Trae Kiko otros 64 millones “perdidos”
Irregularidades por 64 millones 570 mil 751.56 pesos en dos programas detectó la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el gobierno del estado de Baja California, que encabeza Francisco Vega Lamadrid.
De acuerdo con el Informe del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 el monto pendiente más grande se registró en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud al presentar una anomalía por 64 millones 48 mil 751.56 pesos, debido a la falta de documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones y no haber acreditado la recepción y entrega de la adquisición de bienes y servicios pagados.
Así como realizar el pago de servicios a personal que no cumplió con los requisitos para el puesto desempeñado y pagos a personal sin contratos.
En ese rubro, fueron empleados 190 mil pesos para devengar el pago de un trabajador comisionado a la Subsecretaria del Sistema Estatal Penitenciario, entidad ajena al tema de salud y con actividades distintas al fondo.
Además de 42 mil pesos por hacer pagos con recursos de dicho fondo a un trabajador que causó baja y siete mil 900 pesos, por pagos a un trabajador que no prestó sus servicios en su lugar de adscripción, sin que se proporcionara la información y documentación que permitiera acreditar su permanencia.
Mientras que, en el programa de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, se determinaron 2 millones 290 mil 362.35 pesos por aclarar, de los cuales se recuperaron un millón 76 mil 362.35 pesos, para dejar una deuda de 522 mil pesos, principalmente por no reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos y rendimientos financieros no comprometidos, ni pagados.
Por lo que la ASF determinó que la entidad no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita cumplir en su totalidad los objetivos del fondo, lo que provocó que existieran anomalías en las auditorías realizadas.
De acuerdo con el gobierno de Baja California las observaciones fueron atendidas con la documentación comprobatoria y justificativa para su aclaración y solventación, por lo que están a la espera de espera de la respuesta por parte de la Auditoría Superior de la Federación para lo cual tienen 120 días hábiles para pronunciarse.
Con información de: Heraldo de México