Diputados de Morena e integrantes del grupo de trabajo que analiza la reforma electoral en la Cámara de Diputados, Yeidckol Polevnsky y Hamlet García insistieron en que se perfila que el dictamen de reforma electoral se discuta antes de que termine noviembre, se mantienen en su intención para aprobar la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) y la elección de consejeros por voto popular.

En conferencia de prensa, los legisladores integrantes del grupo de trabajo para la reforma electoral de las Comisiones Unidas de Reforma Política-Electoral, de Puntos Constitucionales, y de Gobernación y Población, señalaron que una vez que se apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, a más tardar el 15 de noviembre, el grupo de trabajo intensificará sus labores con miras a construir un predictamen que contenga las coincidencias de todas las iniciativas en materia de reforma electoral.

Hamlet García, secretario de la Comisión de Reforma Política-Electoral, comentó que se tiene el acuerdo para que las secretarías técnicas de las comisiones unidas hagan el cruce de las iniciativas para identificar los puntos de acuerdo, adelantó que luego de ello en dos semanas tendrán resultados.

Añadió que Morena continúa con la intención de apoyar la desaparición del INE para dar paso al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) que tendría injerencia del gobierno federal y también en la elección de consejeros y magistrados por voto popular.

Aseguró que entre las distintas fuerzas políticas de la Cámara de Diputadas hay consenso en tres ejes: democracia más barata; reducción en la integración del Congreso de la Unión y de los cabildos de los gobiernos municipales, y reducción de integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Hay consenso en esos tres ejes, en mayor o menor medida. Todos quieren una democracia más barata, todos quieren cambios en el INE y en el Tribunal Electoral, aunque sea sólo en la integración, y todos quieren modificaciones en el Congreso, tanto en Diputados como en el Senado, y los cabildos. En el ‘qué’ hay consenso, en el ‘cómo’ es lo que vamos a negociar”, explicó.

Buscan más tiempo para el Senado

En este contexto, el legislador aseguró que la fecha límite constitucional, para realizar una reforma electoral que sea aplicable en las elecciones de 2024, es el último día de junio de 2023, por ello Morena en la Cámara de Diputados busca aprobarla este mes para darle tiempo al Senado para analizarla, y en caso de que se le hagan cambios y se regrese, la Cámara de Diputados tenga tiempo para ratificarla y darle tiempo a los congresos locales.

En otro tema, García Almaguer se refirió a la encuesta que el INE mandó a realizar, con recursos públicos, sobre la iniciativa de reforma electoral del Presidente de la República, y en cuyos resultados se señala que el 97 por ciento de los ciudadanos está a favor de destinar menos recursos a los partidos políticos; 87 por ciento, a favor de reducir el número de diputados y senadores; 74 por ciento piensa que los recursos del INE son excesivos y deben reducirse, y 78 por ciento considera que los consejeros y magistrados deben elegirse mediante voto directos. 

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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, adelantó que su grupo parlamentario impulsará a una iniciativa de reforma para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos por votación ciudadana.

En conferencia de prensa, el líder guinda explicó que ese será el tema central durante la reunión que la fracción parlamentaria sostendrá este martes con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo.

Detalló que el dirigente nacional propondrá que se incorpore a la agenda de trabajo una iniciativa que regrese esta facultad al pueblo de México, “y que no sean los partidos quienes definan a los magistrados”.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que propondrá una reforma al Poder Judicial para que los ministros de la Corte sean electos "por el pueblo".

Al opinar sobre el marco del fallo de la Corte contra las reformas del Plan B a las leyes secundarias en materia electoral avaladas por el Congreso nacional, el diputado expresó que se trató de una miopía jurídica, que pierde de vista el fondo de las modificaciones en beneficio de la población.

“Ellos se fueron sobre nuestro Reglamento, la manera en que nos organizamos, no se fueron al fondo, si la ley era buena o mala; si mejoraba la vida pública en México, si mejoraba la relación del Gobierno con los medios de comunicación; si los medios tenían la oportunidad de garantizar el derecho de las y los mexicanos a estar informados”, señaló.

Ignacio Mier, lamentó que la Suprema Corte se haya mantenido al margen en 2013, cuando se aprobó, en 12 minutos y sin discusión, la reforma que hizo perder a la nación su soberanía energética.

En contraste, el también presidente de la Junta de Coordinación Política expresó que las reformas en materia electoral se discutieron por 18 horas y conforme a los lineamientos de la Cámara de Diputados.

En ese orden de ideas, manifestó que los procesos para la deliberación en el Palacio Legislativo están apegados a la ley y deben respetarse por otras instituciones y soberanías.

Declaró que la Corte no planteó una discusión sobre controversias legales o jurídicas de las reformas en materia electoral, sino sobre el procedimiento en el Poder Legislativo, al que se invadió.

Aunque aseguró que se acatará la resolución de la Corte, declaró que se actuó de manera vergonzosa ante los ojos de las y los mexicanos, motivo por el cual es necesario que cada persona exprese su opinión de manera abierta.

“Quedarnos callados es convertirnos en cómplices de algo que está lastimando y lacerando al país, porque no dicen nada de los más de 600 mil pesos que ganan, no dicen nada de sus fideicomisos que son multimillonarios”, declaró.

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El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó oficialmente al Senado de la República de la decisión del pleno de declarar inconstitucional la primera parte del llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca eliminar atribuciones y desmantelar al INE.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, publicó en sus redes sociales el oficio donde la SCJN ordena informar al Senado de lo que el legislador calificó de “histórica” decisión del máximo tribunal.

“La SCJN ya nos notificó la decisión histórica de declarar inconstitucional la primera parte del Plan B”, expuso.

“Siempre confiamos en que la razón estaba de nuestro lado, hoy celebramos que así sea y que en México se haga valer la división de poderes”, agregó Castañeda.

Lamentan “berrinche” de AMLO

Legisladores de Movimiento Ciudadano y de Acción Nacional en la Comisión Permanente lamentaron el “berrinche” y los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de la decisión de la Corte de invalidar la primera parte del llamado plan B.

“No me extraña que el Presidente haga un berrinche público porque la Corte haya ejercido su facultad de control constitucional y mantener el equilibrio y división de poderes”, expuso Clemente Castañeda.

“Tampoco me extraña que el Presidente, frente a lo que no puede controlar amenace con desaparecer. No es la primera vez que lo intenta: así lo quiere hacer con el INE, con el INAI y ahora con la SCJN”, agregó.

“Lo que me sorprende es que el Presidente piense que en el 2024, con una nueva expresión de la voluntad popular en las urnas, va a cambiar la Constitución. Eso es no entender el proceso democrático y creer perversamente que su legitimidad se va a prolongar hasta el siguiente gobierno”, agregó.

Por su lado, senadores y diputados federales del PAN lamentaron el llamado al plan C de López Obrador, que señalaron es inviable porque requiere mayoría calificada y lamentaron el clima de linchamiento y agresiones que está alentando contra los ministros de la SCJN.

Jorge Triana Tena dijo que el actual gobierno federal no está acostumbrado a que cada poder ejerza sus facultades, por lo que condenó las declaraciones del Presidente contra la SCJN y la doble moral con la que se ha manejado.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el ministro Arturo Zaldívar votó contra el Plan B en materia electoral porque sufrió presiones del bloque conservador y, por tanto, dijo que no está decepcionado de su desempeño.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, sin embargo, el mandatario dijo que es muy difícil encontrar abogados que defiendan al pueblo.

–¿Qué piensa del voto de Zaldívar?

“Pues lo mismo”, respondió.

–¿Está decepcionado?

“No, no, no, es que hay un entorno muy conservador, muchas presiones, muchas presiones de el bloque conservador que tiene pues uno de sus brazos en la abogacía, es muy difícil encontrar abogados que defiendan al pueblo, son minoría, porque a todos los formaron para proteger intereses de las minorías, la oligarquía”, señaló.

Y es que Zaldívar fue uno de los nueve ministros de la Suprema Corte que ayer votaron por validar el proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, para anular el plan B en materia electoral.

Zaldívar argumentó que el poco tiempo que tuvieron los legisladores para analizar y discutir a fondo las características de la reforma provocó que diera su voto por invalidar el Plan B.

López Obrador acusó que durante los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo se entregó el Poder Judicial al PAN.

“Abogados propuestos por Diego Fernández de Ceballos, por Creel, por Gómez Mont, todos los abogados conservadores, recomendaban jueces, magistrados, ministros y están completamente al servicio del bloque conservador, que es sinónimo, que es el equivalente a una pandilla de rufianes, muy corruptos, y eso impide que nuestro país vaya más rápido hacia la prosperidad con justicia”, dijo.

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Un golpe para la '4T', la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró anticonstitucional, la primera parte del 'Plan B' de la reforma electoral.

Con 9 a favor y 2 en contra, el máximo tribunal de justicia del país validó el proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien afirmó que existieron “claras violaciones” constitucionales durante el proceso legislativo que aprobó las reformas electorales de AMLO.

Dado que no fue necesario referirse al fondo del asunto, el presidente López Obrador o los legisladores del bloque afín al gobierno federal podrían volver a presentar una iniciativa con estas mismas reformas de ley, aunque ahora, de querer que sean legitimadas deberán seguir el procedimiento legislativo adecuado y los tiempos quizá no alcance para su aplicación en la elección presidencial de 2024.

"Esta Suprema Corte está para servir a la sociedad haciendo cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, en mi opinión, sus integrantes procuramos hacerlo dentro del marco que la propia Constitución nos impone conforme a nuestro leal saber y entender y con alto espíritu de servicio, me parece que ahí radica no sólo el equilibrio de los Poderes de la Unión sino también nuestra serenidad ante infundios y rumores.

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El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el próximo lunes el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán, que plantea invalidar la primera parte del plan B de la reforma electoral por violaciones graves al proceso legislativo.

De esta manera, el máximo tribunal de justicia decidió no aplazar el tema como se lo propuso la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, al considerar que los ministros deben resolver primero impugnaciones a la Ley de Comunicación Social, pendientes desde 2018, año en que se expidió la norma.

En sesión privada este jueves, los ministros determinaron que la Suprema Corte tiene la obligación de resolver el asunto antes de que inicie el periodo electoral federal, toda vez que el tema se planteó como electoral.

El miércoles, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República afirmó que el objetivo del aplazamiento era evitar que se emitieran sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica.

Indicó que la Ley de Comunicación Social fue aprobada antes del inicio del proceso electoral 2017-2018 por el PAN y el PRI, lo que fue cuestionado por la oposición y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por considerar que hubo violaciones al proceso legislativo.

“Al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que la Ley General de Comunicación Social impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta; contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022 (plan B)”, señaló la Consejería Jurídica.

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