El policía municipal involucrado en la retención de una familia, estaba en servicio y pidió a su superior permiso para ir al médico.

Carlos Betancourt, director de la policía y tránsito municipal, dijo en conferencia de prensa que es vergonzoso este tipo de actitudes de los elementos policiales.

El policía municipal, tiene dentro de la corporación alrededor de tres años y no había presentado conductas impropias durante su carrera policial, añadió.

El oficial asignado al distrito Cerro Colorado enfrentará un proceso ante la Sindicatura Procuradora, específico Carlos Betancourt.

Para evitar que se repitan este tipo de hechos, se tienen que reforzar los programas de supervisión de los elementos, reconoció.

La procuraduría de justicia del estado será la encargada de dar mayores detalles del caso, subrayó.

Los hechos

La madrugada de este miércoles se recibió una denuncia al número de emergencia 911 en el que alertaban de una privación de la libertad en una vivienda de la colonia Michoacán.

En el interior del domicilio se halló a un hombre de aproximadamente 40 años, una mujer de la misma edad y una niña de 10 años.

El varón tenía heridas producidas por arma punzocortante y por proyectil de arma de fuego. El oficial de la policía municipal también fue herido en la cabeza.

En el interior de la vivienda se hallaron una espada y el arma de cargo del elemento municipal.

La secretaría de seguridad pública estatal, también reconoció que dos de sus elementos (en su día de descanso) fueron separados del cargo para ser investigados por este hecho.

Mayra fue secuestrada y asesinada por tres policías municipales de Manzanillo, Colima; dos de ellos están presos y uno continúa prófugo. Su familia tuvo que huir del lugar donde vivían por temor: son doblemente víctimas de la violencia. 

“Nos fuimos porque no fueron cualquier persona los que se llevaron a mi hija, eran policías; entonces ¿a quién vamos a recurrir? a nadie, ya no se confía en nadie”, narra desde el lugar de su exilio Yuridiana, madre de Mayra. 

Pasando el funeral de su hija, comenzaron a ver afuera de su casa “carros muy sospechosos” vigilándolos por horas; después personas no identificadas empezaron a seguir a toda la familia: “nos tuvimos que ir”, justifica la señora Yuri. 

Ella no entiende por qué las autoridades no hacen público el perfil del tercer policía implicado en el homicidio de Mayra, para que sea más fácil encontrarlo. Así, ella y su familia también se sentirían más seguros. Quizá no hubieran tenido que huir. 

“Según los fiscales, ése que anda prófugo había pedido cinco meses de vacaciones, pero no entiendo por qué no lo buscan, no hay fotografía de él para que lo busquen, ni en redes sociales ni en las noticias, ni nada”. 

De hecho, Yuridiana asegura que las autoridades le pidieron “que no hiciera tanto arguende en esto”, pero cómo hacerlo –pregunta–, “si uno de los asesinos de mi hija anda en la calle, libre, como si no hubiera hecho nada”. 

Ignorados por autoridades municipales 

Siendo personas de escaso de recursos, provenientes de Michoacán, en busca de empleo en el puerto de Manzanillo, tampoco fue fácil para la familia de la joven hacer frente a los gastos funerarios inesperados. 

En más de una ocasión, con el dolor atravesado en el alma, la señora habló con periodistas locales pidiendo apoyo de las autoridades municipales, específicamente de la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez. 

La alcaldesa se comprometió, en un video difundido en redes sociales, a buscarla y ayudarla, pero nunca lo hizo, mucho menos colaboró para que la familia viva en un lugar más seguro, al menos lejano del policía prófugo. 

“A nosotros no nos apoyaron para venirnos; andaban diciendo que a mí me entregaron un dinero de los policías y no es verdad. Si es verdad que me lo entregaron que lo haga saber la presidenta y qué diga dónde yo le firmé, a mí no me dio ni para una veladora”. 

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Por instrucciones del Fiscal General del Estado Juan Guillermo Ruiz Hernández, la depuración de los cuerpos policiacos es prioridad en la búsqueda de la seguridad en Baja California, y no basta con sólo darlos de baja de las instituciones, si no recabar indicios dentro de las carpetas de investigación, para presentarlos ante la Justicia.

Con tal fin, este día, personal de Aprehensiones de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación detuvo a tres elementos del área preventiva de la Institución, pertenecientes en su momento a la extinta Policía Estatal Preventiva, quienes contaban con órdenes de aprehensión por el delito de secuestro.

Los detenidos son: Jesús Alberto N. de 33 años, Salvador N., de 36 años y Leonardo N. de 29 años.

Al respecto, el Comisario Jefe Carlos Alberto Flores, Comisionado de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación informó que derivado de las investigaciones realizadas por elementos del componente investigativo de la GESI, de la mano del Ministerio Público de la Fiscalía de Unidades Especializadas, se lograron obtener tres órdenes de aprehensión en su contra, las cuales fueron cumplimentadas este miércoles 28 de octubre en la ciudad de Mexicali, Baja California.

Respecto a la indagatoria por las que se les giró la orden de aprehensión Ricardo Carpio Sánchez, Fiscal de Unidades Especializadas, señaló que se sigue profundizando en la misma, respetando en todo momento los procedimientos legales, a fin de fortalecer la carpeta de investigación, y sobre todo salvaguardando los derechos de la víctima.

Carpio Sánchez informó que los detenidos quedaron a disposición del Juez de Control, quien giró las órdenes de aprehensión, y en la próximas horas serán presentados en audiencias de formulación de imputación y de vinculación.

En la Fiscalía General del Estado no hay cabida para la impunidad, y casos como este y, detenciones recientes de elementos de otras corporaciones, demuestran la contundencia para combatir la corrupción e impunidad a la delincuencia en la entidad.

Por indicaciones del Presidente Municipal Arturo González Cruz, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSCPM), Jorge Alberto Ayón Monsalve, reiteró que en esta administración no se van a tolerar conductas ni acciones contrarias a las leyes; al darse a conocer la detención de tres policías y otras personas involucrados en un caso de privación ilegal de la libertad, donde se logró el rescate de los integrantes de una familia, quienes están sanos y salvos.

Esta madrugada, los elementos de la Policía Municipal acudieron en atención a un reporte ciudadano al número de emergencias 9-1-1, que alertó acerca de la presencia de personas armadas en una casa de la delegación San Antonio de los Buenos.

Al acercarse los oficiales a la vivienda señalada en el reporte, detectaron movimiento de personas sospechosas y gritos desde el interior pidiendo auxilio, y después se observó que algunas personas salieron del lugar intentando darse a la fuga.

En la vivienda, los elementos encontraron a tres integrantes de una familia, padre, madre y una menor de edad, quienes finalmente fueron puestos a salvo; el hombre estaba atado de manos y presentaba lesiones supuestamente causadas por tortura, mientras que las mujeres estaban encerradas. Los agentes solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios a la familia.

Derivado de estas acciones, en el sitio se logró la detención de tres personas, y otros cuatro fueron detectados en operativos; entre ellos dos elementos de la Policía Estatal Preventiva y uno de la Policía Municipal; además de que se decomisaron dos armas de fuego.

La SSPCM puso a disposición de las autoridades correspondientes a los detenidos y las armas decomisadas, para deslindar responsabilidades conforme a Derecho.

Se recibió apoyo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en el resguardo del inmueble y en la vigilancia del perímetro.

El secretario reiteró a la ciudadanía utilizar la línea de emergencia 9-1-1, de manera real y responsable, ya que esto permite que la autoridad pueda acudir de manera oportuna en atención a las familias tijuanenses.

Al tener conocimiento que Martín ¨N¨, de 30 años de edad y Jorge "N", de 29 años, elementos en activo de la Policía Estatal Preventiva, quienes se encontraban en su día de descanso y sin sus armas de cargo fueron detenidos tras ingresar de manera ilegal a una propiedad, de inmediato fueron suspendidos y bajo una investigación administrativa por parte de la Dirección de Asuntos Internos en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), donde se integrará un expediente y se determinará su sanción y baja de la corporación. 

la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) precisa lo siguiente:

La SSPE puntualiza que en esta institución no se tolera ningún tipo de abuso de autoridad o actos fuera de la legalidad de ningún servidor público.

Y para esclarecer el posible caso de privación de la libertad y otras faltas a cargo del oficial; las investigaciones por parte de las autoridades correspondientes siguen en curso, razón por la cual no se puede dar más detalles del caso en estos momentos.

La principal encomienda es trabajar por la seguridad e integridad de las familias bajacalifornianas y no se permitirá ni pasará por alto acciones que trasgredan la legalidad.