El coordinador estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Baja California, Marco Antonio Pacheco Peña, anunció un paro laboral de 72 horas que se llevará a cabo del 18 al 20 de marzo en defensa de los derechos del magisterio y en protesta contra la Ley del Issste. 

Pacheco lamentó que, además de las condiciones laborales precarias, no exista suficiente plazas para los docentes ni pagos justos, agravando la situación en la entidad.

Asimismo, señaló que en Baja California persiste un problema grave relacionado con la Ley de Acción Rápida y los protocolos que criminalizan a los maestros. Algunas y algunos docentes se encuentran presos sin pruebas ni juicios, debido a la falta de una certidumbre jurídica clara, situación que calificó como una violación a los derechos del magisterio.

El líder sindical resaltó que los maestros están obligados a trabajar hasta los 65 años sin la posibilidad de acceder a una jubilación digna. El paro, que es de carácter nacional, contempla acciones específicas en Baja California. El 18 de marzo, bloquearán de manera intermitente la garita de San Ysidro en la salida a Tijuana, impidiendo el paso a la ciudad fronteriza.

El 19 de marzo, se liberarán las casetas de cobro en todo el estado, y el 20 de marzo, bloquearán la carretera transpeninsular en San Quintín, restringiendo el flujo comercial y permitiendo únicamente el paso del tráfico local.

Pacheco aseguró que si el gobierno atiende las demandas y ofrece una respuesta favorable antes del inicio del paro, este sería suspendido. Invitó a toda la burocracia del ISSSTE a sumarse a la protesta, ya que también son afectados por las condiciones laborales y las reformas.

Finalmente, mencionó que, pese a la movilización, los padres de familia no consideran la afectación como tal, sino que muestran su apoyo a los maestros, incluso si no hay clases durante los días de protesta.

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Erick Díaz Preciado, integrante del comité democrático de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Baja California, habló sobre la situación actual de los docentes que se encuentran en paro laboral, cumpliendo hoy 12 días de protesta frente a las instalaciones del Sistema Educativo Municipal en Tijuana. 

Díaz Preciado enfatizó “no vamos a permitir que ningún docente esté mendigando el salario que por derecho les corresponde”, criticando las políticas del gobierno que, a su juicio, han adoptado “todas las malas prácticas históricas de administraciones anteriores”.

El líder magisterial urgió a que la solución al conflicto no se limite únicamente al pago de salarios atrasados, sino que también incluya un trato digno y el respeto a la nómina magisterial. “No nos van a pagar cuando ellos quieran. Deben pagar como lo establece la ley; cualquier trabajador en México recibe su salario cada quince días, mientras que nosotros debemos esperar hasta dos años para que nos paguen una dádiva”, indicó. Además, dirigió un mensaje a la gobernadora Marina del Pilar: “Si alguien tiene el corazón por delante son los maestros de Baja California, quienes aún enfrentando las deficiencias del sistema educativo y sin recibir sueldos, siguen comprometidos con su labor educativa”.

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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó apoyar la suspensión de actividades de trabajadores del Alto Tribunal, lo que traerá como consecuencia una parálisis operativa.

En sesión privada, ocho ministros se pronunciaron a favor de suspender labores, mientras que las ministras Loretta Ortiz Ahfl, Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa votaron en contra.

En estos momentos, la ministras que se opusieron se encuentran reunidas en el despacho de Yasmín Esquivel para fijar una postura conjunta.

Todavía está pendiente que se realice la sesión pública.

Trabajadores de la SCJN dicen "sí" a suspensión 

Ayer, trabajadores de la SCJN votaron a favor de suspender actividades y sumarse al movimiento de resistencia que mantienen desde hace dos semanas empleados, jueces federales y magistrados de todo el país en protesta por la reforma al Poder Judicial.

De los 3 mil 647 trabajadores que tiene la Corte, mil 72 participaron en la votación, de los cuales 951 decidieron frenar labores, 116 se manifestaron en contra y cinco más se abstuvieron.

Ministra pide revisar caso de jueces que quieren trabajar 

La ministra Yasmín Esquivel entregó un oficio en el que planteó al Pleno de la SCJN que intervenga para resolver la controversia suscitada por el conflicto entre juzgadores federales y trabajadores que optaron por no suspender labores.

Lo anterior, derivado de la votación dividida entre los juzgadores, en la que 201 decidieron no suspender actividades.

Esquivel Mossa, dijo que lo anterior violenta la independencia con la que se deben conducir, al obligar a suspender actividades a los juzgadores y trabajadores que sí quieren desarrollar su función como lo marca la Constitución.

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La Secretaría de Salud del Estado enfrenta dificultades para procesar el pago de la nómina correspondiente a la segunda quincena de agosto, debido al bloqueo de sus oficinas centrales por parte de delegados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, Sección 42. 

Esta situación, que ha persistido por tres días, ha reducido la disponibilidad de personal en áreas clave como Recursos Humanos y Finanzas, complicando el cumplimiento de las obligaciones salariales.

A pesar de estos contratiempos, la Secretaría reitera su compromiso con los trabajadores y asegura contar con los recursos económicos necesarios para realizar los pagos. Además, se manifiesta el respeto hacia las protestas pacíficas de los sindicatos, siempre que estas no perjudiquen las operaciones regulares de la institución.

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Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) continúan este lunes con la jornada de protesta en defensa de sus derechos laborales y de la independencia judicial.

Desde las escalinatas de los juzgados de San Lázaro, un grupo se mantiene desde temprano lanzando consignas contra la desaparición de los 13 fideicomisos, que mañana se revisará en el Senado.

"No son privilegios, son nuestros derechos", "somos tres poderes y este te defiende", "México entiende, tu trabajo se defiende", consignan.

Una comisión integrada por líderes sindicales, magistrados y personal administrativo acudirá esta tarde al Senado para reunirse con las bancadas de oposición y manifestarle su postura respecto a los fideicomisos que representan una bolsa de más de 15 mil millones de pesos.

Este martes 24 de octubre concluye el paro que los sindicatos Nacional de Trabajadores del PJF y Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial Federal convocaron la semana pasada y, de acuerdo con los trabajadores, este lunes definirán la ruta a seguir.

En tanto, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Circuito agradeció a la sociedad civil su apoyo en la marcha del domingo en favor de la independencia y la autonomía del Poder Judicial de la Federación.

La organización reiteró su solidaridad con los trabajadores que laboran en la Judicatura Federal, que marcharon en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y defensa de los derechos laborales, en el marco del paro nacional convocado por la base trabajadora.

"Defender la independencia judicial es defender también la democracia y el derecho a la justicia de las y los mexicanos", indicó en un comunicado.

"Lo anterior, ante la eventual afectación por la aprobación de la iniciativa de reforma y adiciones al Decreto que expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y otros ordenamientos, que pretende extinguir diversos fideicomisos institucionales que tienen por objeto la preservación de prestaciones relativas a la atención médica extraordinaria, pensiones de retiro, apoyo a la infraestructura y administración de justicia federal, así como apoyo de vivienda por cuestiones de seguridad; misma afectación que se materializaría con la pretensión de reducir el Presupuesto de Egresos solicitado para 2024", señala el comunicado.

Aseguró que, en congruencia, con conocimiento de las consecuencias que dichas acciones pueden generar, los juzgadores federales continuarán su función jurisdiccional, preservando el derecho de acceso a la justicia de todas las personas, en cumplimiento a su responsabilidad constitucional.

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