A tan solo cinco días de las elecciones, el proceso electoral actual en México se ha caracterizado por una escalada de violencia nunca antes vista, duplicando los incidentes registrados durante los comicios de 2018.

Según el último informe de Integralia, desde el inicio del proceso electoral el 7 de septiembre de 2023 hasta el 28 de mayo de 2024, se han contabilizado 749 casos de violencia política a nivel nacional. Se estima que la cifra aumentará a 760 para el 2 de junio, día de las elecciones, casi duplicando los 382 casos registrados en el periodo 2017-2018.

Un Proceso Electoral Marcado por la Violencia

Armando Vargas Hernández, consultor senior de Integralia, subraya que "una de las huellas indelebles de este proceso electoral fue la violencia". De las 749 víctimas, 316 fueron aspirantes o candidatos, 131 políticos o expolíticos, 130 funcionarios o exfuncionarios, 133 daños colaterales y 39 familiares. Los actos de violencia incluyen 233 amenazas, 231 asesinatos, 159 atentados con armas de fuego, 21 desapariciones, 18 secuestros y 87 incidentes de otro tipo.

Los 231 asesinatos registrados incluyen 34 aspirantes, precandidatos o candidatos, cifra que supera los 24 registrados en el proceso 2017-2018. De estos, 88% de las víctimas aspiraban a cargos municipales, con 15 perteneciendo a Morena, seis al PRI, cuatro al PAN, tres al PVEM, dos a MC, uno al PRD, uno al PT, uno al partido Chiapas Unidos y uno al Partido Popular Chiapaneco.

El informe señala que Puebla, con 40 casos, es la entidad con más víctimas de violencia, seguida de Chiapas y Guerrero, cada una con 33 casos. Chiapas también lidera en asesinatos con ocho candidatos asesinados, seguido de Guerrero con seis y Michoacán con cuatro.

Morena es el partido con más agresiones a sus miembros, con 61 casos, seguido por el PRI con 58, el PAN con 43, Movimiento Ciudadano con 30, el PRD con 29, el PVEM con 20 y el PT con 13.

Impacto del Crimen Organizado

Vargas Hernández, doctor en Ciencia Política por la UNAM, detalla que el crimen organizado ha tenido una influencia significativa en este proceso electoral, afectando tanto la participación política como ciudadana. "El crimen organizado ha logrado que haya menos opciones en la boleta electoral, y en muchos lugares, quienes aspiran a gobernar en realidad terminarán siendo un vehículo para que el crimen organizado expanda su control territorial", afirmó.

El consultor adelantó que el 2 de junio "sin duda" habrá incidentes de violencia electoral, aunque no necesariamente dirigidos contra candidatos. Se espera intervención en casillas y movilización del voto por parte de actores criminales, especialmente en territorios específicos donde existen disputas entre grupos delictivos.

Vargas Hernández advierte que si México no aborda el problema de la violencia electoral de manera integral, el país podría enfrentar un escenario similar en 2030. Recomienda al Estado mexicano reconocer la magnitud del problema y combatir al crimen organizado no solo con fuerza, sino también desmantelando sus bases sociales, fuentes de financiamiento y sistemas de inteligencia.

El proceso electoral de 2024 ha dejado una marca indeleble en la historia política moderna de México, destacando la necesidad urgente de soluciones profundas y efectivas para garantizar la seguridad y la democracia en el país.

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Guerrero, Veracruz y Michoacán encabezan la lista de estados con mayor número de hechos violentos relacionados a la elección, en la que se han registrado un total de 26 asesinatos a aspirantes o candidaturas, reportó la organización Laboratorio Electoral.

En su segundo informe, con corte el 29 de marzo, advirtió que el número de asesinatos ya supera a los registrados en 2018 (24). Mientras que en 2021 se reportaron 30 asesinatos de candidaturas y aspirantes.

En total han sido asesinadas 50 personas durante este proceso electoral, de las cuales 26 eran aspirantes y 24 estaban relacionadas con el proceso electoral, aunque no buscan un cargo.

Morena concentra el mayor número de víctimas fatales con 15; sigue el PAN y PRI con siete cada uno; Movimiento Ciudadano, cinco; PRD, cuatro; PVEM, tres, y PT y PES, uno.

También ha documentado 106 agresiones, entre las que se contemplan amenazas, ataques y secuestros.

En Michoacán y Guerrero ha habido denuncias por parte de partidos políticos y funcionarios públicos, advirtiendo que no hay garantías para participar en procesos electorales locales.

El informe señala que en 2021, entre Michoacán, Estado de México y Chiapas se concentró el 73.33% de las casillas en las que se suspendió la votación o el escrutinio debido a la violencia. En esas elecciones en total se suspendió la votación o el escrutinio en 75 casillas por no haber condiciones para celebrar la elección.

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Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal, presentó el informe de candidatos asesinados  durante el proceso electoral en curso.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria presentó el informe de homicidios relacionados con violencia política.

La secretaria de Seguridad dio a conocer que, a la fecha, 15 personas involucradas en actividades electorales han sido asesinadas, de las cuales 2 ya contaban con registro como candidatos, 5 como precandidatos y 8 más como aspirantes a algún cargo.

"Estamos en la atención de este proceso, el más grande de la historia, más de 20 mil puestos de elección que están en juego para el 2 de junio, son alrededor de 70 mil candidatos que están en el proceso electoral y continúan todavía las inscripciones", comentó la funcionaria.

Sobre los candidatos, dijo que 2 ya "están registrados ante los Oples, los organismos electorales de los estados". Mientras que las 5 personas asesinadas ya "ya contaban con registro oficial ante partidos políticos aunque no estuviera registrados en organismos electorales".

Además, precisó que hay otros "8 homicidios de personas aspirantes, quienes aun no contaban con registro oficial ante partidos, instituciones electorales pero habían sido mencionados para un cargo o en algún momento manifestaron su deseo de competir".

La funcionaria federal también señaló que cuenta con un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) para la protección de candidatos.   

“Hasta el 1 de abril contamos con 108 solicitudes de protección, 86 de las cuales han sido atendidas, 10 fueron declinadas y 12 se encuentran en análisis de riesgo", detalló la funcionaria.

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Con una ceremonia de honores a la bandera, el Instituto Nacional Electoral (INE) da inicio al proceso electoral federal 2023-2024.

En el acto inaugural están presentes 10 consejerías del INE, así como los dirigentes de Morena, Mario Delgado; del PRI, Alejandro Moreno y del PRD, Jesús Zambrano.

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Los servidores públicos deberán abstenerse de participar en los procesos internos de los partidos políticos que se desarrollan en estos momentos en el país, sin importar el nombre que se haya asignado a los mismos.

Así lo establece la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en sesión pública del pasado miércoles 19 de julio, que fue notificada al Instituto Nacional Electoral (INE) la noche del viernes, a las 22:30 horas.

En dicha sentencia se determinó que, en cinco días a partir de la notificación de la resolución, el Instituto Nacional Electoral deberá emitir los lineamientos generales necesarios para prevenir, “de forma amplia y completa”, una posible vulneración a la equidad del proceso electoral federal 2023-2024 con motivo de la convocatoria y el proceso del Frente Amplio por México, así como cualquier otro con una finalidad similar.

Según la sentencia del Tribunal, el INE deberá contabilizar y fiscalizar toda la propaganda que se ha colocado en espectaculares, transporte público y bardas desde que iniciaron las giras de aspirantes a la presidencia de la República, tanto del bloque de Morena y sus aliados, como del frente del PRI-PAN-PRD, y definir si autorizará el uso de ese tipo de anuncios.

Los lineamientos deberán establecer que dicha propaganda no puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público y que en dichas giras no podrán participar las personas servidoras públicas “en cualquier medida que pudiera implicar una vulneración a la equidad de la contienda”.

En la sesión del 19 de julio, en que se desechó el proyecto de sentencia de la magistrada Janine Otálora que planteaba suspender todo acto propagandístico de los actores políticos que actualmente están realizando eventos masivos por todo el país, fue aprobada, por el contrario, la propuesta del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón para que, en vez de detener los actos, se les regule.

El engrose de la sentencia fue publicado la noche de este viernes en el portal de internet del TEPJF.

El documento detalla que dichas giras podrán ser financiadas tanto por los recursos ordinarios de los partidos políticos, como por fuentes privadas y tendrán que ser fiscalizadas por el INE desde su arranque hasta que inicie las convocatorias señalen el final del proceso interno de cada partido.

“El periodo por fiscalizar corresponderá, según cada caso, a la temporalidad que los partidos políticos u organizadores de los procesos señalen en las convocatorias respectivas. El informe expedito y preventivo deberá considerar todo lo gastado desde el inicio del proceso hasta su conclusión”, dice la sentencia.

Además, el Consejo General del INE deberá definir si espectaculares, transporte público y bardas se podrán permitir durante el periodo actual, previo al inicio del proceso electoral; de lo contrario, podrá ordenar el retiro inmediato de los mismos.

Dichos lineamientos consisten en que el INE deberá definir qué tipo de propaganda está permitida conforme a la naturaleza de los procesos regulados por los lineamientos y que “en particular, deberá valorar la permanencia o retiro de la propaganda masiva en espectaculares, vehículos de transporte público y pintas de bardas”.

Para ello, el TEPJF ordenó a la autoridad administrativa electoral certificar la propaganda en espectaculares, vehículos del transporte público (como pueden ser las llamadas pegatinas, entre otras) y en la pinta de bardas en que aparezcan las personas participantes de los procesos partidistas en curso, y en su caso, garantizar el retiro inmediato de la propaganda que, en consideración del Consejo General del INE, sea contraria a la naturaleza de estos procesos partidistas.

Giras no deben ser actos de precampaña

Los lineamientos deberán ser aplicables a todos aquellos procesos y/o actividades cuya posible finalidad sea establecer una estrategia, posicionar y/o definir a las personas aspirantes a alguna precandidatura de cara al proceso electoral federal 2023-2024, con independencia de la denominación específica que se dé a estos procesos o actividades por parte de los partidos, organizaciones ciudadanas y/o las personas que los organicen o participen en ellos.

Para ello, se deberán definir los parámetros necesarios para identificar este tipo de procesos y/o actividades de posicionamiento, así como los protocolos y herramientas a través de los cuales sus organizadores y las personas participantes reportarán sus actividades y la autoridad electoral dará seguimiento a las mismas.

La sentencia aclara que los lineamientos “de ningún modo habilitarán a los partidos, organizaciones ciudadanas, personas participantes y/o a sus simpatizantes para realizar actos que, en términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de los precedentes y la jurisprudencia del Tribunal Electoral, impliquen actos anticipados de precampaña o campaña”.

Ante ello, “todos los actos que pudieran implicar un llamado expreso o inequívoco a votar a favor o en contra de una persona para una precandidatura o candidatura a un cargo de elección popular siguen estando prohibidos y deberán investigarse, incluso de oficio, y sancionarse en los términos de la ley”.

El Tribunal también aclaró que las prerrogativas de radio y televisión disponibles para los partidos políticos durante el periodo ordinario, es decir, aquel fuera de la precampaña y la campaña, “solamente pueden utilizarse para la difusión de mensajes genéricos y no pueden utilizarse para la sobreexposición de persona alguna.

Por lo tanto, “no se podrá utilizar el pautado asignado a los partidos para la difusión de los procedimientos y/o actividades reguladas por los lineamientos, ni para el posicionamiento de las personas que participan en ellos” y tampoco se podrá contratar o adquirir tiempos de radio y televisión por parte de cualquier persona para darles cualquier tipo de difusión.

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El presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo, fue considerado como "miserable y ruin", al haber subido a su red social un spot sobre las vacunas contra el Covid-19, en el que presume que el gobierno de la cuarta transformación aplicará el biológico en forma universal, y su partido pondrá la mitad de su presupuesto para la compra del antídoto.

"Nosotros vamos a presentar una queja, ante el INE, por el spot que sacó Mario Delgado en su cuenta, en el sentido de estar utilizando el tema de la vacuna como una cuestión electoral; eso es algo miserable y ruin".

La adquisición, distribución y aplicación de la vacuna "es un ejercicio del gobierno, no de los partidos políticos", indicó Ángel Ávila, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), donde ingresará la queja correspondiente este lunes o martes próximos.

Por lo demás, el gobierno federal despliega una campaña de difusión sin vacunas, como lo muestra que "han llegado 43 mil piezas y lo plantean como si ya hubieran inmunizado a la población".

En @PartidoMorenaMx estamos comprometidos con la salud de las y los mexicanos.

Vamos a donar la mitad de nuestras prerrogativas de 2021 para ayudar al gobierno en la aplicación de la #VacunaUniversalYGratuita pic.twitter.com/ACVeqJwhf8

— Mario Delgado (@mario_delgado) December 25, 2020