La presidenta Claudia Sheinbaum pidió revisar y sanear el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) rumbo a las elecciones de 2027, tras señalamientos sobre presuntas irregularidades en contratos y sobreprecios durante administraciones anteriores.

La mandataria cuestionó la gestión de exfuncionarios electorales, entre ellos Lorenzo Córdova, al considerar que pudieron existir prácticas administrativas que favorecieron negocios particulares mediante contratos con proveedores.

Durante sus declaraciones, Sheinbaum sostuvo que el INE debe garantizar elecciones limpias, transparencia en el manejo de recursos y austeridad, además de cumplir con su responsabilidad de proteger la voluntad ciudadana.

También mencionó a Edmundo Jacobo Molina, quien ocupó durante varios años la Secretaría Ejecutiva del instituto, y cuestionó la supervisión de los procedimientos administrativos durante su gestión.

La presidenta señaló que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación y a la Fiscalía General de la República investigar los posibles actos irregulares y determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.

Finalmente, Sheinbaum consideró que las autoridades actuales del INE deben revisar sus gastos y procesos internos antes de los comicios de 2027. Los señalamientos contra exfuncionarios no constituyen, por sí mismos, una determinación de responsabilidad.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que las elecciones de 2027 se realizarán conforme a lo previsto, pese a los cuestionamientos surgidos tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE). La mandataria rechazó que la situación comprometa la organización de los comicios y advirtió que quienes ponen en duda su realización “se van a morder la lengua”.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum insistió en la necesidad de realizar una auditoría para esclarecer presuntos conflictos de interés e irregularidades en la contratación de materiales electorales. Señaló que cualquier posible responsabilidad penal deberá determinarse mediante las investigaciones correspondientes, antes de considerar medidas judiciales contra los funcionarios involucrados.

La presidenta también cuestionó la concentración de contratos para la fabricación de materiales electorales en un reducido número de empresas, situación que, según afirmó, se mantiene desde hace décadas y se extiende a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). En ese contexto, señaló que las prácticas deben revisarse y atribuyó parte de su continuidad a decisiones tomadas durante anteriores administraciones del INE, incluida la encabezada por Lorenzo Córdova.

Como parte de las medidas propuestas, Sheinbaum planteó fortalecer a Talleres Gráficos de México para ampliar su participación en la producción de documentación y materiales electorales, así como establecer un consejo de administración más abierto, con posible representación de universidades. También sugirió revisar los procedimientos de contratación, ampliar la competencia entre proveedores y aprovechar materiales reutilizables, como casillas y mamparas, para reducir costos.

Finalmente, la mandataria sostuvo que corresponde al Congreso de la Unión evaluar posibles modificaciones a la legislación electoral y participar en el proceso de designación de la nueva presidencia del INE. Reiteró que las contrataciones deben transparentarse y que las investigaciones sobre posibles irregularidades no deben confundirse con la capacidad institucional para organizar las elecciones de 2027.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como una buena decisión la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), aunque advirtió que su salida no debe poner fin a las investigaciones sobre posibles conflictos de interés y presuntas irregularidades administrativas dentro del organismo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal sostuvo que es necesario realizar una auditoría para esclarecer los señalamientos relacionados con el manejo de recursos públicos, posibles abusos y privilegios durante la gestión de Taddei.

“Se tiene que hacer una investigación, tiene que haber una auditoría para ver las sospechas, abusos o privilegios”, expresó Sheinbaum, al señalar que cualquier irregularidad deberá ser investigada por las autoridades correspondientes.

La presidenta también descartó que la salida de Taddei, en medio de un proceso electoral iniciado en septiembre, represente un riesgo para la democracia mexicana. Explicó que existe un procedimiento legal mediante el cual la Cámara de Diputados deberá llevar a cabo la designación de quien ocupe la presidencia del organismo electoral.

Sheinbaum insistió en que las instituciones deben mantenerse libres de sospechas de corrupción y reiteró que las investigaciones deberán centrarse en posibles conflictos de interés y en el uso de recursos públicos.

No obstante, rechazó las críticas dirigidas a la vida personal de Guadalupe Taddei y cuestionó los comentarios que calificó como ataques machistas difundidos durante el fin de semana en redes sociales.

La mandataria señaló que los posibles actos irregulares deben investigarse, pero consideró inaceptable utilizar la situación para promover burlas o agresiones personales contra una mujer.

“Si hay un mal manejo de recursos que se investigue, pero esta burla de una mujer no está bien”, manifestó.

En relación con el presupuesto del INE para 2027, Sheinbaum indicó que corresponderá a la Cámara de Diputados revisar y, en su caso, ajustar los recursos solicitados por el organismo electoral.

Finalmente, consideró que el presupuesto propuesto resulta excesivo y planteó que podría tomarse como referencia el gasto ejercido durante 2024, actualizado conforme a la inflación, para evitar incrementos que considere injustificados.

La renuncia fue anunciada por Taddei el 25 de octubre, con la intención de formalizarla ante la Cámara de Diputados el día 26. La información fue confirmada mediante un comunicado del propio INE. 

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que la reforma electoral que prepara su gobierno tenga como objetivo restar autonomía al Instituto Nacional Electoral (INE) y sostuvo que, por el contrario, busca fortalecer la democracia electoral y participativa en el país.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la iniciativa aún se encuentra en elaboración junto con la Comisión para la Reforma Electoral y que se están afinando detalles para corregir deficiencias del sistema actual. Señaló que existen aspectos de la legislación vigente que funcionan adecuadamente y no serán modificados, aunque reconoció que áreas como la fiscalización de recursos deben mejorarse.

Sheinbaum afirmó que la propuesta no tiene un carácter autoritario ni busca concentrar el poder político en el partido gobernante. Subrayó que el objetivo central es fortalecer el régimen democrático y garantizar la participación ciudadana, rechazando las críticas que señalan que la reforma eliminaría el pluralismo o debilitaría a la oposición.

En ese sentido, indicó que la representación de las minorías estará garantizada y que la oposición mantendrá su voz y capacidad de incidir en los debates legislativos. Añadió que es falso que en México exista un régimen autoritario y aseguró que el país cuenta con libertades plenas, respeto a los derechos humanos y una democracia participativa en constante evolución.

La presidenta adelantó que la iniciativa podría estar lista a más tardar en la segunda semana de febrero y que incluirá mecanismos de consulta pública a distintos niveles de gobierno. Entre los principales ejes de la reforma, mencionó la reducción del costo de las elecciones y de los recursos destinados a partidos políticos, al INE y a los organismos públicos locales electorales, sin afectar su autonomía ni su operación.

Sheinbaum destacó que México tiene uno de los sistemas electorales más costosos del mundo y que una disminución razonable del gasto permitiría destinar recursos a otras prioridades nacionales. Asimismo, planteó modificar el esquema de representación proporcional para que las candidaturas no sean definidas por las cúpulas partidistas, sino por la ciudadanía.

Finalmente, la jefa del Ejecutivo señaló que la reforma impulsará la democracia participativa a nivel local, mediante consultas periódicas en municipios, y que también se analizará la reducción del número de regidores, al considerar excesivo el tamaño actual de algunos cabildos. Según dijo, todos estos cambios buscan consolidar un sistema electoral más eficiente, representativo y cercano a la ciudadanía.

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La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, consideró que una eventual reforma electoral que contemple la elección de consejerías por voto popular representaría un “camino escabroso” para la designación de quienes integren el órgano autónomo.

Durante una conferencia de prensa, Taddei dijo que, antes de emitir una postura definitiva, es necesario conocer el contenido específico de la reforma que será presentada ante el Congreso. Subrayó que el INE está dispuesto a participar y colaborar en la construcción de los cambios que se propongan.

La consejera presidenta añadió que hay distintas versiones sobre el alcance de la reforma: algunas voces prevén cambios profundos, mientras que otras esperan una actualización limitada tras 11 años sin modificaciones sustanciales al marco legal electoral.

Respecto a las recientes renuncias en tres áreas directivas del INE, Taddei aclaró que no solicitó dichas salidas, y las atribuyó a decisiones personales tomadas luego de un proceso electoral particularmente intenso.

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El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sanciones por un total de 31 millones 983 mil 167 pesos contra partidos políticos nacionales y locales, debido a adeudos fiscales acumulados entre 2015 y 2022.

Durante la sesión de este miércoles, se informó que el Partido del Trabajo (PT) fue el más sancionado, con una multa superior a los 13.3 millones de pesos. Le siguieron el PRI con 12 millones, el PAN con poco más de 4 millones y el PVEM con 283 mil pesos.

Morena recibió la sanción más baja, por apenas 2 mil 74 pesos, mientras que Movimiento Ciudadano y el desaparecido PRD fueron multados con 11 mil y 6 mil pesos, respectivamente.

Del monto total, 29.7 millones corresponden a sanciones impuestas a partidos de representación nacional, mientras que los partidos locales deberán cubrir 2.2 millones de pesos en conjunto.

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