Carlos Montejo Oceguera aceptó que ''Kiko'' Vega lo presionó

Actualmente la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) se encuentra realizando la auditoría a la cuenta pública del Gobierno del Estado correspondiente al año 2018, en el marco de estos trabajos, a partir del 31 de octubre de 2019 se están llevando a cabo diligencias dentro del proceso de auditoría, consistentes en el levantamiento de actas administrativas a funcionarios encargados del proceso de autorización de los egresos de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas de la pasada Administración Estatal para que explicaran unas operaciones con características inusuales y sospechosas detectadas durante la citada revisión a la cuenta pública 2018. Derivado de este hecho, recibí llamadas telefónicas del entonces Secretario de Planeación y Finanzas, Bladimiro Hernández y del aún entonces Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, preguntándome del sentido de las actas administrativas levantadas a los funcionarios de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, a lo cual les manifesté que eran actuaciones realizadas en el marco de la ley y directamente relacionadas con la revisión de la cuenta pública 2018 y cuyo objeto era documentar hallazgos detectados y que esas actas eventualmente se turnarían al área de investigación de la ASEBC para que continuara con las diligencias correspondientes, manifestándoles (a ambos) que que en todo caso, una vez agotadas las diligencias tendrían el plazo que marca la ley para manifestar lo que a su derecho conviniera, y en su caso aportar las pruebas correspondientes, asimismo les manifesté que se trataba de una diligencia de investigación dentro del proceso de fiscalización y que se continuaría con las investigaciones conforme lo mandata la Ley.

Tan es así que instruí a que se diera continuidad al levantamiento de otras actas administrativas que se pudieron realizar en los días hábiles inmediatos y subsecuentes. Del levantamiento de esas actas administrativas a los servidores públicos de la entonces Secretaría de Planeación y Finanzas en la primera oportunidad informé a la Diputada Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, siendo el día 3 de noviembre de 2019, esto es, al día hábil siguiente (3 días naturales) de realizar dichas actuaciones.

Manifiesto categóricamente, bajo protesta decir verdad, que yo fui quien informó de las llamadas telefónicas recibidas por parte del ex Gobernador del Estado y del ex Secretario de Planeación y Finanzas, aseverándoles que era una diligencia de investigación practicada dentro del proceso de fiscalización en curso y que se seguiría con las diligencias en el marco de la legalidad con independencia de la eventual actuación del departamento de investigación de la ASEBC.

Asimismo manifiesto bajo protesta de decir verdad, que desde que conocí la información de hallazgos detectados a través de las actuaciones realizadas di la instrucción contundente, imparcial y objetiva al equipo de trabajo, para que se actuara con toda diligencia, imparcialidad y con el debido cuidado profesional con pleno ajuste al marco de la legalidad.

Ahora bien, y para el caso de un posible conflicto de interés que pudiera presumirse, por haber formado parte de la Administración Estatal 2013-2019 como Director de Auditoría Fiscal del Estado de BC, si bien no constituye un impedimento para haber ocupado el cargo de Auditor Superior del Estado de BC, como lo establecen los artículos 37, fracción VI, de la Constitución Política del Estado de Baja California y sus municipios, he tomado la decisión de renunciar al cargo de AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA a partir de esta fecha, lo anterior en congruencia con los principios fundamentales de integridad y de objetividad que rigen la actuación del desempeño profesional y que establecen los códigos de Ética y de Conducta y de las Directrices en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California para prevenir el conflicto de intereses de sus servidores públicos, contenidos en la Política de Integridad del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, y el Código de Ética Profesional de la Contraloría Pública.