Jaime Bonilla Valdez, gobernador del estado, designó al contralor del exmandatario Francisco "Kiko" Vega de Lamadrid, como director de Fiscalización de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública.

El nombramiento de José María se efectuó el cinco de noviembre, por lo que el gobierno de MORENA tiene en la nómina a quien una semana antes era secretario de la Contraloría de “Kiko” Vega, y seis años antes director de Auditoría Gubernamental con el también panista José Guadalupe Osuna Millán.

Durante estos 12 años, Armendáriz no detectó ningún contrato o conducta ilegales a pesar de los señalamientos de corrupción e impunidad, sobre todo con Vega de Lamadrid. Ocho de 10 sancionados fueron fe inhabilitación por un año a exservidores públicos que presentaron su declaración patrimonial de conclusión de forma extemporánea.

Este cargo de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública es el responsable de revisar y fiscalizar los recursos canaliza la Federación al estado y dar seguimiento a la fiscalización de la Auditoria Superior de la Federación y la relación con la Secretaría de la Función Pública, en este caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Armendáriz se mantuvo silente en los contratos de asociaciones público-privadas , del desfonde financiero del ISSSTECALI, del incumplimiento de pago al magisterio y burocracia y el incumplimiento de recursos estatales para la UABC, entre otros asuntos por lo cuales el morenista Bonilla Valdez se comprometió a castigar al panista “Kiko” Vega.

El Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California firmó con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un convenio de colaboración, el cual se aprobó por mayoría pero hubo dos votos en contra: el de Armendáriz y el del presidente del Poder Judicial del Estado, Salvador Ortiz Morales.

Bonilla se quejó al día siguiente de rendir protesta como gobernador, que Vega había escondido deudas a proveedores por 2 mil millones de pesos y que se percataron al concluir la entrega y recepción de la administración pública estatal, la cual coordinó por los panistas el propio Armendáriz para estar al frente de la Contraloría Gubernamental.

La expresidenta de DIF Baja California, Brenda Ruacho de Vega, habría solicitado la devolución de un millón de pesos de la cuenta del DIF y así se detectó un quebranto al erario.

Amador Rodríguez Lozano, secretario de gobierno de Baja California, indicó que por tal motivo, esta tarde se formaliza ante la Fiscalía General del Estado, una denuncia penal.

En entrevista, Rodríguez Lozano, señaló que el caso se trabaja desde hace meses derivado de varias cuentas bancarias que se abrieron en torno al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) y una estancia infantil.

Explicó que en la pasada administración se donó un terreno donde se construiría una estancia infantil y no se concluyó.

Refirió que entre la apertura de cuentas, figura una con la terminación 777, donde se hicieron depósitos que nunca llegaron al DIF.

En esta "operación" están involucrados la expresidenta del DIF estatal y otros exfuncionarios, añadió Rodríguez Lozano.

El gobernador Jaime Bonilla aseguró que la Fiscalía General de la República realizó un cateo a una gasolinera de Mexicali, presuntamente ligada al ex mandatario Francisco Vega de Lamadrid, donde se encontró un software para dar menos combustible a los ciudadanos.

En su transmisión al salir de la mesa de seguridad de Baja California, Bonilla Valdez dijo que esa gasolinera es la de nombre DIMA S. A., ubicada en Santiago Vidaurri colonia Colorado 2 en Mexicali.

El software detectado se le denomina “rastrillo” y permite a los operadores de las bombas de gasolinera ajustar el volumen del combustible despachado, entregando menos gasolina del que aparece en las máquinas despachadoras frente a uno.

“Pueden aparecer cien pesos, pero solamente les dieron 80 pesos de gasolina. Es un software muy sofisticado que se ha estado detectando en muchas de las gasolineras a nivel nacional, pero por primera vez en Baja California, ayer en Mexicali”, explicó.

El gobernador sostuvo: “seguramente está pasando a lo largo y ancho del Estado, pero les digo que esos abusos no se van a permitir, estamos trabajando en ello, no vamos a permitir todo eso. Por años se han estado llevando a cabo —esos abusos— con las anuencias de las autoridades”.

Agregó que la vigilancia se ampliará a todas las gasolineras de Baja California, porque esos abusos no se van a permitir, se van a detectar uno por uno”.

Jaime Bonilla Valdez reveló que “.yo tengo entendido que la empresa esta, inclusive lo estamos investigando pero es una empresa que está muy ligada al gobernador que acaba de salir —Francisco Vega de Lamadrid—, otra de sus triquiñuelas, es muy delicado esto. Ya no habrá protección para este tipo de situaciones por parte del Estado y sus autoridades”.