El Pleno de la Cámara de Diputados, en sesión ordinaria, aprobó modificar el artículo 4o. de la Constitución para prohibir que los recursos de programas sociales, otorgados a la ciudadanía por los tres órdenes de gobierno, sean susceptibles de retenciones, descuentos, deducciones y compensaciones o embargos.

La modificación a la Carta Magna establece que se debe evitar el cobro de deudas fuera de juicio, ya que ello equivale a un embargo de bienes realizado por un particular, sin intervención de las autoridades judiciales, encargadas de dicho proceso.  

La diputada Flor Ivone Morales Miranda, de Morena, detalló que existen numerosas quejas hacia algunas instituciones bancarias por descontar a sus clientes, sin previo aviso, recursos provenientes de programas sociales, pensiones y becas. “Lamentablemente es una práctica común de las instituciones financieras”.

Jorge Triana Tena, diputado panista, dijo se busca que el apoyo económico, que a veces es la única fuente de ingresos de las familias más pobres del país, “no vaya a ser tomado o retenido por absolutamente nadie, incluyendo el propio gobierno”.

Por su parte, la diputada morenista Aleida Alavez Ruiz explicó que el fin es elevar a rango constitucional la protección total de los recursos provenientes de programas sociales. Señaló que no se pretende evitar el cobro de deudas, “lo que busca es que las instituciones financieras no utilicen los fondos”.

La diputada Cristina Ruiz Sandoval, del PRI, enfatizó en que nadie puede quitarle los apoyos económicos que reciben las personas con discapacidad permanente, las mayores de 78 años e indígenas, afromexicanas de 75 años y los estudiantes de todos los niveles de educación pública.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 459 votos a favor, la modificación al artículo 4o. de la Constitución.

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El pleno de la Cámara de Diputados comenzó la discusión en lo general de la reforma que propone la extinción de siete organismos autónomos, en medio de críticas por parte de la oposición y especialistas.

El proyecto impulsado por la Comisión de Puntos Constitucionales incluye la desaparición de instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). También prevé la eliminación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Propuesta de Morena para reestructuración

En respuesta a las críticas, la mayoría parlamentaria de Morena propuso una reserva al dictamen que contempla la creación de un órgano descentralizado con independencia técnica para asumir las funciones de la Cofece y el IFT en materia de regulación económica y telecomunicaciones.

El coordinador morenista, Ricardo Monreal, explicó que el nuevo organismo estará adscrito a la Secretaría de Economía, pero contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, manteniendo su autonomía técnica y operativa.

“Con esta modificación, se respeta la independencia técnica y todas las funciones de la Cofece y el IFT, pero bajo una nueva figura jurídica como órgano descentralizado”, precisó Monreal.

Posicionamientos enfrentados

Mientras los legisladores de Morena y sus aliados defienden la reforma como una medida para optimizar recursos y reducir duplicidad en funciones gubernamentales, la oposición ha cuestionado la desaparición de organismos clave, argumentando que la medida compromete la transparencia y la competencia económica en el país.

Especialistas también han expresado preocupaciones sobre el impacto que podría tener esta reforma en el cumplimiento de compromisos internacionales, como el T-MEC, y en la independencia de las instituciones.

El debate en lo general podría extenderse a lo largo de las próximas horas, con la posibilidad de reservas adicionales que busquen modificar algunos puntos del dictamen. Se espera que la reforma pase a votación próximamente, determinando el futuro de estos organismos autónomos.

La reforma sigue generando un intenso debate político y social, reflejando las diferencias en torno al modelo de gobernanza y transparencia que debe prevalecer en el país.

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Por unanimidad, el senador electo de Morena, Adán Augusto López Hernández, será el próximo coordinador de la bancada guinda en el Senado, mientras que Gerardo Fernández Noroña presidirá la Cámara Alta.

Durante la plenaria de senadores de Morena, desde el Hotel Royal, en la alcaldía Tlalpan, las y los legisladores federales electos eligieron por consenso al ex secretario de Gobernación y al todavía diputado del PT.

Gerardo Fernández Noroña será el primer presidente del Senado durante la LXVI Legislatura, por su parte, Adán Augusto López Hernández coordinará los trabajos de la fracción parlamentaria.

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La Cámara de Diputados suspendió la discusión de la reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, después de que la bancada del PAN denunció cambios indebidos al dictamen aprobado el lunes por la Comisión de Seguridad Social.

La Mesa Directiva presidida por Marcela Guerra acordó con los líderes parlamentarios citar al pleno hasta el próximo lunes para reiniciar el debate, una vez que se haya revisado el dictamen aprobado en comisiones y el publicado en la Gaceta Parlamentaria.

“El dictamen que aprobamos el pasado lunes no es el dictamen que se discute esta tarde. Algunos duendes nocturnos por ahí hicieron al menos una docena de modificaciones al dictamen y estamos denunciando esas inconsistencias”, acusó la legisladora panista Rocío González desde la tribuna.

En redes sociales, el también legislador albiazul Jorge Triana exhibió uno de los cambios en el documento, mediante el que se considera el traspaso de las cuentas activas de trabajadores de más de 70 años al Fondo de Pensiones para el Bienestar, y no solo las inactivas.

“Los ‘duendes nocturnos’ se aparecen en la cámara. Mañosamente y a escondidas, Morena modificó el dictamen aprobado por la comisión de Seguridad Social, volviéndolo aún más nocivo. La confiscación de Afores también se aplicará a trabajadores en activo. Tramposos y traidores”, remarcó.

Ante los señalamientos de Acción Nacional, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, solicitó a la diputada presidenta Marcela Guerra declarar un receso para revisar el dictamen y evitar mayor rispidez en la discusión.

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La presidenta de la Mesa Directiva, Marcela Guerra Castillo, dio por recibidas de manera oficial, 18 iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar a la Constitución y dos iniciativas de reforma a diversas leyes.

En la sesión ordinaria de este jueves, Guerra Castillo turnó 17 proyectos constitucionales a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, y a las comisiones de Medio ambiente, salud, justicia, economía, Pueblos Indígenas, Presupuesto, Bienestar, reforma, Hacienda, Infraestructura, Juventud, transparencia, y vivienda para opinión.

Asimismo, la reforma electoral se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Reforma Política Electoral y de Gobernación, para dictamen, mientras que la comisión encargada de dictaminar la Reforma al ISSSTE será la de Seguridad Social, y la reforma para simplificación orgánica será dictaminada por la comisión de Gobernación.

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Colectivos de personas trans protestan la mañana de este jueves 1 de febrero en la Cámara de Diputados, donde bloquearon la mayor parte de los accesos al pleno, donde se lleva a cabo la sesión del Congreso General.

Exigen que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se pronuncie por la violencia en contra de las mujeres trans que se ha presentado en el país en las últimas semanas.

Señalaron que en enero asesinaron a seis mujeres trans y “no ha habido ningún posicionamiento a pesar de que nos manifestamos en Palacio Nacional, hace dos semanas”. En las pintas realizadas en el recinto también se manifestaron contra la diputada panista Teresa Castell.

También lamentaron en San Lázaro los comentarios transfóbicos del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra la diputada Salma Luévano, de Morena.

Exigen además que se apruebe la Ley Integral Trans.

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