La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, denunció que los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) han sido víctimas de amenazas, agresiones y de una falsa narrativa que fue impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, solo porque el Alto Tribunal recuperó su papel autónomo hace dos años.
En su segundo y último Informe de Labores, dijo que el gobierno federal enfocó su ataque contra el PJ, pero no propuso una reforma para las policías, para las fiscalías, para las comisiones de víctimas, para el sistema penitenciario que se encuentra actualmente en ruinas.
Aseguró que el punto de quiebre fue el tema de la Guardia Nacional (GN), ya que se intensificaron las amenazas y agresiones hacia los ministros del máximo tribunal de justicia, por invalidar el traslado de dicho cuerpo policiaco a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ante los Plenos de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), informe al que también asistieron la magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), además de César Yáñez, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), la ministra dedicó alrededor de 30, de los casi 40 minutos de su discurso, para denunciar diversos actos.
“Las coincidencias entre ataques y amenazas a la judicatura federal y sus integrantes, y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes cuando frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno se nos llamó ‘traidores al pueblo’, y abiertamente se nos acusó de no ser parte —como debería corresponder a cada juez— de un proyecto político dominante”, expresó.
En segundo lugar, se refirió al decreto presidencial a través del cual se intentaron clasificar como de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y las obras que el propio gobierno denominó prioritarios, tema discutido en mayo de 2023.
“Vale la pena recordar que el mismo día que la mayoría en el Pleno de la Corte votó por su invalidez, apenas unas horas más tarde, se publicó otro acuerdo reiterando el ‘escudo de seguridad nacional’, y con ello, los mecanismos contra la transparencia, información y participación para obras y megaproyectos del gobierno federal”, manifestó.
En tercer lugar, citó al denominado “Plan B”, cuando el 22 de junio de 2023 el Pleno, por mayoría de nueve votos, invalidó la segunda parte del paquete de reformas político electorales 2022-2023 por violaciones graves al procedimiento legislativo.
“Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, las y los ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco, e incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces y juezas constitucionales, de cara a la sociedad.
“En cambio, cuando la Corte resolvía casos de forma que se percibía favorable al gobierno, dichas resoluciones se celebraban públicamente y, en estas ocasiones, se llamaba traidores a la patria y al pueblo a quienes habían promovido medios constitucionales de defensa para controvertir políticas, iniciativas o proyectos gubernamentales. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando por no alcanzarse una mayoría calificada en el Pleno para declarar su invalidez en acciones de inconstitucionalidad, quedó vigente la reforma en materia de industria eléctrica”, enfatizó.
REFORMA JUDICIAL
Después, agregó, se impulsó la reforma judicial en 2024, y desde entonces se volvió una práctica generalizada violar abiertamente las suspensiones dictadas por los jueces federales en contravención directa de nuestra Constitución.
“Desestimar la autoridad del Poder Judicial Federal y de los jueces y magistrados en particular. También se volvió una práctica recurrente amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos”.
Piña Hernández admitió que se necesitaba una reforma, pero enfatizó que no se podía caer en la salida fácil.
“El contexto tan complejo que se vive en México no se lo merece, y mucho menos, sus consecuencias, insisto: hoy impredecibles. A mi juicio, ninguna falla justifica la eliminación, de tajo, de la carrera judicial; menos aún, el establecimiento de un sistema que, según la experiencia comparada, no solo no abona a la impartición de justicia, sino que la politiza.
“Por ello, siempre sostendré que la existencia de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente -ajeno a los vaivenes de la política- es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto trabajo nos ha costado construir”.
Antes de culminar el evento, la ministra Lenia Batres Guadarrama escribió en redes sociales que el informe de Piña Hernández, eran los “últimos manotazos de resistencia ante una reforma que les quita un poder que creían de su propiedad”.
Al informe acudieron los ex presidentes de la Corte, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y los ministros en retiro Fernando Franco González Salas, Eduardo Medina Mora y la ministra Margarita Luna Ramos.
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