La Confederación Patronal de la República Mexicana, hizo un llamado a legisladores federales para mantener la constitucionalidad de sus decisiones. 

Refirieron que desde 2018, han sido reiterados los casos de reformas o leyes que han sido cuestionadas por contener elementos que contravienen a la Constitución. 

Algunos ejemplos podrían ser la reserva automática de información considerada en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Además, la Ley General de Educación por no consultar a personas indígenas y con discapacidad, la Ley Federal de Austeridad por contener un candado de 10 años para que exfuncionarios pudieran trabajar fuera del sector público; el Padrón de Datos Biométricos contenido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y otras más.

"No pueden ni deben seguir apostando por utilizar una mayoría en el Congreso para aprobar legislaciones que terminarán sin aplicarse o en litigios en el Poder Judicial, ya que eso -como en el caso de la Ley de la Industria Eléctrica- ha generado un enorme desprestigio para el país, un daño a nuestra reputación internacional e inhibe la inversión extranjera en México" señalaron.

A nombre del grupo parlamentario de Morena, la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, propuso una reforma a diversos artículos de la Constitución, a fin de prohibir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar o “interpretar” los preceptos de la carta magna.

La iniciativa, que ya fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de este martes, sostiene que el máximo tribunal del país no tiene la facultad de invalidar los preceptos constitucionales, tal y como recientemente se buscó hacer al eliminar la Prisión Preventiva.

“Esta iniciativa trata de limitar el poder político de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la posibilidad de caer en la tentación de inaplicar un precepto constitucional o interpretarlo de tal manera que le resten validez y eficacia, al respecto se plantea la siguiente pregunta: ¿Puede la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar un precepto constitucional? La respuesta categórica es que no”, señala.

Reforma a la SCJN

De acuerdo con Ascencio Ortega, si la Suprema Corte pudiera modificar la constitución, “entonces de forma ilegítima quien tendría la supremacía sería la Corte y no el texto constitucional que se define por el pueblo”.

Con la propuesta, quedaría reformado el artículo 1 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Con la reforma se agrega que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará impedida para invalidar normas constitucionales o para realizar interpretaciones que restrinjan su validez, así como invalidar leyes con motivo de lo anterior”.

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Sin esperar la decisión del Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que emitirá un acuerdo presidencial para que la Guardia Nacional (GN) pase “completa” a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y ya no a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador también adelantó que habrá una reestructuración por completo de la SSPC y ahora pasa a ser la “Secretaría de Seguridad Pública y Justicia".

“Les adelantó que, ya por acuerdo de la Presidencia, pasa la seguridad, que tiene que ver con la Guardia Nacional, completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa.

“Pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma, pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo”, dijo.

“En la esfera de mis atribuciones, puedo modificar, si es necesario, el reglamento interno del gobierno; puede ser por decreto, puede ser una reforma a la ley de la Administración Pública, independientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional, pero sí hacen falta esos cambios.

“Ya no quiero que vaya pasando el tiempo, la verdad nos faltan cosas pero no quiero que se nos quede nada”, agregó López Obrador. 

 La Guardia Nacional no puede depender de la Sedena

Alejandro Hope, experto en seguridad y articulista, dijo que “más allá de lo que cada quien opine sobre la Guardia Nacional y su ubicación administrativa óptima”, están en juego la separación de poderes y la supremacía de la Constitución.

“No se puede hacer por decreto algo que contraviene directamente el texto constitucional”, señaló Hope tras el anuncio del presidente López Obrador.

“¿Ahora quiere pasar la Guardia Nacional a la SEDENA por decreto? No sé quién le vendió esa peregrina idea”, agregó Alejandro Hope al compartir el Artículo 21 de la Constitución.

Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que la Guardia Nacional no puede depender de la Sedena.

El también abogado y politólogo refirió que la Constitución de México establece que la GN “es una institución civil que estará adscrita a la SSPC”.

“Aunque no le guste a López Obrador, un decreto no puede alterar lo que la Constitución dicta con toda claridad”, refirió.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador ve difícil la aprobación en el Congreso de sus reformas electoral y para que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), porque se requieren dos terceras partes en el legislativo, que el partido Morena no alcanza.

Sin embargo, adelantó que de todas maneras enviará sus propuestas a la Cámara de Diputados porque es un asunto de principios y “ya lo dirá la historia y el corrido”.

En conferencia de prensa, López Obrador afirmó que la oposición se cerró en una huelga parlamentaria, tras rechazar la reforma a la industria eléctrica.

“Nos faltan dos o tres (reformas) que van a estar ya muy complicadas de aprobación, no va ser fácil de ser aprobadas porque ya se cerraron, ya hay esta huelga, una moratoria, y para una reforma se requiere dos terceras partes. Nos es mayoría simple”, indicó.

El mandatario amagó con presentar una lista de las reformas que se aprobaron en sexenios anteriores, y que, según él, se realizaron para legalizar injusticias y robos.

“Lo cierto es que fueron ajustando el marco legal a los intereses del grupo económico dominante, a los que mandaban en México. Sería importante que pusieran un listado de algunas reformas y dejar como tarea, con todo respeto, que se den a conocer las reformas que se hicieron en el periodo neoliberal en beneficio del pueblo”.

Y añadió: “Todas las reformas que hicieron fueron para legalizar injusticias y robos. Esto también es importante para estudiantes de Derecho y para los ciudadanos en general, al grado que nosotros teníamos dos posibilidades: convocar a un nuevo Constituyente para hacer una nueva Constitución o hacer reformas que considerábamos estratégicas para avanzar en la transformación. Optamos por la segundo, por hacer reformas estratégicas a la Constitución y ya lo logramos”.

La senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Patricia Mercado, presentó una iniciativa para duplicar el número de días de vacaciones al año al que tienen derecho los trabajadores.

En rueda de prensa, la legisladora explicó que actualmente la Ley Federal del Trabajo establece que en el primer año de servicio el trabajador puede tomar seis días de vacaciones y llegar con el tiempo a un máximo de 12, mientras que su propuesta es fijar en 12 días ese derecho desde el primer año, e incrementar dos días cada año hasta llegar a 20.

“Hoy el tope son 12 días. Un trabajador puede tener hasta 12 días de vacaciones, según la Ley Federal del Trabajo. La propuesta es que el tope sean 20 días a partir de los 18 que propone la Organización Internacional del Trabajo, y también partir de que los trabajadores al servicio del Estado tienen estos 20 días, pero los trabajadores que se rigen por la Ley Federal del Trabajo tienen solamente seis”, indicó.

Patricia Mercado argumentó que esa medida, que permitiría gozar del empleo digno y decente, favorecería la productividad de los trabajadores y reconocer su derecho al descanso con base en estándares internacionales.

Explicó que en México tenemos 100 años con el mismo tipo de organización del trabajo, con relación al derecho al descanso y la jornada laboral de ocho horas, por lo que ya es tiempo de actualizar el marco legal.

“En este Senado de la República hemos legislado por ejemplo el derecho a la desconexión; hemos legislado los derechos del tele trabajo; hemos legislado también en las dos cámaras echar abajo la subcontratación abusiva que negaba derechos laborales”, recordó.

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Por unanimidad, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la ampliación de mandato del ministro presidente Arturo Zaldívar y del cargo de los consejeros de la Judicatura Federal.

Durante la sesión de este martes, los ministros declararon inconstitucional el artículo Décimo Tercero transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que fue agregado de último minuto bajo la justificación de que así se garantizaría la adecuada implementación de la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta ampliación establecía que Zaldívar permanecería como ministro presidente de la Corte hasta 2024, año que coincide con la conclusión del sexenio del presidente López Obrador.

En la sesión, el ministro ponente, Fernando Franco González Salas, indicó que el transitorio viola la Constitución al constituir una reelección de facto.

“El citado transitorio resulta evidentemente violatorio de los artículos 97, párrafo quinto y 100, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, señaló el ministro.

“Al determinarse la extensión de un plazo constitucionalmente previsto por cuatro años, con prohibición expresa de reelección inmediata, pues la extensión del periodo a que se refiere el transitorio impugnado constituye una reelección de facto, resultando evidente el fraude constitucional en este punto”, dijo.

Durante su participación, el ministro Luis María Aguilar Morales consideró que la ampliación del mandato de Zaldívar y del cargo de los Consejeros puede generar una ruptura en el equilibrio de poderes y constituye una intromisión indebida del Congreso de la Unión en la forma de organización del Poder Judicial de la Federación.

En tanto, la ministra Norma Piña destacó que los tribunales constitucionales no tienen como misión la de complacer a las fuerzas políticas y que el Congreso aprobó la ampliación del mandato en total desapego a la Constitución.

“(El artículo décimo tercero transitorio) atenta radicalmente contra la independencia judicial y la legitimidad del Poder Judicial de la Federación y de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y representa una gravísima violación a uno de los fundamentos de una constitución democrática como es la nuestra”, afirmó la ministra.

En una hora con 20 minutos, los ministros invalidaron el artículo que fue criticado por integrantes de la oposición en el Congreso de la Unión, académicos y activistas.

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