La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que Rubén Rocha Moya permanece en Sinaloa y calificó como “propaganda política” los rumores sobre una supuesta fuga del mandatario estatal.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que existe una campaña de desinformación en torno al caso, luego de que Estados Unidos solicitara la detención y extradición de Rocha y otras nueve personas por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La mandataria sostuvo que el gobierno mexicano no puede proceder únicamente con señalamientos y reiteró que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó pruebas formales a las autoridades estadounidenses.

Sheinbaum explicó que la dependencia consultó a la Fiscalía General de la República y, hasta el momento, no existen elementos suficientes para ejecutar las solicitudes de extradición.

Entre las personas señaladas por el gobierno estadounidense también se encuentra el senador morenista Enrique Inzunza, además de otros ocho ciudadanos mexicanos.

La presidenta insistió en que el caso debe manejarse dentro del marco jurídico y con respeto a la soberanía nacional, evitando decisiones basadas únicamente en presiones políticas o mediáticas.

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Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue detenido en Estados Unidos, confirmó una fuente del Departamento de Justicia (DOJ) a El Universal.

Mérida Sánchez fue detenido el 11 de mayo de 2026; en este momento está en "tránsito" rumbo al Distrito Sur de Nueva York, custodiado por los US Marshalls Service, indicó la fuente. Su expediente registrado en Arizona es el S9 23 Cr. 180, pero va a quedar radicado en NY.

La semana pasada, un juez federal en Michoacán le había concedido un amparo para frenar su detención y eventual extradición a Estados Unidos.

¿De qué acusan al exsecretario de Seguridad de Rocha Moya?

Mérida Sánchez es uno de los imputados en la acusación formal emitida por la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico y otros cargos, en la que aparecen el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios.

Según la acusación, Mérida Sánchez, quien fue secretario de Seguridad Pública de Rocha Moya, "los acusados, todos los cuales son funcionarios o exfuncionarios del gobierno o de las fuerzas del orden en Sinaloa, han participado en esta conspiración con el Cártel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia los Estados Unidos".

"En o alrededor de 2023 y 2024, GERARDO MERIDA SANCHEZ, el acusado... aceptó más de $100 mil dólares estadounidenses en sobornos mensuales en efectivo de Los Chapitos", indica la acusación.

Añade que "como Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, SANCHEZ recibió sobornos de Los Chapitos y, a cambio, les proporcionó, entre otras cosas, avisos anticipados de redadas de las fuerzas del orden en laboratorios de drogas".

Especifica que "en o alrededor de 2023, por ejemplo, SANCHEZ advirtió a Los Chapitos con anticipación sobre al menos 10 redadas en laboratorios de drogas, permitiendo que Los Chapitos evacuaran al personal y las drogas de los laboratorios antes de que la policía pudiera confiscar los materiales o arrestar a los miembros de Los Chapitos".

Según la acusación, "SANCHEZ no interfirió con las operaciones de tráfico de drogas de Los Chapitos, incluyendo el no arrestar a sus miembros, y dio a Los Chapitos avisos anticipados de próximas operaciones de las fuerzas del orden".

Además, "funcionarios corruptos de las fuerzas del orden en Sinaloa, incluyendo a... SANCHEZ... han dado a Los Chapitos... acceso a información sobre investigaciones en curso y búsquedas y confiscaciones planificadas por el ejército o la armada mexicana en laboratorios de drogas y casas de seguridad".

Según la acusación, "como resultado de cometer el delito de sustancias controladas... GERARDO MERIDA SANCHEZ... los acusados, deberán perder ante los Estados Unidos... cualquier propiedad que constituya, o se derive de, cualquier ganancia que los acusados hayan obtenido".

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México solicitó a Estados Unidos extradiciones en casos como Ayotzinapa y el huachicol fiscal, sin embargo la respuesta ha sido: necesitamos pruebas. Así lo reveló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien recordó que en el caso Ayotzinapa hizo la petición personal al Departamento de Estado de Estados Unidos.

“Hay muchísimos casos donde nosotros hemos pedido la detención de personas en Estados Unidos que tienen abiertas investigaciones en México y Estados Unidos nos ha dicho: en el marco de nuestras leyes, necesitamos pruebas.”

“Les voy a dar un caso, el caso que pedí personalmente al Departamento de Estado, el caso Ayotzinapa de dos personas y hay otros casos, ellos saben y nosotros sabemos que todo tiene que ser en el marco de respeto en las leyes de ellos y las leyes de nosotros, nosotros estamos pidiendo que se extraditen, por ejemplo a dos personas que tienen doble nacionalidad vinculadas con el huachicol fiscal y que son muy importantes en la investigación”, sostuvo en la Mañanera de este 13 de mayo.

Las declaraciones se dan en un contexto en el que Estados Unidos pidió la extradición de 10 mexicanos, entre ellos el hoy Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

FGR dará avances en caso de Chihuahua

Después de que se reveló que uno de los agentes de la CIA en Chihuahua estuvo armado y el deslinde de la gobernadora Maru Campos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que es que es una falta la Ley de Seguridad Nacional y de la Constitución. En la conferencia en Palacio Nacional, dijo que aunque la Fiscalía de Chihuahua tiene una investigación sobre el caso, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene el caso.

"En términos de opinión y de visión como presidenta es que es una falta la Ley de Seguridad Nacional, de la Constitución ¿Quién va a determinar quién tuvo esa falta? La Fiscalía General de la República", acotó.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como “absolutamente falso” que agentes de la CIA operen en territorio mexicano fuera del marco legal.

Durante su conferencia matutina, la mandataria respondió a publicaciones de CNN y The New York Times, además de declaraciones del titular de la Drug Enforcement Administration (DEA), Terry Cole, sobre presuntas investigaciones contra políticos mexicanos vinculados al narcotráfico.

Sheinbaum afirmó que únicamente existen funcionarios estadounidenses acreditados conforme a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, y aseguró que incluso la propia CIA desmintió dichas versiones.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el gobierno de Estados Unidos todavía no ha enviado las pruebas que sustenten la solicitud de detención presentada contra Rubén Rocha Moya y otras nueve personas señaladas por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular de la SRE, Roberto Velasco, explicó que México ya envió una nota diplomática solicitando información adicional y que hasta el momento no existe respuesta oficial por parte de las autoridades estadounidenses.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el gobierno mexicano no actuará sin pruebas suficientes y subrayó que la postura será la misma sin importar el partido político de las personas involucradas.

“Nosotros no cubrimos a nadie, pero tampoco podemos actuar fuera del marco constitucional y jurídico de nuestro país”, afirmó la mandataria.

Sheinbaum también señaló que no tiene conocimiento de investigaciones abiertas en Estados Unidos contra el expresidente Felipe Calderón o el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, aunque aclaró que en cualquier caso México exigiría evidencias antes de proceder legalmente.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que durante las operaciones federales realizadas en Sinaloa no se detectó ninguna conducta ilícita atribuible a Rocha Moya.

Harfuch destacó que el gabinete de seguridad ha logrado detenciones de objetivos prioritarios y extraditables en la entidad sin obstáculos por parte del gobierno estatal.

Durante la misma conferencia, Sheinbaum presentó encuestas de aprobación donde su administración registra un 72 por ciento de respaldo ciudadano, además de un sondeo en Sinaloa que coloca a Morena con 45 por ciento de preferencia electoral rumbo a futuras elecciones legislativas.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que el gobierno de Estados Unidos reconociera en su nueva Estrategia Nacional para el Control de Drogas la necesidad de atender el consumo de estupefacientes como un problema de salud pública y frenar el tráfico de armas hacia México.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria señaló que el documento firmado por el presidente Donald Trump refleja parte del diálogo bilateral sostenido entre ambos países en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

Sheinbaum subrayó que la estrategia estadounidense contempla campañas de prevención, atención en escuelas y programas de salud pública para enfrentar el consumo de drogas, un enfoque que consideró similar al aplicado actualmente en México.

También resaltó que Washington reconociera la importancia de disminuir el flujo de armas provenientes de Estados Unidos hacia organizaciones criminales en territorio mexicano, un tema que —dijo— ha sido impulsado por México desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, Roberto Velasco explicó que la estrategia fue elaborada por la Oficina Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca y contempla acciones de cooperación con México, incluyendo el combate a precursores químicos y el fortalecimiento institucional.

Velasco afirmó que el documento retoma principios como la responsabilidad compartida, el respeto a la soberanía y la cooperación sin subordinación entre ambos países.

En tanto, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, aseguró que por primera vez el gobierno estadounidense reconoce abiertamente que enfrenta una crisis de salud pública relacionada con el consumo de drogas.

De acuerdo con cifras presentadas por funcionarios mexicanos, la estrategia estadounidense reporta que 73.6 millones de personas consumieron drogas ilícitas en el último año en Estados Unidos, mientras que en México la cifra alcanza 3.8 millones de personas, equivalente al 2.7 por ciento de la población.

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