La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) hizo un llamado a las autoridades Federal, Estatal y Municipal a no revictimizar a los residentes del fraccionamiento Lomas del Rubí acreditadas como víctimas de violaciones a sus derechos humanos, ante la pérdida de sus patrimonios, en la Recomendación 10/2019, emitida el 31 de mayo de 2019. 

El Ombudsman de Baja California, Miguel Mora, señaló que exponer a familias que han atravesado por un doloroso proceso de pérdida y a las que no se les ha reparado el daño que, conforme a la ley, están obligadas a reponer autoridades de gobierno, no sólo atenta contra la dignidad de las personas, sino que entorpece el acceso a la justicia.  

El Presidente del Organismo recordó que la reparación del daño a las familias de Lomas del Rubí viene contemplada en los Puntos de la recomendación 10/2019, en cual la CEDHBC acreditó, con base a evidencias científicas y un análisis lógico jurídico, violaciones a los derechos a la vivienda adecuada; al trato digno; a la debida diligencia; a la protección de la vida, integridad y patrimonio de las personas; y a los derechos de las víctimas a la seguridad y a la ayuda inmediata.

D, tras detectar graves omisiones en la protección de una mujer indígena de origen mixteco que fue víctima de violencia sexual y física. La investigación evidenció que las autoridades no actuaron con la debida diligencia, dejando a la víctima sin la protección necesaria y contribuyendo a la revictimización.

Los hechos se remontan al 23 de enero de 2024, cuando la víctima, identificada como V, fue asaltada y agredida durante un traslado en taxi. Tras escapar de su agresor, buscó ayuda en un domicilio, donde fue auxiliada por un residente y posteriormente detenida y esposada por policías municipales, quienes la abandonaron en condiciones precarias sin brindarle asistencia adecuada. La víctima también enfrentó trato hostil por parte de personal de la Fiscalía, lo que agravó aún más su situación.

Ante esta situación, la CEDHBC solicitó a las autoridades que localicen a V y le proporcionen atención psicológica y de salud, además de fortalecer la capacitación de los elementos policiales y personal de la Fiscalía en perspectiva de género e interculturalidad. También pidió que se garantice la atención en lengua indígena y que se implementen campañas internas para promover el respeto a los derechos de las mujeres y los pueblos originarios, con el fin de prevenir futuras violaciones y garantizar justicia efectiva.

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Tras el asesinato de la activista de personas desaparecidas, Ángela León, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) urgió a las autoridades de procuración de justicia a investigar y esclarecer el asesinato de la ctivista de búsqueda de personas desaparecidas.

El ombudsperson, Jorge Ochoa, emitió un llamado particularmente a la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las diligencias necesarias que permitan determinar el origen de esta agresión y evitar la impunidad.

Asimismo, el presidente de la CEDHBC subrayó que cualquier atentado a las personas defensoras de derechos humanos es un agravio a la totalidad del tejido social por sus implicaciones estructurales.

Para finalizar, Jorge Ochoa informó que el Organismo Público Autónomo abrió, de forma oficiosa, un expediente de investigación para revisar la actuación de las autoridades en la atención a este caso y por tratarse de un ataque a una persona defensora de los derechos humanos.

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El presidente de la CEDHBC, Miguel Mora, indicó, en el marco del Día Internacional del Migrante, que los retos en materia de movilidad humana son particulares para cada región del país y agregó que, en el caso de Baja California, se trata de un contexto aún más específico, ya que la entidad se ha desarrollado a través de la historia como un destino directo e indirecto de las poblaciones en movimiento.

En este tenor, el ombudsperson subrayó acontecimientos recientes que han modificado el panorama migratorio del estado: La llegada de más de 20 mil personas de países africanos, europeos y caribeños en 2016; el inicio de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos en 2017, quien implementó el Título 42, herramienta que les permite a las autoridades migratorias deportar a personas en contexto de movilidad con mayor rapidez; la llegada de 6 mil personas de origen centroamericano en 2018; la instalación del campamento “El Chaparral” en la garita de San Ysidro, en 2021; el incremento de movilidad de connacionales por desplazamiento interno forzado; el registro de la mayor cifra histórica de solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), principalmente de personas provenientes de Haití, así como Centro y Sudamérica; así como la llegada de personas rusas y ucranianas. 

Ante estas circunstancias, Miguel Mora hizo hincapié en que los organismos públicos de derechos humanos, junto con la sociedad civil organizada, han colaborado con las instituciones de gobierno para buscar disminuir los factores de riesgo que pudieran vulnerar los derechos humanos de las personas.

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Personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) documenta la contención del incidente registrado la noche del sábado 8 de octubre, en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Mesa. 

El titular de la CEDHBC, Miguel Ángel Mora Marrufo, informó que el Organismo Público Autónomo abrió un folio para revisar la actuación de las autoridades durante estos sucesos, entre ellas, las Secretarías de Seguridad Ciudadana Estatal y Municipal y la Fiscalía General del Estado (FGE), así como las condiciones al interior del Cereso.

Indicó que las visitadoras y visitadores de la CEDHBC han mantenido contacto con familiares de personas privadas de la libertad (PPL) para tener registro de sus inquietudes y gestionar información ante la autoridad penitenciaria.

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Ricardo Montiel afectado de lomas de Rubí mencionó al momento van 140 casas entregadas en la colonia Lomas de la Esperanza a afectados del deslizamiento de tierra. Han pasado meses y tanto Gobierno del Estado y Ayuntamiento de Tijuana no han dado seguimiento a la problemática que inicio en el 2018.

“Marina del Pilar ni Montserrat Caballero nos ha visitado en la zona afectada, para ambas funcionarias estamos borrados del renglón, la situación está muy triste, la administración pasada nos dejó un apoyo para renta y un proyecto muy grande de 48 casas inmediatas, llegando este gobierno fue borrón y cuenta nueva, a peregrinar de nuevo” detalló Ricardo Montiel.

Montiel exhortó directamente al Secretario de Gobierno Catalino Zavala ponga atención en las víctimas indirectas de lomas del Rubí, en donde ya fallecieron 18 personas a lo largo del proceso por el duelo de perder sus patrimonios.