Organizaciones de la Sociedad Civil hacen un llamado urgente al Comité Coordinador a aprobar la Política Nacional Anticorrupción (PNA). 

Argumentan que el país no puede avanzar de manera contundente en el combate a la corrupción, pues desde hace más de un año, se encuentra en espera de una política que promete darle rumbo y coherencia a todos los esfuerzos que se hacen a lo largo y ancho de la república para atender el mayor problema de nuestra democracia. 

Desde el año 2017, representantes de todos los sectores económicos, sociales y políticos del país han trabajado en la construcción de una propuesta de PNA que integre directrices claras de cómo, la sociedad civil y el gobierno, pueden trabajar de manera conjunta para combatir la corrupción. De igual manera, que de luz sobre el rumbo que seguirán los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción. 

En el 2018, se llevaron a cabo consultas digitales ciudadanas y ocho foros regionales con el objetivo de recabar comentarios, opiniones y propuestas relacionadas con las acciones que deberían ser prioritarias. A inicios del 2019, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción entregó la versión definitiva del documento de la Política Nacional Anticorrupción al Comité Coordinador para su discusión y aprobación. 

Sin embargo, a un año de su presentación pública, aún no se cuenta con la claridad sobre la fecha de su aprobación, ni los contenidos finales. Faltando así a lo establecido en el artículo 9, fracción III, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

La reciente designación de Loretta Ortíz Ahlf como representante del Consejo de la Judicatura Federal en el Comité Coordinador, permite que se incorporen todas las opiniones de los integrantes del Comité a la PNA. Esta última fue la razón por la cual la PNA no fue aprobada durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador, celebrada el día 5 de noviembre del presente. 

Por ello, las organizaciones de la sociedad civil que suscribimos este posicionamiento, hacemos un llamado urgente a dar celeridad y prioridad a la aprobación de la Política Nacional Anticorrupción para que en el 2020 el país pueda arrancar con un instrumento en nuestro derecho a vivir una vida libre de corrupción. 

Firman: #ComunidadAnticorrupción, #RedNacionalAnticorrupción, #FuerzaCiudadanaAnticorrupción, Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos AC, Alejandro Rabelo Escritor y Periodista Tierra colectiva, Alianza Ciudadana para el Gobierno Abierto en Tabasco, Arkemetria Social, Asociación para el Desarrollo Ecosocial de Mujeres y Avance y Desarrollo por la Igualdad A.C., así como Bios Participación Política y Desarrollo por mencionar algunos organismos.

Una serie de anomalías encontradas desde Recaudación de Rentas Municipal hasta la Sindicatura Municipal, fue expuesta por un empleado de cajas que encontró movimientos irregulares en las cuentas de múltiples usuarios de Ensenada.

Conforme a la investigación, más de 200 empleados y ex empleados del ayuntamiento tienen claves de acceso a el sistema de Recaudación de Rentas, con las que han podido manipular las cuentas.

En noviembre del 2021, el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, señaló que la cartera vencida de Ensenada por concepto de predial ascendía a más de 500 millones de pesos, de los cuales, 133 estaban concentrados en 30 cuentas de la zona urbana y rutal de Ensenada.

En medio de la exposición de corrupción al interior del ayuntamiento, la sindicatura municipal anunció en julio la suspensión del entonces director de informática municipal, afirmando que no obedecía a una falta grave.

Aunque la posible red de complicidades inicia en Recaudación de Rentas, la Sindicatura Municipal no tocó a ningún funcionario de esa dependencia.

Se informó que el director de informática -suspendido- se amparó, aparentemente con buenos resultados, ante esto, la Sindicatura Municipal respondió que en relación al proceso de responsabilidad administrativa 13/2022 contra el director de Informática del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, iniciado por esta Sindicatura Municipal, la titular de la dependencia Elizabeth Muños, indicó que la sentencia emitida dentro del juicio de amparo indirecto 457/2022 no ha quedado firme y esta puede ser revocada por una instancia superior.

Por ello, dice, la Sindicatura Municipal impugnará dicha determinación, mediante el recurso de revisión previsto en la Ley de Amparo, por lo que esta quedará en las manos de los Tribunales Colegiados de Circuito donde se resolverá en definitiva el asunto relativo a la suspensión temporal del servidor público.

Refirió que el servidor público, no regresará al cargo, hasta que se resuelva el recurso de revisión, lo cual puede tardar de 4 a 6 meses.

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Para la diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Daylin García Ruvalcaba, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) no funcionará de la forma en que quedó conformado después de los cambios aprobados en el dictamen 26 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales ésta tarde en el Congreso del estado. 

“Lamentablemente en ésta sesión del pleno mis compañeras y compañeros votaron a favor de crear un Sistema Estatal Anticorrupción que nace muert. Considero ampliamente que no va funcionar” expresó la legisladora mexicalense.

La iniciativa que se aprobó en la sesión ordinaria de este 25 de agosto contempla la conformación del Comité Seleccionador del SEA con catorce personas; trece de ellas serían representantes de instituciones de gobierno y una sola posición será para un representante ciudadano. 

La conformación que defendía la legisladora de MC era una a partes iguales, siete funcionarios y siete personas de la sociedad civil. El presidente del Comité Seleccionador, por donde pasarían los nombramientos del Fiscal y el Magistrado anticorrupción, sería siempre ciudadano. 

Los cambios a la Ley Estatal Anticorrupción que conforman el dictamen 26 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales fueron determinados como una reforma constitucional. Por ley, tendrá que ser aprobados por la mayoría de los Cabildos en la entidad, incluyendo los consejos fundacionales de San Felipe y San Quintín. Para ser validados los cambios, el dictamen tendrá que ser aprobado por cuatro de los siete municipios.

Morena aplicó la mayoría que tiene en el Congreso del estado para aprobar el dictamen 26 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales que reforma la Ley Estatal Anticorrupción y crear el Sistema Estatal en la materia que incluirá a los siete síndicos municipales y solo dará un espacio a ciudadanos dentro del organigrama. 

La votación final quedó con 20 votos a favor; provenientes de las bancadas del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), la bancada del Partido Encuentro Solidario (PES), y los diputados de Claudia Agatón del Partido del Trabajo (PT); dos votos en contra, de Daylin García Ruvalcaba de Movimiento Ciudadano (MC) y Adrián Cota Muñoz del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y una abstención, de Marco Antonio Blasquez del PT. 

La discusión de la iniciativa, presentada por el presidente la mencionada Comisión, Juan Manuel Molina García, se extendió por casi dos horas ya que el inicialista y la diputada García Ruvalcaba, principal opositora a la propuesta, se enfrascaron en un enfrentamiento por los parámetros en que se conformarán los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

La “emecista” aseguraba la minimización al máximo de la participación ciudadana, contraria a la naturaleza del Sistema en el que se privilegiaba al ciudadano sobre los funcionarios públicos habiendo paridad en los cargos dentro del SEA. Mientras que el morenista refutaba que cuando hubo ciudadanos, durante la primera etapa del organismo, se no se avanzó en ninguna investigación y los integrantes terminaron interponiendo demandas entre si.

La conformación del SEA terminó siendo aprobada con trece escaños, incluyendo a los siete síndicos municipales, y solo un sitio para un ciudadano.

Hasta el momento sigue sin existir nombramientos dentro del Sistema Estatal Anticorrupción, ni siquiera hay propuestas por parte del Poder Ejecutivo para que alguien ocupe la posición, como lo es una de sus facultades según lo estipula la ley en la materia.  

Este desinterés es interpretado por la diputada local, Daylin García Ruvalcaba, como falta una muestra de que el combate a la corrupción no es una prioridad para la actual administración en Baja California.  

“Es un hecho lamentable. Se tiene la facultad por parte del Gobierno del estado no solamente enviar (propuestas) a la Fiscalía sino también a la magistratura anticorrupción. Hay que recordar que esos espacios no están ocupados por un titular que haya sido nombrado propiamente por el Congreso. La facultad de enviar la terna es por parte del Ejecutivo y estamos esperando que tengan a bien llegar al tema que tanto nos interesa en Baja California” expresó la legisladora de Movimiento Ciudadano.  

“Esperemos que lo hagan bien, que manden buenos perfiles y la verdad es que se ve que no ha sido una prioridad de Gobierno del estado ponerle atención al Sistema Estatal Anticorrupción” agregó.  

La creación del Sistema Estatal Anticorrupción fue creado luego de aprobarse su conformación por el Congreso local desde junio del 2017. En cinco años no ha podido operar por falta de presupuesto y organigrama.

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La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (SESEABC), durante el marco del Día Internacional contra la Corrupción, se compromete a seguir trabajando como un organismo descentralizado con su propia personalidad jurídica, autonomía técnica y de gestión.

El 9 de diciembre, se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. Nacida por una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), su importancia radica en la lucha contra las prácticas negativas en distintos países del mundo.

Según el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), creció la proporción de la población que fue víctima de corrupción en un trámite de gobierno, al elevarse a 15.7 % en 2019 del 14.6 % en 2017. 

“En la SESEABC seguimos trabajando y nos falta mucho por hacer, existen una serie de situaciones que de alguna manera han perjudicado el avance satisfactorio de un Sistema Estatal Anticorrupción tan importante para el Estado y que constitucionalmente debe trabajar, en donde viene a sumarse para que de una manera sistemática disminuya este problema tan complejo y añejo” Indico el Encargado de Despacho de Secretario Técnico, Lic. Francisco Javier Rebelín Ibarra.

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