La reforma electoral acentuó más la división existente entre los ciudadanos de México. En el marco de la conformación de un dictamen en la materia en la Cámara de Diputados, en el país surgieron dos grupos: quienes llaman a una transformación de 180 grados en el Instituto Nacional Electoral (INE) y quienes piden que no haya vulneraciones a ese órgano autónomo.

El primer frente lo encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, seguido de legisladores y dirigentes de Morena, PT y PVEM, gobernadores de esos partidos, secretarios de Estado y hasta la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.

Mientras que el segundo se integra por congresistas y líderes del PRI, PAN, PRD y MC, integrantes de la academia, de la iniciativa privada, organizaciones civiles y la Iglesia católica.

La confrontación ya derivó en solicitudes de renuncia, descalificaciones, convocatorias para manifestarse en las calles y hasta la petición de un paro nacional de actividades. Expertos consultados consideran que la división por la reforma electoral pone en riesgo la gobernabilidad y la estabilidad del país.

“Este pleito es un reflejo de la división que ya existe, el tema electoral es polémico y por eso se intensifica esa división.

“El INE ha sido el eje de la democratización y muchos sectores quieren defenderlo, no quieren que se modifique ni que se subordine al gobierno, entonces sí es un tema de confrontación que sin duda pone en riesgo la gobernabilidad. De aquí a la elección de 2024 esas tensiones van a crecer”, advirtió, en entrevista con EL UNIVERSAL el analista político José Antonio Crespo.

La propuesta presidencial llegó a la Cámara de Diputados el 28 de abril de este año, con planteamientos como sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), reducir a siete el número de consejeros electorales y elegirlos mediante voto ciudadano, así como eliminar a los Organismos Públicos de Elección en los estados (OPLES), entre otras.

Hasta este día, a la Cámara Baja han llegado 110 propuestas que están siendo analizadas; sin embargo, diversas voces de Morena y aliados han insistido en que la propuesta del Jefe del Ejecutivo federal debe pasar en sus términos o, al menos, los puntos más destacados del proyecto.

“La reforma electoral es muy importante para que se destierre el fraude, los consejeros actúan por consigna, eso hay que corregirlo, hacer valer la democracia como forma de vida y como sistema político”, declaró López Obrador el 13 de octubre.

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, ha dicho que el INE “debe renovarse o exterminarse”, mientras que el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, ha advertido que están abiertos al diálogo, pero sin renunciar a las máximas del partido.

“Tener un INE que no sea costoso, que sus integrantes sean electos democráticamente y que se profundice en la ciudadanización de los que integrarán el consejo general de ese órgano”, detalló el pasado 16 de octubre.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ha defendido la propuesta presidencial al decir que “los mexicanos están cansados de que tenemos uno de los procesos electorales más caros del mundo”.

En tanto, la CNDH exhortó a los diputados federales a votar a favor del proyecto bajo el argumento de que el instituto electoral y el TEPJF “son instrumentos parciales, de sabotaje de la voluntad del pueblo”.

En contra

En contraparte, los consejeros del INE, dirigentes nacionales de oposición y los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN, PRD y MC han advertido el riesgo de una “regresión democrática”, postura con la que han coincidido, a nivel internacional, con el llamado de la Comisión de Venecia: “A no socavar al INE y a la democracia”.

Líderes del sector académico pidieron a los diputados decir no a la propuesta, que calificaron de “regresiva”, mientras que las organizaciones civiles Frente Cívico Nacional y Unid@s anunciaron la realización de una marcha el próximo 13 de noviembre en defensa del INE, además de un paro nacional de actividades el 14 de noviembre.

“El gobierno busca despojar a los ciudadanos de nuestro derecho de organizar nosotros mismos las elecciones.

“El INE no se toca y es responsabilidad de todos defenderlo”, señala la convocatoria.

De igual forma, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su preocupación por la reforma político-electoral que se discute actualmente en la Cámara de Diputados, por considerarla regresiva y porque elimina la autonomía del INE.

Ramón Morales, profesor de comunicación política en la Universidad Panamericana, advirtió que la polarización derivada de la reforma electoral es parte de la política del Jefe del Ejecutivo.

Por su parte, la analista política Arlene Ramírez Uresti alertó sobre la llegada de un Estado polarizado y totalitarista.

El Comité Técnico Evaluador publicó esta noche la lista de los 20 aspirantes que conformarán las cuatro quintetas que serán tomadas en cuenta, el próximo 30 de marzo, por el pleno de la Cámara de Diputados para elegir a tres consejeros y la primera consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

La lista la encabeza, por orden alfabético, Bertha María Alcalde Luján, hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde; también está Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano del diputado Pablo Sandoval; Bernardo Valle Monroy, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México y considerado cercano a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, entre otros.

La lista final la integran:

• Bertha María Alcalde Luján
• Guadalupe Álvarez Rascón
• Rebeca Barrera Amador
• Iulisca Zircey Bautista Arreola
• Arturo Castillo Loza
• Nayma Enríquez Estrada

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El Consejo General del INE aprobó el orden metodológico y calendario para definir la reestructura que sufrirá el Instituto Nacional Electoral tras la reforma electoral, el cual incluye que el Plan B se aplicará hasta octubre y no en agosto como indica la ley, lo que Morena calificó como un reto y desobediencia a los poderes y la ciudadanía.

El proyecto que el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023 aprobó esta mañana fue respaldado por unanimidad en el Consejo General del INE, en el cual plantean tener lista la aplicación del llamado Plan B hasta octubre y no en agosto, debido al retraso de dos meses generado por el Senado, lo cual retrasó los tiempos previstos originalmente.

La consejera presidenta del Comité, Claudia Zavala, detalló que “la reforma no fue aprobada en diciembre, como se había planeado, sino hasta el 2 de marzo fue su entrada en vigor, por lo que tenemos un desfase de dos meses que necesariamente retomaremos”.

Explicó que el calendario planea esperar a la nueva integración del Consejo General, que incluye su nueva presidencia, para que formen parte de estos trabajos a partir del 3 de abril con los criterios ya aprobados por los consejeros que no terminan su periodo y son la mayoría de la integración total.

La consejera Norma Irene de la Cruz planteó establecer la paridad en la nueva compactación y organigrama del instituto, lo cual fue rechazado por mayoría, pues Claudia Zavala pidió esperar a que avance el proceso para ver la forma de que pudiera aplicarse.

El consejero Jaime Rivera consideró que no se puede tomar en cuenta el cumplimiento de la paridad como si fuera una nueva integración, pues esto generaría violaciones a los derechos laborales.

“Si se hiciera el aplicar la paridad total, equivaldría a suponer que partimos de cero, y una reestructuración no parte de cero, como su nombre lo indica, es una modificación de una estructura ocupacional y jerárquica que ya existe, que ya está ocupada.

“Reestructuración no es fundación, no se va a contratar de fuera como si nadie existiera en los cargos del Servicio Profesional, como si todo estuviera vacío, eso va contra el sentido común y contra derechos laborales”.

Mario Llergo, representante de Morena, acusó que “en una clara violación a la reforma electoral del pueblo”, se niegan a instalar la Comisión de Administración que sustituirá a la Junta Ejecutiva del INE.

“Bajo el pretexto de autonomía y de una aprobación desfasada aprueban un acuerdo que modifica la propia reforma. Quieren un Comité Técnico que asuma las responsabilidades que señala expresamente la reforma que le competen a la Comisión de Administración, alteran fechas de operatividad de la reforma para seguir conservando sus privilegios y sus altos salarios.

“Asumen el papel de legisladores, si tantas ganas tienen de emitir leyes y modificar la voluntad popular, les invito a que se postulen y puedan legislar en su libre derecho. Lo que buscan es seguir sirviéndose a manos llenas”.

Con este calendario, a partir de hoy comienzan los trabajos para evaluar la estructura de todo el INE y determinar cómo se compactarán las áreas como lo ordena la reforma, la nueva estructura organizacional, los tabuladores salariales y las nuevas facultades del secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo, de las que desaparecerán alrededor de una decena.

El calendario marca 17 acciones desde hoy y hasta el 31 de octubre, para poder terminar los trabajos antes de que comience el proceso electoral federal que la reforma recorre su arranque de septiembre a noviembre, si la Suprema Corte no declara su invalidez.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que ayer en el INE hubo una “fiesta” con todo y aplausos por la reincorporación del secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, tras su destitución con la publicación del llamado Plan B en materia electoral.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal aseguró que ante la restitución del funcionario se ha presentado como ´la primer derrota del Plan B´, pero es algo que, afirmó, “me llena de orgullo el perder así”.

Acusó a Edmundo Jacobo de tolerar fraudes y que está en el INE porque pertenece a la camarilla que ha manejado a ese organismo autónomo durante mucho tiempo.

“Ayer una fiesta del INE y todos los medios aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante del INE que lleva 30 años ahí y 15 como funcionario clave del INE, ya ven que `el INE no se toca´. Entonces le dan un amparo los del Poder Judicial que son los mismos, pero además todos sus achichincles y amigos y socios aplaudiendo y los medios de información todos celebrando porque se había reivindicado la democracia, una gente que ha tolerado fraudes, que está por eso ahí, complemente antidemocrático, pero pertenece a la camarilla que ha manejado al INE durante mucho tiempo y aplaudiéndoles”.

“Pero dándolo como un triunfo, o sea, ´la primer derrota del Plan B´, pues me llena de orgullo el perder así. No se dan cuenta porque no tienen autoridad moral, lo que les interesa es el dinero y el poder por el poder, el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás; poder sin estar pensando en benéfico del pueblo es parafernalia, es fantochería, es corrupción”, dijo.

Ayer, entre aplausos, integrantes del INE y consejeros recibieron al secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo que se reincorporó a sus funciones, tras su destitución con la publicación de la Reforma Electoral.

A su entrada al salón del Consejo General, el secretario recibió también felicitaciones por regresar a su cargo. El secretario ejecutivo fue restituido el viernes pasado tras obtener una suspensión definitiva contra un artículo transitorio del Plan B de la Reforma Electoral.

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En Palacio Nacional lo bautizaron como “El Porfirito”, pero él se defiende. Edmundo Jacobo volvió a la silla de la Secretaría Ejecutiva del INE que ha ocupado por 14 años, tras haber logrado el primer revés legal al Plan B de la reforma electoral que ordenó su despido inmediato.

Estuvo sin empleo 11 días y volvió para quedarse hasta el 2026, periodo por el que fue electo constitucionalmente. Y aunque estaba seguro de su restitución, reconoce que la nueva presidencia e integración del Consejo General pueden someter a votación su cargo y entonces sí, removerlo si así lo deciden.

Se dice contento no porque le devolvieron el empleo, “sino porque la Constitución prevalece”. Advierte que no le preocupan los apodos que le propine el presidente Andrés Manuel López Obrador, pide un debate de altura, más allá de los apodos chistosos y los insultos, y presume estar más preparado que nunca para encabezar la batalla jurídica contra esta reforma que reitera, es inconstitucional.

​Dicen en las mañaneras que volvió al INE “El Porfirito”

Dicen muchas cosas. Yo he insistido: creo que el presidente está mal enterado. Hubiera sido para mí un honor haber trabajado con el doctor José Woldenberg en aquel IFE de la transición, pero no, yo llegué al Instituto Federal Electoral a invitación del doctor Leonardo Valdés, el 5 de junio de 2008. Y mi mandato podrá ir sólo hasta el 2026, ni un año más, ni un mes más, ni un día más porque la norma es muy clara.

¿Qué dice de esta polarización hacia su figura?

En primer lugar, quisiera que el nivel de debate fuera otro y no con epítetos que pueden sonar muy simpáticos. No pretendo entrar en un debate de esa naturaleza, he tratado de hacer mi trabajo de la mejor manera posible y agradecería mucho que mi trayectoria, que mi trabajo sea juzgado por los resultados, lo demás puede ser simpático pero no abona a la deliberación que este país y la ciudadanía merecemos ante lo que está sucediendo y a lo que viene.

¿Cómo lo recibieron en su regreso?

La verdad, muy contento, ¿Por qué no decirlo? No solamente porque yo haya podido regresar a esta oficina, es lo de menos, sino porque la Constitución y la ley se hicieron prevalecer.

Y también muy claro de que aquí apenas empezamos, es un largo periplo que nos va a llevar hasta que la Corte resuelva. En esto no se vale relajarse, no se vale confiarse, en esto hay que trabajar todos los días con convicción, porque esto es una causa, es la causa de la democracia.

Volví hoy, ya con la resolución notificada, aunque sabíamos el sentido del colegiado el jueves y de la jueza el viernes, por prudencia jurídica, política, que eso hay que cuidar todas las formas, por respeto a la ley y a las instancias decidimos esperar.

¿Cómo fue esta semana fuera del INE?

Lo primero que hago, siendo consistente con mi trayectoria y con mi trabajo en esta institución, es clamar por que se respete el Estado de Derecho en nuestro país.

Es a lo que me avoqué en estos días, y a seguir desde lejos los trabajos de la institución porque yo sabía que iba a regresar pronto. Y uno no puede despegarse de esta posición tan compleja y tiene uno que estar enterado para que no hubiera ninguna dilación en el momento en el que yo regresara al cargo.

Falta la resolución del Tribunal Electoral que ya generó rispidez.

Yo sólo interpuse estos dos recursos para que se me restituyera en el cargo como ha sucedido, lo hice como ciudadano. Conocí por medio de MILENIO la propuesta de la magistrada Otálora y espero que confirme y sea consistente con lo que en materia administrativa se me otorgó, son dos instancias del Poder Judicial, con responsabilidades y alcances distintos, pero hay en este caso, algo que se relaciona entre las dos instancias y espero que ellos también me den la razón por los derechos civiles que he interpuesto.

Ahora que regresa ¿cómo se retoma la defensa del INE?

Claro, el 25 de enero, por unanimidad se instruyó a la Secretaría Ejecutiva para que interpusiera, así se dice, todos los recursos legales al alcance para controvertir lo que muchos de los miembros del Consejo denominaron la inconstitucionalidad del Plan B.

Y se llama Plan B porque hubo un Plan A que buscaba reformar la Constitución y no se logró porque no obtuvo la mayoría que se requería en el Congreso, para hacer una reforma de ese alcance, después vino un Plan B que por la vía legal, de una manera un poco disfrazada buscaba volver al Plan A y eso es lo que estamos contraviniendo, cada vez que estudiamos y estudiamos con mucho cuidado todas las propuestas asociadas al Plan B, encontramos una serie de contradicciones contra la Carta Magna.

En medio de la batalla jurídica, también le va a tocar despedir y dar la bienvenida a las nuevas consejerías.

Yo espero que sea tomando en consideración el perfil que se requiere, que quien llegue aquí no sólo debe conocer la materia electoral, tiene que hacer honor al cuidado de la autonomía y la independencia de esta institución, eso es clave. Parecerían frases sueltas, no, no, no, aquí hay que tomarse en serio. Eso hay que hacerlo valer, se dice fácil, pero hay que vivir aquí las largas deliberaciones, discusiones y en ocasiones sí, las presiones.

Las instituciones son fuertes pero las personas que toman las decisiones en las instituciones tienen que honrar esa trayectoria y cuidarlo.

La nueva presidencia y a la nueva integración del Consejo sí podría evaluar su permanencia.

Sí, y ellos y ellas tendrán que juzgar mi trayectoria, son quienes sí tienen facultad para evaluar. Claro que pueden evaluar mi permanencia y acataré tal cual, eso sí es constitucional.

Aquí nunca descansamos y estamos listos para lo que viene, esta institución no para y está lista para trabajar en las más difíciles decisiones. 

¿Qué le dice a la ciudadanía ante todas estas críticas y quienes han tomado el apodo de Porfirito?

No, no lo soy, creo que hay que decirle a la gente por encima de eso, la verdad, lo digo con claridad. La política se entiende como el espacio donde se resuelven las diferencias de una manera civilizada, no con insultos. Yo no voy a caer en ese juego.

Tengo muchos años en esto, me han nombrado de muchas maneras y yo espero que sea mi trabajo y mi trayectoria lo que me juzgue y merezca la opinión calificada de quienes quieran emitirla, los apodos van, los apodos vienen.

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El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una segunda demanda de controversia constitucional en contra del Plan B de la reforma electoral.

El nuevo recurso judicial controvierte la segunda parte del llamado Plan B, del 2 de marzo pasado, cuando entró el vigor el decreto que reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Dicho recurso se suma a la controversia constitucional que ya había sido presentada por el INE el 1 de febrero, en contra de la primera parte del Plan B, que consiste en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.

En un comunicado, el INE detalló que mediante la controversia constitucional se busca defender no sólo la autonomía del instituto, sino el Estado democrático establecido en la Constitución, “ante el cúmulo de violaciones constitucionales detectadas en aproximadamente 200 artículos de la reforma que vulneran 25 disposiciones constitucionales”.

“En la demanda presentada hoy, se solicita al Máximo Tribunal del país que otorgue una suspensión y, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma y, por lo tanto, de sus efectos, de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía”, aseguró el organismo.

La nueva controversia se basa en cuatro ejes fundamentales, a saber: la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión, la vulneración a la autonomía e independencia del INE por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo, la vulneración a las condiciones de equidad y de otros principios que deben regir las contiendas electorales y la afectación inconstitucional de los derechos laborales del personal del INE que provoca dicha reforma.

El Instituto argumentó que se violó el debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión, pues se dio trámite urgente a una iniciativa que por disposición legal no podía ser sometida al mismo, no respetó el principio de publicidad, ni mucho menos el deliberativo que rige al órgano legislativo, impidiendo la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

Esto, alegó el INE ante la SCJN, impactó en la calidad democrática de la reforma.

En segundo término, consideró que se vulneró la autonomía e independencia del instituto por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo, por lo que el INE demandó la invalidez de gran parte de la reforma, ya que afirmó que se está invadiendo su esfera competencial por parte de legisladores y del presidente de la República y el secretario de Gobernación.

Además, alegó la reforma contiene cambios que afectan la certeza en los procedimientos que conforman el proceso electoral en sus diversas etapas y que el Plan B desmantela la estructura orgánica y afecta los derechos laborales de todo el personal del Instituto, así como la eliminación de aproximadamente el 85 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral.

“El instituto tiene plena confianza en que con el análisis constitucional que realizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación se restaurará el orden constitucional, al determinar la invalidez de la reforma”, aseguró.

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