Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó corregir los “errores” en su Plan B de reforma electoral que los diputados de Morena, PT y Verde Ecologista agregaron antes de aprobarla y enviarla al Senado, como quitar el blindaje a partidos políticos para no pierdan su registro nacional aunque no alcancen 3 por ciento mínimo de la votación total.

"Ya los mismos legisladores se han comprometido a quitar esos añadidos. Como le llaman en el periodismo: ‘el duende que hizo sus travesuras’. Pero bueno, se va a corregir”, dijo.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, explicó que los diputados hicieron tres cambios, de los cuales dos se van a eliminar de la minuta y uno se está considerando mantener.

Por su parte, el Partido Verde en la Cámara de Diputados rechazó que hayan negociado con Morena los cambios.

“Dicen que era un favor para el Partido Verde y les decimos a los de la prensa que mienten, porque está muy claro que desde 2009 el Partido Verde ha estado muy distante de la franja de votación de aquellos partidos que pierden el registro y que no existe peligro en perderlo. Desde ese año el PVEM ha obtenido 6.5%, 6.8, 6.0, el 4.7 y 5.4, respectivamente”, dijo el coordinador Carlos Puente.

Ayer Lorenzo Córdova, presidente del INE, hizo un llamado a los senadores para revisar a detalle el llamado Plan B para evitar que se genere un problema donde no lo hay.

“De aprobarse en sus términos la reforma que aprobó la mayoría de la Cámara de Diputados en la madrugada del 7 de diciembre, se puede poner en riesgo la calidad técnica de las elecciones en nuestro país y con ello la gobernabilidad democrática que hemos conseguido”, señaló.   

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El Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo la ceremonia cívica con la que dio inicio al Proceso Electoral del Poder Judicial para elegir a jueces, ministros y magistrados.

La ceremonia, encabezada por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, tuvo la presencia de 10 consejerías, con la ausencia de Uuc-kib Espadas, e invitados especiales.

Taddei ofrece transparencia

Al tomar la palabra, Guadalupe Taddei afirmó que este proceso electoral inédito se realizará de forma transparente y con reglas claras para todos los participantes.

"Ya iniciamos y estamos listos para la organización de este proceso extraordinario, que no quede dudas trabajaremos con el mismo profesionalismo que nos ha dado reconocimiento nacional e internacional, y lo más importante, que nos ha servido para ganarnos la confianza de todos y todas los mexicanos", sostuvo.

Afirmó que los mecanismos de vigilancia y control del Instituto garantizarán la integridad del proceso electoral, el cual calificó como un paso trascendental en nuestra historia democrática.

"Celebramos la oportunidad de fortalecer el estado de derecho a través de un proceso electoral transparente y legítimo. Les aseguro que las reglas serán claras y equitativas para todos los participantes", aseveró.

Trabajadores inconformes

Los trabajadores del Poder Judicial se manifestaron en las Instalaciones del INE mientras se realizaba la ceremonia cívica que encabezó Taddei para dar inicio al proceso electoral para elegir a jueces, ministros y magistrados.

“INE de orgullo nacional a palero presidencial”, señalaron los manifestantes, y comentaron que el proceso electoral es un retroceso nacional y “solo es una simulación la elección de jueces y magistrados”.

“Venezuela destituyó a sus jueces y así empezó la dictadura”, mostraron en una de sus pancartas.

“¡Por una justicia imparcial, no a la reforma judicial!” y “¡Justicia por elección es simulación!”, consignaron.

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El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó con la planeación de las elecciones locales en Durango y Veracruz de 2025 y, a petición de Morena, señaló que hará los ajustes correspondientes ante la concurrencia con la elección del Poder Judicial.

La Comisión Temporal para el seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2024-2025 aprobó los primeros acuerdos relacionados con esta elección, donde se elegirán 39 municipios en Durango y 212 en Veracruz que deberán ser avalados ante el Consejo General del INE.

Al respecto, el representante de Morena, Jaime Castañeda, pidió agregar a los acuerdos un punto adicional que prevea las modificaciones que deberán realizarse con base a la reforma al Poder Judicial, ya que esta plantea que los partidos políticos no pueden participar en la discusión, y choca con la organización del proceso electoral local.

“Esa restricción tiene un problema cuando existe concurrencia, como es el caso de esta comisión y este proceso. Quisiera hacer una reflexión para que quedara abierta la posibilidad en el programa de trabajo, sin violar la reserva constitucional de diferenciar los procesos donde las representaciones podemos participar y no podemos participar”, apuntó.

“En Veracruz y en Durango vamos a tener concurrencia de esa elección con esta (del Poder Judicial). Por ejemplo, la integración de la mesa directiva de casilla, pues esta configuración es para la elección normal. Pregunta: ¿esta será para la otra elección?”, cuestionó.

Sobre los materiales electorales, Castañeda añadió que “si va a haber capacitación, insaculación y una integración con estrategia de capacitación, pues todos estos documentos podrían tener una doble impresión. Entonces, de aquí a la aprobación de esto, debería haber una revisión”.

Como parte de los acuerdos, la comisión determinó “agregar las precisiones que correspondan al programa de trabajo y respetar la instrumentación del proceso electoral para el Poder Judicial concurrente con las entidades de Durango y Veracruz”.

La presidenta de la comisión, Norma de la Cruz, señaló que una vez que tengan los detalles de cómo será el proceso electivo del Poder Judicial, podrán realizar los ajustes necesarios.

La comisión aprobó el Plan de trabajo que contempla los objetivos generales y específicos de la comisión y el calendario de actividades mensual.

También avaló las convocatorias para que la ciudadanía participe como observadora electoral, en las que se establecen los requisitos, plazos e información general para la recepción de solicitudes, así como la posibilidad de observar el voto anticipado y prisión preventiva.

Otro acuerdo aprobado fueron los modelos de materiales didácticos y de apoyo para la integración de mesas directivas de casilla y la capacitación electoral, así como el modelo de guía para las y los observadores electorales, que incluyen la información básica para los ciudadanos sorteados; modelo de guía para observadores electorales; carta de notificación a la ciudadanía sorteada; la hoja de datos para la capacitación a funcionarios de casilla; nombramientos para funcionarios de casilla.

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La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, asistirá hoy a la Cámara de Diputados al séptimo foro sobre la reforma judicial, en donde esperan que ofrezca una proyección de cuánto le costaría a la autoridad electoral organizar la elección de jueces, magistrados y ministros en todo el país.

Sin embargo, confirmó que hasta ayer, ni el Consejo General ni las áreas técnicas del INE cuentan con un estudio oficial que dimensione en términos concretos cuánto implicaría esta elección que impulsa la reforma judicial al todavía no estar aprobada, se desconocen los alcances, tiempos y dimensiones que implicaría este ejercicio, para que la autoridad electoral pudiera ofrecer estimaciones certeras.

Lo que se prevé que exponga la presidenta del INE es el trabajo que implicaría organizar una elección de este nivel que de ser en un solo ejercicio y no escalonado, rebasaría incluso, la jornada electoral del 2 de junio que implicó la renovación de más de 20 mil cargos y que se consideró la más grande de la historia. Con lo que las y los diputados podrán dimensionar la complejidad de la propuesta.

El senador de Morena, Ricardo Monreal, había difundido una estimación de entre tres mil y tres mil 500 millones de pesos que adjudicó a un estudio de la autoridad electoral, pero que el propio INE desmintió.

En el foro de este lunes se busca ahondar concretamente en el tema más controversial de la reforma que es llevar a todos los juzgadores de este país a las urnas. Los temas a tratar serán: legitimidad democrática de jueces, magistrados y ministros; elegibilidad e idoneidad con garantía de profesionalismo e independencia en la postulación; proceso electoral: elección e impugnación de candidaturas; y mecanismos de ascenso y remoción de funciones.

Aunque el foro pretende aclarar todas las dudas sobre el proceso electoral, cómo sería la elección e incluso el mecanismo de impugnación que le corresponderá resolver al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se confirmó que la Sala Superior sigue sin ser considerada y ni su presidenta, Mónica Soto, ni ninguno de sus pares fue convocado a este evento donde son los únicos que podrían dar asesoría sobre el tema.

La única persona con experiencia electoral probada y vigente, será la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien explicará el proceso que se requiere para garantizar que esa elección para renovar al Poder Judicial cumpla con los estándares de certeza y legalidad que caracterizan al sistema electoral mexicano, los tiempos de organización, el personal que se requiere para capacitar, cuántas casillas deberían instalarse en el país y cuánto costaría todo esto.

Así como los tiempos de campaña que se les daría a cada juez, ministro o magistrados, cómo se fiscalizaría el manejo de los recursos públicos y cómo rendirían cuentas de lo que gasten en este proceso.

Mientras que en el proceso de impugnación y calificación de esa elección, no participará nadie del Tribunal Electoral. Sin embargo, está convocada nuevamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se confirmó la asistencia de los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Jorge Mario Pardo Rebolledo, y las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa.

Además de la ex fiscal de la Ciudad de México y próxima consejera jurídica de la Presidencia de la República en el siguiente sexenio, Ernestina Godoy.

Como expertos están convocados los abogados Jaime Fernando Cárdenas, Luis Enrique Pereda, Jaime Miguel Moreno, Eduardo Torres y Eduardo Andrade Sánchez, magistrado en retiro de Veracruz. Así como Mayerline Rueda Olivares, colaboradora del grupo parlamentario de Morena.

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Las multas a los partidos políticos por irregularidades en las campañas federales y locales pasaron de 1,565 millones de pesos a 1,087 millones de pesos, es decir, una reducción de 478 millones tras los cambios aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

El lunes, el Consejo General del INE aprobó por mayoría criterios para reducir la severidad en algunas sanciones contra partidos políticos, al considerar que aumentar las multas no inhibe estas conductas.

Tras realizar un nuevo cálculo, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) señala que los partidos políticos nacionales tendrán que pagar multas por 980 millones de pesos, cuando la cifra inicial ascendía a más de 1,400 millones.

En el caso de Morena, el partido más sancionado, tiene multa por un monto de 174 millones de pesos; el Partido Verde por 97.8 millones de pesos y el Partido del Trabajo, 91.3 millones de pesos.

Mientras que por la coalición Sigamos Haciendo Historia a nivel federal, la sanción asciende a 184 millones 329 mil pesos.

Por parte de la oposición, Movimiento Ciudadano es el partido con más multas, por 136.8 millones de pesos; sigue el PRI, con 83.9 millones; el PAN, 77.9 millones y el PRD, por 40.8 millones de pesos.

En los estados, los partidos políticos locales tuvieron sanciones por 105 millones 737 mil pesos; mientras que las candidaturas independientes serán multadas por un millón 180 mil pesos.

En cuanto a las faltas cometidas por los partidos políticos, la más recurrente fueron los egresos no reportados, que suman sanciones por 418 millones 945 mil pesos.

La propuesta inicial planteaba sancionar con un 150% del monto involucrado, pero el INE acordó reducirlo al 100% del monto involucrado.

Otras infracciones frecuentes fueron eventos registrados extemporáneamente, de manera posterior o el mismo día de su celebración, por 89.4 millones; egreso no comprobado por 42 millones y beneficio indebido entre candidaturas, por 35 millones de pesos.

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De acuerdo con una proyección preliminar del Instituto Nacional Electoral (INE), Morena, PT y PVEM se perfilan a alcanzar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, necesaria para aprobar las reformas constitucionales prioritarias de la 4T, con un total de 364 diputados. En el Senado se quedarían a dos escaños de lograrla.

Estas cifras incluyen el tope de 8% de sobrerrepresentación que establece la ley para un partido político por encima de la votación recibida.

En este caso, Morena hubiera excedido 8% con la asignación de legisladores por la vía plurinominal, por lo que se proyectó dentro de los límites establecidos.

De acuerdo con esta proyección del INE, que aún no es pública, la coalición Sigamos Haciendo Historia tendría 364 curules en la Cámara de Diputados. De estas, 236 serían para Morena; 77 para el PVEM y 51 para el PT.

De la coalición Fuerza y Corazón por México, el PAN tendría 72; PRI, 35 y PRD una de mayoría relativa. Movimiento Ciudadano (MC) sumaría 27 curules, y habría una para una candidatura independiente.

En el Senado no le alcanza

En el caso del Senado, la coalición oficialista no alcanzaría la mayoría calificada por dos escaños, ya que en conjunto obtiene 83 de los 85 que se necesitan.

Morena tendría 60 senadurías; PVEM, 14, y el PT, nueve.

Por parte de la oposición, el PAN sumaría 22 senadurías; el PRI, 16, y el PRD, dos, mientras que MC tendría cinco.

El PRD no tendría derecho a diputados ni senadores de representación proporcional debido a que se proyecta que no alcanzó 3% requerido en las votaciones para el Congreso de la Unión, por lo que queda fuera del reparto.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó el 5 de junio pasado un cálculo de la conformación del Congreso de la Unión con base en los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

La proyección presentada en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador daba también la mayoría calificada a Morena y aliados en la Cámara de Diputados, pero con una ventaja más amplia, según sus datos, de 372 curules.

En este escenario planteado por el gobierno, Morena tendría 247 diputaciones; el PVEM, 75, y el PT, 50.

Para el Senado de la República calcularon un total de 83 escaños para la coalición oficialista, con lo que no se reúne la mayoría calificada, necesaria para aprobar las reformas constitucionales que impulsan.

Sin embargo, estas cifras pueden variar como resultado de los juicios ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que deberán resolverse a más tardar el 3 de agosto en las Salas Regionales y el 19 de agosto en la Sala Superior, en caso de impugnarse.

El Consejo General del INE discutirá la asignación de diputaciones y senadurías de representación proporcional a más tardar el 23 de agosto.

Una vez que concluya la sesión del INE, los partidos políticos tendrán 48 horas para impugnar la distribución de los plurinominales ante la Sala Superior del TEPJF.

Posteriormente, el Tribunal Electoral tendrá hasta tres días antes del inicio de la legislatura, el próximo 1 de septiembre, para resolver esas impugnaciones.

Especialistas señalan los riesgos de que exista una sobrerrepresentación en el Congreso, aunque la ley prevé que ésta se aplica por partido, no por coaliciones, como es el caso del bloque de la 4T.

Sobre la sobrerrepresentación, el artículo 54 de la Constitución establece que si un partido excede 300 diputaciones por ambos principios o su porcentaje de curules es mayor a 8% de su votación nacional, le restarán el número de diputaciones de representación proporcional hasta ajustarse a los límites fijados.

En tanto, se asignarán las diputaciones excedentes a los demás partidos políticos que no se ubiquen en estos supuestos.

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