Integrantes del gremio transportista protestan al exterior de palacio municipal para exigir "piso parejo" en la aplicación de la Ley y dejen de proteger a la empresa Altisa.

Están haciendo operativos contra las unidades que están regulares, pero a las irregularidades no les hacen multas, señaló Benjamín Abarca, transportista.

Dejaron entrever que el director de transporte público, Javier Salas, brinda protección a los transportistas de la empresa Altisa.

En ese sentido, también hicieron un llamado al alcalde Arturo González Cruz, para que modifiquen el reglamento de tránsito para ampliar la capacidad de las unidades.

Las Urban están diseñadas para transportar a quince personas, sin embargo, en el reglamento dice que son doce, entonces, ya es obsoleto.

También, denunciaron que las unidades de Altisa meten a las unidades hasta dieciséis personas y a ellos no los multan.

La tarde-noche de ayer sábado operadores de grúas particulares y conductores de taxis, así como de microbuses se enfrentaron e incendiaron cinco vehículos, tres grúas y dos de transporte público, informó el gobierno local.

Según las autoridades municipales, el Centro de Mando (C4) recibió un reporte de disturbios que se registraban en la cerrada Iztapalapa, esquina con la avenida Emiliano Zapata, en la colonia UAM, debido a que una pipa de gas de la Empresa Luxor llenaba cilindros de 20 litros sin contar con los permisos ni las medidas de seguridad correspondientes.

Al llegar al lugar, policías municipales les informaron a los operadores de la pipa que cometían una falta por llenar de forma imprudencial los cilindros de gas, por lo que serían presentados ante la autoridad competente para deslindar responsabilidades.

El conductor de la empresa Luxor, solicitó el apoyo de una grúa particular al servicio de su empresa para trasladar la pipa a la Central de Bomberos.

En el momento del traslado, el conductor de la grúa impactó su vehículo en contra de los oficiales y trató de huir, por lo que se inició una persecución que concluyó con la detención de los operadores de la unidad sobre el Boulevard Adolfo López Mateos, a la altura del fraccionamiento Las Alamedas.

Luego de la detención de los choferes, se concentraron en el punto varios camiones y grúas de la empresa Chavarría a cargo de su dirigente Hugo Piz Hernández, iniciándose un diálogo con los oficiales.

Los trabajadores del Grupo ACME (empresa a la que está afiliada Grúas Chavarría), encabezados por Jafet Sainz Villareal, iniciaron bloqueos sobre la avenida, lo que provocó enfrentamientos con grupos de taxistas y microbuseros que circulaban por la zona.

Elementos de la Policía Municipal de los sectores de Tránsito, Supervisión, GOE y Caballería, intentaron controlar el zafarrancho, pero los choferes de las grúas impactaron sus unidades contra vehículos de transporte público, lo que generó enfrentamientos y el incendio de unidades.

Policías municipales realizaron un cerco de seguridad durante las agresiones para resguardar a transeúntes y automovilistas.

El jueves pasado en otro conflicto en el que intervinieron operadores de grúas en Ecatepec, el conductor de un taxi murió durante un enfrentamiento con policías estatales y municipales.

Frente a las instalaciones del ejecutivo del estado en el centro cívico de Mexicali, se presentaron transportistas de carga para manifestarse en contra de la nueva ley de movilidad y del instituto que la regula.

Para Alonso Parra, Subdelegado de Indeco en Baja California, no hubo un trabajo correcto por los integrantes de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado y del ejecutivo al crear el Instituto de Movilidad, "Nuestro diputado no sé si están en contra de Baja California o qué es lo que sucede porque eso es dañar a las familias porque en el momento que yo suba el costo del flete por mi trabajo obviamente que los que acarrean Chile tomate cebolla van a tener que aumentar el costo y el afectado final es el consumidor", comentó Alonso Parra.

Además a esto agregó que hay una persecución por parte de los inspectores de SIMUTRA, en contra de los transportistas, "Persecución y hostigamiento por parte de ellos... !Como los que llegaron nuevos conoce la ley!, con tránsito del Estado o del Municipio no hemos tenido ningún problema, nunca hemos tenido problemas con ellos, pero resulta que como SIMUTRA conoce un poquito de la ley... Esa de movilidad, pues nos han estado cazando, nos han estado presionando, y nos han estado infraccionando, puedes ir a checar el récord de infracciones y compararlo con las administraciones pasadas qué habido". Comentó por último Alonso Parra.

Ante la inconformidad de transportistas del estado con respecto el compromiso del Gobierno estatal para la expedición de nuevos permisos, representantes de dicho sector acudieron a las instalaciones del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) para manifestar sus quejas al director de la dependencia, Rafael Echegollen Cruz. 

El grupo se manifestó además en las inmediaciones del bulevard 2000.

El titular del IMOS acordó revisar de forma particular cada caso de solicitud de permiso, en un acto de justicia con choferes que tienen años trabajando en el transporte público y que no han tenido la oportunidad de contar con dicho patrimonio familiar; y sin intermediarios que digan representarlos, según lo ha indicado el gobernador Jaime Bonilla Valdez; “esto de ninguna manera significa dar permisos de forma arbitraria”, dijo.

 Los grupos transportistas exigen que se haga valer la moratoria de 10 años para el otorgamiento de nuevos permisos y pidieron al director de IMOS ser el portavoz de ésta y otras peticiones al gobernador del Estado.

Entre los integrantes de grupos de transporte de plataformas digitales hay molestia por la aprobación de ayer en el Congreso Local de sancionar con cárcel a los operadores de unidades que no cuenten con documentación para prestar el servicio.

Al respecto, Jesús Mercado, representante de operadores de la plataforma Uber, afirmó que es un exceso lo que hicieron los "representantes" del pueblo.

Esta modificación nos deja en desventaja, tomando en cuenta que nos quieren hacer tramitar una nueva licencia, explicó.

Creo que está delineada para proteger los intereses de transportistas que por años se han beneficiado y relegar a los operadores de plataformas digitales, añadió.

Es muy lamentable que los diputados hayan hecho esta modificación, porque no nos tomaron en cuenta, no fuimos consultados, enfatizó.

Seguramente vamos a tratar de defendernos jurídicamente de estos excesos que cometieron los diputados, además que buscaremos el diálogo con las autoridades, recalcó.

Para el legislador del PRD Gerardo López Montes, lo que ayer se aprobó en el Congreso, abre la puerta para una cacería de transportistas.

El diputado local comentó que sancionar con cárcel a los choferes que no cuenten con los documentos para brindar el servicio es un exceso.

Advirtió que ya hay herramientas para sancionar y evitar la prestación de servicios en unidades que cuenten con autorización, solo es cuestión de aplicarlos.

Desde mi perspectiva, esa modificación al código penal, puede ser utilizada como "instrumento" para perjudicar a cierto grupo de transportistas.

Es por eso que ni voto fue en contra, porque insisto, esa modificación no se hizo con el ánimo de regular el transporte público.

Tenemos que ser muy claros y reconocer que para lograr el ordenamiento del transporte público, es necesario escuchar a todos los transportistas y aplicar la Ley, enfatizó.