Las legisladoras y los legisladores del Partido Acción Nacional, están a favor de que los ciudadanos se manifiesten de manera libre y pacífica, como un derecho consagrado en nuestra Constitución; sin embargo, también es necesario considerar las afectaciones económicas a la cadena productiva cuyo pilar es el uso y aprovechamiento de las vías generales de comunicación, explicó la Diputada Federal Lizbeth Mata Lozano.
Dijo que la bancada del PAN, presentó una iniciativa para reformar el artículo 533 y se adiciona un artículo 533 bis a la Ley de Vías Generales de Comunicación, lo anterior ante la toma de casetas que se ha multiplicado en diversas entidades como Colima, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, Zacatecas y en su momento Baja California, entre otros.
La legisladora panista, explicó que la “toma de casetas” se da por grupos que, en algunos casos mediante el uso de la violencia en contra de operadores y usuarios, toman control de las plazas de cobro, impiden la recolección del peaje por parte del operador y condicionan a los automovilistas a dar dinero a cambio de que se les permita circular por la vía (“boteo”), generándose en ocasiones violencia y coerción física entre quienes se trasladan a través de las carreteras de cuota.
Lizbeth Mata mencionó que la iniciativa busca que se sancione a quien interrumpa la prestación del servicio u operación de las vías generales de comunicación, enfatizando que al agregar en el documento la frase: a quien restrinja o condicione el tránsito, se entiende que en ningún momento se coarta el derecho de libre expresión.
A lo anterior se busca una sanción de tres meses a siete años de prisión y multa de 100 a 500 Unidades de Medida y Actualización vigentes; al generalizarlo a vías generales de comunicación se evita solo beneficiar un sector, ampliando este beneficio a carreteras, vías férreas, aeropuertos y puertos, asimismo al plasmar la interrupción de la prestación del servicio u operación se interpreta todo lo que conlleva al mismo, como el cobro en carreteras controladas.
En la propuesta del PAN, comentó, se establecen agravantes al obtener un lucro, se impida el cobro o se condicione de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulen en vías generales de comunicación. Además, contempla que se les aplicará una sanción de 6 meses a siete años de prisión y multa de 750 a 1000 Unidades de Medida y Actualización vigentes.
Mata Lozano, destacó la importancia de las vías generales de comunicación, pues son vitales para el flujo comercial, el traslado de mercancías y la movilidad de la población, y la conexión entre las comunidades, por ello, el Estado debe establecer una óptima operación en cuanto a su mantenimiento y garantizar el buen funcionamiento generando un desarrollo económico fuerte y sostenible para el país.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial A.C. (AMCIV), durante el 2019 la “toma de casetas” y el llamado “boteo” originaron pérdidas sectoriales cercanas a 3 mil millones de pesos (esta cifra incluye autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN), Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y a particulares).
