Conforme a las indicaciones del Presidente Arturo González, para que el personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) reciba de manera permanente adiestramiento y capacitación, en coordinación con las Comisiones Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) y Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se realizó el "Curso sobre Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura".

En la actividad, cuyo objetivo central fue brindar herramientas y conocimientos teóricos en esta materia, participó personal de ambas dependencias especializadas en la defensa y el respeto a los derechos humanos, con asistencia de 80 elementos de diversas corporaciones entre los que se encontraban policías municipales de Tijuana.

Al acto, realizado en el Instituto de Capacitación y Adiestramiento Profesional (ICAP) de la SSPCM, asistieron funcionarios de la SSPCM y representantes de la CEDHBC, donde la ponencia principal estuvo a cargo del Director General Adjunto del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Carlos Garduño Salinas.

En atención a las instrucciones del Presidente de Tijuana, Arturo González, el titular de la SSPCM, Jorge Alberto Ayón, reiteró la importancia de reforzar el conocimiento de los servidores públicos, particularmente de oficiales preventivos, quienes demuestran compromiso al mantenerse actualizados en esta importante materia, ya que de esta forma pueden mejorar su trabajo.

En seguimiento a dicha instrucción, también se impartió el seminario denominado "Análisis de la Expresión Facial en la Entrevista", dirigido a elementos de la Policía Municipal, a cargo de la Asociación de Psicología Preventiva de Baja California, en coordinación con el Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó que en la Marcha de la Democracia, realizada el 18 de febrero pasado, se reprodujeron expresiones y discursos racistas y clasistas.

“Vistos desde una perspectiva de derechos humanos, atentan contra el Derecho a la Democracia, al normalizar la discriminación contra ciertos sectores de la población nacional y extranjera, además de mostrarse fehacientemente, el impulso a una o varias campañas negras o guerras sucias como instrumento para la manipulación electoral, como ha pasado en otros momentos del pasado”, señaló.

Dijo que en los medios de comunicación se presenta una campaña sucia a partir del supuesto de que la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006 recibió financiamiento del narcotráfico.

“Este mismo tipo de campañas de desinformación han sido utilizadas en diversos países de Latinoamérica, como es el caso de Colombia, Argentina y sobre todo, en el golpe de Estado sufrido por el gobierno de Evo Morales en Bolivia y, recientemente, el de Perú”, mencionó.

En su “Primer Informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia”, la Comisión Nacional anunció que construirá un registro institucional que dará seguimiento a las campañas, a los discursos de las y los candidatos, las plataformas y propuestas, los spots y la propaganda, y a los eventos, así como a las noticias y opiniones emitidas en medios de comunicación y redes sociales.

Sostuvo que ese registro tiene como finalidad “identificar las diversas manifestaciones que puedan poner en riesgo el ejercicio del Derecho a la Democracia, para emitir alertas preventivas que eviten que se consumen o se repitan, e incidan negativamente en el proceso electoral 2024”.

Aseguró que el país no enfrenta una polarización, aunque acusó que algunos actores políticos la están generando tal como existía en el pasado por cuestiones de estrategia electoral.

“No estamos ante un escenario de polarización, pero que se nos quiere llevar a él por estrategia electoral de algunos actores. La polarización de un país se da cuando éste se parte en dos, ya lo hemos vivido en el pasado; y lo que tenemos hoy es una amplia mayoría de ciudadanas y ciudadanos informados y conscientes, que creen en la democracia como la vía de la transformación, por lo que justo eso es lo que debemos de preservar en los próximos meses”, dijo.

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Tras el asesinato de la activista de personas desaparecidas, Ángela León, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) urgió a las autoridades de procuración de justicia a investigar y esclarecer el asesinato de la ctivista de búsqueda de personas desaparecidas.

El ombudsperson, Jorge Ochoa, emitió un llamado particularmente a la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las diligencias necesarias que permitan determinar el origen de esta agresión y evitar la impunidad.

Asimismo, el presidente de la CEDHBC subrayó que cualquier atentado a las personas defensoras de derechos humanos es un agravio a la totalidad del tejido social por sus implicaciones estructurales.

Para finalizar, Jorge Ochoa informó que el Organismo Público Autónomo abrió, de forma oficiosa, un expediente de investigación para revisar la actuación de las autoridades en la atención a este caso y por tratarse de un ataque a una persona defensora de los derechos humanos.

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Porque ya no “responde a las necesidades del pueblo”, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, pidió desaparecer este organismo, fundado en 1990, para crear la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.

“Nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, que ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva”, dijo.

En el mensaje que dirigió a los y las legisladoras de la Comisión Permanente con motivo de su informe anual de actividades, señaló que la CNDH llegó al quinto año de su gestión con un modelo distinto de defensa de los derechos humanos, y con el marco normativo y operativo mínimo necesario para hacer de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que heredó el neoliberalismo, la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, “que desde hace años reclaman las y los mexicanos”.

“En 2023 logramos avanzar decisivamente en su transformación, de manera que hoy, el pueblo sabe, las víctimas saben, que pueden acudir a nosotros y encontrarán respuesta a sus quejas. Durante los últimos 4 años hemos antepuesto, frente a todo, el interés de las víctimas, y hemos procurado prevenir cuando percibimos los casos en los que están en riesgo de serlo.

“Parece fácil, pero han sido 4 años de empuje permanente para dejar atrás una dinámica institucional hecha para la simulación y el burocratismo, absolutamente funcional al acuerdo de impunidad y silencio prevaleciente entre autoridades en los pasados 70 años”, enfatizó.

Piedra Ibarra sostuvo que “somos el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación, por iniciativa propia, para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente le sirva al pueblo mexicano.

“Derribamos el mito de los órganos autónomos que necesitan burocracias doradas y presupuestos obesos para cumplir su supuesta misión.

“Mientras otros han emprendido batallas para defender sus grandes sueldos y prebendas, nosotros redujimos nuestro presupuesto, combatimos la corrupción, desterramos los privilegios de los altos mandos, eliminamos los guardaespaldas y donamos sus seis armas a la Secretaría de la Defensa Nacional; redujimos el parque vehicular, eliminando los automóviles para uso particular, incluidas las camionetas blindadas asignadas a la presidencia; y el comedor que se tenía para el servicio exclusivo de la presidencia con una chef, es ahora un comedor colectivo que ofrece alimento gratuito a más de 200 trabajadores”.

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El presidente de la CEDHBC, Miguel Mora, indicó, en el marco del Día Internacional del Migrante, que los retos en materia de movilidad humana son particulares para cada región del país y agregó que, en el caso de Baja California, se trata de un contexto aún más específico, ya que la entidad se ha desarrollado a través de la historia como un destino directo e indirecto de las poblaciones en movimiento.

En este tenor, el ombudsperson subrayó acontecimientos recientes que han modificado el panorama migratorio del estado: La llegada de más de 20 mil personas de países africanos, europeos y caribeños en 2016; el inicio de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos en 2017, quien implementó el Título 42, herramienta que les permite a las autoridades migratorias deportar a personas en contexto de movilidad con mayor rapidez; la llegada de 6 mil personas de origen centroamericano en 2018; la instalación del campamento “El Chaparral” en la garita de San Ysidro, en 2021; el incremento de movilidad de connacionales por desplazamiento interno forzado; el registro de la mayor cifra histórica de solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), principalmente de personas provenientes de Haití, así como Centro y Sudamérica; así como la llegada de personas rusas y ucranianas. 

Ante estas circunstancias, Miguel Mora hizo hincapié en que los organismos públicos de derechos humanos, junto con la sociedad civil organizada, han colaborado con las instituciones de gobierno para buscar disminuir los factores de riesgo que pudieran vulnerar los derechos humanos de las personas.

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El pleno del Senado de la República aprobó citar a comparecer a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra.

Por mayoría de votos, los senadores dieron su aval al acuerdo que previamente había sido aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, que preside la senadora panista Kenia López Rabadán.

La Mesa Directiva del Senado, que encabeza Alejandro Armenta Mier determinará el formato, fecha y hora de la comparecencia de la titular de la CNDH.

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