El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, reiteró el llamado a defender al órgano electoral, a unos días de que se cumplan 32 años de la fundación del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y en medio de la discusión de la reforma constitucional enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca desaparecerlo.

A través de su ya tradicional video mensaje dominical en su cuenta de Twitter, el consejero presidente sostuvo que el INE no solo da confiabilidad a los procesos electorales, sino que amplía los derechos de la ciudadanía y genera condiciones de equidad y competencia a todas las fuerzas políticas, por lo que lo calificó de un baluarte que garantizará la democracia.

“El IFE que en 2014 se convirtió en el INE, es una obra colectiva y un patrimonio de todas y todos los mexicanos. Nos corresponde a todas y todos cuidarlo y defenderlo, pues es un baluarte que garantizará a las próximas generaciones una democracia vigente y vigorosa”.

Córdova recordó que, en 1990, tras un proceso de diálogo y negociación entre los partidos políticos, México apostó por la democracia con la creación de un instituto autónomo que sustituyó a la Comisión Nacional Electoral, que dependía de la Secretaría de Gobernación y que seis años después logró plena autonomía constitucional, se pudo en manos de la ciudadanía la organización de las elecciones y la recepción y el conteo de los votos.

Recordó que las reformas en materia electoral que permitieron la evolución del IFE al INE fueron pactadas y aceptadas por todas las fuerzas políticas, ello con el fin de mejorar el sistema, darles mayor confiabilidad a todos los comicios, ampliar los derechos de la ciudadanía y garantizar la autonomía de la autoridad electoral frente a los gobiernos.

“Gracias al IFE y al perfeccionamiento paulatino de nuestras leyes y procedimientos durante estos 32 años, las elecciones en México dejaron de ser un problema, quizá el mayor problema que teníamos antes de 1990 y se convirtieron en una fuente de estabilidad política, paz social y gobernabilidad democrática”, señaló Lorenzo Córdova.

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El Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo la ceremonia cívica con la que dio inicio al Proceso Electoral del Poder Judicial para elegir a jueces, ministros y magistrados.

La ceremonia, encabezada por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, tuvo la presencia de 10 consejerías, con la ausencia de Uuc-kib Espadas, e invitados especiales.

Taddei ofrece transparencia

Al tomar la palabra, Guadalupe Taddei afirmó que este proceso electoral inédito se realizará de forma transparente y con reglas claras para todos los participantes.

"Ya iniciamos y estamos listos para la organización de este proceso extraordinario, que no quede dudas trabajaremos con el mismo profesionalismo que nos ha dado reconocimiento nacional e internacional, y lo más importante, que nos ha servido para ganarnos la confianza de todos y todas los mexicanos", sostuvo.

Afirmó que los mecanismos de vigilancia y control del Instituto garantizarán la integridad del proceso electoral, el cual calificó como un paso trascendental en nuestra historia democrática.

"Celebramos la oportunidad de fortalecer el estado de derecho a través de un proceso electoral transparente y legítimo. Les aseguro que las reglas serán claras y equitativas para todos los participantes", aseveró.

Trabajadores inconformes

Los trabajadores del Poder Judicial se manifestaron en las Instalaciones del INE mientras se realizaba la ceremonia cívica que encabezó Taddei para dar inicio al proceso electoral para elegir a jueces, ministros y magistrados.

“INE de orgullo nacional a palero presidencial”, señalaron los manifestantes, y comentaron que el proceso electoral es un retroceso nacional y “solo es una simulación la elección de jueces y magistrados”.

“Venezuela destituyó a sus jueces y así empezó la dictadura”, mostraron en una de sus pancartas.

“¡Por una justicia imparcial, no a la reforma judicial!” y “¡Justicia por elección es simulación!”, consignaron.

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Por primera vez desde su creación en 1990, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sesionará el lunes 23 de septiembre sin la participación de representantes de partidos políticos para organizar la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte a realizarse en junio de 2025.

La reforma del Poder Judicial aprobada en el Congreso de la Unión establece que para mantener la neutralidad en la organización de las elecciones judiciales, el INE debe preparar dichas elecciones sin la participación de militantes de partidos políticos y en coordinación con el Poder Legislativo.

¿Qué establece la reforma judicial? 

La reforma establece que: “en los casos de sesiones extraordinarias urgentes que se celebren para tratar asuntos relacionados con los procesos para renovar cargos del Poder Judicial, el Consejo General se integrará únicamente por una consejera o consejero presidente, 10 consejeros y consejeras electorales, con derecho de voz y voto, y una secretaria o secretario ejecutivo, con derecho de voz”.

Para cumplir este mandato, el Consejo General sesionó de manera extraordinaria el jueves 19 de septiembre para aprobar, en menos de 10 minutos, los cambios necesarios que le permitan iniciar el lunes los trabajos de organización y coordinación para que se lleve a cabo la primera elección de jueces, magistrados y ministros en la historia de México.

Este 23 de septiembre, a las 8:45 horas, se instalará el Consejo General del INE y se emitirá la declaratoria del inicio del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, se instruirá la elaboración del plan integral de trabajo, un calendario del proceso electoral y las actividades necesarias para la modificación del presupuesto para el ejercicio 2025.

¿Qué pasará durante la sesión del lunes? 

Además, en la sesión del lunes se sellará un acuerdo para la creación de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, con lo que se dará inicio de manera formal el proceso de organización electoral judicial.

En un hecho inédito, la sesión del Consejo General se realizará sin la participación de representantes de los partidos políticos. Cabe mencionar que, al momento de su fundación, en 1990, el máximo órgano de dirección del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) contaba con una composición muy distinta a la actual.

En ese entonces, el presidente del Consejo General era el secretario de Gobernación y participaban seis consejeros electorales que debían garantizar total independencia partidista, pero que eran propuestos directamente por el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

¿Qué pasará en la sesión del lunes? 

Además, el máximo órgano de IFE contaba con la participación de un director y secretario general, dos diputados y dos senadores que representaban a los dos grupos parlamentarios más numerosos de cada cámara y un representante partidista de cada partido político.

Hasta la reforma de 1994 se integró la figura de los consejeros ciudadanos y se establece la salida del secretario de Gobernación en el Consejo General, por lo que la integración de este órgano quedó conformada por el consejero presidente y ocho consejeros electorales, con derecho a voz y voto.

Además, se instruyó la integración con derecho de voz de un secretario general, consejeros del Poder Legislativo y representantes de cada partido político con registro.

Dicha conformación se mantuvo así durante 20 años, hasta que en 2014 se determinó que el Consejo General pasara de tener nueve a 11 consejeros electorales, los cuales serían elegidos por la Cámara de Diputados, y los demás representantes de los partidos políticos mantendrían su derecho de voz en el consejo.

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El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó con la planeación de las elecciones locales en Durango y Veracruz de 2025 y, a petición de Morena, señaló que hará los ajustes correspondientes ante la concurrencia con la elección del Poder Judicial.

La Comisión Temporal para el seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2024-2025 aprobó los primeros acuerdos relacionados con esta elección, donde se elegirán 39 municipios en Durango y 212 en Veracruz que deberán ser avalados ante el Consejo General del INE.

Al respecto, el representante de Morena, Jaime Castañeda, pidió agregar a los acuerdos un punto adicional que prevea las modificaciones que deberán realizarse con base a la reforma al Poder Judicial, ya que esta plantea que los partidos políticos no pueden participar en la discusión, y choca con la organización del proceso electoral local.

“Esa restricción tiene un problema cuando existe concurrencia, como es el caso de esta comisión y este proceso. Quisiera hacer una reflexión para que quedara abierta la posibilidad en el programa de trabajo, sin violar la reserva constitucional de diferenciar los procesos donde las representaciones podemos participar y no podemos participar”, apuntó.

“En Veracruz y en Durango vamos a tener concurrencia de esa elección con esta (del Poder Judicial). Por ejemplo, la integración de la mesa directiva de casilla, pues esta configuración es para la elección normal. Pregunta: ¿esta será para la otra elección?”, cuestionó.

Sobre los materiales electorales, Castañeda añadió que “si va a haber capacitación, insaculación y una integración con estrategia de capacitación, pues todos estos documentos podrían tener una doble impresión. Entonces, de aquí a la aprobación de esto, debería haber una revisión”.

Como parte de los acuerdos, la comisión determinó “agregar las precisiones que correspondan al programa de trabajo y respetar la instrumentación del proceso electoral para el Poder Judicial concurrente con las entidades de Durango y Veracruz”.

La presidenta de la comisión, Norma de la Cruz, señaló que una vez que tengan los detalles de cómo será el proceso electivo del Poder Judicial, podrán realizar los ajustes necesarios.

La comisión aprobó el Plan de trabajo que contempla los objetivos generales y específicos de la comisión y el calendario de actividades mensual.

También avaló las convocatorias para que la ciudadanía participe como observadora electoral, en las que se establecen los requisitos, plazos e información general para la recepción de solicitudes, así como la posibilidad de observar el voto anticipado y prisión preventiva.

Otro acuerdo aprobado fueron los modelos de materiales didácticos y de apoyo para la integración de mesas directivas de casilla y la capacitación electoral, así como el modelo de guía para las y los observadores electorales, que incluyen la información básica para los ciudadanos sorteados; modelo de guía para observadores electorales; carta de notificación a la ciudadanía sorteada; la hoja de datos para la capacitación a funcionarios de casilla; nombramientos para funcionarios de casilla.

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Las multas a los partidos políticos por irregularidades en las campañas federales y locales pasaron de 1,565 millones de pesos a 1,087 millones de pesos, es decir, una reducción de 478 millones tras los cambios aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

El lunes, el Consejo General del INE aprobó por mayoría criterios para reducir la severidad en algunas sanciones contra partidos políticos, al considerar que aumentar las multas no inhibe estas conductas.

Tras realizar un nuevo cálculo, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) señala que los partidos políticos nacionales tendrán que pagar multas por 980 millones de pesos, cuando la cifra inicial ascendía a más de 1,400 millones.

En el caso de Morena, el partido más sancionado, tiene multa por un monto de 174 millones de pesos; el Partido Verde por 97.8 millones de pesos y el Partido del Trabajo, 91.3 millones de pesos.

Mientras que por la coalición Sigamos Haciendo Historia a nivel federal, la sanción asciende a 184 millones 329 mil pesos.

Por parte de la oposición, Movimiento Ciudadano es el partido con más multas, por 136.8 millones de pesos; sigue el PRI, con 83.9 millones; el PAN, 77.9 millones y el PRD, por 40.8 millones de pesos.

En los estados, los partidos políticos locales tuvieron sanciones por 105 millones 737 mil pesos; mientras que las candidaturas independientes serán multadas por un millón 180 mil pesos.

En cuanto a las faltas cometidas por los partidos políticos, la más recurrente fueron los egresos no reportados, que suman sanciones por 418 millones 945 mil pesos.

La propuesta inicial planteaba sancionar con un 150% del monto involucrado, pero el INE acordó reducirlo al 100% del monto involucrado.

Otras infracciones frecuentes fueron eventos registrados extemporáneamente, de manera posterior o el mismo día de su celebración, por 89.4 millones; egreso no comprobado por 42 millones y beneficio indebido entre candidaturas, por 35 millones de pesos.

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De acuerdo con una proyección preliminar del Instituto Nacional Electoral (INE), Morena, PT y PVEM se perfilan a alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, necesaria para aprobar las reformas constitucionales prioritarias de la 4T, con un total de 364 diputados. En el Senado se quedarían a dos escaños de lograrla.

Estas cifras incluyen el tope de 8% de sobrerrepresentación que establece la ley para un partido político por encima de la votación recibida.

En este caso, Morena hubiera excedido 8% con la asignación de legisladores por la vía plurinominal, por lo que se proyectó dentro de los límites establecidos.

De acuerdo con esta proyección del INE, que aún no es pública, la coalición Sigamos Haciendo Historia tendría 364 curules en la Cámara de Diputados. De estas, 236 serían para Morena; 77 para el PVEM y 51 para el PT.

De la coalición Fuerza y Corazón por México, el PAN tendría 72; PRI, 35 y PRD una de mayoría relativa. Movimiento Ciudadano (MC) sumaría 27 curules, y habría una para una candidatura independiente.

En el Senado no le alcanza

En el caso del Senado, la coalición oficialista no alcanzaría la mayoría calificada por dos escaños, ya que en conjunto obtiene 83 de los 85 que se necesitan.

Morena tendría 60 senadurías; PVEM, 14, y el PT, nueve.

Por parte de la oposición, el PAN sumaría 22 senadurías; el PRI, 16, y el PRD, dos, mientras que MC tendría cinco.

El PRD no tendría derecho a diputados ni senadores de representación proporcional debido a que se proyecta que no alcanzó 3% requerido en las votaciones para el Congreso de la Unión, por lo que queda fuera del reparto.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó el 5 de junio pasado un cálculo de la conformación del Congreso de la Unión con base en los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

La proyección presentada en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador daba también la mayoría calificada a Morena y aliados en la Cámara de Diputados, pero con una ventaja más amplia, según sus datos, de 372 curules.

En este escenario planteado por el gobierno, Morena tendría 247 diputaciones; el PVEM, 75, y el PT, 50.

Para el Senado de la República calcularon un total de 83 escaños para la coalición oficialista, con lo que no se reúne la mayoría calificada, necesaria para aprobar las reformas constitucionales que impulsan.

Sin embargo, estas cifras pueden variar como resultado de los juicios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que deberán resolverse a más tardar el 3 de agosto en las Salas Regionales y el 19 de agosto en la Sala Superior, en caso de impugnarse.

El Consejo General del INE discutirá la asignación de diputaciones y senadurías de representación proporcional a más tardar el 23 de agosto.

Una vez que concluya la sesión del INE, los partidos políticos tendrán 48 horas para impugnar la distribución de los plurinominales ante la Sala Superior del TEPJF.

Posteriormente, el Tribunal Electoral tendrá hasta tres días antes del inicio de la legislatura, el próximo 1 de septiembre, para resolver esas impugnaciones.

Especialistas señalan los riesgos de que exista una sobrerrepresentación en el Congreso, aunque la ley prevé que ésta se aplica por partido, no por coaliciones, como es el caso del bloque de la 4T.

Sobre la sobrerrepresentación, el artículo 54 de la Constitución establece que si un partido excede 300 diputaciones por ambos principios o su porcentaje de curules es mayor a 8% de su votación nacional, le restarán el número de diputaciones de representación proporcional hasta ajustarse a los límites fijados.

En tanto, se asignarán las diputaciones excedentes a los demás partidos políticos que no se ubiquen en estos supuestos.

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