Ahora cobran “moches” en el gobierno de Tijuana, en la Secretaría de Bienestar, lo denuncian ante la síndico Meli Espinoza.

Una ciudadana narró cómo un funcionario de la Secretaría de Bienestar municipal le pidió “moche” a cambio de un apoyo económico.

Además que no reunía la documentación para ser beneficiaria de ese apoyo.

Madais Concepción Cortés Rodríguez es la ciudadana denunciante, quien nunca se muestra nerviosa ante la cámara de Sindicatura que la graba.

Para abogados consultados está raro esa denuncia y la forma en que se presenta.

“No se expone la documentación presentada, no se guarda la confidencialidad o discreción del inicio de toda investigación”, indicaron.

Agregan: “Se expone al denunciante, quien además participa en la alteración de documentos y declaración en falsedad, para recibir el apoyo económico que le prometieron”.

Mario Escobedo Carignan, aseguró que no está involucrado en el tema de los “moches” por lo que no dejará el cargo como titular de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo del Estado.

En entrevista, Mario Escobedo, señaló que la titular de la secretaría de Honestidad, Vicenta Espinosa, debe realizar una indagatoria, al concluir dar a conocer el resultado y luego deslindar cualquier responsabilidad de los involucrados.

El funcionario estatal rechazó haber participado en el asunto de los “moches”; la anterior administración levantó una serie de denuncias en contra de una empresa, cuando nosotros llegamos al gobierno, eso estaba concluido administrativamente.

La empresa pide por escrito que retiremos las denuncias respectivas y ese es el escrito que han visto en los medios de comunicación. En ese sentido, el secretario de economía recordó que la dependencia no tiene facultad sobre el tema de los hidrocarburos.

Este lunes quien fuera el primer oficial mayor del gobierno de Jaime Bonilla en Baja California, Jesús Núñez Camacho, se presentó ante la fiscalía general de justicia del estado para presentar una declaración. Llegó en compañía de su abogado, visiblemente nervioso, desencajado, el exfuncionario estatal dijo estar exento de cualquier tema de corrupción, como lo es el escandalo de los moches. Y asegura se trata de un golpeteo político, por haber afectado intereses de administraciones pasadas.

“No, yo me entero el día viernes por la tarde que empezó todo eso. La verdad no le di importancia, supe que era un golpeteo político, por eso hicimos el comunicado. Por todas las carpetas que habíamos integrado desde la oficialía, sabíamos que estábamos pegando en raíces muy profundas de intereses muy particulares de anteriores administraciones. Pero nunca me imaginé que de esta manera me fueran a golpear. Podría decirles que, desde meramente, desde lo que estuvimos atacando, desde las cuatro carpetas que les dije que fundamentamos, creo que desde ahí viene todo. Completamente, no tengo nada que ver en ese aspecto. Por eso estoy aquí dando la cara, porque el que nada debe, nada teme señores. Yo no otorgué ninguna adjudicación directa, ningún contrato, ninguna licitación, porque les repito: ya no era una facultad de la oficialía mayor hacer eso. Por eso les digo que el desconocimiento de la modificación a la ley orgánica nos llevó a esto.”

El exfuncionario, dijo que no piensa regresar a su cargo, toda vez que pidió una licencia para separarse del mismo. Sin embargo, solo los funcionarios electos popularmente son los que pueden pedir licencia. En el caso del oficial mayor, este renuncia o lo corren.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), exigió al Gobierno de Jaime Bonilla Valdez investigar por igual a los funcionarios estatales y empresarios relacionados con el caso de los “moches”.

Francisco Florentini, Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), se refirió a las revelaciones periodísticas y al caso de los “moches” denunciado por Rosendo Colorado García, ex funcionario de la Secretaria de Bienestar Social. 

Según este ex funcionario, a la ex titular de la Dependencia, Cynthia Gissel García Soberanes; al ex Oficial Mayor, Jesús Núñez, y al Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, de recibir moches de un empresario que quería contratos de desayunos escolares y la empresa de gas Blue Propane.

Incluso, afirmó que los propietarios de la empresa gasera de Sonora habrían otorgado una camioneta y dinero en efectivo a estos personajes en el periodo de transición a cambio de favores, según documentó el semanario Zeta.

En este sentido, el Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción criticó que “hay un sistema que no esta funcionando, hay una discrecionalidad; hay un empresario que se presta también, por eso queremos que se investigue a los empresarios que se prestaron a esto”

Agregó que “vengo diciendo la corrupción de nuestros políticos, hoy también tengo que pensar en la corrupción de los empresarios que se prestan a este tipo de tonterías, y hay que llamarlos por su nombre, si es correcto, si es cierto lo que hicieron son ladrones, están lucrando”, remarcó.

Reiteró que “no se vale corromper a un funcionario, al amparo de la transa, para ellos seguir haciendo negocios”

“Eso es simular, la corrupción tiene dos frentes: políticos irresponsables y políticos que se prestaron para ello”, acotó.

La firma de abogados De Hoyos y Avilés S.C. respondió a las acusaciones del secretario general de gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, justificando contratos por siete millones de pesos con la anterior administración y asegurando que todo se debe a una venganza: el funcionario habría pedido a la firma contratar su hijo, lo cual no fue atendido.

La sociedad emitió un comunicado en la que señala cinco puntos que sobre las declaraciones del funcionario.  

1.- De Hoyos y Avilés, (DHA) es una firma legal con más de 55 años de operaciones ininterrumpidas y operación nacional en México.  

A través de decenas de abogados, DHA presta servicios legales de alta calidad a empresas globales, nacionales y regionales, así como a entidades públicas y particulares de todo el país.  

2.- En los años 2013, 2014 y 2015 DHA prestó servicios legales al Gobierno del Estado del Baja California, en diversos proyectos siendo los más relevantes los siguientes:  

a) Auditoría Legal de Contingencias Jurídicas del Gobierno del Estado de Baja California y organismos descentralizados. Se revisaron y dictaminaron todos los juicios donde el Gobierno era parte demandada. El desarrollo del proyecto incluyó reuniones con la totalidad de los responsables jurídicos de las entidades públicas, los titulares de las dependencias, los subsecretarios y secretarios de cada área, el Secretario General de Gobierno y el entonces Gobernador del Estado.  

b) Desarrollo jurídico y promoción de la iniciativa de Ley de Asociaciones Público Privadas, el Reglamento de Asociaciones Público Privadas y marco normativo relacionado. El proyecto concluyó exitosamente con la aprobación de la iniciativa en el Congreso del Estado.  

c) Confección de las iniciativas de reforma a la iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios y a la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno hoy Municipios del Estado de Baja California.  

El proyecto también concluyó exitosamente, con la aprobación de las iniciativas en la Legislatura del Estado de Baja California, de lo que derivo ahorros millonarios para el Estado y los municipios.

3.- Los honorarios que se cubrieron por los servicios prestados por DHA son consistentes con la relevancia, complejidad y dimensión de los mismos. En su oportunidad fueron facturados y reportados fiscalmente.  

4.- Hacemos un llamado al Secretario General de Gobierno, para que haga una revisión de los archivos de la dependencia a su cargo, donde encontrará evidencia de lo anterior.  

La reiteración deliberada en la emisión de información falsa, tendrá como consecuencia que se inicien los procesos legales en contra del Sr. Rodríguez Lozano.  

5.- Dada la temeridad y falta de contexto de las declaraciones del secretario general de gobierno, causa preocupación que los señalamientos difundidos por el señor Rodríguez Lozano, estén motivados por la negativa a atender la recomendación que directamente realizó a DHA, para que su hijo fuere contratado como parte del equipo de abogados de la firma.  

Dicha petición no fue atendida, después de realizada la entrevista respectiva a su solicitud, por no cumplirse con el perfil profesional requerido para tal efecto.