En el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción existe una preocupación real porque el Congreso del Estado suprimirá la presencia ciudadana en el nombramiento de servidores públicos de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.

En la Constitución del Estado existe un elemento único a nivel nacional que representa el avance de la participación de los ciudadanos en el combate a la corrupción y la impunidad: se diseñó una Comisión Especial para evaluar los mejores perfiles de quienes ocupen estas encomiendas constitucionales.

El párrafo Octavo del artículo 70 de la Constitución local instituyó una Comisión Especial, integrada por tres diputados de la Comisión de Dictamen Legislativo pertenecientes a distintas fracciones parlamentarias y cuatro ciudadanos del Comité de Participación Ciudadana del SEA.

Esta Comisión Especial se creó para participar en el proceso de evaluación y comparecencia de los aspirantes a ocupar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, del Magistrado de la Sala Especializada en materia de Combate a la Corrupción, los Órganos internos de Control de dichos entes, así como los de los Órganos Constitucionalmente Autónomos.

La reforma propuesta impacta en la Comisión Especial al suprimirse el párrafo Octavo y, por consiguiente, desaparecer la figura y las atribuciones original y constitucionalmente otorgadas a las instancias ciudadanas.

A contraparte, esta reforma propone en el artículo 27 de la propia Constitución Estatal adicionar un segundo párrafo a la fracción XIV, en el cual se prevé la participación de una Comisión Especial, sin definir su integración y atribuciones, señalando que funcionará en los términos que determine el Congreso del Estado.

En este artículo 27 señala expresamente que “para efecto del procedimiento relativo a la designación del Auditor Superior del Estado, funcionará la Comisión Especial en los términos que determine el Congreso del Estado”.

De concretarse, ésta será la primer reforma constitucional de la XXIII Legislatura donde los legisladores locales atentan contra el sistema estatal anticorrupción, y la Constitución local, a propuesta del diputado Miguel Ángel Bujanda.

Hasta el momento sigue sin existir nombramientos dentro del Sistema Estatal Anticorrupción, ni siquiera hay propuestas por parte del Poder Ejecutivo para que alguien ocupe la posición, como lo es una de sus facultades según lo estipula la ley en la materia.  

Este desinterés es interpretado por la diputada local, Daylin García Ruvalcaba, como falta una muestra de que el combate a la corrupción no es una prioridad para la actual administración en Baja California.  

“Es un hecho lamentable. Se tiene la facultad por parte del Gobierno del estado no solamente enviar (propuestas) a la Fiscalía sino también a la magistratura anticorrupción. Hay que recordar que esos espacios no están ocupados por un titular que haya sido nombrado propiamente por el Congreso. La facultad de enviar la terna es por parte del Ejecutivo y estamos esperando que tengan a bien llegar al tema que tanto nos interesa en Baja California” expresó la legisladora de Movimiento Ciudadano.  

“Esperemos que lo hagan bien, que manden buenos perfiles y la verdad es que se ve que no ha sido una prioridad de Gobierno del estado ponerle atención al Sistema Estatal Anticorrupción” agregó.  

La creación del Sistema Estatal Anticorrupción fue creado luego de aprobarse su conformación por el Congreso local desde junio del 2017. En cinco años no ha podido operar por falta de presupuesto y organigrama.

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La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (SESEABC), durante el marco del Día Internacional contra la Corrupción, se compromete a seguir trabajando como un organismo descentralizado con su propia personalidad jurídica, autonomía técnica y de gestión.

El 9 de diciembre, se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. Nacida por una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), su importancia radica en la lucha contra las prácticas negativas en distintos países del mundo.

Según el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), creció la proporción de la población que fue víctima de corrupción en un trámite de gobierno, al elevarse a 15.7 % en 2019 del 14.6 % en 2017. 

“En la SESEABC seguimos trabajando y nos falta mucho por hacer, existen una serie de situaciones que de alguna manera han perjudicado el avance satisfactorio de un Sistema Estatal Anticorrupción tan importante para el Estado y que constitucionalmente debe trabajar, en donde viene a sumarse para que de una manera sistemática disminuya este problema tan complejo y añejo” Indico el Encargado de Despacho de Secretario Técnico, Lic. Francisco Javier Rebelín Ibarra.

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El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, exigió a su equipo de colaboradores actuar con transparencia en el tema de las licitaciones y asignaciones de obras públicas en Baja California.

Al reunirse con los integrantes de su Gabinete legal, el mandatario emanado de MORENA les pidió entregar resultados de auditorías y reportes sobre situaciones indebidas de sus antecesores.

Afirmó que los diferentes titulares de cada dependencia a cumplir con la transparencia que debe prevalecer en este gobierno en marcha.  

Los titulares de las distintas secretarías expusieron ante el jefe del Ejecutivo estatal las acciones sobre la fiscalización y evaluación interna de sus dependencias, entre bienes muebles e inmuebles que están bajo su resguardo.  

Por su parte, Vicenta Espinoza Martínez, titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, explicó que en la fiscalización y evaluación de la inversión pública, la anterior administración, no demostró en muchos casos solventación y mucho menos información de los proyectos de obra. La funcionaria dijo que de no encontrar información oficial, se presentarán denuncias ante la nueva Fiscalía Anticorrupción del Estado. 

Espinoza Martínez recibió instrucciones directas del gobernador Jaime Bonilla Valdez, de subir toda la información necesaria a los portales de transparencia y de rendición de cuentas del Estado, sobre contratos, quién suscribe y las licitaciones o concursos con empresas privadas. El gobernador dijo: “En mi gobierno, no se hacen negociaciones a escondidas o en la oscurito”. 

El jefe del Ejecutivo estatal también instruyó a Adalberto González Higuera, secretario de Hacienda, y a Guillermo Ruiz Hernández, Fiscal General del Estado, para que brinden todo el apoyo a Olga Elizabeth Ojeda Mayoral, nueva titular de la Fiscalía Anticorrupción de Baja California, para realizar sus actividades en operatividad y presupuesto.

Organizaciones de la Sociedad Civil hacen un llamado urgente al Comité Coordinador a aprobar la Política Nacional Anticorrupción (PNA). 

Argumentan que el país no puede avanzar de manera contundente en el combate a la corrupción, pues desde hace más de un año, se encuentra en espera de una política que promete darle rumbo y coherencia a todos los esfuerzos que se hacen a lo largo y ancho de la república para atender el mayor problema de nuestra democracia. 

Desde el año 2017, representantes de todos los sectores económicos, sociales y políticos del país han trabajado en la construcción de una propuesta de PNA que integre directrices claras de cómo, la sociedad civil y el gobierno, pueden trabajar de manera conjunta para combatir la corrupción. De igual manera, que de luz sobre el rumbo que seguirán los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción. 

En el 2018, se llevaron a cabo consultas digitales ciudadanas y ocho foros regionales con el objetivo de recabar comentarios, opiniones y propuestas relacionadas con las acciones que deberían ser prioritarias. A inicios del 2019, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción entregó la versión definitiva del documento de la Política Nacional Anticorrupción al Comité Coordinador para su discusión y aprobación. 

Sin embargo, a un año de su presentación pública, aún no se cuenta con la claridad sobre la fecha de su aprobación, ni los contenidos finales. Faltando así a lo establecido en el artículo 9, fracción III, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

La reciente designación de Loretta Ortíz Ahlf como representante del Consejo de la Judicatura Federal en el Comité Coordinador, permite que se incorporen todas las opiniones de los integrantes del Comité a la PNA. Esta última fue la razón por la cual la PNA no fue aprobada durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador, celebrada el día 5 de noviembre del presente. 

Por ello, las organizaciones de la sociedad civil que suscribimos este posicionamiento, hacemos un llamado urgente a dar celeridad y prioridad a la aprobación de la Política Nacional Anticorrupción para que en el 2020 el país pueda arrancar con un instrumento en nuestro derecho a vivir una vida libre de corrupción. 

Firman: #ComunidadAnticorrupción, #RedNacionalAnticorrupción, #FuerzaCiudadanaAnticorrupción, Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos AC, Alejandro Rabelo Escritor y Periodista Tierra colectiva, Alianza Ciudadana para el Gobierno Abierto en Tabasco, Arkemetria Social, Asociación para el Desarrollo Ecosocial de Mujeres y Avance y Desarrollo por la Igualdad A.C., así como Bios Participación Política y Desarrollo por mencionar algunos organismos.

El consejo coordinador empresarial da un voto de confianza al trabajo anticorrupción que esta presentando el gobierno de Jaime Bonilla en Baja California. Donde uno de los temas que más están esperando, es el de la propuesta de la terna para el futuro fiscal anticorrupción. Así lo declaro el presidente del CCE, Rodrigo Llantada.

“es un paso importante ya señaló que también va a presentar la terna para la fiscalía anticorrupción, creo que ese es otro paso importante. Aquí lo que es fortalecer las instituciones para combatir la corrupción y la impunidad. 

Que sea a través de esta que se pueda combatir la corrupción y obviamente en cuanto a la terna, pues esperamos que sea presentados los mejores personajes de BC con las mejores técnicas y sobre todo la integridad y el reconocimiento social que nos pueda dar esa certidumbre de que las investigaciones se harán con imparcialidad y apegadas a derecho. 

Lo señalamos en su momento, que es muy lamentable que hayan hecho a un lado la participación ciudadana (en el SEA) lo único que deseamos el sector organizado, el sector empresarial, los ciudadanos es ser testigos de que las cosas tienen un propósito de hacerse bien. Sin embargo, no le resta merito en que lo puedan hacer bien.”