Desde hace días circula en internet una nota relativa a una supuesta reforma de ley que permite ejecutar, sin enfrentar un proceso penal, a quien invada nuestro hogar y represente un riesgo para nuestra salud, nuestra vida o nuestros bienes, extendiéndose a las personas que se encuentren con nosotros.

El abogado Jorge Acosta Márquez explica que la figura de legítima defensa siempre ha existido y que la nota que circula en redes sociales es falsa.

Si usted daña, lesiona o mata a un extraño en su casa, deberá demostrar ante la autoridad que se trató de legítima defensa, como parte de un proceso penal que a juicio de la autoridad, puede llevarse en libertad o en prisión.

“No hay tal reforma que se plante en medios de comunicación respecto al Código Penal Federal. Hay un proyecto del 2018 de la senadora del PRI Silvana Beltrones, pero como se trata de la oposición se encuentra en comisiones desde el 2018.

“Es una exclusión delito, si nosotros llegamos a hacerle un daño al perpetrador, se toma la legítima defensa para que no seamos perseguidos por ese delito, la propuesta de la senadora va en ampliar el daño que se puede dar al perpetrador, como lesiones o la privación de la vida”, explica.

En la sociedad hay quienes piden que la legítima defensa incluya el hogar, el negocio, comercio o incluso el automóvil.

“Cualquier cosa en donde un perpetrador quiera robarte, hacerte daño, a tu persona o quienes te acompañan o estés en un lugar donde tú defiendas a las personas”.

Quedó aprobada la figura de la legítima defensa en la reforma al Código Penal, lo cual permitirá que ante la intromisión de algún intruso a la vivienda (ladrón, delincuente, o no) que atente contra la integridad física o bienes patrimoniales, el morador podrá defenderse sin ser procesado penalmente.

La propuesta fue votada por unanimidad, y permitirá que en el caso de algún asalto o robo con violencia, la víctima podrá golpear, herir, incluso matar al delincuente y estará amparado por la Ley.

La diputada, Libia Dennise García Muñoz Ledo, integrante de la comisión, señaló que de acuerdo a la aprobación, quien se encuentre en su domicilio podrá repeler la agresión.

“Cuando un intruso llegue a una casa habitación, quien esté en la casa pueda repeler esa agresión, de cualquier manera bajo cualquier circunstancia y utilizando los mecanismos o los elementos que tenga a la mano y de ninguna manera puede ser imputado penalmente”.

García Muñoz Ledo aclaró que la iniciativa aprobada solamente garantiza la legítima defensa en viviendas y no en negocios o automóviles propiedad de la víctima, aunque se prevé que en un futuro se pueda aplicar a los negocios y vehículos.

“La figura aplica solamente para casas habitación, es únicamente el domicilio donde habitamos pero incluye todo a la redonda, es decir nuestro patio, nuestro jardín, azotea, bardas, todo lo que es el contexto de la casa habitación”, señaló.

TAMBIÉN VA PARA POLICÍAS

Aquellos policías que entran a los domicilios aprovechándose del uniforme y cometan abuso de autoridad y allanen domicilios para robar, no quedan exentos de la Ley, ya que se podrá obrar de igual forma.

“La gran ventaja de esta reforma es que cuando ingresen a tu domicilio con la finalidad de agredirte, se podrá utilizar cualquier mecanismo de defensa, así sea un supuesto policía que entre a robar o agredirte”.

Luego de estar 11 años en prisión por haber asesinado a su pareja en defensa propia, Yamel consiguió su libertad anticipada esta semana y abandonó el Centro de Readaptación Social de Baja California donde estaba recluida.

La organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLEGAL) logró la liberación de la mujer, quien fue sentenciada a 16 años de prisión por asesinar al mismo hombre que la agredía constantemente y la atacaba verbal, física y psicológicamente.

Según la ONG, Yamel vivió cuatro años de violencia de género con su agresor y al menos una vez debió ser internada en un hospital para atender sus heridas.

Aunque la joven denunció esta situación en un ministerio público, las autoridades rechazaron su declaración porque "no tenía suficientes golpes", por lo que le fue imposible romper el círculo de la violencia.

Posteriormente, después de que la joven se defendió de su pareja para salvarse a ella y a sus tres hijos, un juez la envió a la cárcel por el delito de homicidio calificado en relación de parentesco no consanguíneo, sin tomar en cuenta su contexto y la vulnerabilidad que enfrentaba.

Tras la liberación de Yamel, AsiLegal comentó que este caso "marca una pauta en torno la implementación de la Ley Nacional de Ejecución Penal en Baja California, se trata de una victoria prácticamente anunciada.

Los acuerdos probatorios logrados entre fiscalía, defensa y representante del Cereso, consiguieron una audiencia fluida y cómoda en la que cada una de las partes actúa con buena fe para promover lo que, a fin de cuentas, todos quieren y que pronuncia con palabras finales la juez de ejecución: ‘Salga y diga que la reinserción social sí existe’".

El gobernador de Baja California Sur, el panista Carlos Mendoza Davis, vetó las reformas al código penal del Estado, en las que el Congreso había avalado despenalizar el exceso en la legítima defensa. El primer edil señaló: "La legítima defensa es un derecho de los ciudadanos para hacerle frente a una agresión inmediata, de forma racional y proporcional, y no debe verse como un pasaporte a la justicia". 

Señaló que con estas reformas del Congreso se podrían haber generado espacios de impunidad disfrazados de defensa propia. También se pensó en proteger a los menores y sus derechos, puesto que la reforma eliminaba el deber evitar ser lesionados por el agresor cuando éste se defendiera. "No dudamos de la buena intención de la legislación, pero consideramos que la redacción actual puede encerrar riesgos prácticos". 

Por su parte el jefe de la Oficina del Ejecutivo, Carlos Rochín, informó que luego de un análisis y tras escuchar a distintos expertos en la materia, asociaciones de abogados, colegios y organismos especializados, determinó vetar la reforma y enviar al Congreso una serie de observaciones sobre el tema. La norma se votó el pasado 22 de junio con el voto de 18 de los 21 diputados.

Declaró que las modificaciones que hizo el Congreso al eliminar la penalización sobre el exceso, podrían traer consecuencias al ciudadano bajo distintos supuestos. 

Indicó que el gobernador en beneficio de los ciudadanos veto la promulgación para proteger un derecho de la ciudadanía. Explicó que tal como estaba la legislación protegía al ciudadano cuando involuntariamente hubiese incurrido en el exceso al defender un bien jurídico, la penalidad aplicada era menor. 

El Congreso de Baja California Sur aprobó la despenalización del "exceso de legítima defensa" que, según los diputados, dará mayor certeza jurídica a las personas cuando tengan que defenderse de una agresión real que ponga en riesgo la seguridad de su familia. 

Con el voto de 18 de 20 legisladores se modificaron los artículos 31 y 87 del Código Penal del estado, bajo el argumento de las condiciones de inseguridad en el estado, a fin de que los ciudadanos no tengan que ir a la cárcel [en caso de matar al agresor], o tengan que pagar un delito por haber defendido a su familia, su vida o sus bienes.

"Es necesario darle a la ciudadanía más seguridad en cuanto a la forma en que va a ser tratado en caso de ocasionar daños al momento de repeler un ataque, puesto que si el estado no tiene la capacidad de otorgarle la vigilancia oportuna y la defensa por parte de los cuerpos policiacos, le pueda dar la garantía de apoyarlo en las consecuencias de actos no dolosos que pueda ocasionar durante su defensa…", se lee en la iniciativa presentada por el diputado Alfredo Zamora García y el dictamen emitido en comisiones. 

En opinión de la académica Lorella Castorena Davis, investigadora en temas de violencia de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la resolución permite la "justicia por propia mano y es una forma de legitimar la violencia ante un estado incapaz de hacerle frente. Esto es inadmisible en un régimen democrático", apuntó.

Por su parte, el abogado penalista, Arturo Rubio Ruiz, vicepresidente de la asociación civil local Legalidad y Transparencia, señaló que los diputados del estado "debieron ampliar los parámetros de la legítima defensa, no despenalizar su exceso".