A unas horas de que inicie la consulta ciudadana sobre si el periodo del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, debe de ser de dos o cinco años, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que será una cuestión que corresponderá decidir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En su cuenta de Twitter, y tras haber llegado a Tijuana, López Obrador indicó que ahora en México existe un estado de Derecho y afirmó que estas decisiones antes eran hechas por "dedazos" y "concertacesiones".

"En Baja California hay una controversia acerca de si dura dos o cinco años en el cargo el gobernador electo. Lo bueno es que ahora hay Estado de derecho y decidirá la SCJN. Antes erandedazos y concertacesiones, aunque parece que ya se les olvidó a los conservadores".

"Mándenles un telegrama, fax, correo electrónico, o como sea, pero avísenles que esto ya cambió", agregó.

En punto de las 12:00 p.m. realizará un recorrido sobre la ampliación del Hospital Rural San Quintín del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría de Bienestar. 

Posteriormente a las 06:00 p.m. encabezará la inauguración de las nuevas instalaciones de la Guardia Nacional en el municipio de Ensenada. 

Este viernes inició la gira por el estado, primeramente visitó Mexicali y también asistió a una inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en Tecate. 

La confirmación de la próxima visita del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador servirá para que representantes del sector empresarial le planteen los temas prioritarios a atender en la región.

El presidente estatal de CONCANACO ServyTur, Jorge Menchaca Sinencio, comentó que entre los temas que deberán abordarse es la reactivación económica del estado, la vacunación y la apertura de la frontera.

“Su visita es una respuesta al alto índice de votaciones a favor de MORENA; tenemos que platicar con él, lo de la vacunación debido a que Baja California podría ser el primer estado en estar vacunado”, dijo.

Asimismo, de urgencia, plantearle que se atienda la seguridad ya que corresponde a la federación la ayuda; el hecho de que dos ciudades aparezcan como las más inseguras, no favorece el desarrollo económico.

“Eso se va a lograr solo si la federación lo apoya. Es urgente salir de la inseguridad y será uno de los temas urgentes”, enfatizó.

Finalmente, es la apertura de la frontera que con la vacunación y la “inmunidad de rebaño” que habrá tras finalizarla, servirá para dar un impulso a la economía del estado.

Una vez más se confirma la intolerancia y cerrazón del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien se negó atender a las familias de las victimas desapariciones forzadas, entre otros grupos sociales, en su visita a Tijuana, afirmó Omar Sarabia Esparza, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“No nos extraña que el presidente López Obrador, haya desdeñado a los bajacalifornianos, a estas familias que buscan legítimamente a sus seres queridos y otros que tienen otras demandas sociales”, señaló.

Es conocido que, en sus recorridos por el país, en algunas entidades, el presidente ha reaccionado así negándose atender aquellos que no aplauden sus mañaneras, sus giras de promoción política de la mal llamada Cuarta Transformación, insistió.

Omar Sarabia sostuvo que al presidente López Obrador solo le gusta la fotografía con aquellos que no le piden seguridad para sus familias, salud y rendición de cuentas.

“Quienes apoyan sus obras faraónicas como el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería que están costando billones de pesos, tienen asegurado ser escuchados; los que no apoyan estas acciones son ignorados, porque cuestionan que ese dinero se puede usar para comprar millones de vacunas contra el COVID-19”, agregó.

En síntesis, añadió, la visita de Andrés Manuel López a Tijuana donde ignoró a las familias, es la confirmación de la intolerancia y actitud antidemocrática de la Cuarta Transformación.

La ex diputada de la XXII legislatura, Blanca Patricia Ríos López, argumentó que un gobierno de 2 años es perjudicial para Baja California. Dijo ser respetuosa de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la semana pasada dieron reversa al intento de modificación Constitucional para cambiar el periodo gubernamental de 2 a 5 años. 

En el 2018 la entonces diputada Patricia Ríos presentó una iniciativa ante el pleno del Congreso del Estado para hacer la modificación al periodo gubernamental, antes de que se publicara la convocatoria por parte del Instituto Estatal Electoral para las elecciones del 2019. 

“Lamentablemente la iniciativa no se voto a tiempo, provocando que la reforma fuera declarada inconstitucional como ya lo estableció la Suprema Corte” 

Sin embargo aún considera que 5 años hubiera sido lo mejor para los Bajacalifornianos. “En el 2019 vivimos un momento histórico de alternancia en el Estado, después de 30 años de gobiernos Panistas. El Ingeniero Jaime Bonilla tenia un proyecto de gobierno de 5 años. A nadie le conviene, y menos a los Bajacalifornianos, que un Plan de Desarrollo Estatal dure únicamente 2 años. Aun no han pasado ni 9 meses de la toma de posesión de las Alcaldías y del gabinete Estatal y ya varios, en lugar de estar dedicados a gobernar, están en franca precampaña, lo que significa, una lamentable pérdida de tiempo y dinero para los asuntos de los ciudadanos. Baja California no se merecía esto, además de que, ninguno de los mencionados para suceder al Ingeniero Bonilla, cuentan con el nivel de reconocimiento y apoyo de la comunidad como el actual Gobernador”. 

Mencionó que en estos 2 años los ciudadanos estaremos pagando el equivalente a las elecciones de 12 años, un gran desfalco a los recursos públicos que bien pudieron invertirse en salud y educación. 

Sobre su voto a la modificación a la Constitución mencionó que por congruencia a su iniciativa estuvo a favor de la propuesta presentada por Morena. “Cuando presente la iniciativa estaba convencida que un gobierno de 5 años era lo mejor para el Estado. Viendo la situación actual que vivimos lo sigo pensando. Lo hice a conciencia con el objetivo de mi iniciativa”. 

“Estoy segura que en el 2021 los ciudadanos seguirán optando por el camino de la alternancia en Baja California. Requerimos un gobierno sólido y con legitimidad para hacer frente a los principales reclamos de la sociedad, con transparencia, justicia y austeridad”.

El Partido Acción Nacional en Baja California presentó este viernes una denuncia contra los funcionarios y legisladores que intervinieron en el intento de fraude a la Constitución el pasado 9 de julio de 2019, que fue revertido este lunes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha denuncia fue interpuesta por los delitos de coalición de servidores públicos y cohecho, mismos que se suman a las acciones emprendidas por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, quien el pasado miércoles presentó una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera para revisar movimientos atípicos que pudieran suponer el manejo indebido de recursos para este fin.

“Desde el miércoles pasado el PAN inició una serie de acciones que incluirán además de la denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera presentada el miércoles 13 de mayo y la denuncia penal en la Fiscalía General de Baja California, una solicitud de juicio político por intentar modificar la ley al antojo de unos cuantos”, señaló Enrique Méndez Juárez, dirigente del Partido Acción Nacional en Baja California.

La denuncia penal involucra a los ex legisladores, José Félix Arango Pérez, Irais María Vázquez Aguiar, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak, Mónica Hernández Álvarez, Sergio Tolento Hernández, María Trinidad Vaca Chacón, Alfa Peñaloza Valdez, Carlos Alberto Torres Torres, Alejandro Arregui Ibarra, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, Édgar Benjamín Gómez Macías, Bernardo Padilla Muñóz, Blanca Patricia Ríos López, Victoria Bentley Duarte, Víctor Manuel Morán Hernández, Catalino Zavala Márquez, José Antonio Casas del Real, Claudia Josefina Agaton Muñíz, Rocío López Gorosave, y Job Montoya; así como a los ex alcaldes Mirna Cecilia Rincón, ex Alcaldesa de Playas de Rosarito, Marco Antonio Novelo, ex Alcalde de Ensenada y Nereida Fuentes, ex Alcaldesa de Tecate.

De igual manera, se señalan como responsables a Amador Rodríguez Lozano, actual Secretario General de Gobierno, y a Jaime Bonilla Valdez, actual Gobernador del Estado de Baja California.