Este lunes, las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, del Senado, sesionarán para avalar los dictámenes relacionados con el Plan B de la Reforma Electoral, mismos que contemplan alrededor de cien cambios a la minuta aprobada por la Cámara de Diputados, por lo que se prevé que sea devuelta con correcciones a San Lázaro.

Las comisiones unidas proponen dar marcha atrás al planteamiento de los diputados que permitía la transferencia de votos entre los partidos coaligados, para lo cual, de acuerdo con la enmienda, “en ningún caso se podrá transferir o distribuir votación mediante convenio de coalición”.

El dictamen que se distribuyó entre los senadores la noche del pasado sábado, elimina la disposición de que los partidos políticos puedan utilizar “los remanentes de sus recursos públicos y privados para los fines que constitucionalmente les fueron otorgados en subsecuentes ejercicios fiscales, así como también podrán utilizarlos para la elección federal o local siguiente”.

Se anula también la “cláusula de vida eterna“, con la que se pretendía impedir la desaparición de partidos “satélites”, como el Verde y el PT, a pesar de no alcanzar el tres por ciento mínimo en las votaciones, siempre y cuando registraran ese porcentaje en la mitad más una de las entidades federativas.

En los dictámenes, que suman 801 cuartillas, también se incluye que el voto de los mexicanos residentes en el extranjero deberá realizarse exclusivamente vía internet, por lo que ya no podrá efectuarse por correo ordinario.

Las comisiones unidas de Gobernación, que preside la senadora Mónica Fernández Balboa, y de Estudios Legislativos, Segunda, que encabeza el senador Rafael Espino, sesionarán a partir del mediodía de este lunes, con la intención de aprobar los dictámenes y que sean presentados ante el pleno en la sesión del próximo martes.

Ya con las modificaciones propuestas, será devuelto a la Cámara de Diputados, que analizará si se “allana” y acepta las correcciones o vuelve a realizar cambios.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que la reforma electoral que prepara su gobierno tenga como objetivo restar autonomía al Instituto Nacional Electoral (INE) y sostuvo que, por el contrario, busca fortalecer la democracia electoral y participativa en el país.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la iniciativa aún se encuentra en elaboración junto con la Comisión para la Reforma Electoral y que se están afinando detalles para corregir deficiencias del sistema actual. Señaló que existen aspectos de la legislación vigente que funcionan adecuadamente y no serán modificados, aunque reconoció que áreas como la fiscalización de recursos deben mejorarse.

Sheinbaum afirmó que la propuesta no tiene un carácter autoritario ni busca concentrar el poder político en el partido gobernante. Subrayó que el objetivo central es fortalecer el régimen democrático y garantizar la participación ciudadana, rechazando las críticas que señalan que la reforma eliminaría el pluralismo o debilitaría a la oposición.

En ese sentido, indicó que la representación de las minorías estará garantizada y que la oposición mantendrá su voz y capacidad de incidir en los debates legislativos. Añadió que es falso que en México exista un régimen autoritario y aseguró que el país cuenta con libertades plenas, respeto a los derechos humanos y una democracia participativa en constante evolución.

La presidenta adelantó que la iniciativa podría estar lista a más tardar en la segunda semana de febrero y que incluirá mecanismos de consulta pública a distintos niveles de gobierno. Entre los principales ejes de la reforma, mencionó la reducción del costo de las elecciones y de los recursos destinados a partidos políticos, al INE y a los organismos públicos locales electorales, sin afectar su autonomía ni su operación.

Sheinbaum destacó que México tiene uno de los sistemas electorales más costosos del mundo y que una disminución razonable del gasto permitiría destinar recursos a otras prioridades nacionales. Asimismo, planteó modificar el esquema de representación proporcional para que las candidaturas no sean definidas por las cúpulas partidistas, sino por la ciudadanía.

Finalmente, la jefa del Ejecutivo señaló que la reforma impulsará la democracia participativa a nivel local, mediante consultas periódicas en municipios, y que también se analizará la reducción del número de regidores, al considerar excesivo el tamaño actual de algunos cabildos. Según dijo, todos estos cambios buscan consolidar un sistema electoral más eficiente, representativo y cercano a la ciudadanía.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que propondrá eliminar el fuero de diputadas, diputados, senadoras y senadores dentro de la reforma electoral que se presentará en febrero de 2026.

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles 1 de octubre en Palacio Nacional, la mandataria adelantó que llevará la propuesta ante la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. “No debe haber fuero, eso es del pasado. La presidenta no tiene fuero, pues tampoco los legisladores deben tenerlo”, afirmó.

Sheinbaum Pardo explicó que entregará por escrito su planteamiento y lo hará público. Agregó que será la Comisión la que defina el contenido final de la iniciativa y su alcance rumbo a las próximas elecciones federales.

La iniciativa forma parte de la discusión nacional en torno a la reforma electoral, que busca modificar diversos aspectos del sistema político. “La idea es que la Comisión decida con base en todas las propuestas que están recibiendo”, puntualizó la jefa del Ejecutivo federal.

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se levantará una encuesta para conocer la opinión ciudadana sobre temas clave de la reforma electoral, como la eliminación de la representación proporcional y el financiamiento público a los partidos políticos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum expresó su postura a favor de reducir el gasto electoral y eliminar las listas plurinominales. Reiteró que debe respetarse la autonomía del INE y mantener el padrón electoral bajo su resguardo.

La mandataria señaló que, según encuestas anteriores, la mayoría de la población rechaza el alto financiamiento a los partidos y la figura de los plurinominales. Por ello, propuso un proceso abierto que incluya foros públicos y consulta ciudadana.

Pablo Gómez, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, fue designado para construir los lineamientos de la reforma. La propuesta final se presentará al Congreso tras una etapa de diálogo y discusión legislativa.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la decisión de la SCJN de invalidar su Plan B de reforma electoral los convierte en un “supremo poder conservador” con una actitud política de protección de delincuentes de cuello blanco.

“Yo interpreto esto más que nada como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta que era los que dominaba en México. El gobierno estaba secuestrado, tomado por esa minoría. como ya no pueden dominar en el Ejecutivo, en el Legislativo esa minoría está encumbrando al Poder Judicial convirtiéndolo en un supremo poder conservador, ahí es donde se están queriendo refugiar los delincuentes de cuello blanco que tanto daño le han hecho al país”.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la VII Región Militar de esta ciudad, el presidente López Obrador dijo que no hará lo mismo que el expresidente Ernesto Zedillo (PRI), que hizo una reforma para renovar a la Corte.

“No, porque nosotros sí respetamos la división y el equilibrio de poderes algo que ellos no están cumpliendo. Está en una actitud de intromisión… Es como si el Poder Legislativo decidiera enjuiciar a jueces, magistrados y ministros corruptos, tendría que aclararse si hay facultades para eso, porque qué es eso que un poder intervenga en los procesos internos de otro”.

“Dirijan que son autónomos e independientes y si hay corrupción existe el CJF y no tiene que intervenir el Poder legislativo”

Aseguró que si tomará la misma decisión que Zedillo, que en la práctica desapareció a la Corte para renovarla con otros ministros, sus adversarios pondrían el grito en el cielo, porque así son los conservadores son muy hipócritas.

“Dirían: se trata de una dictadura, no, nosotros queremos hacer realidad una auténtica democracia que no había en nuestro país, hasta 2018, cuando el pueblo dijo basta”.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio el tiro de gracia a las reformas electorales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, denominadas plan B.

Con los votos en contra de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz, una mayoría califica de nueve ministros determinó invalidar la totalidad del plan B por violaciones graves en el proceso legislativo de aprobación.

“Resulta claro, evidente que se violó el principio de deliberación democrática porque no había manera de que los legisladores conocieran ni siquiera superficialmente el texto de lo que estaban votando”, señaló el ministro ponente Javier Laynez Potisek.

Dan "tiro de gracia" a plan B de reforma electoral

Al señalar que el decreto impugnado pasó por el mismo proceso legislativo que la primera parte de las reformas electorales analizadas, el ministro Juan Luis González Alcántara señaló que lo procedente es invalidar la segunda parte.

“Compartió los mismos vicios legislativos que este tribunal pleno ya declaró por mayoría calificada que tienen un potencial invalidante por su grave afectación al principio de democracia deliberativa, que debe regir todos los trabajos legislativos. Por lo tanto, por congruencia y también por convicción, debe pronunciarme a favor de la invalidez del decreto impugnado, por las violaciones al proceso legislativo”.

En contraste, la ministra Yasmín Esquivel Mossa consideró que invalidar la segunda parte del plan B de la reforma electoral solamente por vicios legislativos, resta credibilidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se enfoca cada vez más en este tipo de “exámenes superficiales”.

Al anunciar su voto en contra de anular más de 450 normas electorales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Esquivel Mossa afirmó que la misión del máximo tribunal del país va más allá de verificar si los legisladores cumplieron con su reglamento parar procesar una ley.

“Las ministras y ministros estamos llamados a revisar la regularidad constitucional de los contenidos del orden jurídico nacional porque esta función es la que efectivamente redunda en el equilibrio de los poderes de la unión”, sostuvo

Ante el pleno, la ministra señaló que erigirse como gestores de las buenas prácticas parlamentarias, es una aportación limitada para lo que la Constitución exige a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la de poner fin a los conflictos.

“Quedarnos en este tipo de exámenes superficiales, los cuales, por cierto, cada vez más frecuentes, me parece que nos resta credibilidad especialmente en esta materia, la electoral en la que los actores políticos y la ciudadanía esperan de la Suprema Corte una labor sustantiva, de mayor profundidad y no de un mero cotejo y palomeo de los formalismos procedimentales que acontecen en el deber cotidiano de los órganos legislativos, cuyos integrantes, como todos sabemos, tienen su propias dinámicas de trabajo”, arremetió.

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