El titular de la dirección de Inspección y Verificación del XXIII Ayuntamiento, Adolfo García, informó que ya hay 300 solicitudes para ejercer el ambulantaje en fin de año.

Los permisos que se entregan son de manera provisional, tienen una duración de treinta y siete días, del 1 de diciembre al seis de enero.

Indicó que uno de los requisitos es contar con la factibilidad que se entrega en la delegación donde se instalará el puesto.

El funcionario municipal dijo que hay un padrón de once mil permisos para la venta de comercio ambulante en la ciudad.

En ese sentido, dijo que son 25 mil permisos para mercado sobreruedas los que hay a la fecha en el padrón municipal.

En el Senado, la bancada de Morena impulsa una iniciativa que busca prohibir el comercio informal en todo el país, por lo que plantea sanciones como multas y el retiro de la mercancía a los comerciantes.

La senadora zacatecana María Soledad Luévano presentó un proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Fomento del Comercio Informal, la cual se turnó a las comisiones de Economía y de Estudios Legislativo, Segunda.

De acuerdo con la iniciativa, el comercio informal siempre ha tenido un gran impacto en las finanzas públicas del país y se ha convertido en una constante en la economía mexicana, ya que a esta actividad se dedican numerosos grupos de personas y esto representa el único ingreso para mantener a sus familias.

Por ello, el objetivo de la ley es establecer un régimen de incorporación fiscal para regular y promover el comercio informal, incrementar la economía nacional, aumentar el número de personas inscritas de manera legal dentro de actividades comerciales, así como propiciar los estímulos para facilitar la regularización de comerciantes informales.

Así, la senadora de Morena plantea que la Secretaría de Economía deberá crear un padrón en el cual se inscribirán todos los comerciantes del país que se encuentren fuera del régimen de incorporación fiscal.

La propuesta plantea apoyar a los comerciantes con un subsidio consistente en el 25 por ciento de los impuestos tributarios que deben pagar por cinco años consecutivos, contados desde el momento de la regularización del comerciante.

No obstante, propone prohibir el comercio informal en el país y establecer las sanciones correspondientes para los comerciantes que no se encuentren debidamente inscritos.

Además, se establece que, una vez que se detecte un negocio sin registro fiscal, se procederá a recoger todas las mercancías hasta que realicen su registro y paguen su multa.