La periodista se presentó en ''La mañanera'' del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues temía por su vida.
Este no es el primer ataque que recibía, pues tiempo atrás arrojaron piedras hacia su domicilio.
A cuatro años de los asesinatos de los periodistas Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado López, el gremio periodístico de Baja California condena la impunidad y opacidad con las que se han conducido las autoridades de procuración de justicia, al no haber procesado a los autores intelectuales de ambos crímenes.
Ante la falta de actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llegar a los autores intelectuales, el gremio periodístico realizó una vigilia a las afueras de la Fiscalía en Tijuana para expresar que, aunque desde 2022 existen carpetas de investigación que permitieron la condena de los autores materiales en ambos crímenes, la negativa de la fiscalía para continuar con la investigación evidencia la simulación con la que ofrecen una justicia a medias, sin llegar al motivo real de los asesinatos de los colegas.
El gremio periodístico exige a las autoridades que se continúen las investigaciones del homicidio del periodista Francisco Ortiz Franco, asesinado el 22 de junio de 2004, cuya carpeta de investigación fue turnada a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General del Estado, donde continúa en el mismo estatus de abandono.
¨Hoy cualquiera puede ordenar y pagar el asesinato de un periodista de Baja California¨, expresó el periodista Alberto Elenes, quien en nombre del gremio exigió a la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, que actúe de verdad y no se esconda detrás del discurso para llegar a las personas que ordenaron dichos asesinatos.
Por su parte, Miguel Ángel Gaxiola, fiscal en delitos contra la vida de la FGE en Baja California, se presentó en la manifestación y dijo que por parte de la fiscalía extienden su apoyo para coadyuvar y analizar lo que falta como institución. Señaló que continúan trabajando y que se debe realizar un análisis profundo para poder llegar a los autores intelectuales. Actualmente, hay dos líneas de investigación en el caso de Lourdes Maldonado y solo una línea en el de Margarito Martínez.
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La Fiscalía General del Estado (FGE) informa que continúan activas las investigaciones relacionadas con los homicidios de los periodistas Margarito Martínez Esquivel y María Lourdes Maldonado López, registrados en el año 2022 en la ciudad de Tijuana.more
Las carpetas de investigación permanecen vigentes y, como resultado del trabajo ministerial, hasta el momento se cuenta con cinco personas sentenciadas y un imputado en etapa de apertura a juicio oral, lo que refleja avances significativos en el esclarecimiento de ambos casos.
La Fiscal General del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, ha instruido al personal ministerial a continuar con las diligencias necesarias para lograr la detención de más posibles implicados en estos crímenes cometidos en agravio del gremio periodístico.
En este caso se obtuvieron sentencias condenatorias en contra de tres personas:
Por este homicidio se cuenta con tres personas detenidas. Dos de ellas, Manuel Ramos y/o Adrián Nicolás Ramos, alias “El Uber”, y José Heriberto Ochoa Díaz, alias “El Huesos”, fueron condenados a 25 años de prisión.
En cuanto al imputado Christian Adán Velázquez José, alias “El Cabo 16” y/o “Jaguar”, se dictó auto de apertura a juicio oral y en espera del desahogo del mismo.
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María Elena Frausto, viuda del fotoperiodista Margarito Martínez, asesinado el 17 de enero de hace cuatro años, expresó su profunda tristeza y frustración por la falta de respuestas de las autoridades hasta el momento.
Afirmó que los años han sido muy difíciles y que desde hace un año no recibe ninguna información sobre el avance de la investigación del crimen de su esposo.
Frausto señaló que no ha recibido ninguna reparación del daño y que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue sin tener detalles sobre las causas del asesinato. Además, solicitó a la Fiscalía General del Estado una cita para dialogar sobre su situación y alguna otra autoridad, ya que su vivienda se encuentra en una zona de riesgo que podría poner en peligro su integridad. La viuda también recordó que fue desplazada de su ciudad debido a cuestiones de inseguridad tras el asesinato de Margarito.
“A causa de todo eso y no hemos sabido, hay dos personas sentenciadas, quedó una pendiente, según dijo el fiscal Carpio, que había más personas involucradas que no están en la carpeta de investigación”, lamentó.
Frausto también expresó su preocupación por la falta de información sobre el autor intelectual del crimen y sobre la persona con quien Margarito tuvo un altercado previo a su muerte. Sin embargo, confía en que pronto las autoridades proporcionarán respuestas.
A cuatro años del asesinato, la viuda de Margarito aseguró que, a pesar de que él laboraba en alrededor de ocho medios de comunicación, ninguno le ha brindado apoyo económico. Lamentó que su esposo haya trabajado en una situación de riesgo, con un salario insuficiente, y que su vida haya sido arrebatada en esas condiciones. “Tanto esfuerzo no valió la pena”, expresó.
Aunque no ha recibido amenazas, sí mencionó que la Guardia Nacional realiza rondines en su vivienda como parte de la protección que le brindan. Sin embargo, espera que pronto se haga justicia y que pueda regresar a su ciudad sin temor.
Finalmente, María Elena Frausto concluyó con una reflexión: “Si no hay justicia en la tierra, que sea la de Dios”.
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La titular de la Secretaría de Honestidad Pública, Gabriela Monje Pérez, anunció que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) emitió una resolución que sanciona por un período de tres años a Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California, para ocupar cargos públicos.
Monje Pérez explicó que ayer fueron notificados oficialmente de esta resolución, la cual implica una sanción grave. La funcionaria recordó que este asunto se inició desde el inicio de la actual administración, en relación con una denuncia por un contrato con la empresa Next Energy, cuyo objetivo era construir una planta de energía fotovoltaica sin contar con los permisos necesarios.
Asimismo, la funcionaria estatal informó que exservidores públicos, tanto del sector salud como del educativo, vinculados a la anterior administración, también han sido vinculados a proceso por el delito de uso ilícito de facultades y atribuciones.
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La jueza de control interina de Campeche, Ana Maribel de Atocha Huitz May, impuso nuevas medidas cautelares contra el periodista Jorge González Valdez, prohibiéndole opinar o publicar información sobre la gobernadora Layda Sansores. Además, ordenó que cada contenido relacionado con la mandataria estatal, emitido por él o el diario Tribuna, sea supervisado previamente por un interventor judicial.
De acuerdo con el medio, la resolución también establece que González Valdez deberá estar acompañado por un “censor oficial” cuando participe en programas mediáticos, mientras que la Unidad de Medidas Cautelares vigilará su cumplimiento. Ante esto, Tribuna anunció que suspenderá la cobertura relacionada con la gobernadora hasta que se revoque lo que consideran una “ley mordaza”.
Estas nuevas restricciones contrastan con un fallo reciente del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, que había revocado las medidas anteriores impuestas contra el periodista. Entre ellas, se encontraba la suspensión de su actividad periodística por dos años y la baja de la plataforma digital del medio, sanciones que fueron calificadas como desproporcionadas e inconstitucionales.
El proceso judicial se originó por una denuncia presentada por Layda Sansores, quien acusó al periodista del presunto delito de odio. El caso ha encendido el debate sobre los límites entre la protección de derechos y la libertad de prensa en el ejercicio periodístico en México.
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