Los Diputados locales de la XXIII Legislatura encontraron un Congreso vacío, cerrado, sin personal, con sillas rotas, paredes con huecos, sin recursos económicos y “hasta las plantas se llevaron” los representantes populares salientes.

La Secretaria de la Mesa Directiva de la presente legislatura, Aracely Geraldo Núñez narró entre risas que no encontraron nada el día que llegaron a tomar protesta como Diputados, “llegamos a Mexicali y nos dijeron que el Congreso estaba cerrado, que no había nadie en administración, ni nada”.

Los congresistas salientes no les llamaron para iniciar un proceso de transición como lo marca la Ley, “el día de la toma de protesta no sabíamos nada, ni l ahora ni nada”, pero a pesar de ello iniciaron con sus labores legislativas.

Debido a las condiciones en las que dejaron las oficinas que deberían de utilizar para laborar, decidieron sortear los espacios para que fuera la suerte quien estuviera encargada de la designación, “algunos querían heredar las oficinas de sus antecesores del mismo partido, y por eso preferimos sortearlas”.

Respecto a las decoraciones de las referidas oficinas recordó, “como dice mi amiga Monserrat (Caballero) hasta las plantas se llevaron”.

El Congreso de Baja California le dio entrada a una demanda de juicio político en contra de 21 diputados integrantes de la XXII Legislatura, así como de tres ex alcaldes del Estado.

La demanda, que fue recibida en Oficialía de Partes luego de cumplir con el protocolo de sana distancia que establece un grupo reducido de personas para ingresar a las instalaciones del edificio del Poder Legislativo de Baja California, es firmada por Blanca Terrazas Alcalá, Alma Rocío Magaña Sarabia, Miguel Ángel García Leyva y Armando Salinas Bravo.

Al recibir el documento, los quejosos fueron advertidos de que se le dará trámite a partir del primero de junio, por ser esa la fecha en que se espera reiniciar labores en el Poder Legislativo, debido a las restricciones puestas a causa de la pandemia.

En el documento se establece la formal denuncia en contra de los ciudadanos Nereida Fuentes González, Mirna Cecilia Rincón Vargas y Marco Antonio Novelo Osuna, quienes fungieron como presidentes del XXII Ayuntamiento de Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, respectivamente.

Respecto a los denunciados que integraron la XXII Legislatura como diputados, son los siguientes: Rocío López Gorosave, Iraís Vásquez Aguiar, Victoria Bentley Duarte, Alfa Peñaloza Valdez, Mónica Hernández Álvarez, Trinidad Vaca Chacón, Blanca Ríos López, Claudia Agatón Muñiz, Raúl Castañeda Pomposo, Carlos Torres Torres, Alejandro Arregui Ibarra, Bernardo Padilla Muñoz, Ignacio García Dworak, Marco Corona Bolaños Cacho, Job Montoya Gaxiola, Catalino Zavala Márquez, Víctor Manuel Morán Hernández, José Antonio Casas del Real, José Félix Arango, Sergio Tolento Hernández y Edgar Gómez Macías.

El motivo de la denuncia es la aprobación de la reforma a la Constitución local para hacer posible la ampliación de mandato de la gubernatura de Baja California y por ello piden que se inhabilite a los ex funcionarios señalados, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

Los 500 legisladores que integran la 64 Legislatura de la Cámara de Diputados, incluidos los del bloque de la Cuarta Transformación, recibirán para fin de año una bolsa por 164 millones de pesos para pagar sus dietas, aguinaldo y apoyos legislativos.

El acuerdo del Comité de Administración de San Lázaro, firmado el 25 de septiembre del año pasado, indica que cada legislador recibirá en total 328 mil pesos para esta Navidad.

Así, por su dieta mensual cada diputado federal obtendrá 74 mil 672 pesos y otros 140 mil 504 pesos de aguinaldo, que representan ingresos personales y directos.

De manera paralela, a cada uno se le depositarán, antes del 15 de diciembre, 45 mil 786 pesos por asistencia legislativa, 28 mil 772 pesos para labores de atención ciudadana y 38 mil 363 pesos por concepto de apoyo de fin de año.

Este miércoles 31 de Julio es el último día de la XXII Legislatura en Baja California y entre los temas pendientes se encuentra la asignación de quien representará durante los próximos cuatro años a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la Entidad. Miguel Ángel Mora Marrufo, aspirante a este cargo afirmó que corresponderá a la próxima legislatura asignar al nuevo titular ya que la saliente no lo hizo en tiempo y forma.

"Pues hoy evidentemente es el último día de la XXII Legislatura. Tendremos que esperar naturalmente, se cree y se dice que evidentemente será la próxima Legislatura la que termine la resolución de este nombramiento, entonces seguimos a la espera", afirmó. 

Aseguró que al momento no existe una nueva fecha para la designación, sin embargo la convocatoria deberá emitirse con base a los dictámenes ya revisados, de lo contrario se estaría transgrediendo los derechos de quienes ya agotaron este procedimiento.

"Es lamentable que no se haya solucionado, que una Institución de Magistratura de Conciencia, un Órgano Autónomo que es de buena fe, que tiene una naturaleza noble, que no debería involucrarse en un ejercicio político partidario y que evidentemente pues ha rezagado y ha permeado a la Institución el hecho de que no esté establecido un titular", afirmó Mora Marrufo.

Desde antes del 1 de junio de este 2019, afirmó se debió asignar al nuevo titular, cargo que continuará cubriendo el Primer Visitador en tanto no se defina un nuevo presidente.

La revocación de mandato enciende al pleno de San Lázaro. La oposición está firme en no permitir que el presidente Andrés Manuel López Obrador vaya a la boleta en la elección federal intermedia de 2021; a Morena no le alcanzan los votos. 

Priistas echan mano de Madero y el "sufragio efectivo no reelección", el PRD saca lonas en el pleno y el PAN acusa "#RevocaciónEsReelección".

Tras 10 horas de debate, Morena y sus aliados logran, con el apoyo de siete diputados experredistas, la mayoría calificada. Al final dejaron a López Obrador en la boleta de 2021.

Por una auditoría que transparente el proceso de concesión otorgada a la empresa que supuestamente ganó la adjudicación para la instalación de 3 mil parquímetros en la zona centro de la ciudad se pronunció el diputado federal Armando Reyes Ledesma, del Partido del Trabajo (PT).

Ante el rechazo generalizado de la sociedad ensenadense por la aprobación en Cabildo de una concesión a la empresa Iber Parking S.A. de C.V., misma que tiene antecedentes negativos en otro municipio de Baja California, es urgente que el gobierno municipal de Ensenada transparente el proceso realizado para concluir en la instalación de esta medida recaudatoria, planteó el legislador federal.

Reyes Ledesma precisó que la administración de Marco Novelo, en todo proyecto de gran impacto, en obras o servicios a privatizar, no tiene la capacidad de resolver, ya que debe fundamentar técnica, jurídica, social y políticamente una concesión a un particular para prestar un servicio al que está obligado constitucionalmente el Municipio.

Aunque, aclaró, el cobro por estacionamiento en la vía pública no debe considerarse como un servicio que pueda concesionarse a un particular.

Técnicamente, los colegios de profesionistas, arquitectos e ingenieros, así como ciudadanos en lo particular coinciden en que la instalación de parquímetros no resuelve el problema de falta de estacionamiento e inseguridad pública que padece la zona centro de Ensenada. Además, dijo el petista, el gobierno municipal no tiene la capacidad para vigilar que esta medida sea aplicada.

Jurídicamente, la instalación de parquímetros provocaría una doble tributación, además que violenta leyes de urbanización que establece que los comerciantes establecidos deben otorgar estacionamiento a sus clientes.

Mientras que, socialmente, organizaciones de la sociedad civil, organismos intermedios, de profesionistas y empresarios han manifestado su rechazo a la medida propuesta por la administración municipal.

Y políticamente, es una medida equivocada porque no se propuso llegar a un consenso con los sectores afectados por esta medida, es decir, no hubo una socialización previa del tema.

Reyes Ledesma, anticipó que si las instancias municipales y estatales no realizan una auditoría al proceso de licitación y se transparenta esta medida, como representante de los ensenadenses en la Máxima Tribuna del País, propondrá la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para frenar esta medida, que sencillamente es un abuso al pueblo de Ensenada.