El alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, reconoció la importancia de la puesta en marcha de un plan binacional para frenar el tráfico ilícito de armas a México.

En entrevista, el edil de MORENA, señaló que es importante que se haga (el operativo) para ir abatiendo la delincuencia en la ciudad y en el país. 

En lo que se refiere a Tijuana los homicidios han bajado con lo que respecta al 2018, todavía falta mucho por hacer. El operativo para detener el ingreso de armas es algo que se necesitaba y es positivo las acciones que han tomado los gobiernos de México y Estados Unidos, subrayó.

Cabe mencionar que dentro del programa estratégico binacional (México – Estados Unidos) para combatir el tráfico ilegal de armas a nuestro país, el SAT utilizará tecnología intrusiva y no intrusiva en los puertos fronterizos, inicialmente en Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Ciudad Reynosa y Matamoros.

Para la secretaría de seguridad y protección ciudadana, el tráfico ilícito de armas de fuego amenaza la seguridad y los intereses tanto de México como de Estados Unidos, por lo que resulta esencial atacar este fenómeno de forma conjunta.

La estrategia binacional para combatir el tráfico de armas se dio a conocer ayer por parte del titular de la secretaría de seguridad y protección ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, junto al secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard Casaubón y el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau.

Durante la 4ª Cumbre de Jefes de Policía de las Naciones Unidas (UNCOPS), la representante mexicana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, pidió a Naciones Unidas poner atención al tráfico internacional de armas de fuego.

En la ONU, la funcionaria federal mexicana pidió lo anterior "para que las armadoras paren en su acción de fortalecer a los grupos delictivos".

Afirmó que México enfrenta a los cárteles de las drogas, "mientras por debajo de la mesa, en otras partes, se les ayuda a potenciar su actuación violenta".

Rodríguez Velázquez enfatizó que México tiene la capacidad política, inteligencia operativa y presencia de seguridad contra los grupos criminales, por lo que no es correcto que la economía de las fabricas armadoras se vea beneficiada encima de la seguridad del país.

También aseguró que en los informes de la organización respecto a la fabricación de drogas sintéticas no corresponden a la realidad.

"En el caso de México, sus datos proceden del esfuerzo al combate de las organizaciones delictivas, que realizan las fuerzas armadas y la Guardia Nacional. Esta tarea se centra en la destrucción de esas sustancias y la detención de delincuentes".

Rosa Icela Rodríguez detalló que al gobierno mexicano le preocupan las muertes a causa del consumo de droga, pero también preocupa las muertes a causa de armas de fuego.

"Así como se hizo con el desarme nuclear, los estados integrantes de Naciones Unidas pongan atención para que cese el tráfico ilegal de armas de fuego hacia los grupos delictivos. La vida está por encima del mercado", expresó.

Entre otras cosas, la Secretaria de Seguridad mexicana destacó la popularidad del presidente, Andrés Manuel López Obrador que cuenta con un 70% de aprobación.

Asimismo, enfatizó que el ejecutivo federal encabeza reuniones con el Gabinete de Seguridad, cuyos integrantes -aseguró- no tienen vínculos ni intereses con los delincuentes.

Recalcó que la percepción de la seguridad ha mejorado, y que por primera vez en la historia del país será gobernado por una mujer, la doctora, Claudia Sheinbaum Pardo.

Mencionó que el gobierno continuará cooperando para contribuir a un mundo más pacífico y seguro, por lo que se han empleado servicios sociales: como pensión para 12 millones de adultos mayores; pensión para más de un millón de personas con discapacidad, además de programas como: Jóvenes Construyendo el Futuro y becas para estudiantes de educación media y superior.

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Cinco vendedores de armas de Arizona presentaron una petición legal ante un tribunal estadounidense para desestimar una demanda de México que los acusa de participar en el tráfico de armamento al país.

La moción dice que los comerciantes se encuentran amparados por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), una legislación de 2005 que protege a los fabricantes y vendedores de armas de responsabilidad cuando sus productos son utilizados en un delito.

La denuncia, presentada en octubre, se produjo días después de que un juez desechara otra demanda del gobierno mexicano por 10,000 millones de dólares contra fabricantes de armamento buscando responsabilizarlos por facilitar su acceso a los violentos cárteles de la droga.

El juez de ese caso citó al PLCAA en su decisión, la cual México está apelando.

"Como se esperaba, las demandadas argumentan que pueden seguir vendiendo armas a quien sea", dijo el sábado Alejandro Celorio, asesor legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. "Señalan que no hay nada que el gobierno de México pueda hacer para impedirlo, ni para que rindan cuentas", agregó.

Los abogados de los acusados no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

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El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo el lunes que su Gobierno iba a presentar un proyecto de ley para una "congelación nacional" de la posesión de armas de fuego y evitar que la gente las compre y las venda armas en cualquier parte del país.

"El día que esta ley entre en vigor ya no será posible comprar, vender, transferir o importar armas de mano en Canadá", dijo Trudeau a periodistas.

Si se aprueba, se espera que la congelación de las armas de mano entre en vigor en el otoño boreal. El ministro de Seguridad Pública de Canadá ha presentado enmiendas reglamentarias en el Parlamento para garantizar la rápida aplicación, según un comunicado del ministerio.

La matanza la semana pasada de 19 niños y dos profesores en una escuela primaria de Texas, en Estados Unidos, ha alentado la preocupación por la violencia con armas de fuego en todo el mundo. En Canadá ya hay restricciones más estrictas a la tenencia de armas que en su vecino del sur.

La nueva legislación, el proyecto de ley C-21, también propone retirar las licencias de armas de fuego a los implicados en actos de violencia doméstica o acoso criminal.

El Gobierno también exigirá que los cargadores de armas largas se modifiquen permanentemente para que no puedan tener más de cinco cartuchos, y prohibirá la venta y transferencia de cargadores de gran capacidad.

"Aparte del uso de armas de fuego para el tiro deportivo y la caza, no hay ninguna razón para que nadie en Canadá necesite armas en su vida cotidiana", dijo Trudeau a los periodistas en una reunión informativa.

Los gobiernos de México y Estados Unidos pusieron en marcha el punto de inspección fronteriza Ojinaga, Chihuahua-Presidio, Texas, para detectar tráfico ilícito de armas y mercancías.

Se establecerán operativos de revisión de vehículos de manera permanente, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Dicho punto se suma a los ya existentes en: Tijuana - San Diego; Nogales- Nogales; Ciudad Juárez - El Paso; Nuevo Laredo - Laredo; Reynosa - McAllen; y Matamoros - Brownsville.

En la primera acción espejo en esa zona, la Oficina de Aduanas y Seguridad Fronteriza (CBP) de Estados Unidos aseguró 175 mil dólares, que presumiblemente serían utilizados en actividades ilegales, indicó la SSPC.

El 4 de junio, se reunieron funcionarios de la Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Relaciones Exteriores, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública y Julio César Sánchez Amaya, director general de Asuntos Especiales de la SRE; y del CBP, el comisionado adjunto Robert E. Perez; y el subcomisionado adjunto para Asuntos Internacionales, Erik Moncayo, quienes acordaron ampliar la inspección fronteriza en tres puntos: Piedra Negras-Eagle Pass, Ciudad Acuña- Del Rio y Ojinaga-Presidio, este último frontera con Texas, basados en función a información conjunta e inteligencia.

La SSPC señaló que estas acciones son resultado de la estrategia bilateral entre México y Estados Unidos, con el objetivo de frenar el flujo ilícito de armas, dinero y droga en la frontera entre ambos países, por lo que continuarán desarrollándose de forma permanente.

El gobierno federal alista una compra consolidada de armas cortas y largas, así como de municiones y accesorios, por 228.9 millones de pesos para equipar a las corporaciones estatales y municipales del país, conforme al nuevo modelo nacional de policía.

Se prevé adquirir el próximo año un total de 9 mil 256 armas y municiones a menor precio, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del programa Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg), que serán aprobados en el presupuesto de 2020.

David Pérez Esparza, director del Centro Nacional de Información (CNI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), explicó que el objetivo es que las corporaciones cuenten con mejor armamento y equipo táctico para las tareas de seguridad en su territorio, pero también estandarizar la compra y los tipos de armas por adquirir.

"Queremos que las policías estén al 100%, no nada más en pistolas, sino también en radio, equipo y sueldo", indicó en entrevista con EL UNIVERSAL.

El funcionario adelantó que también dotarán a los cuerpos de seguridad pública de botas, cámaras, radios y tabletas, a través del modelo de compra consolidada, una manera, dijo, "muy inteligente de que se reduzcan los precios y que se haga más con menos".

De acuerdo con un informe del SESNSP, las armas que más se han comprado para las policías municipales y estatales del país son escopetas de 12 milímetros de las marcas Mossberg, Hatsan, Ata Arms, Browning y Beretta; les siguen pistolas calibre 9 milímetros Beretta, Glock, I.W.I, Ceska, Sig Sauer, Browning, Herstal, Stoeger y Taurus.

Entre cuatro y cinco empresas extranjeras concentran 90% de la fabricación de pistolas; sin embargo, para el director del CNI no es necesario comprar varios tipos.