Lo acusa de estigmatizar y castigar periodistas, además de sólo dejar entrar a los periodistas que lo hacen quedar bien.
La jueza de control interina de Campeche, Ana Maribel de Atocha Huitz May, impuso nuevas medidas cautelares contra el periodista Jorge González Valdez, prohibiéndole opinar o publicar información sobre la gobernadora Layda Sansores. Además, ordenó que cada contenido relacionado con la mandataria estatal, emitido por él o el diario Tribuna, sea supervisado previamente por un interventor judicial.
De acuerdo con el medio, la resolución también establece que González Valdez deberá estar acompañado por un “censor oficial” cuando participe en programas mediáticos, mientras que la Unidad de Medidas Cautelares vigilará su cumplimiento. Ante esto, Tribuna anunció que suspenderá la cobertura relacionada con la gobernadora hasta que se revoque lo que consideran una “ley mordaza”.
Estas nuevas restricciones contrastan con un fallo reciente del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, que había revocado las medidas anteriores impuestas contra el periodista. Entre ellas, se encontraba la suspensión de su actividad periodística por dos años y la baja de la plataforma digital del medio, sanciones que fueron calificadas como desproporcionadas e inconstitucionales.
El proceso judicial se originó por una denuncia presentada por Layda Sansores, quien acusó al periodista del presunto delito de odio. El caso ha encendido el debate sobre los límites entre la protección de derechos y la libertad de prensa en el ejercicio periodístico en México.
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Por medio de redes sociales, la presentadora de noticias Laisha Wilkins informó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le mandó una denuncia que reserva los datos de la parte denunciante.
En X, Laisha publicó una fotografía de la denuncia en la que se muestra la captura del tuit que posteó del cual se le pide dar explicaciones tras la publicación de Aristegui Noticias en la que mostraba una nota titulada "Dora la Censuradora: candidata a ministra de la SCJN pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks".
A lo que Wilkins respondió: "Jaja Dora la censuradora jaaja".
La denuncia pide datos como que señale el objetivo de la publicación, un domicilio para recibir notificaciones y si el comentario fue solicitado por alguna persona.
Incluso, el último punto solicita: "Informe si tiene o tuvo algún vínculo con algún partido político, candidata o candidato en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025".
"Lo importante es la CENSURA CIUDADANA. Lo dije ayer, debemos unirnos como sociedad no permitir el abuso de nuestros derechos y libertades", escribió Wilkins.
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La periodista Yolanda Caballero fue víctima de un ataque, sujetos aún no identificados lanzaron bombas molotov a su automóvil que estuvo a punto de incendiarse.
F a un costado del bulevar Casablanca, los sujetos quebraron el vidrio de la ventanilla del copiloto de su automóvil y dejaron los artefactos explosivos.
Afortunadamente Bomberos Tijuana lograron contener el connato de incendio y hasta el momento se desconoce la causa del atentado y de los presuntos responsables. Cabe mencionar que la periodista Caballero Jacobo ha sido señalada por la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez debido a su estilo de publicar las noticias y la acusó de querer dinero del erario.
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La muerte de 65 periodistas, 38 de ellos en zonas de conflicto, llevó a la Unesco a calificar el año 2023 de "letal", pese al descenso en el número de víctimas del cómputo global respecto al ejercicio anterior (88).
"Esta disminución a nivel global oculta un fenómeno muy alarmante: el pronunciado aumento en el número de asesinatos en zonas de conflicto", alertó este martes la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, en un comunicado de prensa.
Los países en los que más muertes en zonas de conflicto se contabilizaron y que coinciden también con lo indicado por el reciente balance anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF) fueron Palestina (19), Líbano (3) e Israel (2).
Todas las muertes de informadores en esos tres territorios fueron contabilizadas a partir de los ataques de Hamas a Israel del 7 de octubre, y no desde el 7 de octubre y no desde principios de año como RSF. Por ello, señalaron que el último trimestre de 2023 ha sido el "más mortífero desde 2007".
Afganistán, Camerún, Siria y Ucrania también fueron puntos mortíferos con al menos dos muertes en cada uno de ellos.
Situación de los periodistas en América Latina y el Caribe
El descenso de mortalidad, en cambio, se produjo en América Latina y el Caribe, donde hubo 15 asesinatos en comparación con los 43 del año pasado.
Estas cifras no incluyen la muerte de periodistas y profesionales del mundo de la comunicación en circunstancias no relacionadas con su profesión.
Las amenazas, las agresiones físicas, las detenciones y la confiscación de equipos son otros de los riesgos a los que están expuestos estos profesionales, según alertó esta organización internacional.
Una situación que, aseguró, puede generar "zonas de silencio", es decir, inaccesibilidad a la información para la ciudadanía desde puntos en los que resulta crucial.
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La Fiscalía General de la República (FGR) cumplió una orden de aprehensión contra Armando Valencia Montalvo, quien presuntamente atacó con “explosivos” el domicilio de un periodista en el municipio de Dzidzantún, Yucatán.
De acuerdo con la FGR, esta persona fue presentada ante un juez de control, quien lo vinculó a proceso por su probable responsabilidad en el delito de daños con uso de explosivos contra un periodista como represalia a su trabajo periodístico.
La pesquisa la inició la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), misma que solicitó el apoyo de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para ejecutar la orden de captura.
Sin embargo, el hombre se dio a la fuga después de que un Tribunal de Apelación determinara que las acciones por las que fue vinculado requerían la medida cautelar de prisión preventiva.
Luego de ejecutarse un cateo en Dzidzantún, el imputado fue detenido y posteriormente internado en el Centro de Reinserción Social de Yucatán. Allí quedó a disposición del juez de control de dicha entidad.
La dependencia federal subrayó que la FEADLE determinó ejercer la facultad de atracción que contempla el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que coincide con una política de persecución penal enfocada en abatir la impunidad de agresiones a la prensa cometidas con medios violentos.
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