar si lo admite a trámite.

El litigante explicó a Milenio que los 147 empleados del INE son tanto del servicio profesional electoral como de las áreas administrativas, quienes impugnan la reforma electoral a efecto de que derivado de la reestructuración no vayan a perder su empleo porque así está previsto este paquete de reformas que se aprobó el jueves pasado.

“Y también dentro de este paquete está previsto el que se les cancelen sus pólizas de gastos médicos mayores y su seguro de separación actualizado, esto expresamente está señalado en la reforma y es lo que estamos impugnando. También te comento que el amparo tiene por objeto proteger sus sueldos y salarios porque en la reforma se prevé una disminución al establecer que se tendrán que ajustar a principios de razonabilidad y proporcionalidad, o sea elemento que no es objetivo para establecer el catálogo de sueldos y salarios de los empleados”, explicó

El pasado jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el decreto que reforma diversas leyes en materia electoral, con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía a partir de reestructurar la organización, administración y ejecución de recursos de las instituciones electorales a nivel federal y local.

El proyecto de decreto publicado reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

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“Ya me voy, ya me siento mal, me afectó el estómago, ya fue mucho y no he desayunado, estuvo muy fuerte”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al mostrar de nuevo una conversación del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

El motivo de su molestia estomacal, dijo, fue por escuchar la conversación telefónica de 2015 entre Córdova y el exsecretario Ejecutivo del INE recién cesado, Edmundo Jacobo Molina, en la cual el consejero se burla de la manera de hablar de un representante del pueblo indígena chichimeco.   

“Qué lamentable nivel, es una crisis que sólo se puede enfrentar con una transformación tajante”, señaló el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, López Obrador pidió transmitir la conversación telefónica entre Lorenzo Córdova y Edmundo Jacobo.

“Lorenzo Córdova se expresa de manera racista en contra de unos compañeros de comunidades originarias que lo van a ver y que haya oportunidad para las culturas y la diversidad, que todos puedan participar en el proceso democrático”, expresó. 

Señaló que no sabía que el interlocutor de Córdova era Edmundo Jacobo Molina, luego de que al entrar en vigor el plan B de la reforma electoral su cargo fue eliminado. 

“Ahora resulta que con quien estaba hablando Lorenzo Córdova es con Edmundo Jacobo, por eso les duele tanto, era una especie de gurú”, declaró el presidente López Obrador.

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