La gestión de recursos para la UABC continuarán ante el gobierno federal
El Gobierno del Estado manifiesta su respeto a la manifestación que protagonizó la comunidad de UABC
Ante la manifestación realizada este jueves por alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), el Gobierno del Estado expresa su total respeto a dicha acción y reitera la determinación del Poder Ejecutivo del Estado para seguir gestionando recursos ante el Gobierno federal, que permitan cubrir a la mayor brevedad el adeudo histórico a la UABC.
Como se ha venido informado a la opinión pública, el adeudo histórico a la UABC es resultado de la imposibilidad del gobierno local para igualar peso a peso en tiempo y forma las cantidades que el gobierno federal aporta a la Universidad, primero porque el presupuesto de egresos que ejerce el Poder Ejecutivo se rige por lo que explícitamente autoriza el Poder Legislativo cada año, además de que la capacidad de los recursos propios estatales es insuficiente para responder a las cantidades que la Federación aporta a la Universidad discrecionalmente.
A la sociedad bajacaliforniana se le ha informado que la cobertura de este adeudo histórico a la UABC se calendarizó meses atrás con Rectoría; sin embargo, el cumplimiento se ha dificultado desde el momento en que el gobierno federal anterior, también de manera unilateral, canceló desde mediados 2018 apoyos extraordinarios, los cuales a la fecha suman aproximadamente 7 mil millones de pesos al gobierno local, situación que ha obligado a intensificar gestiones con autoridades federales actuales para cubrir necesidades de diversa naturaleza entre los que se incluye a la institución universitaria.
El Gobierno del Estado expresa respeto al legítimo derecho que tiene la comunidad universitaria para manifestarse, de tal forma que las gestiones ante la autoridad federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador, continuarán hasta el último día de gobierno.
Por lo demás, como las peticiones que el Rector de la UABC, Daniel Valdez, hizo ante instancias de la Fiscalía General de la República y de la XXIII Legislatura, no merecen comentarios del gobierno local ya que se consideran acciones con sesgos visiblemente político-partidistas e intereses ocultos que no deben distraer lo principal: acelerar el apoyo federal a Baja California para cumplir puntualmente a la UABC.