Con 470 votos a favor y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen por el que, el delito de desaparición forzada de personas constituya un crimen de lesa humanidad, en términos del Estatuto de Roma, por lo que no prescribirá.

El objetivo de éste dictamen es fortalecer el ordenamiento jurídico mexicano para mejorar las estrategias de combate y mitigación de las desapariciones forzadas.

El documento reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Código de Justicia Militar y la Ley Nacional del Registro de Detenciones.

La propuesta de modificación al artículo 13 se le adiciona que a los delitos de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición cometidas por Particulares “son delitos de lesa humanidad, por lo que se perseguirán de oficio y tiene carácter de permanente o continuos…”

En el artículo 29 se busca que los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de desaparición forzada de personas, cuando hayan tenido conocimiento de que los subordinados, bajo su autoridad y control, estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase claramente.

La propuesta, impone pena de 20 a 30 años de prisión y de 500 a 800 veces la Unidad de Medida y Actualización, a quien omita entregar a la autoridad o familiares al niño o niña nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una desaparición forzada.

Así también, el artículo 31 de la Ley de Desapariciones Forzadas señala al que sustraiga o se apropie del niño o niña sometidos a desaparición forzada, o cuyo padre, madre o tutor hayan sido sometidos a desaparición forzada y, oculte, destruya o falsifique aquellos documentos que prueben la identidad de los niños mencionados en las fracciones anteriores.

El dictamen determina que incurren en el delito de desaparición cometida por particulares, la persona o grupo de personas que priven de la libertad a una persona, se nieguen a reconocer dicha privación, oculten el paradero de la persona desaparecida para sustraerla de la protección de la ley.

Contempla que la investigación, persecución, procesamiento y sanción de las conductas relacionadas con el delito de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, sólo será competencia de las autoridades federales o estatales del orden civil, aun cuando dichas conductas sean realizadas por un militar en contra de otro militar.

En el artículo 3 de la Ley Nacional del Registro de Detenciones señala el registro busca tener una base de información a nivel nacional en el que las personas detenidas conforme a las facultades de las autoridades durante las etapas del proceso penal y al procedimiento administrativo sancionador ante juez municipal o cívico, respectivamente.

Además, sobre las personas que se encuentren privadas de su libertad en instituciones de carácter privado tales como hospitales, residencias psiquiátricas, centros de día, centros de desintoxicación y rehabilitación para usuarios de drogas, instituciones de asistencia y cuidados alternativos de niños, niñas y adolescentes y de personas con discapacidad, estén bajo esta base de datos nacional.

Posicionamientos

Al posicionar el documento, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez (Morena), señaló que la desaparición forzada es un crimen complejo y un delito que viola todo tipo de derechos, no solo de la persona desaparecida, sino de sus familiares y seres queridos.

Argumentó que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) de la Secretaría de Gobernación, al día de hoy permanecen desaparecidas y no localizadas más de 105 mil 805 personas en el país.

Dijo que las reformas van en armonía con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, y ayudan a mejorar las estrategias de combate y mitigación de las desapariciones forzadas.

Con la aprobación del dictamen, expuso, “tenemos en nuestras manos la posibilidad de incidir en la protección y fortalecimiento de los derechos de tantas personas desparecidas y de sus familiares. Solicitamos su voto a favor, estamos convencidos de que tanto las víctimas como sus familiares tienen derecho al acceso a la justicia y a la reparación integral del daño”.

La diputada morenista Karla Yuritzi Almazán Burgos, quien propuso la iniciativa, consideró que es un gran paso en favor de miles de personas que han sido víctimas del delito de desaparición forzada. En décadas, México se asentó un Estado represor que recurría a la desaparición forzada de personas que le resultaban incómodas por sus posturas políticas y su activismo disidente al régimen.

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Acciones de colaboración entre agentes de las Fiscalías de Baja California y Sinaloa, derivaron en la captura de un individuo presuntamente implicado en la desaparición de una mujer.

El presunto responsable es Jorge “N” de 30 años de edad, su captura se efectuó en Culiacán, Sinaloa, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de desaparición de persona cometido por particulares.

De acuerdo a la investigación realizada, el individuo habría cometido dicho ilícito la madrugada del 9 de marzo de 2024 en perjuicio de una mujer de 34 años en la ciudad de Ensenada.

Se estableció que, a las 03:00 horas, Jorge "N" conducía un vehículo Honda Civic, modelo 2006, color gris, arribando a la calle Miramar, entre Tercera y Cuarta, de la Zona Centro. Se estacionó afuera de un bar, donde estableció comunicación con la víctima.

Después de unos minutos, ambos se dirigieron a un hotel en calle Diez del fraccionamiento San Marino, donde permanecieron varias horas. El imputado y la víctima abandonaron el lugar en su vehículo aproximadamente a las 11:30 de la mañana, llevándola a un lugar hasta ahora desconocido, ocultando su destino, suerte o paradero.

En relación a este caso, la fiscalía ha llevado a cabo de manera exhaustiva e inmediata diversas búsquedas en campo, así como en instituciones públicas y privadas, además de otras diligencias, incluyendo la emisión de pesquisa de búsqueda. Sin embargo, hasta la fecha, la víctima sigue sin ser localizada desde el momento de su desaparición.

Mediante seguimiento a información recabada en gabinete y campo, se estableció la ubicación del imputado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, solicitando colaboración para su detención, siendo aprehendido el día 30 de julio del 2024 y trasladado a esta ciudad de Ensenada, el 1 de agosto del 2024, para dar cumplimiento a la orden de aprehensión emitida por el Juez de Control.

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Por su presunta participación en la desaparición de un residente del Valle de Mexicali, un hombre y una mujer fueron vinculados a proceso, con base a los elementos de prueba presentados por la Fiscalía Regional de Mexicali.

Durante la audiencia, el Juez de Control, determinó en contra de Perla Margarita “N” y Juan Ignacio “N”, acusados del delito de desaparición forzada de persona cometida por particulares, la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además concedió seis meses de plazo para la investigación complementaria.

De acuerdo a los hechos narrados por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos contra las Personas y su Libertad, a los imputados se les relaciona en el hecho ocurrido la noche del pasado día primero de julio en el ejido Puebla, en el Valle de Mexicali.

Cuando en compañía de otro sujeto, arribaron a la vivienda en donde se encontraba la víctima y lo amenazaron con un arma de fuego con las características de un rifle ak-47 y lo obligaron a subir a un automóvil Chevrolet Malibú color blanco con cristales polarizados (en el que ellos viajaban).

Después los tres implicados en este hecho delictivo, con la víctima privada de su libertad abandonan el lugar con rumbo desconocido.

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La Fiscal General de Baja California, Ma. Elena Andrade Ramírez, anunció la captura de dos policías municipales de Ensenada en relación con un caso de desaparición forzada ocurrida en febrero de 2023. Los agentes, identificados como Ricardo “N” y Bryan Isaac “N”, fueron detenidos gracias a acciones de inteligencia y colaboración con la Secretaría de Marina.

Según la investigación preliminar, la víctima fue abordada por los policías municipales, esposada y subida a una patrulla sin que exista registro oficial de su detención. Los agentes formaban parte del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal.

Andrade Ramírez destacó el riguroso trabajo de investigación llevado a cabo por la Fiscalía General del Estado, que permitió recopilar evidencia suficiente para implicar a los policías en el caso. Agradeció especialmente a la Secretaría de Marina por su colaboración en la ubicación y detención de los implicados.

La Fiscalía continúa trabajando en esclarecer los hechos y asegurar la justicia para la víctima. Andrade Ramírez enfatizó la política de cero tolerancia hacia cualquier infracción a la ley, especialmente entre miembros de las fuerzas policiales. Subrayó que es responsabilidad de las instituciones brindar protección y seguridad a las víctimas, sin importar la posición del sospechoso dentro de la corporación policiaca.

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Ante las desapariciones de jóvenes en Baja California, el Director de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, Carlos Abel Eslava Carrillo, cuentan con un protocolo en caso de que un estudiante se reporte como desaparecido.

"Si desaparece fuera del plantel tendríamos que dar aviso a la autoridad y motivar a los padres de familia a qué ellos mismos hagan la denuncia pero básicamente tendríamos que asesorar a los padres de familia", detalló Eslava. 

El Director, recordó el caso de Diana Piggeoununtt, joven desaparecida desde hace cuatro años, por lo tanto, espera que no se repita esta situación. 

"Nos preocupa muchísimo los alrededores del plantel y lo que hemos estado buscando es vincularse con las autoridades, afortunadamente hay policías fuera de la instrucción educativa y en todo momento contamos con el apoyo inmediato", puntualizó el Director de la preparatoria.

Una persona ha sido declarada formalmente como sospechosa por parte de la fiscalía portuguesa de la desaparición de la niña Madelein McCann.

El sospechoso no fue identificado, pero las autoridades en Portugal informaron que actuaron por pedido de sus pares alemanes.

En 2020, la policía alemana informó que investigaba a un hombre, conocido como Christian B., en conexión con el caso.

Madelein McCann desapareció el 3 de mayo de 2007 mientras estaba de vacaciones con sus padres y hermanos en el sur de Portugal. Tenía 3 años.

En los años siguientes, autoridades e investigadores privados han llevado a cabo una enorme y costosa operación de búsqueda en gran parte de Europa.

El Departamento de Investigación y Acción Criminal de Faro (DIAP) y la Policía Judicial, en cooperación con las autoridades inglesas y alemanas, han liderado la investigación sobre las circunstancias que rodearon la desaparición de la pequeña, de la que próximamente se cumplen 15 años.

Sospechoso formal

La fiscalía de la ciudad del Algarve portugués dijo que el sospechoso, cuyo nombre no fue revelado, fue identificado como arguido el miércoles.

En Portugal, un arguido es un sospechoso oficial o persona de interés, pero no alguien a quien se le hayan imputado cargos. En un momento inicial de la investigación, los padres de Madeleine fueron declarados arguidos, aunque posteriormente quedaron libres de sospecha.

La fiscalía portuguesa desmintió rumores sobre la relación del anuncio con una posible prescripción del delito pasados 15 años, como estipula la ley vigente en Portugal.

Según dijeron los fiscales, el anuncio se hizo por los "fuertes indicios" de la comisión de un crimen.

Ciudadano alemán en la mira

Si bien la Fiscalía no reveló la identidad del sospechoso, las agencias vincularon la noticia con el ciudadano alemán Christian B., que en 2020 fue nombrado por la policía alemana como parte de la investigación.

El hombre de 45 años no ha sido imputado por lo ocurrido con la niña británica y niega cualquier implicación en la desaparición de Madeleine.

Actualmente cumple condena por delitos de drogas en Alemania y también recibió una sentencia de 7 años por violar a una mujer de 72 años en Portugal, cerca de la zona donde se vio por última vez a la menor.

La Policía Metropolitana sigue investigando el caso de Madeleine como una desaparición.