Derrumbes, deslizamiento de tierra, promesas semi cumplidas han sufrido más de 200 familias afectadas desde el pasado 19 de enero, fecha en que varias casas comenzaron a deslizarse cerró abajo y que un 2 de febrero culminó con el derrumbe de dos calles completas con todo y casas.
En junio de 2019, un dictamen pericial responsabilizó a Grupo Melo como el causante del derrumbe. El tema aún se encuentra en litigio.
En algún momento, la Secretaría de Bienestar, ya con Morena ya instalado en el gobierno federal y próximo a tomar posesión en el gobierno municipal y estatal, ofrecieron a los afectados reubicarlos en casas adjudicadas por Infonavit, pero, de acuerdo con vecinos, las propuestas estaban lejos de donde por más de 30 años han hecho sus vidas.
El gobierno municipal del PAN a principios de 2019, a través del ex secretario de gobierno, Leopoldo Guerrero, dijo que se les iba a apoyar a las familias en especie, “con la cimentación, bloques y cemento para construcción de las viviendas. El proyecto será realizado con base en una Vivienda Progresiva, apoyos que otorga PROMUN. El propósito será construir una vivienda de 46 metros cuadrados que contemple servicios básicos y dos recámaras”. Quedó en promesa.
Tiempo después Grupo Melo se acercó a los afectados para ofrecerles 100 mil pesos por vivienda, y que entre todos los afectados estaría soltando 8 millones de pesos aproximadamente para 80 familias. “No que no son responsables”, dijeron los vecinos quienes consideraron que era una artimaña legal por parte de la constructora para eludir su responsabilidad completa y no parcial y selectiva.
Bonilla y sus soluciones
Con el argumento de que, apoyar a los afectados de Lomas Del Rubí, Fue un compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, él a un gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, Ofreció otorgar mensualmente un apoyo de 4000 pesos a fin de que los afectados pudieran encontrar una casa en renta en tanto estudiaban en una solución a su problemas.
Lomas de la “des”esperanza
El pasado 13 de agosto el Cabildo de Tijuana aprobó el nombre del nuevo fraccionamiento residencial "Lomas de la Esperanza" que comprende alrededor de 25 mil 931 metros cuadrados con un valor de 60 millones de pesos para que residan las 130 familias que lamentablemente perdieron sus viviendas a causa del deslizamiento de tierra el pasado 2 de febrero del 2018.
Lo anterior se realiza a través de la donación de los lotes 01 y 02 de la manzana 001 del Fraccionamiento Verona Residencial, Delegación San Antonio de los Buenos en Tijuana.
En este lugar se ha trabajado desde el pasado 4 de diciembre de 2019, en un evento en el cual estuvieron presentes vecinos de Residencial Verona, afectados de Lomas del Rubí, acarreados y alborotadores. El gran ausente, Jaime Bonilla.
Se contemplaba la entrega de las Casas para octubre de 2020, y según la titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Territorial, Karen Postlethwaite, el retraso se debió a la pandemia.
Apenas hace un par de días, el alcalde de Tijuana realizó la entrega “simbólica” de las llaves de cuatro casas que aún no estaban terminadas, pero, como ahorita no invitan a González Cruz a realizar algún evento acompañado de la “corte” del gobierno estatal, el solito se hizo su evento. Estas acciones fueron consideradas una burla para los verdaderamente afectados ya que señalan que ninguna persona que recibió “simbólicamente” esas llaves de casa que no se puede habitar aún, pertenece al grupo encabezado por Atalía Ramos.
Carpetazo a tema Lomas del Rubí por parte de Meli Espinoza, Sindica Procuradora
Desde el pasado 4 de agosto de 2020, la incertidumbre de los afectados aumentó al enterarse que la autoridad municipal, a través de la Sindicatura, dio carpetazo a la investigación y no dio seguimiento a los acuerdos.
Atalía Ramos, vocera del grupo de damnificados de Lomas del Rubí dijo que las diez casas que entregaron a través del método de adjudicación de Infonavit presentan gravámenes que hacen incosteable la regularización de los presuntamente beneficiados.
Estas acciones las realizó la pasada administración, encabezada por Juan Manuel Gastélum en la que no dieron solución al caso y hoy pretenden conseguir una copia del "carpetazo" para presentar una nueva denuncia.
En un principio, se llegó a hablar de una indemnización de 15 millones de pesos por cada familia que presentó una demanda patrimonial, y aunque únicamente fueron siete del total, ninguna recibió nada.
La administración panista pasada del ayuntamiento de Tijuana cerró el tema sin responsabilidad para algún funcionario, lo que derivó en una denuncia ante el Tribunal Administrativo de lo Contencioso en contra de la Sindica Procuradora, María del Carmen Espinoza Ochoa, demanda que está en proceso pues fue aceptada por el Tribunal.
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