En los últimos días, hemos sido testigos de una serie de acciones y movimientos, que en suma, dan forma a un escenario de tensión que estaría llevando a una recomposición en el mapa de fuerzas -tanto al interior de la 4T como en la oposición-.

Con los ojos puestos en la recta final del gobierno de AMLO, una de las vetas más destacadas, que ya ha generado diferentes reacciones, es la que tiene que ver con la relación de la 4T con las Fuerzas Armadas, derivada del caso Ayotzinapa, en medio de un debate amplio sobre la estrategia del Presidente, hacia la Guardia Nacional. 

Aquí algunos de los movimientos en el ajedrez político, más destacados:

*DETENCIÓN DE MURILLO KARAM. La FGR señaló en un comunicado que la aprehensión se llevó a cabo por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia, en el caso Ayotzinapa. 

* MÁS JAQUES EN CASO AYOTZINAPA. Un juez libró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en Iguala; contra cinco autoridades administrativas y judiciales de Guerrero; contra 26 policías de Huitzuco, seis de Iguala y uno de Cocula; contra 11 policías estatales, y 14 integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.  

* LIBERACIÓN DE ROSARIO ROBLES. Un juez federal le otorgó la libertad provisional para que a partir de esta noche pueda salir del penal femenil de Santa Martha. 

* GARCÍA CABEZA DE VACA. La Primera Sala de la Corte le mantuvo el fuero e invalidó la orden de aprehensión que había en su contra. Tras la decisión retomó impulso la pugna entre el gobernador y Santiago Nieto. AMLO comentó que hay cosas que no le parecen, “como seguramente a muchos otros”, pero se debe respetar la decisión del Poder Judicial. 

* ‘ALITO’ MORENO. La Fiscalía de Campeche ratificó ante la Cámara de Diputados la solicitud de declaración de procedencia para lograr el desafuero del líder nacional del PRI, a quien acusa de enriquecimiento ilícito 

* AMLO Y PÍO. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) determinó que no llamará a declarar al presidente López Obrador por el caso de su hermano Pío. 

* JAIME BONILLA VS GOBERNADORA. Jaime Bonilla señaló que los ataques en Baja California podrían estar vinculados a supuestos nexos de la gobernadora Marina del Pilar Ávila con el narco. Ante ello, AMLO dio su respaldo a la mandataria, aunque cuidó de señalar que tiene afecto y respeto por Bonilla.

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La gobernadora del estado, Marina del Pilar Avila Olmeda, manifestó su entusiasmo ante la noticia de que la presidenta federal, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Baja California este fin de semana. 

Durante sus declaraciones en la conferencia "mañanera", la mandataria destacó a Sheinbaum como "una presidenta de territorio" y recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el mandatario que más veces ha visitado la región. Además, resaltó que la presencia de la mandataria federal en la entidad refleja la importancia que ella otorga a atender a las personas desde el territorio.

La gobernadora también resaltó las cualidades de la presidenta Sheinbaum, calificándola como "una mujer extraordinaria e imparable". Mencionó que, a pesar de la intensidad de sus giras y traslados, la mandataria federal siempre demuestra su pasión por servir al pueblo. 

"Tiene una energía la presidenta, es extraordinaria y sumamente brillante e inteligente, tiene una energía sorprendente y contagia a los demás", afirmó Avila Olmeda.

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Durante la conferencia matutina de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, expresó su rechazo hacia las recientes declaraciones del exgobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez. 

La mandataria calificó como una lástima que un exgobernador muestre tanta ligereza al hacer acusaciones graves y delicadas en su contra, sin presentar pruebas ni fundamentos que las respalden, además de calificarlas como mentiras y rabietas.

Avila Olmeda consideró que la forma en que Bonilla se ha expresado de ella es sumamente irresponsable. Señaló que es indigno que un exgobernador realice acusaciones tan serias sin evidencia alguna, con la única intención de difamar, calumniar y desviar la atención. 

La gobernadora invitó al exmandatario a reflexionar sobre sus dichos y acusaciones, enfatizando que los bajacalifornianos merecen gobernantes y exgobernadores que estén a la altura del pueblo, y criticó que Bonilla esté demostrando un nivel tan bajo en su comportamiento y palabras.

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El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por un juez, tras ser señalado por presuntos delitos relacionados con el ejercicio indebido de funciones durante su administración.

¿De qué se le acusa?

De acuerdo con las investigaciones, el exmandatario es señalado por presunto abuso de autoridad y decisiones administrativas que habrían causado afectaciones al erario público.

La acusación se centra en la contratación de la empresa Next Energy durante la gestión de Bonilla como gobernador para construir una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, obra que jamás se construyó. La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) revela que el contrato comprometía al estado a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, lo que equivalía una deuda superior a los 37 mil millones de pesos garantizados con participaciones federales.

El juez determinó que Bonilla podrá enfrentar el proceso en libertad, pero deberá cumplir con ciertas medidas cautelares, como:

• Presentarse periódicamente ante la autoridad
• No salir del país sin autorización
• Mantenerse disponible para el proceso judicial
• Proceso en curso

La vinculación a proceso no implica culpabilidad, sino que existen elementos suficientes para continuar con la investigación en su contra.

Será en las siguientes etapas cuando se determine si el caso avanza a juicio y se deslindan responsabilidades.

Jaime Bonilla Valdez gobernó Baja California de 2019 a 2021 y posteriormente se desempeñó como senador.

El caso ha generado atención pública debido a su relevancia política en el estado y a los señalamientos sobre el uso de recursos durante su administración.

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El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (CPC SNA), así como dicho Comité en Baja California, se deslindaron del exhorto emitido por la presidenta del SNA, Vania Pérez Morales, quien pidió a la gobernadora Marina del Pilar Ávila solicitar licencia y separarse del cargo temporalmente tras la investigación que enfrenta su exesposo Carlos Torres Torres por tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.

En dos comunicados, ambos Comités dijeron que lo dicho por la presidenta del SNA no fue una determinación institucional, sino una expresión firmada a título personal por integrantes del sistema anticorrupción y representantes ciudadanos.

Explicaron que, como órganos colegiados, no cuentan con facultades legales para pedir la separación del cargo de una persona titular del Poder Ejecutivo estatal.

"El CPC SEA-BC (Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California) adolece de facultades para emitir exhortos y/o declaraciones públicas institucionales dirigidos a la separación del cargo de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal. Emitir un requerimiento de esa naturaleza rebasa el marco de atribuciones legales de los CPCs, tanto el Nacional como los locales, y constituye un acto ultra vires, contrario al principio de legalidad", puntualizó.

En tanto, el Comité del SNA señaló que su función se limita a promover la participación ciudadana, la integridad pública, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción, conforme al marco constitucional y legal vigente.

También subrayó la importancia de distinguir entre opiniones individuales de personas que forman parte del sistema y las posturas formales del organismo. Reconoció que quienes firmaron el posicionamiento ejercieron su derecho a la libertad de expresión pero no forma parte de un mandato institucional.

Por su parte, el Comité de Participación Ciudadana en Baja California dijo que las vías de una eventual separación del cargo de servidores públicos se encuentran previstas en la Constitución local y en las leyes secundarias, por lo que a dicho Comité no le corresponde emitir exhortos ni fijar consecuencias político electorales fuera de sus atribuciones.

Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California enfrenta una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable participación en una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero

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La titular de la Secretaría de Honestidad Pública, Gabriela Monje Pérez, anunció que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) emitió una resolución que sanciona por un período de tres años a Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California, para ocupar cargos públicos.

Monje Pérez explicó que ayer fueron notificados oficialmente de esta resolución, la cual implica una sanción grave. La funcionaria recordó que este asunto se inició desde el inicio de la actual administración, en relación con una denuncia por un contrato con la empresa Next Energy, cuyo objetivo era construir una planta de energía fotovoltaica sin contar con los permisos necesarios.

Asimismo, la funcionaria estatal informó que exservidores públicos, tanto del sector salud como del educativo, vinculados a la anterior administración, también han sido vinculados a proceso por el delito de uso ilícito de facultades y atribuciones.

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