El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), exigió al Gobierno de Jaime Bonilla Valdez investigar por igual a los funcionarios estatales y empresarios relacionados con el caso de los “moches”.

Francisco Florentini, Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), se refirió a las revelaciones periodísticas y al caso de los “moches” denunciado por Rosendo Colorado García, ex funcionario de la Secretaria de Bienestar Social. 

Según este ex funcionario, a la ex titular de la Dependencia, Cynthia Gissel García Soberanes; al ex Oficial Mayor, Jesús Núñez, y al Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, de recibir moches de un empresario que quería contratos de desayunos escolares y la empresa de gas Blue Propane.

Incluso, afirmó que los propietarios de la empresa gasera de Sonora habrían otorgado una camioneta y dinero en efectivo a estos personajes en el periodo de transición a cambio de favores, según documentó el semanario Zeta.

En este sentido, el Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción criticó que “hay un sistema que no esta funcionando, hay una discrecionalidad; hay un empresario que se presta también, por eso queremos que se investigue a los empresarios que se prestaron a esto”

Agregó que “vengo diciendo la corrupción de nuestros políticos, hoy también tengo que pensar en la corrupción de los empresarios que se prestan a este tipo de tonterías, y hay que llamarlos por su nombre, si es correcto, si es cierto lo que hicieron son ladrones, están lucrando”, remarcó.

Reiteró que “no se vale corromper a un funcionario, al amparo de la transa, para ellos seguir haciendo negocios”

“Eso es simular, la corrupción tiene dos frentes: políticos irresponsables y políticos que se prestaron para ello”, acotó.

Después de exhibir que funcionarios que hoy forman parte del gabinete de la presidenta municipal Monserrat Caballero les habían pedido ‘moches’ para entregarles un sitio de taxis, finalmente mujeres, lograron inaugurar el sitio Taxis Rosas de Tijuana.

Se trata de un proyecto emprendido por mujeres con el fin de otorgar un trasporte seguro para el sector femenino, aunque el servicio se otorga para el público en general, siendo este modelo el primero en ponerse en marcha en Baja California.

El sitio de ‘Taxis Rosas de Tijuana’ se localiza en el este de la ciudad, donde se registra un alto número de delitos y hechos violentos.

“Nos da mucho gusto que finalmente se nos hizo realidad porque este servicio lo dan mujeres y muchas de ellas son madres jefas de familia que requieren de un sustento”, planteó Margarita Limón.

 El pasado 19 de enero, una copia de la denuncia presentada ante Sindicatura, en poder de Cadena Noticias señala que Margarita Limón, representante legal de Taxis Rosas de Tijuana sostuvo que Javier Delgado Garibay cuando fue ex director de Obras Públicas de Tijuana en la administración Municipal de Arturo Gonzalez incurrió en actos de cohecho, y hoy dicho funcionario forma parte del grupo cercano de Caballero Ramírez pues actualmente funge como titular Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable.

Limón, dijo a Cadena Noticias que contaba con todos los documentos establecidos para la operación del sitio de taxis de mujeres, pero no contaba con el recurso para los llamados “moches”, mismos que oscilaban en 20 mil pesos. 

Tras la denuncia presentada ante la Sindicatura y medios de comunicación, Margarita logró ser escuchada nuevamente por las autoridades y diecisiete días después finalmente lograron inaugurar el sitio de taxis.

Un nuevo caso de moches por parte de un funcionario municipal, quien hoy es integrante del gabinete de la presidenta municipal Monserrat Caballero fue denunciado ante la Sindicatura Municipal, porque pedía más de mil 500 dólares para permitir la operación de la linea de Taxis Rosas. 

Una copia de la denuncia presentada ante Sindicatura, en poder de Cadena Noticias señala que Margarita Limón, representante legal de Taxis Rosas de Tijuana sostuvo que Javier Delgado Garibay cuando fue ex director de Obras Públicas de Tijuana en la administración 

Municipal de Arturo Gonzalez incurrió en actos de cohecho, y hoy dicho funcionario forma parte del grupo cercano de Caballero Ramírez pues actualmente funge como titular Secretaria de Movilidad Urbana Sustentable.

La denuncia fue presentada ayer en la Sindicatura a las 2:00 de la tarde. “Solicitaban una cantidad de dinero de mil quinientos dólares moneda americana como mal mencionado moche por parte de los servidores públicos de la mencionada dependencia DOIUM que era la que la emitía las autorizaciones para su operación esta cantidad era por cada sitio que se solicitara”, indica el documento escrito.

La denunciante, dijo que la presidenta municipal Monserrat Caballero es complice porque hace caso omiso a dicha denuncia ya que fue informada a través de un documento desde el 5 de noviembre. 

“Me canalizó al mismo lugar donde me bloquean los trámites”, lamentó Margarita Limón de al linea de Taxis Rosas. 

Por último dejo claro que contaba con todos los documentos que solicita la autoridad municipal para lograr acceder los permisos de transportes de taxis, mismos que serán utilizados por mujeres algunas de ellas con enfermedades. 

FALSO, DICE, Delgado Garibay

Cadena Noticias, buscó la postura de Javier Delegado actual de la Secretaría de Movilidad Urbana Sustentable y dijo que era falso. 

“Eso es falso pero ya sabes como lo manejan las personas que quieren presionar para sus cosas”, dijo el funcionario. 

Explicó que para obtener permisos se debe cumplir con todos los requisitos y si no se cuentan con ellos “presionan para que uno quiera acceder”.

“No han cumplido con algunos requisitos y no se les puede otorgar un permiso solo por se le ocurre a las personas”, dijo en entrevista vía telefónica. 

Por último dijo: “tengo mucho trabajo como par engancharme en cosas tan ligeras”.

La asociación Tecate Independiente 2021, agrupación civil que logró el registro del hoy candidato independiente Celso Figueroa, terminó por expulsar de sus filas al regidor independiente Alfonso Cortez Ramírez quien era presidente de la asociación, toda vez que fue considerado persona non grata para la asociación, pues ahora forma parte de una agrupación política.

El equipo jurídico de Celso Figueroa convocó a los medios de comunicación para aclarar y desmentir lo que Alfonso Cortez ha venido diciendo respecto a que Figueroa Medel no renunció al financiamiento público, sino que no pudieron acceder a este recurso debido a que él, Cortez Ramírez, no firmó en su carácter de presidente de la asociación, lo cual es falso pues el presidente no tiene esa facultad, explicó.

La determinación de renunciar al recurso público, ya se había tomado desde hace tiempo, explicó Figueroa Medel, incluso se le pidió al ex presidente Cortez Ramírez, firmara los documentos para regresar este dinero, sin embargo Alfonso Cortez no quiso firmarlos.

Pero no solo eso, Celso Figueroa comentó que Alfonso Cortez les quiso cobrar el 30% de este recurso público a cambio de entregar su firma, lo cual, no lo aceptaron.

Actualmente la asociación civil la preside Juan José Santana.

La audiencia de imputación por el presunto delito de cohecho y uso indebido de atribuciones en contra de la candidata del PAN a la gubernatura, María Eugenia Campos Galván, se difirió por cuarta vez debido a que la defensa promovió un nuevo amparo.

El juez de control, Ramón Gerardo Holguín Licón, informó que alrededor de las 18:00 horas de ayer se presentó un amparo promovido por el juez del juzgado Octavo de Distrito, a fin de evitar que la audiencia de inicial por la causa penal 3022/2020 se realizara el día de hoy, incluso se solicitó un aplazamiento de tres meses; sin embargo, el juez no estableció fecha para su realización.

La Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción investiga a Campos Galván por el delito de cohecho y uso indebido de funciones luego de que se presume que, en el 2017, durante su primera gestión como alcaldesa de Chihuahua, recibió un millón 319 mil 314 pesos, por parte de empresarios a cambio de adjudicaciones directas de obra pública.

Estas entregas de dinero a la entonces alcaldesa, denominados “moches”, habrían sido entregados por las empresas Edificación y Construcción P&G S.A. de C.V., Gesam Soporte Integral S.A. de C.V., Asesoría Alta Gestión Preser S.A. de C.V., Asesores y Consultores SAC. S.A. de C.V., y Praga Planeación y Edificación S.A. de C.V.

Para la promoción de este amparo, la defensa argumentó que le faltaban por recibir alrededor de 33 mil hojas del expediente con el que cuenta el Ministerio Público por lo cual no se podría realizar una defensa adecuada.

Asimismo, Alejandro Corral Valverde, representante del Municipio de Chihuahua, considerado la víctima del delito que se le imputa a la alcaldesa con licencia, también pidió más tiempo para analizar toda la información que se integró a la carpeta de investigación.

La candidata del PAN a la gubernatura, María Eugenia Campos, estuvo durante la sesión de forma virtual e incluso la defensa solicitó autorización del juez para que se retirara de la misma, no obstante, el juez descartó la solicitud y continuó con la audiencia para dar lectura al amparo, sin definir fecha próxima para su celebración.

No hay evidencias de supuestos actos de “moches” de Eduardo Vega Zamora, ex director de Bienestar Social en la actual administración confirmó Sindicatura Municipal, a través de su titular Elizabeth Muñoz Huerta.

Al respecto, el suplente a alcalde de Ensenada, manifestó que cuando se iniciaron las investigaciones en su contra, se separó del cargo para no interferir en ellas.

“Siempre estaré de lado de la legalidad y toda situación se enfrenta con verdad, por ello, no tuve duda en proporcionar todo a mi alcance para desahogar cualquier duda”, dijo.

Asimismo, recalcó que en la administración de Gilberto Hirata Chico, no tenía a su cargo un programa de becas.

Finalmente, una vez que sindicatura municipal dio a conocer los resultados de la investigación continuará como sucesor del alcalde Armando Ayala, en caso de pedir licencia para buscar otro cargo de elección popular.