Más de 40 organizaciones de México y Estados Unidos convocadas por Global Exchange, organismo para defensa de los derechos humanos y promoción de políticas sociales, iniciarán en septiembre foros en ambos países rumbo a la primera Cumbre de la Paz, a realizarse en febrero de 2023, con el objetivo de crear propuestas para combatir la desigualdad, la violencia y la crisis migratoria.

El director ejecutivo de Global Exchange, Marco Castillo, explicó que se trata de una iniciativa para crear un movimiento transfronterizo de la sociedad civil y sectores progresistas que revise la situación actual de la región y la relación entre México y Estados Unidos.

“Frente a la crisis actual que desató, entre otras cosas la pandemia y la proliferación de las armas en la región, así como la crisis económica que generó la guerra, cada vez los problemas de México y Estados Unidos están relacionados y resulta más complicado para las comunidades y los gobiernos resolver estos problemas de forma individual y aislada, por eso como organizaciones binacionales decidimos convocar a una Cumbre por la Paz México-Estados Unidos”, indicó.

Castillo precisó que el objetivo es identificar y reconocer los problemas comunes entre ambos países y que se plantean acciones y colaboración para enfrentar el tráfico de armas, la crisis migratoria y la violencia.

“Nuestra región no tolera ni aguanta más esta situación que se vive en materia de derechos humanos, crisis migratoria, tráfico de armas y violencia armada, es por eso que estamos motivando a esto”, subrayó.

El activista afirmó que son más de 40 organizaciones, entre las que destacan Global Exchange, Black Lives Matter South Bend, Center for American Progress, Center for Native Americans, Red de Pueblos Transnacionales, Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, SeraPaz, Nuestra Red, ReverdeSer, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y los Padres y Madres de Ayotzinapa, que participarán en los foros programados en ciudades de México y de Estados Unidos.

“La Cumbre por la Paz está convocada para febrero de 2023, pero vamos a empezar con foros locales en la región a partir de septiembre. El jueves lo anunciamos, pero a partir de eso comenzamos una serie de foros locales, presenciales y virtuales en Nueva York, Los Ángeles, Tijuana y en una comunidad indígena en México que está por definirse y en la Ciudad de México”, comentó.

Castillo refirió que también se busca construir una agenda binacional ciudadana, con el fin de entregarla a los gobiernos de México y Estados Unidos para que la trabajen con políticas públicas que ayuden a mejorar la situación en ambos países: “Ahorita está la oreja muy parada, el corazón muy abierto para que ya cuando lleguemos a febrero de 2023, se vean los temas”.

Llama a las organizaciones sociales para que se sumen a la iniciativa de la Cumbre por la Paz, que calificó como un proceso ciudadano en donde participan grupos, y también comunidades sin inscripción y adscripción u organización alguna.

“Es un espacio plural, diverso y abierto, sobre todo ciudadano. El objetivo es fortalecer la voz de la ciudadanía binacional frente a la relación México y Estados Unidos. Nosotros estamos convencidos que no se puede entender el futuro de la región sin la participación y voz ciudadana”.

El alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos, Pedro Luis Hernández de Paz, intentó realizar su toma de protesta este martes, pero huyó del lugar en medio de una riña para evitar ser detenido, ya que enfrenta una orden de aprehensión junto a su esposa, la actual alcaldesa María del Rosario Matías Esquivel. Ambos son investigados como parte de la “Operación Enjambre”, un operativo que ha derivado en la captura de funcionarios municipales.

Los hechos ocurrieron pasadas las 8:00 horas, luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Francisco Vázquez Rodríguez, confirmara que Santo Tomás de los Plátanos era el único municipio donde aún no se realizaba el acto oficial de renovación de autoridades previsto para el próximo 1 de enero.

Según testigos y videos difundidos en redes sociales, Hernández de Paz, político del PRD, convocó a 50 personas a una reunión informal en un espacio cerrado, donde presumió contar con un amparo judicial. Al evento, llegó vestido de manera informal con playera amarilla, pantalón negro y tenis.

Sin embargo, cuando las autoridades intentaron detenerlo, el alcalde electo emprendió la huida, escoltado por al menos cinco hombres con gorras. La escena se tornó caótica: se escucharon gritos y empujones, mesas y sillas salieron volando, y la lona utilizada para el acto quedó colgando. Entre la multitud, se distinguió a hombres gritando: “Puta madre, vámonos Huicho, vámonos”. Este intento fallido representó la segunda convocatoria realizada por Hernández de Paz para llevar a cabo la toma de protesta. La primera tuvo lugar el pasado viernes, aunque el político nunca se presentó.

La situación ha generado un ambiente tenso en el municipio, donde se implementó un operativo especial entre fuerzas federales y estatales para dar con su paradero.

Pedro Luis Hernández de Paz y María del Rosario Matías Esquivel están prófugos desde el 22 de noviembre, cuando comenzó la “Operación Enjambre”, que ha resultado en 27 funcionarios detenidos y vinculados a proceso en 10 municipios.

Ambos políticos enfrentan acusaciones por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada y en su momento fueron señalados de estar detrás del secuestro del suegro de Teresa Reyes Lozano, ex candidata de Morena y aliados, quien renunció a su postulación tras el incidente.

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Petra "N", víctima de violencia de género, por parte de su cónyuge, compartió su testimonio con más de 80 alumnos de Universidad Vizcaya de las Américas.

En su experiencia, el victimario, relató, llevó los niveles de violencia al punto de dejarla sin posibilidad de alimentarse por varios días. 

Durante la conferencia “Visibilizando la Violencia” que el Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada (Inmujere) organizó para la comunidad escolar, la víctima narró como hasta ahora sigue temiendo por su vida, ya que su agresor sigue libre, ya que las autoridades no han hecho nada para efectuar su detención.

La afectada comentó que tuvo apoyo psicoterapéutico y describió que dentro de su relación vivió violencia psicológica, como celos, control y manipulación, lo cual veía “normal” hasta que llegaron los golpes contra ella, una vez que su victimario “explotara de enojo” contra ella.

Posterior a los golpes, añadió Petra “N”, comenzaron las amenazas, los insultos y las palabras que bajaron mi autoestima, me decía que estaba loca o negababa que él me había pegado, a pesar de los moretones y heridas visibles.

Luego del testimonio, Luz María Vázquez Galindo, titular de Inmujere, recalcó que el Instituto está abierto a todas las mujeres que requieran apoyo en materia psicológica y jurídica, así como ser canalizadas a las instancias para denunciar situaciones de violencia en cualquiera de sus formas y acudir a un refugio para resguardarse.

Por su parte, la directora general de Universidad Vizcaya, Brianda Moreno Morales, destacó que su compromiso es dar cumplimiento a las tareas de formación del alumnado, por lo cual este tipo de testimonios permite abrir la mente y generar conciencia sobre cómo la violencia de género es real.

Con la llegada del Mundial de Qatar 2022, el país árabe se encuentra, más que nunca, en la mira de fanáticos y ciudadanos extranjeros. El evento deportivo más prestigioso del mundo no solo ha puesto de manifiesto las estrictas normas, reglas y costumbres cataríes, sino que también ha dejado en evidencia el difícil y, para algunos, oscuro panorama al que se enfrentan las mujeres.

Aunque Qatar es un país moderno en muchos aspectos, si se compara con sus vecinos del Golfo, el género femenino solo representa 25% de la población -de acuerdo con cifras del Banco Mundial-, en un estado de 2.9 millones de habitantes.

Su numerosidad es equivalente a su calidad y estilo de vida: políticas discriminatorias, vulneración de los derechos humanos y desprotección estatal son solo algunos de los grandes desafíos a los que tienen que enfrentarse las mujeres en territorio catarí.

Las relaciones extramaritales son un delito

Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio no solo está mal visto, sino que es ilegal en Catar. Este acto puede llevar a prisión de hasta siete años o, incluso, la pena de muerte.

Las relaciones sexuales consentidas fuera del matrimonio entre hombres y mujeres de más de 16 años son delito y están recogidas en el artículo 285 del Código Penal; sin embargo, la desprotección es mayor cuando se denuncia abuso sexual, pues las mujeres pueden enfrentar acusaciones de sexo extramatrimonial.

“El testimonio de una mujer vale mucho menos de lo que vale el de un hombre, y muchas veces ni siquiera es tenido en cuenta. Los hombres pueden tener hasta cuatro esposas a la vez, sin pedirle permiso a nadie; pero si una mujer es violada —fuera del matrimonio— se la juzga por adulterio”, señaló la periodista Delfin Campos para el portal digital ‘Unidiversidad’.

Deben tener tutores legales

Para casarse, estudiar en el extranjero con becas del Gobierno, acceder a muchos empleos gubernamentales, viajar al exterior y recibir algunas formas de atención de la salud reproductiva, las mujeres cataríes deben contar con la aprobación de un tutor legal.

En el caso de las mujeres que no han contraído matrimonio, el padre -o, en su defecto, un hermano- posee la tutela legal; mientras que, cuando una mujer se casa, la tutela familiar se transfiere al esposo.

“Las mujeres en Qatar han derribado obstáculos y logrado importantes avances en áreas como la educación; sin embargo, aún tienen que enfrentarse a normas oficiales de tutela masculina que limitan su capacidad de llevar adelante vidas plenas, productivas e independientes”, señaló Rothna Begum, investigadora sobre derechos de la mujer de Human Rights Watch.

La violencia doméstica y conyugal no se consideran delito

Según un informe del Banco Mundial, no existe ninguna ley específica contra la violencia doméstica o la violación que proteja a las mujeres ante posibles agresiones de su marido o el tutor.

De hecho, según un informe de derechos humanos elaborado por EU en 2021 -citado por el diario ‘El Confidencial’-, “rara vez” se denuncian agresiones sexuales y otros delitos basados en el género. ¿La razón? Temen ser presas del tabú social que las denuncias implican.

Divorcio e hijos

Mientras que los hombres tienen derecho unilateral al divorcio, las mujeres deben solicitarlo ante los tribunales por motivos limitados. De conseguirlo, se enfrentan a un panorama de discriminación, crítica y presión social.

En el caso de tener hijos, las mujeres divorciadas no pueden obtener la tutela legal de los menores ni influir en las decisiones sobre su vida.

En el último Índice Global de Brecha de Género elaborado por el Foro Económico Mundial en 2020, Qatar ocupa el puesto 135 entre casi 150 países.

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El uso de los hijos por parte de uno de los progenitores para causarle daño al otro (generalmente del padre hacia la madre) es una de las modalidades de violencia de género y es conocida como “violencia vicaria” y se busca tipificarla como delito dentro del Código Penal de Baja California. 

Miriam Ayón Castro, presidenta de la Red de Mujeres Unidad por Baja California, explicó que este tipo de violencia no se encuentra aún tipificada como delito en la entidad, a pesar de haber posicionamientos ya por parte de miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como la ministra Norma Lucía Piña Hernández. 

La iniciativa fue presentada esta semana ante la oficialía de partes del Congreso de Baja California, apegadas a las garantías que brinda a las organizaciones ciudadanas la Ley de Participación Ciudadana.

La propuesta contempla la modificación del artículo 12 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado, para contemplar la violencia vicaria como delito. Ningún diputado, hasta el momento, ha tomado el tema, pero se cabildeará para que se impulse dentro del Poder Legislativo. 

Actualmente Baja California Sur, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas, ha incorporados la violencia vicaria a sus códigos penales locales.

La Organización de las Naciones Unidas proclamó el 18 de septiembre como Día Internacional de la Igualdad Salarial, con la finalidad de resaltar la importancia de equipar la igualdad salarial por un trabajo de igual valor.

En la actualidad persiste la desigualdad de género y la poca relevancia del empoderamiento femenino, debido a circunstancias históricas y estructurales de las sociedades, destacando que la remuneración salarial percibida por las mujeres es inferior a la de los hombres, determinando a nivel mundial una brecha salarial de género, estipulada en un 23%.

Unido a ello, los niveles de pobreza incrementan tales desigualdades, constituyendo una franca desventaja para las mujeres en la obtención de recursos, oportunidades y acceso al mercado laboral.

En tal sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible abordan como prioridad la igualdad de género y el empoderamiento de niñas y mujeres, mediante la promoción del crecimiento económico y generación de empleo con equidad salarial para hombres, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.

¿En que consiste la Igualdad Salarial?

La Igualdad Salarial o Igualdad de Remuneración implica el derecho que tienen los hombres y mujeres a percibir una misma remuneración por un trabajo de igual valor, teniendo en cuenta factores como competencias, condiciones de trabajo, calificaciones y niveles de responsabilidad.

Por otra parte, la igualdad salarial reafirma los derechos humanos y la igualdad de género, contando con el apoyo de la comunidad mundial, Sociedad Civil, Agencias de ONU Mujeres, Estados Miembros y la Organización Mundial del Trabajo (OIT).

Como principal antecedente en materia de igualdad salarial, después de la Segunda Guerra Mundial se estableció un Convenio sobre Igualdad de Remuneración en el año 1951, siendo considerado el primer instrumento internacional en esta materia en incorporar a las mujeres al trabajo masivamente, encargándose de la primera línea de producción en varios países.

La creación de este convenio se fundamentó en la desigualdad salarial, considerada como una forma evidente de discriminación laboral, siendo el primer paso para lograr una mayor igualdad de género en el mercado de trabajo.

Coalición Internacional para la Igualdad Salarial

La Coalición Internacional para la Igualdad Salarial (Equal Pay International Coalition) es una organización dirigida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONU Mujeres y otros socios, con la finalidad de lograr la remuneración igualitaria entre mujeres y hombres en todo el mundo.

La formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha propiciado la creación de alianzas estratégicas por parte de los organismos involucrados, aunando esfuerzos para lograr el impacto y resultados deseados en el cumplimiento de los mismos.

Por otra parte, es fundamental que las empresas cumplan con la legislación establecida para reducir considerablemente las brechas salariales y eliminar las prácticas de empleo discriminatorias, en especial en aquellos sectores que cuentan con una mayor presencia de mujeres que de hombres.