Morena y el llamado bloque de contención presentaron ante las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda sus propuestas de modificación al dictamen para que Fuerzas Armadas continúen en tareas de seguridad pública hasta el 2028. 

 La oposición propone que sólo continúen tres años y se realice un calendario para el retiro de las Fuerzas Armadas. 

Al inicio de la reunión, la senadora de Morena, Lucía Meza, expuso la propuesta de Morena y sus aliados en donde se destaca que el Ejecutivo federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral proporcionando los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas.

A partir del primer semestre del año 2023 y hasta la conclusión del plazo señalado, se integrará una comisión bicameral, en los términos que acuerden los órganos de dirección política de las cámaras del Congreso de la Unión. 

La comisión se reunirá cada que la convoque su directiva; para la emisión del dictamen semestral convocará, si así lo requiere, a los titulares de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina. 

Se deberá señalar a aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en esas labores, entre otros.

En los transitorios se destaca que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

A partir del ejercicio fiscal 2024 el Ejecutivo federal establecerá un fondo de apoyo a las entidades federativas y municipios destinados al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad. 

El fondo se distribuirá en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la estadística del Inegi; entre otros. 

Mientras que, a nombre del llamado bloque de contención, el emecista Noé Castañón presentó la propuesta en donde se valorará el otorgamiento de una prórroga no mayor a un periodo de tres años a partir del vencimiento del plazo previsto en el artículo quinto transitorio.

Además, se propone el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas en términos del programa calendarizado basado en el diagnóstico objetivo sobre las necesidades de seguridad pública en las entidades federativas y los municipios y el avance del Programa de Formación de las Instituciones Policiales de las Entidades Federativas.

También señalan que el Ejecutivo entregará un plan de estrategia para que la Guardia Nacional sea totalmente civil. Y señaló que las características de la participación deberán de ser extraordinaria, subordinada y complementaria; así como regulada y fiscalizada y garantizar el  presupuesto​.

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En un evento realizado en el Heroico Colegio Militar, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó su compromiso con el respeto a los derechos humanos y el orden constitucional ante miembros del Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Guardia Nacional. Acompañada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los futuros secretarios de Defensa y Marina, Sheinbaum aseguró que nunca emitirá una orden que vulnere el orden constitucional o los derechos del pueblo.

Sheinbaum destacó que, junto a las Fuerzas Armadas, trabajará para seguir fortaleciendo la paz y la seguridad del país, y aseguró que la Guardia Nacional pasará a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Además, subrayó que estas instituciones seguirán siendo clave en la construcción de proyectos estratégicos, como los trenes de pasajeros y los nuevos puertos.

Durante su discurso, la presidenta electa también resaltó el papel fundamental que las Fuerzas Armadas desempeñaron durante desastres naturales y la pandemia de Covid-19, reconociendo su lealtad al poder civil. Sin embargo, Sheinbaum recordó que no siempre los mandos civiles anteriores actuaron correctamente, mencionando violaciones a los derechos humanos en administraciones pasadas.

Finalmente, Sheinbaum Pardo destacó el hecho histórico de que, a partir del 1 de octubre, México tendrá a su primera mujer presidenta, lo que refleja la transformación profunda del país. Además, prometió mantener los programas sociales, impulsar la igualdad de género y seguir luchando contra la discriminación en todas sus formas para construir un México más próspero y justo.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Ejército mexicano está preparado para tener a una mujer como Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas ante la próxima presidencia que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo.

El jefe del Ejecutivo federal manifestó este martes que sin el apoyo de las Fuerzas Armadas no hubiera avanzado en su gobierno.

“¿Están preparadas la Fuerzas Armadas, el Ejército para tener una Comandanta Suprema?”, se le preguntó en conferencia de prensa.

“Sí, sí. Mi opinión es que se avance más, se avance más. Han sido muy buenos los resultados. Yo no hubiese podido avanzar como lo hicimos sin el apoyo de las Fuerzas Armadas”, contestó.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal destacó que Claudia Sheinbaum no tolera la indisciplina, el autoritarismo y a la deshonestidad y “no acepta eso”.

Aseguró que las Fuerzas Armadas son “muy leales, disciplinarios”, y que en casi seis años de gobierno no ha tenido ningún problema tanto en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como en la Marina (Semar), para que sigan sus indicaciones.

“Son muy leales, disciplinarios, tanto en la Marina como en la Defensa. Yo no he tenido ningún problema, nadie me dice `no estamos de acuerdo´ o `Déjenme ver porque no vaya ser no les guste a oficiales, a la tropa´. No , no, es Comandante Supremo, el Presidente y son muy leales, muy disciplinario, por eso es un Ejército distinto", dijo.

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La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) otorgó al Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V., controlado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asignaciones para administrar, operar, explotar, y en su caso, construir, el Aeropuerto Internacional de Chetumal, Quintana Roo; el Aeropuerto Nacional de Tamuín, San Luis Potosí; y el Aeropuerto Nacional de Ixtepec, Oaxaca.

De esta manera, las fuerzas armadas controlan ya 18 aeropuertos, diez la Secretaría de la Defensa Nacional y ocho la Secretaría de Marina-Armada de México.

Esta empresa estatal, que fue creada apenas en abril de 2022, es dirigida por el general René Trujillo Miranda, quien también funge como administrador aeroportuario.

La estructura accionaria de la empresa está conformada con un 99 por ciento propiedad de la Sedena y uno por ciento propiedad del Banco Nacional del Ejercito, Fuerza Aérea y Armada.

En los títulos de dichas asignaciones, publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se establece que dentro de la infraestructura aeroportuaria administrada por Aeropuertos y Servicios Auxiliares, se suman estos tres aeropuertos, “en apoyo al logro y los objetivos de las prioridades del desarrollo nacional que ha establecido el Ejecutivo Federal”.

Se subraya que el propósito es dotar de infraestructura aeroportuaria, sostenible y competitiva al país en aquellas zonas que es requerida, cuyos servicios estimulen el desenvolvimiento del transporte aéreo, el desarrollo de aerovías y servicios a la navegación aérea para la aviación civil nacional e internacional.

La SICT detalla en las asignaciones de los tres aeropuertos, que la “asignataria” deberá conservarlos y mantenerlos en condiciones de seguridad, eficiencia y niveles de calidad requeridos, de conformidad con la legislación aplicable, por lo que será responsable de que se lleven a cabo los trabajos de conservación y mantenimiento necesarios.

También deberá cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, así como con los Tratados Internacionales aplicables, en materia de equilibrio ecológico y de protección al medio ambiente.

Por lo tanto, será responsable de los daños que en materia ecológica y de protección al medio ambiente medio se originen, particularmente en lo que se refiere a la atenuación del ruido y al control efectivo de la contaminación del aire, agua y suelo, tanto en los aeropuertos como en la infraestructura aeroportuaria, por actos y operaciones realizadas a partir de la fecha de otorgamiento de las asignaciones.

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Los republicanos mantienen la presión para lograr que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos actúen en contra de los cárteles mexicanos de la droga. 

Unos días después de que el fiscal general, Merrick Garland, dijera que “no se opondría” a designar terroristas a los cárteles, se da a conocer una iniciativa presentada ante el Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de EU que permitiría al gobierno estadounidense poner en acción a las Fuerzas Armadas en contra de “los responsables del tráfico de fentanilo o de una sustancia relacionada con el fentanilo hacia Estados Unidos o de llevar a cabo otras actividades relacionadas que causen la desestabilización regional en el hemisferio occidental”.

La Resolución 18, denominada “Resolución sobre la Autorización del Uso de la Fuerza Militar para Combatir, Atacar, Resistir, Apuntar, Eliminar y Limitar la Influencia” (de las drogas), permitiría a las fuerzas de EU actuar contra “aquellas naciones extranjeras, organizaciones extranjeras o personas extranjeras afiliadas a organizaciones extranjeras” que hayan violado la ley e intenten o conspiren para traficar fentanilo o una sustancia relacionada a EU.

La acción de las Fuerzas Armadas de EU se avalaría también cuando esas “organizaciones extranjeras hayan participado en acciones cinéticas contra personal de las fuerzas de seguridad federales, estatales, locales, tribales o territoriales de EU que operen en el territorio de EU o en el extranjero”, o “contra personal policial, militar u otro personal gubernamental de un país que tenga frontera común con EU o con cualquier otro país del hemisferio occidental” o “hayan hecho uso de la violencia y la intimidación con el fin de establecer y controlar un territorio para utilizarlo con fines ilícitos”.

El documento señala a nueve cárteles en los que se enfoca la iniciativa: el Cártel de Sinaloa; el Cártel Jalisco New Generación; el Cártel del Golfo; Los Zetas; el Cártel del Noreste; el Cártel de Juárez; el Cártel de Tijuana, los Beltrán Leyva y La Familia Michoacana o Cártel de los Templarios.

A pesar de que la iniciativa fue presentada en enero por el representante republicano Dan Crenshaw, con el copatronicio de Mike Waltz, no ha sido sometida a debate en el Comité. Para ser avalada, tendría que ser votada y aprobada en la Cámara Baja, ser avalada en el Senado y aprobada y firmada por el presidente de EU, quien tiene la última palabra.

Sin embargo, es una muestra de la presión que ejercen los republicanos para elevar las acciones contra los cárteles que trafican fentanilo a EU.

“Técnicamente quieren hacer ver -los congresistas estadounidenses- que se trataría de una guerra contra el fentanilo que ha matado, según sus datos, a 80 mil estadounidenses en el último año, y dicen entre 18 y 45 años; pero hay miles de menores -de edad- víctimas de fentanilo también, que no son contabilizados” explica a EL UNIVERSAL el abogado y analista Jaime Ortiz.

“Si ponemos en perspectiva el razonamiento de los congresistas republicanos que apoyan esta iniciativa, ellos ven la cifra de 2 mil 442 soldados de Estados Unidos abatidos en 20 años en Afganistán y lo comparan con estas muertes; entonces es cuando dicen que quieren desarticular a por lo menos 9 de los carteles más poderosos en México y de pasadita tumbarse al ‘El Mencho’ y los que sean necesarios. ¿Qué le pasó a Osama Bin Laden? ¿Qué le pasó a Sadam Husein?” pregunta Ortiz.

El abogado pone énfasis en que “mientras haya un presidente demócrata en la Casa Blanca, esta resolución no va a pasar. Pero ojo, podría ser usada como moneda política para negociar posiciones en las elecciones presidenciales. En política nada está escrito”. La situación, señala, puede cambiar en caso de que asuma un republicano tras las presidenciales de 2024.

La inseguridad imperante en la república mexicana y la incapacidad gubernamental de contener tantos asesinatos y un tráfico de drogas desquiciado, particularmente fentanilo, “es lo que ha hecho que en muy poco tiempo haya tanta presión política para disminuir el poderío de los carteles de la droga”, dice Ortiz.

“Ahora, la otra cara de la moneda es que los congresistas, y de ambos partidos, deberían presionar también y liberar recursos para que el gobierno federal, los estatales y las alcaldías -estadounidenses- para combatir en las calles a los narcos locales y, por no dejar, crear campañas contra el consumo de drogas”.

En Estados Unidos la drogadicción, el consumo de drogas es visto como un asunto de salud pública. Un problema que se ha desbordado económicamente y que para atenderlo en los últimos años, instituciones gubernamentales la han situado en más de 1 trillón de dólares, equivalente al 5% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Si fuera el caso que se aprobara esta resolución y se convirtiera en ley, queda claro que no harían nada contra los carteles solo por producir y vender droga; sólo intervendrían con ellos o algunos de ellos si comprueban un tráfico a Estados Unidos con fentanilo o alguno de sus componentes” explica el analista. “Pero me llama la atención que -la resolución- también señala que podrían actuar con fuerza militar contra terceros países de donde hayan salido los precursores o algún componente del fentanilo. ¿Irían contra China también? China es uno de sus mayores proveedores -a los carteles- de precursores”, se pregunta el abogado.

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El pleno de la Cámara de Diputados, aprobó en votación económica, dar fast track a la reforma para ampliar la presencia del ejército en las calles, en caso de que este martes sea aprobada por el pleno del Senado.

Así lo informó la diputada Marcela Guerra, en su calidad de Presidenta sustituta, durante la sesión ordinaria que se lleva a cabo al interior del recinto legislativo de San Lázaro.

El acuerdo, prevé que apenas se aprueba la minuta, se dé por recibida en la cámara baja, se turne “de inmediato” a la Comisión de Puntos Constitucionales, y se programe para su debate en el pleno, el próximo jueves.

“Honorable asamblea, como es de su conocimiento, el Senado de la República, convocó el día de hoy para discutir y votar la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica, si se autoriza que en caso de que la colegisladora remita a esta soberanía la minuta con modificaciones, se reciba y se turne de inmediato a la comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, y se dé cuenta al pleno en la próxima sesión”, indicó, al tiempo que la mayoría legislativa levantó la mano, autorizando el acuerdo.

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